Contraloría General emite normativa para registro de nuevos contratos de alquiler y arrendamiento de inmuebles por primera vez

Santo Domingo.- El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, emitió la Resolución núm. IN-CGR-RES-2026-0002, que por primera vez establece controles preventivos para el registro de nuevos contratos de alquileres y arrendamientos, a los fines de asegurar que el inmueble cumpla con los metrajes, distribución, accesibilidad e instalaciones definidas en el pliego de condiciones, ficha técnica o el contrato, según corresponda. 

 Espinosa Pérez explicó que dicha disposición responde al Plan de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría General, y como parte del establecimiento de controles preventivos para la ejecución y desembolsos de los recursos públicos, especialmente enmarcados dentro de la iniciativa de la supervisión material de obras, bienes y servicios. “La misma representa un paso trascendental en el fortalecimiento de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, al garantizar que el Estado solo asuma compromisos financieros sobre inmuebles que cumplan efectivamente con las condiciones técnicas y contractuales establecidas”, puntualizó el contralor. 

 Sostuvo que la presente resolución, que entrará en vigencia a partir del primero de marzo de 2026, establece que todo proceso de contratación de alquileres y arrendamientos, deberá constar de manera obligatoria, y previo al proceso de registro de TRE contrato en esta Contraloría, con un Informe de Inspección y Evaluación Técnica de dicho inmueble por parte de un personal técnico de la Contraloría, a los fines de validar las especificaciones técnicas estipuladas en el proceso de contratación y acuerdo contractual resultante; así como la correspondencia de las mismas con las obligaciones financieras a ser contraídas. 

La fuerte denuncia que hace Donald Guerrero contra la Contraloría

Ángel Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda (2016-2020), se defendió este viernes de los cargos que le imputa el Ministerio Público, como principal acusado del grupo de exfuncionarios que habrían desviado del Estado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos. 

Durante su defensa material ante la magistrada Altagracia Rodríguez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Guerrero Ortiz denunció que el informe en su contra, emitido por la Contraloría General de la República en el año 2021, se realizó en franca violación del debido proceso administrativo, ya que la institución le obvió la garantía del derecho de defensa que le corresponde. 

 «Lo que el señor Donal Guerrero ha hecho ha sido presentar una denuncia ante el tribunal respecto al informe de la Contraloría General de la República del año 2021, el cual fue emitido en franca violación del debido proceso administrativo, ya que la Contraloría General de la República obvió la garantía del derecho de defensa que corresponde al señor Guerrero», manifestó Mario Eduardo Aguilera, el abogado del exfuncionario a los miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 Explicó: «Ese informe habla de supuestas irregularidades en el pago de deuda pública. Pero, claro, es muy fácil hablar de irregularidades cuando no nos permitieron aclarar todo eso». 

Contraloría establece directrices para admisión de documentos firmados digitalmente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Administración Pública (MAP), juntamente con la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas, emitieron una resolución que establece las directrices sobre los documentos a ser admitidos en formato de firma digital o electrónica cualificada en el proceso de registro de contratos por ante la Contraloría.

 

 De acuerdo a lo estipulado en la resolución, la misma tiene por objeto establecer las directrices a seguir por todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública bajo la dependencia del Poder Ejecutivo; las empresas públicas con participación Estatal mayoritaria, las de Alianzas Público-Privadas, los fideicomisos públicos y los gobiernos locales, con relación a los documentos a ser admitidos en formato de firma digital o electrónica cualificada en el proceso de registro de contratos por ante la Contraloría, detalla una nota de prensa. 

 La misma señala que la máxima autoridad de cada institución deberá enviar una comunicación dirigida al Contralor General de la República, indicando a partir de qué fecha la institución ha adoptado el uso de firma digital, la entidad emisora de los certificados cualificados de esa firma digital e indicando los nombres de los colaboradores que poseen capacidad de firmar digitalmente para los procesos de compras y contrataciones, los cargos que ocupan y cuáles documentos están autorizados a firmar. “De igual forma, será responsabilidad de cada institución mantener actualizado en esta Contraloría, vía comunicación oficial de manera fehaciente y fidedigna, las personas que posean firma digital y que están autorizadas a firmar documentos bajo los preceptos de la Ley No.126-02 y sus reglamentos”, recoge el documento.