En el año 2003 el señor Lino José María Suárez Rodríguez intentó conseguir la fuerza pública para desalojar a un grupo de personas que habían construido casuchas en una propiedad que tenía entre las calles Josefa Brea, Francisco Henríquez y Carvajal y Vicente Noble, en Villa Francisca, Distrito Nacional.
Para evitar afectar a los invasores y en medio de serios problemas sociales a causa de la crisis económica, el gobierno del presidente Hipólito Mejía decidió declarar los terrenos de utilidad pública para que el Estado los comprara.
El propietario no se imaginaría que iba a morir sin cobrar el dinero y que 20 años después sus hijos iban a seguir batallando para conseguir el pago.
Los hijos de Suárez Rodríguez llevaron su demanda a la justicia y han obtenido ganancia de causa hasta en el Tribunal Constitucional en el año 2019, que recientemente publicó una lista de sus sentencias desacatadas por funcionarios e instituciones públicas, incluyendo al Ministerio de Hacienda.