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Senador Alemán denuncia desalojo “abusivo” de familias en proyecto La Cruz de Manzanillo

Santo Domingo.– El senador por la provincia Monte Cristi, Bernardo Alemán, condenó este miércoles el desalojo de decenas de familias del proyecto La Cruz de Manzanillo, acción que calificó como “abusiva” y contraria a los derechos de quienes, según dijo, llevan décadas trabajando esas tierras. 

 Alemán denunció que el operativo fue ejecutado por un amplio contingente militar que derribó varias viviendas con palas mecánicas, dejando en la intemperie a familias de escasos recursos cuya única fuente de sustento es la actividad agrícola en esa zona. 

 “Se presentó un contingente militar para desalojar a familias pobres de sus hogares. Fueron con palas mecánicas y derribaron varias viviendas. Estas familias tienen décadas en el proyecto y su único sustento es el cultivo; son personas muy pobres”, expresó el legislador durante la sesión del Senado. 

 El senador afirmó que, debido a la paralización de siembras en el proyecto, unas 40 mil tareas de banano han dejado de cultivarse, lo que agrava aún más la situación laboral de las familias afectadas. 

 Alemán pidió que las autoridades reubiquen a las personas desplazadas, al considerar que no se trata de una solicitud extraordinaria, sino de una medida necesaria para que puedan recuperar su medio de vida. Reiteró que los afectados con el desalojo no tienen otra forma de subsistir más allá de la producción agrícola que realizaban en La Cruz de Manzanillo.

Gobierno inicia desalojo para ampliación de la República de Colombia

El Gobierno inició ayer el desalojo de decenas de familias en el sector Cuba de Arroyo Hondo Segundo del Distrito Nacional, como parte de la ampliación y el reordenamiento de la avenida República de Colombia. 

 Según los afectados, el desalojo inició alrededor de las 6:00 de la mañana, y fueron destruidas más de veinte viviendas. Con indignación los residentes calificaron como atropello el hecho de ser expulsados a la fuerza de sus hogares por policías cuando aún dormían. 

 Según comentaron, fueron notificados con anticipación, pero la indemnización que les ofreció el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para su reubicación no era suficiente, mientras que otros aseguraron no haber recibido ningún monto. 

 “Es un abuso lo que están haciendo con todos los del barrio. Pero yo soy culpable de eso, yo fui uno de los que apoyó al PRM a la presidencia. Mira cómo tumbaron eso, echándome a la calle con mi familia y todo. Yo voy a cumplir setenta años, y he vivido todo ese tiempo ahí. Son unos abusadores”, expresó Rafael Soto. 

 Asimismo, Edwin Rincón, uno de los desalojados y maestro constructor, denunció haber sido agredido y apresado por parte de los militares, así como también haber tenido pérdida de más de setenta mil pesos en herramientas de trabajo y la destrucción de su casa de supuestamente tres niveles. “Yo tenía un edificio de tres plantas ahí y vino Obras Públicas y me la tumbó. Me la tumbó sin pagarme; ellos me invitaron a Obras Públicas, pero era a firmar un papel que no me conviene. Me sacaron sin darme un centavo”, expresó Edwin Rincón. 

Lágrimas y polvo: familias pierden sus hogares durante desalojo en Palo Verde


Palo Verde, Monte Cristi — Con rostros de desconcierto y el sonido de maquinarias rompiendo la quietud de la tarde, varias familias fueron desalojadas este jueves por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, en un operativo realizado en la comunidad de Palo Verde.

 Las viviendas, construidas en terrenos que según las autoridades pertenecen al Proyecto Agrario La Cruz de Manzanillo, fueron derribadas mientras sus ocupantes retiraban apresuradamente algunas pertenencias. 

De acuerdo con los informes oficiales, los terrenos son propiedad del Estado dominicano y están destinados a fines agrícolas bajo administración estatal. El operativo tuvo como objetivo preservar los bienes públicosy garantizar el uso adecuado de las tierras. Sin embargo, entre los desalojados se percibía tristeza y frustración. 

 Algunos residentes alegan haber vivido en el lugar durante años y aseguran que no recibieron previo aviso formal del desalojo. “Solo queremos un lugar donde vivir, no estamos haciendo daño a nadie”, expresó entre lágrimas una madre de tres hijos, mientras observaba cómo las paredes de su vivienda eran derribadas. 

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre si se proporcionará algún tipo de reubicación o asistencia a las familias afectadas. Algunos residentes alegan haber vivido en el lugar durante años y aseguran que no recibieron previo aviso formal del desalojo. “Solo queremos un lugar donde vivir, no estamos haciendo daño a nadie”, expresó entre lágrimas una madre de tres hijos, mientras observaba cómo las paredes de su vivienda eran derribadas. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre si se proporcionará algún tipo de reubicación o asistencia a las familias afectadas.

Turba Armada Intenta Desalojo Ilegal En Una Construcción En Litigio En Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Oeste.– Una turba de hombres fuertemente armados penetró este jueves a una propiedad en construcción ubicada en la calle La Ciénaga número 31, en el residencial Bosque Real del sector Los Hidalgos, con el presunto propósito de realizar un desalojo ilegal y apoderarse de varios apartamentos, generando pánico entre los residentes de la zona. 

 De acuerdo con los reportes, los hombres, aún no identificados, ingresaron a la construcción —que se encuentra en litigio en la jurisdicción civil e inmobiliaria— y amenazaron con asesinar a los ocupantes del lugar si no abandonaban la propiedad. 

La acción desató momentos de tensión y miedo, mientras vecinos alertaban a las autoridades. La Policía Nacional intervino de inmediato en la construcción, logrando apresar a los individuos, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde permanecen detenidos mientras se les prepara el expediente correspondiente para su sometimiento a la justicia. 

 La propiedad afectada pertenece a la empresa Megaproyectos, que ha mantenido una disputa legal por la titularidad del terreno. Fuentes cercanas al proceso aseguran que el litigio aún no ha sido resuelto en los tribunales, por lo que cualquier intento de ocupación o desalojo carece de fundamento legal. 

Proyecto de viviendas en El Seibo desata conflicto: desalojan 40 familias

Alrededor de 40 familias fueron desalojadas en el sector Praderas del Central, en Villa Guerrero, provincia El Seibo, por alegada ocupación ilegal de terrenos donde el Gobierno construye un proyecto habitacional. 

 Entre los afectados se encuentra Juana Rodríguez, quien aseguró que residía en el lugar desde hacía más de cuatro años junto a sus dos hijos menores de edad. Denunció que no recibió notificación previa del desalojo y que su vivienda, así como un colmado del que obtenía su sustento, fueron derribados. 

 Rodríguez también afirmó que estaba incluida en una lista de personas a quienes supuestamente se les asignarían viviendas dentro del proyecto, aunque no presentó documentos de propiedad.

 Otro de los desalojados, identificado solo como Modesto, indicó que en reuniones previas con autoridades municipales se les prometió que no serían sacados del lugar, promesa que, según dijo, no fue cumplida. 

Montan vigilia en Playa Teco por advertencia de desalojo de los presuntos propietarios

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Una vigilia permanente se ha instalado en Playa Teco del distrito municipal de Maimón, luego de que presuntos propietarios de los predios notificaran un desalojo del área en un plazo de 15 días.

 La manifestación pacífica es encabezada por autoridades locales, incluyendo el director y vicedirector distrital, vocales y la Asociación de Vendedores de Artesanías de Guzmán, Guzmancito y Maimón (ASOVAGUM). 

Los organizadores sostienen que Playa Teco es un bien público y señalan su importancia para la comunidad. El pasado jueves 21 de agosto la Inmobiliaria del Norte C. por A. (INNOCA), propiedad de la familia Dumit, notificó mediante alguacil el acto de desalojo No. 640/2025, correspondiente a un perímetro ubicado sobre los 60 metros de la pleamar. 

 “Los hermanos Eduardo Dumit, Juliette Mercedes Dumit Vásquez y Romeo Dumit Vásquez, intentan adueñarse de Playa Teco alegando poseer títulos de propiedad, pero esta playa es un patrimonio público”, expresaron el alcalde Divison Sánchez y Teodoro Melo, presidente de ASOVAGUM. 

 Durante la vigilia, los manifestantes se han ubicado bajo la sombra de los árboles presentes en la zona y portan pancartas con mensajes como: “No al desalojo en Playa Teco”, “Playa Teco es el pulmón de Maimón” y “Playa Teco no se privatizará”. 

Desalojan invasores en Boca Chica tras vencerse el plazo

Un amplio contingente de militares, policías y agentes de la Dirección General de Migración llevó a cabo ayer el desalojo de decenas de ocupantes ilegales en un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica, luego de vencerse el plazo de 15 días otorgado para abandonar voluntariamente el área. 

 La intervención se produjo tras el incumplimiento de una notificación emitida a mediados de junio por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, quien había requerido a los ocupantes abandonar el terreno ocupado de manera irregular durante más de tres años. 

 El inmueble, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con ese mismo nombre .

Durante el operativo, las autoridades destruyeron decenas de casuchas, estructuras improvisadas y viviendas construidas con zinc o hojalata. Asimismo, se detectaron recientes cercamientos de solares, lo que, según las autoridades, evidenciaría intentos de legalizar de manera informal la ocupación. 

Senador Antonio Taveras exige detener desalojos de “barrios enteros” de Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos de la provincia Santo Domingo, donde supuestamente el abogado del Estado ejecuta desalojos forzosos de comunidades enteras y familias con hasta más de 40 años de residencia. 

 El senador de la provincia Santo Domingo explicó que, aunque desde el Congreso Nacional lleva más de cuatro años trabajando con el Gobierno para dotar de titulación a más de 27 barrios en amenaza de desalojo, en muchos casos el proceso no ha podido avanzar por los entramados de corrupción que en el pasado permitieron vender dichos terrenos del Estado a particulares sin tomar en cuenta el desarrollo social y humano que ya existía.

 Al tomar un turno en el hemiciclo de la Cámara Alta, el senador Antonio Taveras Guzmán afirmó que la declaración de utilidad pública favorecería a miles de familias de sectores como La Caleta, Santa Lucía de La Caleta, el barrio Libertad de Boca Chica, Los Coquitos de Mendoza, Brisa del Edén en Mendoza, Buenaventura de Mendoza, Isabelita, El Valiente, Boca Chica, Los Humerales de Pantoja, Villa Progreso I, II y III de Los Alcarrizos, La Grúa de Mendoza, Nueva Jerusalén, Loma Miranda en Los Alcarrizos, entre otros barrios que cumplen con los criterios establecidos. 

Denuncian supuesta mafia que falsifica documentos para realizar desalojos

Santiago.– Una familia denunció haber sido desalojada de forma irregular de su vivienda, ubicada en la calle Pedro Infante, al lado de la clínica La Altagracia, en el sector Pekín, al sur de Santiago. Según los afectados, el desalojo se ejecutó con menores de edad aun dentro del inmueble, y señalan a dos abogados y a otra persona como responsables del hecho.

 Los denunciantes aseguran que existe una supuesta mafia dedicada a falsificar documentos legales para ejecutar desalojos ilegales. Esto, en propiedades de alto valor, como es el caso de la suya, valorada en más de seis millones de pesos. 

 Vielka Tolentino, abogada de la familia afectada, solicitó la intervención de las altas instancias del sistema judicial. Según arugumentó esta presunta red mafiosa opera dentro de los tribunales de Santiago y no solo ordena desalojos, sino que además destruye propiedades. “Tenemos una investigación abierta en su fase inicial, ya que hemos recibido reportes de otros casos similares vinculados al mismo supuesto acreedor, Rafael Báez Jiménez, oriundo de Jarabacoa. Las denuncias provienen tanto de Santiago como de Jarabacoa, y estamos analizando si se trata de una práctica sistemática y si existe una asociación de malhechores”, indicó la abogada Tolentino.

 La defensora legal aseguró que continuarán recabando información para esclarecer los hechos. Precisa que una profunda investigación podría frenar lo que podría ser una estructura organizada dedicada al despojo fraudulento de propiedades.

Desalojan propietarios de módulos en malecón de P. Plata; califican de abusiva la acción


PUERTO PLATA.-Agentes policiales, militares y miembros del Ministerio Público realizaron la mañana de este viernes un desalojo en la caseta el Chiringuito que aloja a varios módulos en la avenida Gregorio Luperón (malecón de Puerto Plata), tras varias sentencias emitidas por el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata, Nassim Eduardo Ovalle. 

 Se trata de un módulo con cuatro locales, infraestructura construida por el Gobierno a través del Ministerio de Turismo, para ser entregados a comerciantes informales que estaban en el malecón cuando se produjo la remodelación en el año 2006 por la gestión de Leonel Fernández, a un costo de RD$308 millones. 

 El desalojo perjudicó a varios propietarios, entre estos Siria Castaño, Elías Rosario Belén y Patricia Batista Santos, quienes han calificado como un abuso de poder dicha decisión. 

 Los reclamantes y que ganaron varias sentencias son los herederos de la señora Justina de los Santos, quienes habrían logrado obtener un título de propiedad tras deslindar un terreno, produciéndose incluso demandas entre ellos mismos para poder lograr materializar el desalojo en contra de los ocupantes. 

 William García, abogado de la señora Patricia de los Santos, explica que diez días antes de conocerse la demanda muere la señora Justina de los Santos, a quien el juez condenó a la fallecida y a los demás que se encuentran en el módulo. “Cuáles son las sentencias que han dado a favor de ellos (de la familia de Justina) son referimientos, que son sentencias de manera provisionales, todas provisionales, para resolver un problema momentáneo hasta que nazca una sentencia definitiva”, dijo el profesional del derecho. 

 Dichos recursos de referimientos fueron apelados por los afectados, pero el juez Nassin Eduardo -a quien los desalojados acusan de estar parcializado-, niega la suspensión de la ejecución de la sentencia, a pesar de haber un recurso abierto donde participan los ministerios de Turismo, Medio Ambiente, la Armada Dominicana, el Patronato del malecón y los dueños de casetas. De acuerdo a informaciones, la caseta se encuentra entro de los 60 metros de pleamar.

Propietarios de casetas y restaurantes en Long Beach enfrentan proceso legal por desalojo


Puerto Plata, República Dominicana.- Los propietarios de casetas y restaurantes en la zona del malecón de Puerto Plata siguen inmersos en un proceso legal ante el intento de desalojo de sus negocios en Long Beach. 

Según denuncian, empresarios turísticos insisten en que poseen títulos de propiedad sobre los terrenos donde operan estos establecimientos. La audiencia, que debía celebrarse en la Sala Civil del Palacio de Justicia, se aplazó para el 16 de junio de 2025 debido a la falta de pruebas por parte de los reclamantes. Propietarios de casetas y restaurantes piden intervención presidencial.

 "Estamos dándole seguimiento a este proceso en la justicia, pero sabemos que siempre hay manos invisibles del poder cuando se busca beneficiar a alguien en particular", expresaron los afectados. 

 Asimismo, hicieron un llamado al presidente de la República, solicitando su intervención para resolver la situación: "Por favor, señor presidente, queremos que esto se detenga de manera definitiva. No más atropellos contra nosotros". 

Miedo al desalojo mantiene en vilo a 63 familias en El Seibo

SANTA CRUZ DE EL SEIBO. – Vecinos del barrio José Francisco Peña Gómez, en Villa Guerrero, viven en constante zozobra ante la posibilidad de que sus hogares sean demolidos por una entidad gubernamental que busca desalojarlos. 

 La incertidumbre afecta a 63 familias, quienes desde la semana pasada han enfrentado nuevas amenazas de desalojo por parte de personas que, según temen, podrían ser empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

 Sus preocupaciones se basan en un antecedente ocurrido en septiembre de 2022, cuando al menos un centenar de agentes policiales y equipos mecánicos destruyeron varias viviendas habitadas y en construcción en la misma zona. 

Residentes de Playa Palmera denuncian desalojo violento sin orden judicial por Medio Ambiente

Punta Cana, Uvero Alto. En horas de la madrugada de este martes aproximadamente a las 5:30 a. m., un contingente militar del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, se presentó en la Casa Club del complejo Playa Palmera. 

 Según denuncias de los residentes y turistas, los agentes rodearon la propiedad e impidieron arbitraria y violentamente el acceso a quienes se encontraban en el lugar. Los hechos han generado una fuerte controversia, ya que, según informaciones suministradas por abogados del complejo, los agentes del SENPA no contaban con una orden judicial que avalara la demolición de la propiedad. 

 Además, se ha denunciado que los miembros del organismo actuaron con uso excesivo de la fuerza, atropellando a empleados, residentes y miembros de la prensa presentes en el sitio. Los abogados también indicaron que existe un recurso contencioso presentado en los tribunales, el cual debería haber detenido cualquier acción de demolición hasta que se emitan los dictámenes judiciales correspondientes.. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a este procedimiento legal y procedieron con sus acciones.  Además de la preocupación por el abuso de autoridad, también han surgido rumores sobre un posible favorecimiento del Ministerio de Medio Ambiente hacia un grupo hotelero cercano a Playa Palmera. 

Estas especulaciones han avivado el descontento entre los residentes y propietarios, quienes han exigido una investigación transparente sobre lo ocurrido. Ante esta situación, los afectados han manifestado su intención de continuar con las acciones legales para evitar lo que consideran un atropello y un abuso de poder. 

 Se espera que las autoridades pertinentes ofrezcan una explicación clara y tomen medidas para garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de los involucrados.

Desalojo y Controversia en la Construcción del Malecón de Pedernales


PEDERNALES.- La construcción del Malecón de Pedernales dejará sin hogar a más de una decena de familias, quienes aún no han recibido ninguna respuesta esperanzadora por parte del gobierno.

 A pesar de la controversia, los trabajos en el Malecón de Pedernales han comenzado en medio de acusaciones de favoritismo, ya que se alega que solo personas con influencia han obtenido permisos para construir en el área.

 Las quejas provienen de los habitantes que ocupan los terrenos por donde pasará la obra, la cual se extiende desde el muro fronterizo que divide a Haití y República Dominicana. Mientras tanto, en la misma zona del Malecón, avanza la construcción de un complejo hotelero con 180 habitaciones estilo barco, una obra que, según denuncias, se habría impuesto mediante el uso del poder

Moradores del barrio Los Platanitos Churchill denuncian amenazas de desalojo tras tres décadas de residencia

Redacción.- Los residentes del barrio Los Platanitos Churchill, ubicado en el Ensanche Paraíso del Distrito Nacional, denunciaron que el pasado 10 de febrero recibieron una notificación de desalojo firmada por abogados, que les otorgan un plazo de 15 días para abandonar sus propiedades. 

 En un comunicado emitido por los miembros directivos de la Junta de Vecinos Platanitos Churchill, detallan: “El reclamante Ramón Arturo Francisco Collado, amparado en un documento «Constancia Anotada» sobre una «Compra» que realizara mediante acto de venta bajo firma privada con Rafael Corporán De Los Santos en el año 1993”. 

Asimismo , continúan describiendo que: “el solar en cuestión, es identificado como Solar 2, Manzana 2790, Distrito Catastral No. 01 (El barrio está frente al elevado Churchill esq. Kennedy entre las agencias de vehículos Mercedes Benz y Maxus / British Motors y nos divide una pared con el Colegio Claret)”. 

 Mientras que, en el mismo documento, indican que, “el citado solar es área verde según los planos del propio Ayuntamiento, D.N (Inobservancia Ley 6400)”.

 Los comunitarios y miembros de la Junta de Vecinos exigen que se respete el derecho de los habitantes a seguir viviendo en la zona, quienes llevan más de 30 años residiendo de manera pacífica e ininterrumpida, y apelan a las autoridades competentes para que se investigue a fondo la validez de la documentación presentada por el reclamante.

Parceleros de Samaná denuncian intentos de desalojarlos de sus tierras

Samaná,RD.-Parceleros de Palmar Nuevo Boca del Caño perteneciente al municipio de Sánchez en la provincia de Samaná denuncian intentos de desalojarlos de sus tierras.

 Afirman que quienes buscar sacarlos de sus tierras, aprovechan que las cosechas de arroz están lista. 

 Denunciaron que se repite la historia de cuando hace 15 años llegaron los forasteros de otras zonas de San Francisco de Macorís a propinarse de sus tierras aprovechando que las cosechas están listas. 

 Francisca Aquino Ortiz, de 73 años de edad, lleva toda su vida trabajando en las parcelas 36,37 y 48 que hace años enviaron a los tribunales supuestamente a Miguel José Brito y se le ordenó alejarse de dichos terrenos.

 Otros parceleros mostraron títulos del Instituto Agrario Dominicano y pagos realizados al Estado dominicano a través del banco Agrícola los cuales deben seguir pagando cuando descosechen las siembra de arroz, pero que los supuestos invasores quieren aprovecharse con el apoyo de agente policiales que llegaron al lugar. 

 En tal sentido, pidieron a las autoridades del Gobierno acudir en su ayuda, ya que son más de 100 parceleros que trabajan en los citados terrenos y pagan impuesto al Estado dominicanos y todos están al día.

MOPC desaloja vendedores en el kilómetro 9 de la autopista Duarte


SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que intervino diversas infraestructuras establecidas ilegalmente en el área verde y parte de la calzada del kilómetro 9 de la autopista Duarte, para posibilitar el avance y conclusión en el menor tiempo posible la construcción del proyecto que se ejecuta para agilizar el tránsito y hacer esa vía más eficiente y segura.

 De acuerdo con un comunidado, el desalojo es para agilizar la reconstrucción y modernización del kilómetro 9 que conecta con las 14 provincias del Cibao, en las que transita más del 60 por ciento de la población nacional, y que garantiza un mejor y más cómodo desplazamiento para los conductores. 

 El MOPC aseguró que los dueños de las instalaciones afectadas fueron compensados económicamente, aunque algunos persisten en ocupar ilegalmente terrenos correspondientes al derecho de vías y se niegan a recibir el dinero ofrecido, cuyos montos se derivan de las tasaciones correspondientes.

Medio Ambiente da plazo 15 días para desalojar bahía de Luperón


Santo Domingo, 12 nov (EFE).- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó a los ocupantes del Refugio de Vida Silvestre Bahía de Luperón, en Puerto Plata, que deberán abandonar el área protegida en un máximo de 15 días.

 Esta medida, tomada por el ministro Paíno Henriquez tras inspeccionar el lugar por segunda vez junto a una comisión, se llevará a cabo porque los invasores están causando un daño ambiental significativo en el humedal del sector Mangles Abajo, dentro del área protegida, según un comunicado del citado Ministerio. 

 En el informe preliminar del lugar, realizado el pasado 30 de octubre, se estableció que hay alrededor de 200 ocupantes en la zona, que vertían los residuos directamente en el humedal y sus áreas aledañas, y que construyeron un pared para canalizar aguas que contribuía a la acumulación de basura en el ecosistema.

Residentes de Gualey: inquietud por posible desalojo

SANTO DOMINGO.- La Junta de Vecinos de Gualey denunció que desconoce el propósito que tiene la Unidad Ejecutora del Ministerio de la Presidencia (URBE), que ha iniciado una auditoría de las residencias en el sector de Gualey, ubicado en la zona norte del Distrito Nacional. 

 Los residentes de la comunidad manifestaron que no han sido debidamente informados sobre la naturaleza del levantamiento que están realizando brigadas de esta dependencia estatal y que de manera extraoficial, han surgido preocupaciones sobre la posibilidad de un desalojo inminente. 

Sin embargo URBE informó a Noticias SIN que está realizando un censo en sectores donde habitan familias en condiciones de alta vulnerabilidad Agregó que a esto se agrega el levantamiento que Obras Públicas le solicitó debajo del puente se la 17, para ellos poder dar inicio a los trabajos de fortalecimiento y remozamiento de esa infraestructura. 

 Los residentes sostuvieron que el personal que visita las viviendas solicita documentos a los habitantes, argumentando que es para otorgar certificaciones de propiedad. En algunos casos, también piden las cédulas de las familias cuyos padres han fallecido. 

 Aunque circula la versión de que esta iniciativa está relacionada con el mantenimiento del Puente Francisco de Rosario Sánchez, también ha trascendido que podría estar vinculado al desarrollo de un proyecto habitacional. Este proyecto, según fuentes, formaría parte de un plan más amplio que busca dar continuidad a la prolongación de una avenida recién construida en el sector de la Ciénaga, la cual conectaría con la autopista Juan Pablo Duarte. 

 Incertidumbre 

 A pesar de la gravedad de la situación y su impacto potencial en miles de residentes, las autoridades gubernamentales aún no han emitido un pronunciamiento oficial ni han brindado detalles sobre el proyecto. 

La falta de información ha generado incertidumbre y preocupación en la comunidad, que espera respuestas claras sobre su futuro. “Solicitamos al Gobierno de presidente Luis Abinader que ofrezcan los detalles de lo que se está planeando en Gualey porque cualquier acción afectaría a las miles de familias que alli residen. 

Desde este momento nos declaramos en alerta y vigilantes para impedir que se vulnero nuestro derecho como propietarios que allí residimos”, explicó la directiva de la Junta de Vecinos.

Residentes de Brisa del Este denuncian despojo ilegal de sus viviendas

Los residentes del sector Brisa del Este denunciaron este martes que están siendo víctimas de un intento de desalojo ilegal en sus viviendas ubicadas en la calle Orquídea #96, en dicha zona. 

Según relataron al Grupo RCC Media, un grupo de invasores reclama la propiedad del terreno donde residen, a pesar de no tener ningún derecho legal sobre el mismo. 

 Los intrusos llegaron de forma agresiva y con el rostro cubierto, demandando dinero y amenazando con derribar todo por la fuerza.

 Arileidy Valenzuela, una de las afectadas, relató que inicialmente se les solicitó tres millones de pesos, cantidad que fue reducida a la mitad después de que se negaran a pagar dicha suma. Además, señaló discrepancias entre el título de propiedad presentado por un supuesto fiscal y el que los residentes poseen legalmente. 

 La incertidumbre y el miedo se apoderan de la comunidad, como se evidenció en el caso de Ramón Vallejo, cuya vivienda fue destruida sin previo aviso, dejándolo en los escombros. La residente Luz Ramírez también sufrió actos de violencia, con la forzada destrucción de su puerta y parte del techo, mientras que una conocida suya fue agredida por un supuesto policía. 

 Los moradores expresaron que tienen más de 30 años de arraigo en la zona y claman por la intervención del presidente Luis Abinader, solicitando justicia y apoyo ante la situación que los afecta.

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