El TC pone límites a gobiernos locales para imponer multas de tránsito y arbitrios

Los ayuntamientos no pueden convertir su facultad para ordenar el tránsito y administrar los espacios públicos en una potestad para imponer multas, retener vehículos y exigir pagos para devolverlos, ni crear arbitrios sin contar con la competencia legal para hacerlo, estableció el Tribunal Constitucional (TC) en dos recientes sentencias. 

 En una decisión que puede tener especial interés para los conductores, el TC determinó que el Ayuntamiento de Moca no podía inmovilizar, remolcar y retener un vehículo por una infracción de estacionamiento y condicionar su devolución al pago de 3,000 pesos, porque esa actuación constituía una consecuencia materialmente sancionadora que el gobierno local no estaba habilitado legalmente para imponer en esos términos. 

 La decisión está contenida en la Sentencia TC/0785/26, aprobada el 12 de junio de 2026, en un proceso iniciado por Juan Carlos Mejía Vásquez contra el Ayuntamiento de Moca. 

 El conflicto se originó cuando personal municipal inmovilizó con un candado, remolcó y retuvo un Honda Pilot, y exigió al propietario el pago de 3,000 pesos para liberarlo. La actuación estaba sustentada en la Ordenanza 01-2025, que establecía tasas de 3,000 a 4,000 pesos por traslado de vehículos, 500 pesos por cada día de retención y 3,000 pesos por inmovilización mediante candado. 

Apedi consulta decisión TC por decreto terrenos Parque Central

Santiago. La Asociación para el Desarrollo Incorporada contempla consultar a los abogados ante la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la atribución de administración de los terrenos del Parque Central de Santiago realizada en favor del Patronato creado por el Poder Ejecutivo. 

 “Vamos a consultar a los abogados”, fue la escueta respuesta fijada por el empresario Fernando Capellán, presidente de la Apedi, ante la pregunta de reporteros de elCaribe.

  El Tribunal Constitucional establece en su sentencia acoger la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los sucesores de Ramón de Jesús Henríquez Domínguez y Hacienda Las Rosas, C. por A., contra el decreto número 126-01, dictado por el entonces presidente de la República Hipólito mejía, del 23 de enero del 2001, por haber sido interpuesta conforme a las normas que rigen la materia. Segundo, acoge, en cuanto al fondo, la indicada acción directa de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declara conforme con la Constitución de la República Dominicana el decreto número 126-01, mediante el cual se crea el Patronato del Parque Central de Santiago. Tercero, ordena que la presente decisión sea notificada, por secretaría del TC, a los accionistas, sucesores de Ramón de Jesús Henríquez Domínguez y Hacienda Las Rosas, C. por A., al Poder Ejecutivo y al procurador general de la República. 

 El decreto establece que el Patronato Parque Central de Santiago estará integrado por la Asociación para el Desarrollo, quien lo presidirá, el Arzobispado de la Arquidiócesis de Santiago, el Gobernador de la Provincia de Santiago, el ayuntamient de Santiago de los Caballeros, el Instituto Superior de Agricultura, la Sociedad Ecológica del Cibao, Cámara de Comercio y Producción de Santiago, el Consejo Estratégico, la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago y Asociación de Industriales de la Región Norte.

Fuente:https://www.elcaribe.com.do/panorama/region-norte/apedi-consulta-decision-tc-por-decreto-terrenos-parque-central/