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Jueza aplaza conocimiento de recurso de apelación de dos imputadas en estafa inmobiliaria

SANTO DOMINGO.- La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís aplazó para el 11 de julio el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por dos mujeres imputadas de formar parte de una red vinculada a una estafa inmobiliaria y al lavado de activos desmantelada mediante la operación Guepardo.

 Se trata del recurso interpuesto por las imputadas Rocío Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, a quienes el pasado 25 de febrero la jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, dictó 18 meses de prisión como medida de coerción, para garantizar su presencia en todos los actos del proceso judicial. Ambas la cumplen en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Mujeres. 

 La audiencia donde se conocería el recurso de apelación fue aplazada a solicitud de la parte querellante, con el objetivo de que el tribunal notifique el recurso a las más de 170 víctimas que se han querellado ante el Ministerio Público. 

 Los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana que llevan el caso dijeron esperar que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, presidida por el juez Glass Gutiérrez, declare el recurso inadmissible y ratifique a las imputadas la medida privativa de libertad.

Apelarán sentencia de extinción de acción penal en favor Micky López, acusado de lavado de activos

El Ministerio Público recurrirá en apelación la decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que declaró la extinción de la acción penal en favor de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de encabezar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

 El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que apelará la decisión del tribunal que preside Lucrecia Rodríguez y que favorece al esposo de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte,por no estar conforme con la misma. “Vamos a recurrir en apelación. Esa decisión es contraria a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional sobre duración máxima del proceso y plazo razonable”, comentó Camacho, tras ser preguntado al respecto. 

 El tribunal fundamentó la extinción de la acción penal a favor de Micky López en el hecho de que había transcurrido el plazo de cuatro años establecido por el Artículo 148 del Código Procesal Penal. 

 La decisión se produce en momentos en que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresan su creciente preocupación por el alto número de casos en los que la acción penal se ha extinguido en los tribunales dominicanos durante los últimos cinco años, un fenómeno que, según ambas entidades, evidencia serias fallas en el sistema de justicia del país. 

Johnny Portorreal denuncia demora en apelación a sentencia que lo condena por caso familia Rosario

El abogado Johnny Portorreal Reyes, condenado por la estafa a 283 personas del apellido Rosario, denunció que la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ha retenido su recurso de apelación por más de cinco meses, superando ampliamente el plazo legal establecido. 

 A través de su defensor Viterbo Pérez, Portorreal Reyes calificó como "negligente" el accionar del tribunal y afirmó que los jueces tienen un "interés muy marcado" en dilatar el proceso. 

 Durante una rueda de prensa, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, custodiado por un fuerte dispositivo policial, Pérez expresó que el expediente debió ser remitido a la corte en un plazo no mayor a 20 días, pero sigue retenido.

 "La demora afecta directamente el derecho de mi defendido a la revisión de su prisión preventiva y a la solicitud de un caso ante la corte. Sin el expediente en manos de la corte, estos derechos quedan vulnerados", afirmó Pérez, quien además anunció que recurrirá al Consejo del Poder Judicial para exigir una resolución al caso. 

La Corte de Apelación conocerá recurso de casación en el caso de Los Tres Brazos

La Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá este miércoles un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que descargó a una parte de los involucrados en la supuesta venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos. 

 El proceso está respaldado por una alta delegación del Comité de Lucha de la comunidad, acompañada por la Comisión de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, informó que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia tratará este caso, con la expectativa de que se revoque la decisión que favoreció a varios imputados. 

 Mercedes explicó que, en una decisión previa, la Corte había dejado fuera del expediente a algunos de los principales responsables del supuesto fraude. Según los indicios y las pruebas analizadas, esos imputados tienen una gran responsabilidad penal en lo que calificó como un robo al sector. 

 El representante de los derechos humanos denunció que las ventas de los terrenos se realizaron de manera fraudulenta, afectando a una comunidad que lleva más de 40 años asentada en la zona. Argumentó que los responsables se adueñaron de títulos sobre terrenos del Estado, lo que habría despojado ilegalmente a los residentes de sus derechos de propiedad. 

 Se espera que el recurso de casación plantee la necesidad de enmendar esta decisión y que se haga justicia para la comunidad afectada en Los Tres Brazos.

Apelación de diputada Rosa Amalia Pilarte pondrá a la justicia en un proceso "inédito"


La apelación que someta la diputada Rosa Amalia Pilarte a la sentencia que la condena a cinco años de prisión por lavado de activos en contra del Estado, a partir del 19 de junio, cuando está programado que se lea el fallo, colocará a la justicia en un proceso "inédito", afirma el exjuez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Juan Hirohito Reyes Cruz. 

 Explicó que al momento de ser recurrida la decisión de la Segunda Sala Penal de la SCJ lo más probable es que la legisladora ya no tendrá la jurisdicción "privilegiada" y que se estaría en la disyuntiva de cuál es la que le competerá porque "es una situación no pensada en el Derecho ni prevista de manera expresa y concreta por la ley". 

 Su respuesta obedece a que, al concluir su periodo como diputada el 16 de agosto, ya el caso de Pilarte no sería competencia de la SCJ, pero "sería una contradicción" que el Pleno de esa alta corte decida declinar a una jurisdicción ordinaria, que sería la Corte de Apelación, para conocer un recurso a una sentencia condenatoria de un tribunal de alzada de jueces jerárquicamente superiores. "Ahora qué sucede con el asunto de la jurisdicción privilegiada y el concepto que se maneja es lo relativo al juez natural, el juez natural es que a ti te juzgue el tribunal que la ley prevé para que conozca el proceso". 

Apelarán declaración de extinción en caso Los Tres Brazos


Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) informaron ayer que apelarán la decisión que declara la extinción de la acción penal en el caso de supuesta venta ilegal de terrenos en Los Tres Brazos, por estar inconformes con el fallo. 
 El fiscal litigante José Miguel Marmolejos sostuvo que apelarán la sentencia dentro de los plazos que establece la ley, entre otras razones, porque apenas hace tres meses la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es un tribunal de mayor jerarquía ya había rechazado y declarado que no estaba extinguido el proceso. 

 El caso seguido a los acusados de la venta ilegal de inmuebles en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, es otro expediente de presuntos actos de corrupción que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declara la extinción de la acción penal. El primero fue el juicio seguido a los implicados en el caso Súper Tucano.

Lectura de fallo del recurso de apelación del caso Costa Dorada ha sido prorrogada dos veces

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El fallo del recurso de apelación interpuesto por las familias Mayol y Serrano, por la alegada falsedad en escritura, uso de documentos falsos y asociación de malhechores cometida en su contra, en el caso Costa Dorada, estaba previsto para ser leído el lunes 18 de marzo del 2024, a las 12 del mediodía por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero ha sido prorrogada en dos ocasiones, la primera para el lunes 8 del mes de abril y posteriormente para el 18 del mismo mes. 

 Los recursos de apelación buscan que a los afectados se les permita participar en el juicio de fondo que se sigue por la falsedad cometida en contra de dichas familias. La lectura del fallo ha sido fijada dos veces, en horario de 12 del mediodía, para lo cual las partes involucradas han quedado debidamente convocadas.

 Uno de los representantes legales de las familias querellantes, Addy Manuel Tapia, quien habló en nombre de la barra de la defensa en una de las ocasiones convocadas, se mostró confiado en que la justicia reivindicará los derechos de los afectados. 

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