Justicia denegada: 112 ciudadanos esperan la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el máximo garante de los derechos fundamentales y de la Constitución. Sin embargo, desde su implementación hasta la actualidad, existen 112 sentencias de este tribunal que no han sido ejecutadas, principalmente por instituciones del Gobierno, lo que supone un impacto directo en los derechos ciudadanos. 

 La falta de aplicación de estas sentencias afecta a personas que han recurrido al sistema de justicia en busca de amparo y que, pese a haber obtenido un fallo favorable del Tribunal Constitucional, aún no ven cumplidos sus reclamos, a pesar de que en muchos casos llevan más de 10 años en la búsqueda de justicia. 

 Se advierte una tendencia al incremento del incumplimiento de las sentencias, toda vez que el periódico Diario Libre en fecha del 27 de enero de 2023 reportó que unas 92 sentencias de esa alta corte no habían sido ejecutadas por autoridades del Gobierno, lo que se incrementó a 111 al 23 de noviembre de 2023, según NDigital. Aun así, el nivel de cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional ronda el 98.54%. 

Defensores derechos humanos solicitan ejecutar sentencias en favor de Antonio Carbone

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y del Frente Amplio de Luchas Populares (Falpo), depositaron una solicitud formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), exigiendo la ejecución de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a favor del empresario canadiense Antonio Carbone. 

 El portavoz de las organizaciones, Diógenes Ozuna, vestido de negro y llevando una cruz de madera, declaró frente a una manifestación masiva ante PGR que en el país debe despertarse el Estado de derecho. 

 Según detalla una nota informativa, “ya es tiempo que se cumpla la resolución TC-0367-21 del TC, que revocó una sentencia anterior que avalaba el despojo de sus propiedades, que incluyen 1,500 bancas de apuestas deportivas y de lotería, así como 13 casinos adquiridos de forma legal tras una gran inversión”. “Instamos a la procuradora Miriam Germán, a que antes de concluir su mandato haga justicia en el caso Carbone”, manifestó Ozuna. 

Critican falta de calidad de sentencias tribunales RD

Penalistas se quejaron hoy de una alegada degradación de la calidad de las sentencias que evacúa el Poder Judicial y muchos de ellos creen que el sistema de justicia no ha sido adecentado, como se ufana el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. 

 Los abogados sostienen que aunque la actual gestión de la SCJ destaca los logros que se han obtenido en materia de mora judicial, solo en materia penal, que es donde más se ha avanzado, hay casos que llevan más de dos años sin fallar, como el del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y los condenados del caso Peravia. 

 Los penalistas Velentín Medrano, César Amadeo Peralta, Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez aducen que la calidad de la sentencia se ha reducido considerablemente. Mucha espuma “No se ha podido adecentar el sistema de justicia y se ha degradado la calidad de las sentencias, porque los jueces tienen temor al poder”, consideró Medrano. 

Aboga por ley sancione expresamente no ejecución sentencias

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Subero Isa, abogó ayer por una ley que sancione expresamente a toda autoridad pública que no cumpla las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional (TC). 

 Dijo que las sentencia del TC que tengan el carcácter de vinculantes y obligatorias, al igual que las de la jurisdicción ordinaria que tienen el carácter de la cosa irrevocablemente juzgadas, deben ser cumplidas por las autoridades correspondientes, cuando se trate del sector público. 

 Indicó que dado el carácter de jurisdicción especial que tienen las sentencias dictadas por el TC, “toda autoridad que no las cumple atenta contra el Estado de Derecho” que consagra la propia Constitución de la República. 

Familia reclama terrenos que ocupa planta ITABO SC; reitera empresa ha desacatado varias sentencias

HAINA, SAN CRISTÓBAL-Familiares herederos de los terrenos que ocupa la Planta de Generación ITABO en esta localidad del Sur del pais, piden la intervención de las autoridades, a fin de que les sean reconocidos sus derechos de propiedad o sean compensados por los ocupantes. 

 En rueda de prensa celebrada este martes, de acuerdo a los reclamantes, los administradores de ITABO han desacatado varias sentencias judiciales que le han favorecido y se muestran renuentes a pagar el dinero que cuesta los terrenos, pero tampoco quieren pagar el arrendamiento. 

 Denuncian que la Generadora ITABO mantiene la posesión de los terrenos, que por ley les pertenece a los sucesores de Ciriaco Maldonado y Emilio Guante. El abogado Andrés Germán, representante legal de los demandantes, dijo que sus clientes son los herederos auténticos y acreedores de la parcela número 269, Distrito Catastral 08, con una superficie de 179, 533.00 m2 en San Cristóbal. Manifestó que a petición de los mismos administradores de ITABO sus clientes se dirigieron a todas las instancias como Registro de Titulos, el Tribunal de Tierras, entre otros, organismos que certificaron la propiedad de los terrenos. 

Sentencias dictadas por jueces condenados por corrupción pueden ser anuladas

En República Dominicana son recurrentes las destituciones de jueces después de ser hallados culpables de “recibir dinero” para beneficiar a una de las partes en los procesos que presiden y que, según la Ley 76-02, del Código Procesal Penal, puede ser un motivo para anular una sentencia, aunque esta haya “adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgada”. 

 La opción que dispone la mencionada ley a los afectados es un “recurso de revisión”, establecido en el artículo 428, que describe en cuáles casos se puede interponer contra esos fallos definitivos y en los que se incluyen los dictámenes condenatorios pronunciados “a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces, cuya existencia sea declarada por sentencia firme”.