El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo que el Ministerio Público hizo con dos de las empresas implicadas en el caso Coral, propiedad del delator coronel Rafael Núñez de Aza y de la madre de sus hijos Lucía Rodríguez.
Dichas empresas operaban a nombre de un pintor de Santo Domingo Este y de una estudiante, que, según el Ministerio Público, el militar Núñez de Aza y su esposa utilizaron como presta nombre para que pasaran como presidentes de ambas compañías.
Mediante el conocimiento de un procedimiento abreviado, el tribunal ordenó la disolución de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L.
La medida fue tomada luego de que el Ministerio Público arribara a un acuerdo con dichas empresas, cuyos presidentes ficticios (el pintor y la estudiante) acodaran comparecer como testigos al proceso que se les sigue a los demás implicados del caso Coral.
El tribunal ordenó la disolución de dichas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre.
Cada una, además, deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.