Envían a juicio esposa de ‘falso abogado” por presunta complicidad en estafa millonaria en La Altagracia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís revocó una decisión anterior y ordenó la apertura a juicio contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa del supuesto falso abogado Héctor Bienvenido Peña García, acusado de estafar a decenas de personas haciéndose pasar por profesional del Derecho. 

 La decisión está contenida en la sentencia penal núm. 334-2025-SSEN-00584, emitida el 10 de octubre de 2025 por los magistrados José Manuel Glass Gutiérrez, Miguelina Mendoza Ramírez y Ramón Martínez, quienes acogieron el recurso de apelación interpuesto por los abogados Moisés Torres Pión y Emmanuel Rivera Rodríguez, representantes de las víctimas. 

 De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público, Peña García habría defraudado a sus víctimas por un monto superior a RD$5.5 millones, simulando ser licenciado en Ciencias Jurídicas. 

 La investigación explica que el procesado convenció al señor Francisco Arache Santana de entregarle RD$2,825,000 mediante transferencias bancarias, bajo la promesa de recuperar fondos invertidos en la empresa Investor Winner IW, S.R.L. Parte de ese dinero, según el expediente, fue depositado en una cuenta a nombre de su esposa, quien presuntamente también participaba en las reuniones donde se captaban las víctimas y se beneficiaba de los recursos obtenidos ilícitamente, adquiriendo bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos de lujo. 

Alguacil y abogada son imputados en supuesto embargo y desalojo ilegal

La Altagracia. RD. En continuidad a las investigaciones por los casos de embargos y desalojos ilegales en esta provincia, documentos que revelan la medida de coerción aplicada a la abogada Alexandra Días, y el alguacil Lenny Francisco de Los Santos Avalo, ambos acusados junto al abogado Eloy Bello Pérez. quién presuntamente orquestó la trama para llevar a cabo un desalojo el pasado día 15 de enero del 2022, violando, según los argumentos acusatorios, la ley 396-19. 

 La medida de coercion aplicada a De Los Santos Avalo, y la abogada Días consisten en presencia periódica y firma cada mes, y fue solicitada por la fiscalía de la Altagracia; según indica el documento amparada en argumentos acusatorios de asociación de malhechores, entre otros.

 En el acto de acusación aparecen también los imputados Eloy Bello Pérez, Rene Duran, y Libor Zabalski. A quienes también se les acusa de haber burlado los artículos 22. 23. 24, 25. 26, 27. 28. 29, 30, y 31 de la ley 396-19, y además haber violado los artículos 265 y 266 consistentes en asociación de malhechores.