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Imponen garantía económica a acusado de ser "cerebro legal" de fraude en Operación Gaviota

La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota, cuyo fraude asciende a 40 millones de pesos. 

 La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión al rechazar la solicitud de prisión preventiva en contra del imputado, presentada por los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público. 

 La jueza impuso al imputado el pago de una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público que realiza la investigación. 

 A la salida del tribunal, el imputado rehusó hablar con los medios mientras era conducido bajo estricta medida de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 Mientras que el abogado Emmanuel Rivera, quien representa a 100 presuntas víctimas, anunció que recurrirá la decisión en apelación por no estar conforme con la misma y que el tribunal fue muy benévolo con el imputado. 

Imponen garantía económica de RD$1 millón por estafa millonaria

El Ministerio Público de San Cristóbal ha conseguido que el Juzgado de Atención Permanente imponga una garantía económica de RD$1 millón a Denny Emanuel García Castillo, tras ser acusado de estafar a dos personas por más de seis millones de pesos. 

 García, gerente de la empresa Zamek Capital, S.R.L., está implicado en un esquema fraudulento que involucraba inversiones en criptomonedas y mercados financieros. 

 Esquema Ponzi y víctimas del fraude 

 El fraude involucró a las víctimas Máximo Bethoven Pérez Medina y Jesús Elías Castro, quienes fueron atraídos con la promesa de ganancias anuales de hasta un 72% en inversiones en bitcoin y otros mercados. Ante la oferta, ambas personas adquirieron préstamos bancarios que sumaron más de RD$6 millones, monto que entregaron a García y su empresa. 

 A pesar de haber cumplido inicialmente con algunos pagos, Zamek Capital dejó de responder a sus compromisos en enero de este año, momento en que desaparecieron con los fondos de las víctimas.

 El Ministerio Público presentó pruebas de que la empresa operaba bajo un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversionistas para cumplir temporalmente con sus obligaciones.

 Sanciones por violaciones a la ley

 García Castillo enfrenta cargos por estafa y abuso de confianza bajo los artículos del Código Penal Dominicano y la Ley Monetaria y Financiera. También se le acusa de violar las leyes del Mercado de Valores del país.

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