Cambios a la ley de gestión de residuos sólidos generan rechazo

El pasado 7 de enero, el Senado de la República aprobó de urgencia y en lecturas consecutivas, una modificación a la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Sin embargo, los cambios a la legislación fueron cuestionados severamente por el sector privado ya que se produjeron sin convocar a las partes interesadas ni tampoco se hicieron vistas públicas. 

 Aunque todavía debe pasar el cedazo de la Cámara de Diputados, el proyecto introducido en el Senado por los legisladores Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y Ginette Bournigal (PRM-Puerto Plata) ha generado serios cuestionamientos de los sectores de reciclaje y protección del medioambiente. Una de las modificaciones más cuestionadas, sin embargo, ha sido el cambio en la conformación del Consejo del Fideicomiso. 

 En la ley modificada se excluye a Ecored, la asociación empresarial que impulsa la conservación del medioambiente, así como al Ministerio de Hacienda, dejando solo a un representante de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y todos los demás designados por el Poder Ejecutivo. 

Piden cambios políticas viviendas

El sector construcción de viviendas tuvo un bajo crecimiento en el 2023 y la situación podría seguir sin cambios significativos en 2024 si no se cambia la política económica de Gobierno para el sector. La falta de acceso al financiamiento por parte de los pequeños y medianos constructores, ya que no han tenido acceso a los recursos liberados del encaje legal dispuestos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el incremento de costos y la baja inversión de capital del Gobierno son los factores que están incidiendo negativamente. 

 Así lo expresan los directivos de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, presidente (de manera telemática); Juan Bautista Mora, vicepresidente; Yasiris Jackson, representante de mujeres constructoras y Wilson Guerrero, encargado de Relaciones Públicas, al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY. 

 Para los representantes de los pequeños constructores los planes de viviendas económicas del gobierno se han quedado cortos. Indicaron que de 30 mil viviendas del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que se tenía como meta entregar en los cuatro años, sólo se han entregado unas 1,000 viviendas. En ese sentido, hicieron un llamado al presidente de la República, Luis Abinader y al ministro de la Presidencia, Joel Santos, para que revisen de manera puntual ese plan, porque hay más de 700 mil personas solicitando ser incluidas en dicha iniciativa, sin embargo la demanda no esta siendo debidamente atendida. Mientras que la cifra de 6,000 viviendas, entre ellas construidas y reparadas, que ha dado el Ministerio de la Vivienda, afirman solo se ve en los medios de comunicación, ya que “no vemos nada en ningún escenario”. 

Impuesto a vivienda varió la visión “suntuaria” por cambios a la ley

La propuesta para modificar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) haría, si fuese aprobada por el Congreso Nacional, el tercer cambio importante en la legislación que comenzó como un experimento tributario para gravar la riqueza, pero que luego amplió su alcance hacia el patrimonio.

 Concebida como una ley para gravar la suntuosidad y a la vez modernizar el sistema impositivo dominicano, el gravamen fue promulgado como Ley 18-88, del 5 de febrero del 1988. Su nombre original fue Impuesto a la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados (IVSS). Con ese criterio y con algunas modificaciones en el intermedio fue aplicada hasta que en la reforma fiscal de la Ley 253-12 se le cambió la visión de suntuosidad por la de propiedad o patrimonio. 

 En la versión original se partía de un valor a partir del cual se gravaba el inmueble de RD$500,000, con una tasa del 1 % del valor excedentario. Tenía exenciones originales y también el concepto de indexación, que para entonces no se aplicaba en otros tributos.