La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal exhaustiva sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y presuntos fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas del país, y dispuso la creación de una fuerza de tarea especial para profundizar las indagatorias.
La investigación abarcará el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, donde se ordenó revisar todos los actos jurídicos y administrativos que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad.
El equipo estará coordinado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, e integrado por las Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca), medio ambiente, antilavado, la Unidad de Investigación Inmobiliaria y el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
La disposición también ordena la elaboración de un informe detallado, junto al Ministerio de Medio Ambiente, sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Según la instrucción, el objetivo es determinar si existen entramados criminales, corrupción o irregularidades que hayan facilitado el apoderamiento del patrimonio natural del Estado.
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