Recuperan terrenos ocupados ilegalmente en área protegida

Santo Domingo, 4 oct.- El Ministerio dominicano de Medio Ambiente desmontó 73 estructuras ilegales levantadas en cuatro puntos del Monumento Natural Hoyo Claro, un área protegida de la provincia La Altagracia, en el este del país, se informó hoy. 

 La operación se desarrolló en la zona de Verón, distrito municipal cercano a los polos turísticos de Bávaro y Punta Cana, y contó con la participación del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Protección Ambiental, del Ejército y de la Dirección de Migración. Hoyo Claro ocupa unos 39,3 kilómetros cuadrados y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 La categoría de Monumento Natural comprende espacios que contienen elementos ambientales singulares de importancia nacional y que requieren cuidado especial. 

 EL AREA PROTEGIDA 

 El área protegida reúne un sistema de humedales y lagunas en la llanura costera del Caribe, además de ciénagas, praderas de eneas y bosques de palma cana. También comprende parte de La Jarda, una formación de roca caliza con cavernas, y conserva uno de los escasos remanentes de bosque primario de la zona oriental de la isla. 

Conflictos por terrenos y 14 años sin escuela llevan protesta hasta el Palacio

La Asociación de Productores y residentes del sector Pantoja-La Flores, junto a productores de Bonao, marcharon ayer hacia el Palacio Nacional en reclamo de soluciones a los conflictos relacionados con terrenos, desalojos y en demanda de la construcción de una escuela, situaciones que denunciaron, afecta a cientos de familias.

 Alonzo Manuel Jiménez, presidente de la asociación que agrupa a los productores de Bonao, afirmó que alrededor de 80 viviendas fueron destruidas durante un desalojo ejecutado en Villa Solador, Bonao, conocido como La Colonia, y sostuvo que el procedimiento se realizó mientras los afectados mantenían abierto un proceso judicial, cuya audiencia está prevista para el próximo mes. 

 Explicó que los terrenos involucrados corresponden a las parcelas 15 y 12 y parte de sus ocupantes los adquirieron de personas que, de acuerdo con su versión, habían recibido esos asentamientos durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Jiménez cuestionó que posteriormente aparecieran personas con títulos de propiedad sobre los terrenos y que se ejecutara el desalojo mientras los productores permanecían en el lugar. 

También denunció presuntas actuaciones irregulares de personas que, según dijo, se presentaron como autoridades durante el operativo. 

Taveras pide a Abinader declarar de utilidad pública terrenos ocupados por comunidades

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, pidió este miércoles al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública terrenos ocupados por comunidades establecidas desde hace décadas y disponer la compensación de sus propietarios, como vía para avanzar hacia la titulación de las familias que viven en esos asentamientos. 

 Taveras planteó que el pago a los propietarios se realice mediante un programa financiado con el Presupuesto General del Estado durante un período de diez años, una propuesta que supone comprometer recursos públicos para resolver conflictos de propiedad que afectan a distintas comunidades de la provincia. 

 La resolución fue recibida por el Ejecutivo en 2025 

El legislador afirmó durante una intervención en el Senado que la Resolución 00766 fue recibida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de 2025. Según Taveras, la iniciativa busca dar una respuesta a familias que han construido sus viviendas en esos terrenos durante años y que permanecen sin seguridad jurídica sobre las propiedades que ocupan. 

Familia Disla denuncia presunta intervención militar en litis por terrenos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La familia Disla denunció públicamente la presunta intervención del general de brigada Perdomo Sánchez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana (ERD), en actuaciones relacionadas con un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos sometidos a una controversia de carácter civil, inmobiliario y registral. 

 La familia considera grave y preocupante que un alto oficial militar haya intervenido en una disputa relacionada con derechos de propiedad, por entender que este tipo de conflictos corresponde ser dirimido por los tribunales y las instituciones civiles competentes, particularmente por la Jurisdicción Inmobiliaria.

 Los Disla reclaman al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del Ejército de República Dominicana, y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional que determine las circunstancias en que se produjo la presunta intervención.

Comunitarios de Pantoja defienden terrenos destinados a construir una escuela

Santo Domingo.- Comunitarios del sector Las Flores, en Pantoja, pidieron este sábado la intervención de las autoridades ante la preocupación por una presunta amenaza de derribar la pared que protege unos terrenos donde aseguran está prevista la construcción de un plantel educativo. 

 Los moradores explicaron que la construcción se encuentra paralizada debido a una supuesta litis judicial relacionada con los terrenos, situación que mantiene en incertidumbre a la comunidad.

 Estos terrenos son de Educación, ellos dieron más de 100 millones, pero hay una litis y por eso no se debe tocar nada”, afirmó Santo Paniagua, presidente de la junta de vecinos. Mientras, la dirigente comunitaria María Magdalena Rondón aseguró que han acudido de manera constante al área jurídica del Ministerio de Educación para conocer el estatus del proyecto.  Educación construyó eso; nosotros constantemente vamos a donde la jurídica de Educación”, manifestó. 

 Déficit escolar en Las Flores

 Los comunitarios también expresaron preocupación por la falta de un centro educativo en la zona, lo que obliga a estudiantes del sector a trasladarse hacia otros lugares para asistir a clases. 

Audiencia por terrenos de Friusa concluye; expediente quedará en estado de fallo tras plazo de 48 horas

HIGÜEY, LA ALTAGRACIA. — La audiencia relacionada con el proceso de recuperación de aproximadamente 14 mil metros cuadrados de terrenos de dominio público ubicados en Los Altos de Friusa, Bávaro fue celebrada este viernes ante el Tribunal de Tierras de Higüey. 

 Según informaciones recopiladas por BÁVARO DIGITAL, durante la audiencia las partes presentaron sus conclusiones al fondo, mientras el tribunal otorgó un plazo de 48 horas para depositar escritos ampliatorios de conclusiones. Una vez agotado ese período, el expediente quedará en estado de fallo, a la espera de la decisión judicial. 

 El proceso involucra a La Cooperativa Familiar de Vivienda y Servicios Múltiples del Este (COOPFVIESTE) vinculada a la ocupación del inmueble cuya recuperación como patrimonio público se encuentra actualmente en disputa judicial. 

 La iniciativa para la recuperación de estos terrenos ha sido encabezada por Uridy Marte, presidente de la Junta de Vocales del Distrito Municipal Verón–Punta Cana, quien ha sostenido públicamente que el objetivo del proceso es recuperar para el patrimonio público un inmueble que pertenece al dominio público. 

Banco Central aclara sobre proceso judicial sobre terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera

El Banco Central advirtió este miércoles que las informaciones publicadas respecto de una sentencia que le impone el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, en relación con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera, reflejan una visión incompleta de la situación jurídica del caso. 

 La institución, en una nota, explicó que el proceso judicial al que se refieren algunos medios de comunicación ha tenido una extensa trayectoria procesal, incluyendo decisiones de distintos tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. 

 Expuso que la decisión tomada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra sujeta a los recursos que establece el ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo el conocimiento y decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia.

 En cuanto al origen de la operación objeto del litigio, el Banco Central precisó que esta se produjo en el marco del pago de acreencias de contratistas del Estado dominicano para la ampliación de la Autopista Duarte, a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Familia Mañón denuncia al Ministerio de Turismo por mantener terrenos ocupados pese a sentencia del TSA

La familia Mañón denunció que el Ministerio de Turismo se niega a entregar unos 41,000 metros cuadrados de terrenos que, según afirma, mantiene retenidos ilegalmente desde hace varios meses, en contraposición con lo dispuesto por una decisión judicial. 

 De acuerdo a los denunciantes, las autoridades de Turismo estarían incumpliendo lo ordenado en la sentencia núm. 0030-1643-2026, por lo que reclama que se haga efectiva la decisión de los tribunales y se restituyan los derechos que corresponden a sus propietarios. 

 Explicaron que se trata de terrenos titulados y de elevado valor económico, con un importante potencial para inversiones turísticas, razón por la cual consideran preocupante que su entrega continúe pendiente. Asimismo, denunciaron la existencia de intereses vinculados a la zona que, según su apreciación, estarían procurando beneficiarse de esos terrenos, situación que calificaron de preocupante y que, a su entender, debe ser investigada por las autoridades competentes. 

Jacinto Mañón recordó que, en un Estado de derecho, las instituciones públicas están obligadas a respetar las decisiones emanadas de los tribunales, conforme al principio de tutela judicial efectiva y al carácter vinculante de las decisiones judiciales.

Protestan en la avenida Ecológica para exigir títulos de propiedad prometidos por Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.– Residentes del sector Monte de los Olivos, en Santo Domingo Este, realizaron este jueves una protesta en la avenida Ecológica para exigir a las autoridades la entrega de los títulos de propiedad que, según afirman, fueron anunciados por el presidente Luis Abinader hace un año durante el lanzamiento de un plan de titulación. 

 Con pancartas en mano y al ritmo de la consigna “no queremos distracción, queremos titulación”, los comunitarios manifestaron que su reclamo no busca frenar el proceso de regularización de los terrenos, sino garantizar que quienes han vivido durante años en la zona sean reconocidos como los legítimos propietarios. 

 Durante la manifestación, explicaron que el conflicto involucra las parcelas 186 y 166, donde, según indicaron, hace años se organizaron solares que posteriormente fueron vendidos, permitiendo que numerosas familias levantan sus viviendas y pequeños negocios. “Aquí hubo familias que levantaron sus casas, sus negocios y luego del plan de titulación que usted lanzó en el Club de Aduanas aparecieron gente que llamaron, los organismos pertinentes, para que pagaran a sabiendas de que habían gente ya viviendo aquí”, expresó Eddy Montero, presidente de la Junta de Vecinos Lazo de Amor. 

 Los manifestantes reiteraron que respaldan la titulación de los predios, pero pidieron que el proceso inicie con las familias que ya residen en la comunidad. «Pedimos que sí haya titulación, pero que sea a partir de los que ya viven aquí, que sea comenzando por los que ya viven aquí», sostuvo Montero. 

 El dirigente comunitario agregó que mantienen la confianza en la palabra del presidente Abinader y dejó en manos del mandatario la solución del conflicto. La manifestación estuvo vigilada por agentes de la Policía Nacional, quienes permanecieron atentos de que la protesta no afectó la circulación vehicular por la citada vía.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/video-protestan-en-la-avenida-ecologica-para-exigir-titulos-de-propiedad-prometidos-por-abinader/

Avanza recuperación de terrenos de dominio público en Verón-Punta Cana

VERÓN, PUNTA CANA.– El proceso para la recuperación y desocupación de terrenos de dominio público en Verón-Punta Cana entra en una etapa decisiva, luego de que la Oficina del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Este autorizara formalmente la intimación a los ocupantes de uno de estos terrenos para que procedan a abandonarlo voluntariamente. 

 Según informaciones obtenidas por Bávaro Digital, las gestiones han sido impulsadas por Uridy Marte, presidente de la Sala Capitular de Verón-Punta Cana, quien ha encabezado este proceso desde el ámbito municipal con el propósito de lograr la recuperación de terrenos cuya documentación establece su condición de dominio público.

 El expediente demuestra que se trata de un procedimiento que viene agotando diferentes etapas legales y no de una acción improvisada. Entre los documentos que sustentan el proceso se encuentran el Certificado de Título, el plano catastral y una certificación del estado jurídico del inmueble emitida por el Registro de Títulos de Higüey. 

Derriban casas en terrenos del CEA en Imbert, Puerto Plata

Puerto Plata. Las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) derribaron varias viviendas en terreros de la entidad estatal en la comunidad de Llanos de Pérez, municipio de Imbert. 

 El operativo contra los ocupantes de los solares generó preocupación e incertidumbre entre las familias afectadas, quienes aseguran llevan un tiempo en la zona. Los desalojados dicen que han mantenido la posesión de los terrenos durante varios años y sostienen que adquirieron esas propiedades mediante acuerdos de compra realizados con la propia institución estatal. No obstante, el Consejo Estatal del Azúcar advierte que los terrenos intervenidos por las familias forman parte de su patrimonio, que es del Estado dominicano. Expresan que la ocupación de los solares no cuenta con la legalidad correspondiente. 

 Los afectados pidieron la intervención de la Gobernación Provincial de Puerto Plata, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, con el propósito de esclarecer el conflicto y garantizar el respeto a sus derechos. 

 El caso ha generado reacciones en distintos sectores comunitarios del municipio de Imbert, donde residentes consideran necesario que las autoridades expliquen de manera transparente el origen de la disputa y la legalidad de las actuaciones ejecutadas por el CEA. 

 Las autoridades no han ofrecido una explicación pública detallada sobre las razones del desalojo ni sobre el procedimiento utilizado para ejecutar la demolición de las viviendas. 

 Recientemente, el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Víctor “Ito” Bisonó, anunció que el Gobierno desarrolla un proyecto para convertir los terrenos del antiguo ingenio de Montellano, Puerto Plata, en un gran parque urbano con instalaciones deportivas y espacios recreativos.

Fuente:https://www.elcaribe.com.do/panorama/region-norte/derriban-casas-en-terrenos-del-cea-en-imbert-puerto-plata/

Papeles del Este espera recuperar terreno tras audiencia de fondo fijada para el 31 de agosto

La empresa Papeles del Este, S.R.L., afirmó que el proceso judicial para recuperar un terreno alegadamente de su propiedad en la avenida Buenaventura Freites, de Los Jardines, continúa avanzando conforme a la ley y el próximo 31 de agosto será conocida la audiencia de fondo en el Tribunal Superior de Tierras. 

 La entidad considera determinante esa etapa para poner fin a un litigio que se ha prolongado durante varios años, mientras tanto sigue la instalación de más negocios como la construcción de un local donde se vendían chicharrones y la instalación de una nueva caseta que aparenta una banca de lotería.

 La abogada de la empresa, Luz María Duquela, explicó que la defensa confía en que el tribunal ratifique los derechos de propiedad de la compañía, luego de que en distintas instancias judiciales hayan sido rechazadas las pretensiones de la contraparte de anular los documentos que sustentan la titularidad del inmueble.  Sostuvo que el proceso ha estado marcado por constantes dilaciones, pese a que la empresa cuenta con un título de propiedad y con decisiones favorables emitidas por las autoridades competentes. 

Alemán pide al IAD frenar titulación de 1,500 tareas que alega son suyas en Bayaguana

Santo Domingo.- Un ciudadano alemán de 82 años solicitó al Instituto Agrario Dominicano (IAD) detener el proceso de depuración para la entrega de títulos definitivos sobre unas 1,500 tareas de terreno que asegura son de su propiedad en El Mogote, Sierra de Agua, municipio de Bayaguana. 

 Ruediger Dochmann explicó que, junto a su abogado, depositó este lunes un recurso de oposición ante el IAD, acompañado de un legajo de documentos con los que afirma demostrar el historial de los terrenos y la forma en que los adquirió tras establecerse en la República Dominicana en 1973. 

 Denuncia ocupaciones ilegales y amenazas 

Durante una visita a Noticias SIN, Dochmann relató que por décadas ha enfrentado ocupaciones ilegales en la propiedad, donde desarrolló una plantación de acacia mangium como parte de un proyecto de desarrollo forestal y ecoturístico.

 Según explicó, la situación ha llegado al punto de impedirle acceder a sus terrenos por razones de seguridad. «Cuando esa gente vino a ocupar mi tierra y mi plantación, mis vecinos me dijeron que no podía entrar más porque era muy peligroso. Me advirtieron que podía tener problemas, porque los invasores andaban con machetes», expresó. 

Denuncian empresarios intentan apoderarse de terrenos privados y del CDP en Boca Chica

Panorama Nacional. Propietarios de dos mil tareas de tierra ubicadas entre Boca Chica y Juan Dolio, entre estos el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), denunciaron este miércoles que dos poderosas empresas intentan despojarlos de sus terrenos en esa área. 

 La denuncia fue formulada durante una rueda de prensa efectuada el 24 de junio, en la sede del CDP, en el Centro de Los Héroes de esta capital, por una representación de la Asociación de Propietarios de terrenos de Boca Chica, junto a una delegación de los periodistas. Luís Pérez, presidente del CDP, identificó a las empresas que intentan despojar a los dueños de sus tierras: como a una planta de agregados propiedad de un viceministro de Interior y Policía, que fue instalada en la zona, y que está relacionada a la constructora Bisonó, y a Cementos Panam; quienes afirman que tienen una concesión de Rafael Burgo, director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), para explotar esa área. 

 Explicó que tanto el CDP como cada uno de los propietarios, fueron asentados en esos terrenos, asignándoseles como permuta de otros que habían sido adquiridos en otros lugares, y que el CEA reasignó o vendió a otros adquirientes. 

 Pérez sostuvo que el CDP y las personas afectadas, congregados en la Asociación de Parceleros de Boca Chica, informaron que poseen 2,000 tareas, de las 12,000 que contiene la parcela 1-77 del DS6 de Boca Chica, y que, los dueños de la planta de agregados ya han violentadas tres parcelas con el retiro de la capa vegetal y el derribo de las alambradas. En tanto que, Isidro Prensa, presidente de la Asociación de Parceleros de Boca Chica, indicó que los propietarios de estos terrenos han gastado más de diez millones de pesos en el acondicionamiento de estas tierras, construcción de vías de acceso a lo que antes eran montes abandonados, cuando la recibieron. 

Estado deberá pagar RD$340.7 millones por terrenos COJPD

SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano quedó definitivamente obligado a pagar RD$340.7 millones (unos USD 5.7 millones) como compensación por la ocupación de terrenos donde actualmente se encuentra el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, luego de que el Tribunal Constitucional cerrara la vía de los recursos y dejara firme la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo. 

 La decisión pone fin a un litigio de más de seis décadas vinculado a una expropiación realizada en 1964, cuando el Decreto 1886, emitido por el gobierno del Triunvirato, declaró de utilidad pública una parcela perteneciente a Nelly Elidia Pellerano de Ricart. 

El terreno fue destinado a proyectos urbanísticos vinculados al antiguo entorno del aeropuerto General Andrews y al entonces proyectado Parque Central Metropolitano. 

Denuncian plan de asfaltado para validar ocupación ilegal de terrenos en Santiago

La Inmobiliaria y Constructora Dominicana acusó este jueves al Ayuntamiento de la provincia Santiago y al Ministerio de Obras Públicas de intentar legitimar una invasión de terrenos privados mediante la ejecución de trabajos de asfaltado, construcción de aceras y otras infraestructuras en una propiedad de más de 235 mil metros cuadrados ubicada en el sector Bella Vista. 

 La denuncia fue realizada por el abogado Fernando Tavárez, representante legal de la empresa, quien afirmó que las instituciones públicas están interviniendo terrenos ocupados ilegalmente desde hace más de una década y donde actualmente existen más de 300 viviendas.

 "Lo que se está intentando hacer es legitimar una invasión de propiedad privada con obras públicas", sostuvo el jurista al cuestionar los trabajos que se desarrollan en la zona conocida como Los Cerros de Bella Vista y Los Llanos de Bella Vista. 

 Según explicó, las labores de asfaltado ya superan la mitad de su ejecución y forman parte de una inversión pública que, de acuerdo con los datos manejados por la empresa, ronda los 125 millones de pesos. 

Asociación de Parceleros y PROAAGROPOR-CUMAYASA solicitan intervención urgente del Presidente ante presuntas invasiones y amenazas en proyecto agrario de La Romana

LA ROMANA.- La Asociación de Parceleros y del Proyecto Agrícola, Agropecuario y Porcino PROAAGROPOR-CUMAYASA hicieron un llamado urgente al presidente de la República para que disponga la intervención de las autoridades competentes ante una situación que, según denuncian, afecta a productores agrícolas del Proyecto Agrario No. 476, Parcela No. 27, ubicado en la sección El Gato, municipio Villa Hermosa, provincia La Romana. 

 Los denunciantes afirman que el señor Cirilo Radhames Escarramán Minaya presuntamente se ha dedicado a ocupar, apropiarse y comercializar terrenos pertenecientes al Instituto Agrario Dominicano (IAD), afectando a parceleros debidamente certificados y con derechos de posesión sobre dichas tierras, las cuales están destinadas a la producción agrícola. 

 Asimismo, sostienen que el referido ciudadano mantiene un clima de tensión e inseguridad en la zona mediante presuntas amenazas e intimidaciones contra los parceleros. 

Según los testimonios recopilados por las entidades denunciantes, frecuentemente realiza disparos de armas de fuego al aire y hacia el suelo con el aparente propósito de amedrentar a los productores y facilitar la ocupación irregular de los terrenos en conflicto. 

CDP y propietarios de terrenos denuncian invasión de propiedades en Boca Chica

Santo Domingo,RD.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y otros 30 propietarios de terreno en el municipio de Boca Chica, denunciaron los intentos de una planta de agregados que ha sido instalada en esa zona y que trata de despojarlos de sus propiedades. 

 La institución y las personas afectadas, congregados en la Asociación de Parceleros de Boca Chica, informaron que poseen 2,000 tareas, de las 12,000 que contiene la parcela 1-77 del DS6 de Boca Chica, y que, al parecer, los dueños de la planta de agregado se proponen invadir, pues ya tres de ellas las han violentado con el retiro de la capa vegetal y el derribo de las alambradas. Informaron que equipos de excavadoras, trituradoras, bulldozers, camiones han penetrado a los terrenos que les entregaron hace más de cuatro años como permuta, por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. 

 Los denunciantes aseguran que la planta de agregados instalada dentro de la parcela 1-77 del DS6, de Boca Chica, donde sus parcelas están ubicadas, supuestamente pertenece a un viceministro de Interior y Policía, y que guarda relación con una reconocida constructora del país. 

 Los portavoces de los propietarios de terrenos Los portavoces de los propietarios de terrenos fueron: Isidro Prensa, presidente de la Asociación de Parceleros de Boca Chica; Andrés Jiménez, propietario de una de las parcelas invadidas; y Olivo De León, asesor del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Dijeron, que la planta de agregados, se dedica a la extracción de material calizo, caliche y caliza coralina y de materiales de construcción para fines comerciales; a triturar y procesar las rocas para obtener materiales de construcción, como material de relleno para calles, carreteras, nivelar terrenos para construcción, entre otras utilidades. 

Comisión recomienda a Abinader construcción de estadio de béisbol en el Ensanche La Fe con estándares de Grandes Ligas

La Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (COENEBE), creada mediante los decretos 306-25 y 378-25 y presidida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, recomendó formalmente al presidente Luis Abinader la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el Ensanche La Fe, concebido bajo estándares de Grandes Ligas y acompañado de un amplio desarrollo inmobiliario, comercial y turístico que garantice su sostenibilidad económica. 

 La propuesta surge tras un proceso de análisis técnico, jurídico y financiero realizado por la comisión, la cual sostuvo más de 20 reuniones con especialistas, juristas, diseñadores, promotores y representantes de diversos sectores vinculados al béisbol y al desarrollo urbano, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. 

 Subero Isa explicó que se dispuso desde el inicio que el Estado dominicano aportara los terrenos donde se desarrollará el proyecto, mientras que la inversión necesaria para su construcción provendrá del sector privado, mediante un modelo que garantice la protección de los intereses públicos, la transparencia y la seguridad jurídica para los inversionistas. 

 Asimismo, indicó que la comisión determinó que el mecanismo más adecuado para desarrollar la iniciativa será una corporación mixta, integrada por el Estado dominicano y capital privado, cuya creación requerirá la aprobación de una ley especial por parte del Congreso Nacional. Dicha legislación establecerá las reglas de gobernanza, los mecanismos de supervisión, las garantías para los inversionistas y las condiciones obligatorias para la ejecución de la obra.  Entre las principales disposiciones que contendrá el proyecto de ley, detalló la prohibición expresa de vender, donar, transferir o enajenar el nuevo estadio, garantizando que la infraestructura permanezca como propiedad del Estado dominicano. Además, el Estado tendrá participación obligatoria en el consejo de administración de la sociedad que se constituya para desarrollar el proyecto. 

Residentes de Los Tres Brazos exigen justicia tras más de ocho años de proceso por presunta venta irregular de terrenos

Miembros del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos se concentraron este martes frente al tribunal donde se conoce el proceso judicial relacionado con la presunta venta irregular de terrenos en ese sector, para exigir una decisión definitiva tras más de ocho años de litigio. 

 Fernando Morillo, vocero de la organización, afirmó que los residentes mantienen la esperanza de que la justicia emita una sentencia que ponga fin a un conflicto que, según dijo, ha afectado la tranquilidad de la comunidad durante años. 

 Estamos aquí masivamente en una audiencia más del caso del robo de nuestros terrenos en Los Tres Brazos. Esperamos que este tribunal pueda hacer justicia, porque llevamos más de ocho años esperando que se produzca una decisión que garantice la paz y la tranquilidad de nuestra comunidad, expresó. 

De su lado, Milcíades Gerardo, coordinador del comité, manifestó la preocupación de los moradores por los continuos aplazamientos registrados durante el proceso judicial. “La comunidad de Los Tres Brazos está inquieta por la situación que se viene desarrollando en las audiencias. Llevamos más de diez años luchando y alrededor de ocho años en los tribunales. Pedimos que cesen los reenvíos y que los jueces conozcan el caso para que haya una sentencia definitiva”, sostuvo.