EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados aseguraron este jueves que en los próximos días trabajarán en la adecuación de la Ley 396-19, que regulaba los embargos de bienes muebles e inmuebles, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la normativa.
La Alta Corte declaró inconstitucional la Ley 396-19 al considerar que no cumplió con el procedimiento requerido para su aprobación y que, además, contraviene principios constitucionales fundamentales.
En su sentencia TC/0743/25, el Tribunal también rechazó que los embargos de bienes muebles e inmuebles fueran ejecutados por el Ministerio Público en lugar del juez apoderado del caso.
En ese sentido, el senador Pedro Catrain, manifestó que esta sentencia de la corte suprema es una «situación normal» que busca corregir algunas situaciones y el rol del Congreso es analizarla y adecuarla.
«El Congreso lo que va a hacer es conocer y resolver esa situación para que sea el juez apoderado del caso que tenga la facultad de dirigir la Policía Nacional y todo el proceso de ejecución de la sentencia», sostuvo Catrain.
En dicha sentencia también se exhorta al Congreso Nacional aprobar una nueva ley en la que se corrija las fallas anteriormente mencionadas para que este en consonancia con el artículo 112 de la Constitución.