Los Cacicazgos logra importantes victorias legales en defensa del orden urbano y la convivencia

SANTO DOMINGO.- La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Inc., celebra significativas victorias judiciales que respaldan su firme compromiso con la legalidad, la defensa de la institucionalidad y el respeto a las normas de convivencia que rigen su comunidad. 

 1. Colegio Baby First: apertura a juicio por operación ilegal Uno de los casos lo constituye el proceso contra la señora Jenny Jennifer Taveras López, quien opera de manera irregular el Colegio Baby First en la Calle Onaney esquina Canasibana, sin autorización legal y desobedeciendo órdenes oficiales de paralización. Tras múltiples incidentes procesales y más de 37 audiencias, la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional dictó sentencia el 16 de julio del presente año, admitiendo la acusación formal y ordenando la apertura a juicio. Este proceso se inició por la denuncia de la Junta de Vecinos, respaldada por la Alcaldía del Distrito Nacional.

 2. Torres Bainoa: construcción ilegal en zona de baja densidad Otro lucha comunitaria involucra la construcción de las Torres Bainoa, dos edificios de ocho niveles cada uno, erigidos en un cul-de-sac destinado únicamente a viviendas unifamiliares de hasta dos niveles, conforme a la normativa urbanística vigente. La Junta de Vecinos denunció la violación de uso de suelo, habiendo obtenido decisiones judiciales que reconocen la ilegitimidad del proyecto, disponiendo el cese de la construcción. 

 3. Torre de Plata: Suprema Corte anula decisión irregular En el tercer caso, relacionado con la ilegal construcción de la Torre de Plata, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió sentencia el 30 de mayo de 2025, casando una decisión anterior del Tribunal Superior Administrativo basada en una citación irregular. El alto tribunal ordenó la continuación del caso por ante Quinta Sala del Tribunal Administrativo para que se conozca nuevamente la cuestión planteada. 

Deja atrás desalojos contra inquilinos sin orden judicial expresa

Los propietarios o arrendadores de viviendas, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades dispuestas en la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, en proceso de aprobación, serán sancionados con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. 

 El proyecto de Ley, de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya fue aprobado en primera lectura, enviada a vistas públicas para el próximo jueves, empodera a los juzgados de paz para tratar en primera instancia los conflictos que se produzcan entre inquilinos y propietario, pero estos deben priorizar antes la conciliación entre las partes. 

 El presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, diputado Amado Díaz, en su motivación al Pleno de la CD resaltó el que la normativa disponga la prohibición a abogados y propietarios ejecutar desalojos arbitrarios sin órdenes judiciales, práctica muy utilizada hasta el momento. También establece sanciones para jueces displicentes en el caso de denegación de justicia, entre otras disposiciones, ya que RD lo que dispone es de un decreto emitido hace 66 años, por el dictador Rafael Leónida Trujillo.