Pleno SCJ pone en consulta pública propuesta modificación al Reglamento de Regulación Parcelaria y Deslinde

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso en consulta pública la propuesta de modificación a la Resolución núm. 790-2022, que establece el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde, que tiene como objetivo optimizar el proceso de regularización parcelaria, simplificando sus condiciones y requisitos. 

 La modificación busca también agilizar los trámites y fortalecer la cohesión social y jurídica del sistema inmobiliario, ampliar su alcance y permitir una resolución más ágil de los casos que no presenten conflictos de Derechos. 

 El secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas, informó que la iniciativa se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana y en la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, que faculta a la SCJ para dictar los reglamentos y normas complementarias requeridos para la aplicación y desarrollo de las previsiones de dicha ley. 

 La propuesta reglamentaria preserva el deslinde como figura contradictoria (derecho que tiene una persona demandada de oponerse o contradecir lo que la parte demandante afirma en su demanda) y de excepción (herramienta legal que usa el demandado para detener, modificar o anular la acción legal del demandante) para casos con características de litigiosidad que requieran la intervención de los tribunales.

El Senado aprueba modificaciones al Código Tributario

El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que modifica el Código Tributario, modificado por el artículo 5 de la Ley 495-06, sobre Rectificación Tributaria. 

 La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo, detalla que para poder viabilizar el cumplimiento de la Ley 32-23, de Facturación Electrónica, es necesario modificar el párrafo V del artículo 56 de la norma. La reforma establecerá ciertas condiciones para el tratamiento de los datos de carácter personal de los contribuyentes o de los responsables registrados para acceder, realizar envíos de datos, declaraciones y pagos de tributos, a través de la Oficina Virtual, el servicio de facturación electrónica o cualquier otro medio.

 La iniciativa legislativa señala que esas modificaciones responden a los avances tecnológicos y las exigencias tributarias de hoy, las cuales ofrecen la posibilidad de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recurra a herramientas digitales que le permitan cumplir sus obligaciones de la manera más eficiente posible, siempre cumpliendo los estándares de protección de los datos personales de los contribuyentes. 

 Los senadores dejaron sobre la mesa, para mayor estudio, el proyecto de ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucio, iniciativa que fue recibida de la Cámara de Diputados.

Implicaciones para los bancos de la propuesta de modificación del reglamento del ProUsuario

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana ha sometido a consulta pública una propuesta de modificación al Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros. Esta iniciativa marca un paso importante hacia una mayor equidad y transparencia en la relación entre las entidades bancarias y sus clientes. Sin embargo, su implementación tendrá implicaciones significativas para los bancos, tanto operativas como legales, que deberán adaptarse a un nuevo entorno normativo más exigente. 

 Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del control sobre el diseño y promoción de productos financieros. Esto obligará a las entidades a someter sus ofertas y campañas publicitarias a mayores filtros regulatorios, revisar internamente sus políticas comerciales y adoptar prácticas más alineadas con los perfiles de riesgo y necesidades del usuario. 

También se introduce la obligación de suspender el cobro de montos en disputa mientras se investigan consumos no reconocidos, lo cual podría afectar la liquidez temporal de las entidades y exigir un manejo más riguroso de los reclamos.

¿Reforma fiscal encubierta? Diputado somete proyecto de ley reduciría el gasto tributario del Estado con modificación y derogación de exenciones impositivas

Santo Domingo, RD.-. El diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Alfonso Genao Lanza, sometió un proyecto de ley mediante el cual se procura de reducir el gasto tributario del Estado, por la vía de la modificación o derogación de exenciones y reducciones impositivas otorgadas a empresas, actividades económicas y personas, así como establecer disposiciones con el propósito de robustecer la estabilidad económica nacional, reducir el déficit presupuestario, procurando con ello el bienestar de la colectividad. 

 El proyecto coincide con la anterior Ley sometida por el Poder Ejecutivo bajo la denominación de proyecto de Modernización Fiscal que fuera retirada del Congreso ante una avalancha de críticas. 

 En la propuesta de Genao Lanza enviada al presidente de la Cámara de Diputados se indica que será modificado el artículo 2 de la Ley 96-88 y en lo adelante se precisará que la importación de máquinas tragamonedas, las partes, piezas, repuestos, equipos accesorios de estas y cualesquiera otros artefactos mecánicos, eléctricos o electrónicos empleados en estos juegos de azar, así como su instalación, operación y recambio, deben ser aprobados por la Comisión de Casinos en la misma forma como se obtiene la licencia para la operación de los casinos y demás establecimientos autorizados para esa modalidad de juego de azar. 

Alertan sobre riesgos modificar ley de residuos sólidos en RD

SANTO DOMINGO.- La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), a través de su directora ejecutiva Kathia Mejía, expresó la preocupación por la modificación aprobada por el Senado a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 La modificación fue aprobada el 8 de enero de 2024 sin el debido proceso de consulta pública, excluyendo a ciudadanos y actores claves como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible, lo que constituye, una violación a los principios de participación, sostenibilidad y gobernanza que sustentan la legislación original, dijo Mejía.  “La reforma afectará gravemente la sostenibilidad y la gestión integral de residuos, y tendrá un impacto significativo en las empresas, especialmente en las Mipymes, señaló. 

 La directora ejecutiva de ECORED subrayó que la Ley 225-20, promulgada en 2020, es fruto de un amplio consenso entre los sectores público y privado, enfatizando que antes de considerar cambios, es crucial implementar los aspectos pendientes de la normativa vigente, según explicó. Además, calificaron la reforma como un retroceso a los esfuerzos de más de una década por desarrollar capacidades para la gestión y valorización de residuos sólidos en el país. 

La Constitución dominicana será sometida a modificación tras aprobación de los diputados

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados dominicana aprobó este martes la ley que declara la «necesidad» de una reforma a la Constitución para, entre otros puntos, colocar impedimentos a eventuales modificaciones dirigidas a cambiar el actual modelo de elección presidencial. 

 El texto fue aprobado la semana pasada por el Senado de la República, por lo que la iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo, donde se espera su promulgación, pues fue el presidente dominicano, Luis Abinader, quien sometió las reformas. 

 Legisladores de oposición abandonaron el hemiciclo al momento de la votación, sosteniendo que la reforma es innecesaria en estos momentos. El Poder Ejecutivo sometió el proyecto de ley con el propósito de «garantizar la estabilidad en el tiempo al texto constitucional y de manera especial al modelo de elección presidencial vigente, para impedir que futuras modificaciones versen sobre el mismo, mediante el establecimiento de un sistema de candados y nuevas normas generales». 

Carlos Pimentel: “Quienes modificaron la Ley 340-06 sembraron la primera semilla de la impunidad en el país”

El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, aseguró que quienes en 2006 decidieron quitarle el sistema de consecuencia a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones sembraron la primera semilla de la impunidad en República Dominicana. 

 El funcionario expresó que esa semilla creció hasta convertirse en un sistema de complicidad y a partir de ahí se orquestó toda una estructura de impunidad en el país. A su entender, los elementos que demuestran este entramado están a la vista de todos. “Una Procuraduría que no investigaba, una Contraloría que fue parte de un cartel de la corrupción, una Cámara de Cuentas que no asumía su rol de fiscalizador y de control, por lo que fue parte de la corrupción. Además, era una Contraloría que nunca hizo una auditoría y una Contraloría que fue permisiva y por eso sus actores están siendo procesados”, sostuvo. 

 Pimentel afirma que no se trata de que los actores de la prevención y del control fueron permisivos de la impunidad, sino que fueron parte de las estructuras que acumularon para el financiamiento político y enriquecimiento ilícito. Reveló que durante su gestión se han registrado alrededor de 20,000 nuevos proveedores del Estado con un incremento de participación que ronda el 42% y ha habido una mayor adjudicación de empresas distintas y no recurrentes como solía suceder en el pasado reciente.