SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó este lunes el inicio de circulación de la Ley 16-26, la normativa que autoriza al Estado a reconocer, validar y saldar deudas pendientes con contratistas y empresas constructoras vinculadas a obras públicas ejecutadas para distintas instituciones gubernamentales.
La legislación, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 1 de mayo, quedó formalmente incorporada al ordenamiento jurídico nacional tras un proceso legislativo marcado por debates congresuales, observaciones del Poder Ejecutivo y reclamos históricos del sector construcción.
Una ley marcada por debates y observaciones
La entrada oficial en circulación de la normativa ocurre luego de varios meses de discusiones sobre distintas iniciativas orientadas a regularizar pagos pendientes correspondientes a obras ejecutadas para instituciones públicas.
El proyecto original había sido sometido por el senador Franklin Romero y aprobado inicialmente por el Congreso Nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la pieza el pasado 16 de enero tras señalar presuntos aspectos considerados inconstitucionales dentro de la propuesta.





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