El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo que el Ministerio Público hizo con dos de las empresas implicadas en el caso Coral, propiedad del delator coronel Rafael Núñez de Aza y de la madre de sus hijos Lucía Rodríguez.
Dichas empresas operaban a nombre de un pintor de Santo Domingo Este y de una estudiante, que, según el Ministerio Público, el militar Núñez de Aza y su esposa utilizaron como presta nombre para que pasaran como presidentes de ambas compañías.
Mediante el conocimiento de un procedimiento abreviado, el tribunal ordenó la disolución de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L.
La medida fue tomada luego de que el Ministerio Público arribara a un acuerdo con dichas empresas, cuyos presidentes ficticios (el pintor y la estudiante) acodaran comparecer como testigos al proceso que se les sigue a los demás implicados del caso Coral.
El tribunal ordenó la disolución de dichas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre.
Cada una, además, deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.
El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Jonathan Pérez Fulcar, detalló que los representantes de ambas empresas sirvieron como “prestanombres” al coronel Rafael Núñez de Aza y a la madre de sus hijos, la primer teniente de la Policía Nacional Jehohanan Lucía Rodríguez, quienes son los dueños reales de las sociedades comerciales y están acusados en el expediente.
“Pusieron a dos personas que no tienen un perfil económico acorde. Uno de ellos es pintor de Santo Domingo Oeste y, la otra, una joven estudiante que trabajaba en la casa de la acusada Jehohanan Lucía Rodríguez, a la cual puso a firmar un documento para colocarle como dueña, a pesar de no tener el perfil ni conocimiento de las operaciones”, señaló Pérez Fulcar a su salida de la audiencia.
El abogado del Estado José Alberto Ortiz, dijo que los gerentes de dichas empresas se sumarán como testigos del Ministerio Público.
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