Agropecuarios denuncian despojo de terrenos; exigen vía de acceso y pago justo en SFM

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Delegación Nordeste, denunció que desde hace más de dos décadas enfrenta múltiples obstáculos para desarrollar un proyecto habitacional en terrenos ubicados en la comunidad de La Penda, en este municipio. 

 De acuerdo con un documento emitido por la entidad, en el año 2002 un total de 96 profesionales agropecuarios adquirieron alrededor de cien tareas de tierra con el propósito de construir viviendas para sus familias. 

Sin embargo, el proceso se ha visto afectado por diversos inconvenientes que, según indican, han impedido la materialización del proyecto. La situación se agravó en 2019, cuando iniciaron los trabajos de construcción de la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, lo que provocó el despojo de más de 28 tareas del terreno adquirido por los profesionales. Según explicaron, la obra dividió la propiedad en dos partes, dejando una de ellas —la de mayor extensión— sin acceso a ninguna vía de comunicación, situación que ha paralizado el proceso de deslinde e impide que los propietarios puedan disponer legalmente de sus solares. 

MP solicita prisión preventiva para abogado acusado de estafa millonaria y lavado de activos en SFM

El Ministerio Público del Distrito Judicial de Duarte solicitó la imposición de prisión preventiva para el abogado Joel Carlo Román, acusado de encabezar una red dedicada a la estafa inmobiliaria, falsificación de documentos y lavado de activos, utilizando empresas de fachada para despojar a propietarios de sus bienes en distintas provincias del país. 

 De acuerdo con la instancia presentada por el fiscal Benedicto Reynoso, la estructura criminal dirigida por Román operaba a través de las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A., constituidas con el propósito de ejecutar maniobras fraudulentas contra particulares y empresas en el territorio nacional. 

 El expediente detalla que Román y sus coimputados —Celine Sara Benaresh, Sarah Esther Rivero Hombla, Bahram Benaresh, Dulce María Caballero Contreras, Fredis Luciano Torres Peralta, Robert Kingsley y Dilenny Carolina Camacho Diplán— simulaban ser compradores legítimos de bienes inmuebles. 

 Según detalla para ganarse la confianza de las víctimas, ofrecían pagos iniciales mínimos y firmaban contratos de promesa de venta sin intención de cumplir con el compromiso económico. Posteriormente, iniciaban procesos judiciales fraudulentos, utilizando documentos falsificados y suplantando identidades, con el fin de obtener transferencias judiciales de títulos de propiedad sin haber completado el pago.