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Comisión de Derechos Humanos denuncia irregularidades en desalojos en Santo Domingo Norte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) solicitó al Consejo del Ministerio Público investigar presuntas irregularidades cometidas por abogados del Estado adscritos a la jurisdicción inmobiliaria. 

 La entidad indicó que una de las situaciones más recientes fue el desalojo realizado el pasado viernes en el barrio La Virgen, del municipio Santo Domingo Norte, en ese operativo, varias familias fueron retiradas de terrenos que, según sus declaraciones, ocupan desde hace más de treinta años y sobre los cuales poseen documentación legal. 

 La CNDH-RD pidió que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados y que se adopten medidas administrativas contra los responsables. 

 El presidente de la entidad, doctor Manuel María Mercedes Medina, informó que se depositará una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y otra ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de que se indaguen las irregularidades administrativas y los hechos ocurridos durante el operativo. 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también solicitó a la Procuradora General de la República designar una comisión investigadora que determine las circunstancias del caso y las responsabilidades correspondientes.

Propietarios denuncian presuntas irregularidades en titulación de Metro Country Club

La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Metro Country Club (APIMCC) denunció este jueves supuestas irregularidades en la titulación de propiedades dentro del complejo turístico, que, según advierten, ponen en riesgo la seguridad jurídica de sus residentes y la confianza en el sistema registral dominicano. 

 Metro Country Club, con más de dos décadas de existencia y unas 1,000 propiedades entre residencias permanentes, de fin de semana y solares, alberga a familias dominicanas de distintos estratos sociales e inversionistas extranjeros de países como Suiza, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos y Rusia. 

Los propietarios aseguran contar con títulos definitivos, deslindes y el pago al día de sus impuestos (IPI). La asociación sostiene que el caso revela serias anomalías en el sistema registral inmobiliario, regulado por la Ley 108-05, entre ellas duplicidad de títulos, omisión de procedimientos y violaciones al principio de relatividad contractual. 

 A su juicio, estas prácticas atentan contra el Estado de Derecho y podrían desincentivar la inversión en el país, en momentos en que el Gobierno impulsa el Plan Nacional de Titulación (Ley 82-25 de 2025). 

 La APIMCC solicitó la intervención urgente de las autoridades dominicanas para proteger a los propietarios y restaurar la seguridad jurídica. 

PRD insiste la PGR tiene que investigar presuntas irregularidades en Fideicomiso DO Sostenible

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) insiste en reclamar que se profundicen las investigaciones sobre las irregularidades denunciadas en el Fideicomiso DO Sostenible, tras asegurar que, a pesar de haber presentado formal denuncia el pasado 30 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), las autoridades aún no han ofrecido respuestas concretas. 

 José Juan Zapata, secretario de Asuntos Electorales del PRD, recordó que esa organización política obtuvo información oficial a través de solicitudes amparadas en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, con la cual habrían detectado irregularidades profundas en la gestión del fideicomiso. 

 “Nosotros en una investigación con documentación del propio Gobierno, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, hemos detectado irregularidades profundas en el Fideicomiso DO Sostenible. Le hago el llamado contundente en nombre del Partido Revolucionario Dominicano a Milagros Ortiz Bosch. No es allante y movimiento lo que quiere este pueblo. Este pueblo quiere verdadera transparencia. No es decirlo de la boca para afuera. Son las actuaciones”, declaró Zapata.

Comunidad de Los Tres Brazos exige condena a exfuncionarios por irregular venta del sector

La comunidad de Los Tres Brazos, a través de su Comité de Lucha, realizó una vigilia frente a la Suprema Corte de Justicia para exigir a los jueces de la Cámara Penal que dicten una sentencia definitiva en el caso de la venta irregular del sector, que involucra a varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, entre ellos el exdirector de CORDE, Leoncio Almanzar. 

 Según Milcíades Geraldo, vocero del Comité, la comunidad lleva más de ocho años asistiendo a los tribunales sin que se haya emitido una condena firme contra los responsables de vender un barrio entero con sus habitantes dentro, en violación de la Constitución y los derechos fundamentales de la población. 

 De acuerdo con los manifestantes, solo en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia han participado en al menos cinco audiencias, sin obtener una ganancia de causa. En total, el proceso ha superado las cien audiencias, distribuidas entre el Tribunal Penal y el Tribunal Inmobiliario. 

 Los integrantes del Comité de Lucha de Los Tres Brazos recordaron que el caso fue sometido en 2018 por la Procuraduría, tras una investigación que reveló indicios penales por la venta irregular del sector, que superaría los 90 millones, por parte de quienes vendieron el barrio.

Caso Antipulpo: Afirman hubo “irregularidades” en comité de compras y contrataciones del Fonper

La Coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, informó que este miércoles avanzaron con la presentación de pruebas, como parte del juicio de fondo que se sigue contra los acusados en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones, desmantelado mediante la operación Antipulpo. 

 Durante la audiencia, el tribunal procedió a escuchar a la testigo número tres del Ministerio Público, Lilian Reyes, quien durante sus declaraciones, se refirió a las irregularidades con las que habría operado el Comité de Compras y Contrataciones del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper). Dicha entidad, involucra al extitular, Fernando Rosa y a Magalys Medina Sánchez.

 La testigo Lilian Reyes, quien es abogada de profesión, laboró en el Fonper desde el año 2005 hasta el año 2021. Inició como parte del Departamento Legal y 7 años más tarde pasó a ser encargada del Departamento de Libre Acceso a la Información, posición que por ley le hizo formar parte del Comité de Compras y Contrataciones de la referida institución pública. 

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