Cámara de Cuentas y Poder Judicial firman acuerdos para fortalecer la transparencia en el país

Santo Domingo, República Dominicana. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suscribieron este martes un acuerdo de colaboración con el objetivo de regular la cooperación mutua para la verificación, intercambio y validación de los datos registrales de los inmuebles que figuran en las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los funcionarios públicos, conforme a lo establecido en la Ley núm. 311-14. 

 El convenio, rubricado por la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Emma Polanco Melo, y el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, busca garantizar la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial. 

 Durante la ceremonia, la doctora Polanco Melo destacó la importancia de este acuerdo para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en la República Dominicana, resaltando su relevancia como un paso decisivo hacia la modernización y digitalización de los procesos institucionales. “La firma de estos convenios constituye una muestra concreta de cooperación interinstitucional en favor del interés nacional. Con esta alianza fortalecemos los lazos entre nuestras entidades y reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por una administración pública y de justicia más cercana a los principios de integridad, ética y transparencia que exige la sociedad dominicana. De esta manera, garantizamos la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial, pilares esenciales para una gestión pública transparente y ética”, subrayó la titular de la CCRD. 

Consultoría Jurídica del Ejecutivo reafirma vigencia de ley de Ordenamiento Territorial desde 2022

En una carta oficial enviada al director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, dirigida por Antoliano Peralta Romero, confirmó de manera categórica que la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos entró en plena vigencia desde el 24 de diciembre de 2022, fecha establecida tras su publicación en la Gaceta Oficial No. 11092.

 Esta comunicación, con fecha de hoy, 3 de julio de 2025, despeja cualquier duda sobre la aplicabilidad de la legislación que ha estado en el centro del conflicto por competencias entre la Junta Distrital de Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey. 

 Peralta señala en la misiva que, conforme al artículo 109 de la Constitución y al artículo 1 del Código Civil Dominicano, las leyes son obligatorias a partir del segundo día de su publicación en todo el territorio nacional, y que en este caso no hay margen para interpretaciones o postergaciones en su aplicación.  "La Ley 368-22 entró en vigencia tras su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial... resultando de obligatorio cumplimiento a partir del 24 de diciembre del 2022", subraya el documento de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Poder Judicial promueve la mediación y la conciliación como métodos para dirimir conflictos

El Poder Judicial realizó el panel “La Mediación y la Conciliación: Transformando el Acceso a la Justicia centrada en las Personas”, con el objetivo de promover estos mecanismos no adversariales para la resolución de conflictos. 

 El coloquio, realizado en el Palacio de Justicia de Santiago a través de la Dirección de Justicia Inclusiva, estuvo integrado por la jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega, magistrada Arelis Ricourt; la coordinadora del Centro de Mediación de Las Caobas (Santo Domingo Oeste), Juana Baré; y la directora ejecutiva del Centro Casas Comunitarias de Justicia, Carmen Victoriano. 

 La magistrada Ricourt, quien además es jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, afirmó que desde el Poder Judicial se promueve el uso de los mecanismos no adversariales de resolución de conflictos como la conciliación y la mediación a través de la derivación del caso a un juez o jueza en funciones de conciliador/a como fórmula para resolver controversias y establecer soluciones.

Critican Política de Datos del Poder Judicial por limitar la transparencia

La Política de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial el 14 de noviembre fue rechazada por el abogado Julio Cury y la organización Participación Ciudadana, quienes consideran que vulnera principios constitucionales y atenta contra la transparencia en el sistema judicial dominicano, mientras que, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defiende la disposición.

 Cury calificó la política como un "exceso de poder" y afirmó que excede las competencias de la SCJ. Según el jurista, la normativa es inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la carta magna. "Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras (Congreso Nacional). 

Son extensiones de la Constitución, son ramas, por eso se requiere esa mayoría cualificada", explicó Cury a Diario Libre. Agregó que esta política busca restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos. 

Poder Judicial explora tecnologías que permitan continuar la modernización de los registros de propiedad

Una delegación del Poder Judicial encabezada por el juez miembro del Consejo del Poder Judicial, magistrado Modesto Antonio Martínez Mejía, participó en el National Geospatial Executive Forum (NGEF) @ Esri User Conference (Esri UC), evento orientado a mostrar las mejores prácticas de aprovechamiento sobre las nuevas tecnologías en materias vinculadas al manejo de datos geográficos. 

 La comisión, compuesta por el director nacional de Mensuras Catastrales del Registro Inmobiliario, Ridomil Rojas; Carlos Rondón Paula, subadministrador de Tecnología de la Información y Comunicaciones interino; y Massiel Suero, gerente técnico de Mensuras, conectó con autoridades geoespaciales internacionales y conoció cómo sus pares están aprovechando los avances de los Sistemas de Información Geográfica (GIS), para la gestión y análisis de información geoespacial.

 El director nacional de Mensuras Catastrales, Ridomil Rojas, indicó que, El director nacional de Mensuras Catastrales, Ridomil Rojas, indicó que, “tomar las experiencias y herramientas ya implementadas para transformarlas en servicios que faciliten la infraestructura tecnológica, ayudará a que los sistemas que utilizamos para procesar los requerimientos de los usuarios tengan menos cargas y sean más rápidos; además, nos permitirá construir nuevos productos y servicios electrónicos para nuestros usuarios externos, respondiendo siempre a las necesidades de los diversos perfiles de usuarios”. 

 Rojas también destacó que la participación en este evento es parte del proceso de transformación digital que está experimentando el Registro Inmobiliario bajo el Plan Estratégico Visión Justicia 2024.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/justicia/poder-judicial-explora-tecnologias-que-permitan-continuar-la-modernizacion-de-los-registros-de-propiedad/

Poder Ejecutivo somete ante el Senado traspaso de terrenos para fideicomiso público

El Poder Ejecutivo depositó este jueves ante el Senado de la República un proyecto para permitir traspasar terrenos del Estado con el objetivo de ser entregado a un fideicomiso público. 

 El ministro de la Presidencia, Joel Santos, fue quien representó al Gobierno en la entrega de la pieza recibida por el presidente del Senado Ricardo de los Santos en el Congreso Nacional. De acuerdo con lo explicado por el incumbente de la Presidencia, serán 52 parcelas las que busca entregar el Gobierno a la Fiduciaria Reservas, quien operará en calidad de fiduciaria. 

 Detalló que estos inmuebles, valorados en 70,000 millones de pesos, permitirán “acelerar” el desarrollo de programas e iniciativas importantes para el país. Específicamente acciones en el área de vivienda, transporte y agua que impactarán de manera positiva en la ciudadanía. 18 de los terrenos fueron aportados por el Consejo Estatal del Azúcar. Mientras que la Dirección General de Bienes Nacionales dispuso 26, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dos y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) concedería seis. Santos aclaró que esto consiste en entregar áreas que no están siendo dedicadas a actividades formales de producción agrícola.