A principios de 2018, el director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM, Waldys Taveras, dijo: "El país se expone a ser condenado al pago de cientos de millones de dólares, si no son sometidas a la Justicia las personas involucradas en la compra irregular de los terrenos de Duquesa" (...).
Ni hay ninguna acción judicial del CEA, de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de la Cámara de Diputados, ni del Senado de la República, poderes e instituciones del Estado con calidad para presentar las acciones judiciales por haber sido afectadas por las acciones fraudulentas".
A través de Waldys Taveras, el PRM advirtió en una carta al exprocurador Jean Alain Rodríguez, con fecha 5 de abril de 2018, que si no "actuaba" el país pagaría US$300 millones a Lajun.
Tavarez hacía referencia a un fraude cometido para la obtención de títulos de propiedad en los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa.
Esto después que el 19 de diciembre de 2017, el Sr. Lee-Chin y la Empresa Lajun Corporation, le notificaron al Estado Dominicano un aviso de controversia, invocando el Acuerdo de Libre Comercio (CARICOM), tomando como base el despojo de una propiedad, que se corresponde con los terrenos donde opera el Vertedero de Duquesa, razón por la cual reclamó una indemnización de 300 millones de dólares.