Suspenden juicio contra Emmanuel Rivera por falta de defensor público para uno de los acusados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió este jueves el juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados de ser parte de una presunta red que habría estafado a decenas de personas mediante la venta de viviendas en proyectos inmobiliarios. 

 La audiencia fue aplazada hasta el próximo 22 de julio, a las 9:00 de la mañana, debido a que Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, hijo de Ledesma, no cuenta con un defensor público asignado. 

 De acuerdo con la acusación, la estructura criminal habría estafado más de 700 millones de pesos a más de 300 personas, a quienes ofertaba apartamentos y viviendas en proyectos inmobiliarios que presuntamente no existían o no fueron desarrollados, utilizando diversas maniobras fraudulentas. Durante la audiencia de hoy se produjeron además varios incidentes procesales. 

La defensa de uno de los imputados solicitó autorización para depositar por escrito pruebas que pretende incorporar al juicio, mientras que el Ministerio Público informó que la imputada Rosa María Sánchez no compareció pese a haber sido debidamente citada.  Ante esta situación, el tribunal ordenó su declaratoria en rebeldía y dispuso su arresto y convocó a todas las partes presentes para la próxima audiencia. 

Defensa víctimas Caso Nido esperan imputados sean condenados tras nuevo aplazamiento

 Luego de que este jueves fuera aplazada para el próximo 25 de junio la audiencia relacionada con el Caso Nido o Indisarq, víctimas y representantes legales de los afectados expresaron su esperanza de que el proceso avance hacia una condena y que sea rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa de Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado de encabezar una presunta red de fraude inmobiliario. 

 Rivera Ledesma enfrenta acusaciones por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en un caso que, según el Ministerio Público, habría afectado a cientos de personas que invirtieron sus ahorros en proyectos inmobiliarios que nunca fueron entregados. 

 Uno de los abogados que representa a las víctimas manifestó que esperan que los jueces actúen conforme a las pruebas presentadas y permitan que el caso sea conocido en el juicio. “Queremos que se conozca el juicio de fondo porque los hechos que se le imputan son sumamente graves. Hay personas que enfermaron y otras que incluso fallecieron esperando una respuesta de la justicia”, expresó el jurista. 

 Asimismo, sostuvo que muchas de las familias afectadas quedaron prácticamente en la ruina tras invertir sus ahorros con la esperanza de adquirir una vivienda en el país, por lo que considera imprescindible que se imponga una sanción ejemplar a los responsables. 

 Por su parte, el abogado Fernando Montero explicó que la ausencia de algunos de los imputados fue una de las razones que motivó el aplazamiento de la audiencia. Indicó que Eduardo Rivera, hijo de Emmanuel Rivera, no pudo asistir debido a problemas de salud que le obligan a guardar reposo, situación que fue respaldada mediante un certificado médico.

Vuelven a aplazar audiencia del caso Nido o Indisarq hasta el 11 de junio

Por segunda vez de forma consecutiva, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó que la audiencia del juicio de fondo del caso Nido o Indisarq permanecerá en receso hasta el próximo jueves 11 de junio, a las 9:00 am, debido al estado de salud de la magistrada Arisleida Méndez, quien se encuentra bajo licencia médica.

 Durante la jornada también estuvo ausente el Ministerio Público encargado de la acusación. En el proceso figuran como implicados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 De acuerdo con el Ministerio Público, la red perjudicó a más de 500 personas mediante la oferta de viviendas en siete proyectos inmobiliarios. Las autoridades estiman que el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.