Tribunal de San Pedro de Macorís anula aumento abusivo de cuota de mantenimiento en Guavaberry Golf & Country Club

Las salas Primera y Segunda de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís declararon nula la resolución emitida el 19 de agosto de 2022 por Guavaberry Golf & Country Club, mediante la cual se impuso un aumento en las cuotas de mantenimiento a los dueños de viviendas y solares del complejo turístico. 

 La Primera Sala, mediante la Sentencia Civil Núm. 339-2025-SSEN-00457, de fecha 30 de julio de 2025, y la Segunda Sala, a través de la Sentencia Civil Núm. 1495-2025-SSEN-00300, dictada el 28 de mayo del mismo año, coincidieron en que la decisión de la administración del complejo violó los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 5038 sobre Régimen de Condominio, al no convocar debidamente a los propietarios para discutir y aprobar el incremento de las cuotas. 

La acción judicial fue interpuesta por propietarios, representados por los abogados Manuel Olivero Rodríguez y Fernando Gutiérrez Figuereo, quienes reclamaron la nulidad del aumento por considerarlo arbitrario e ilegal. 

Barrick le cobrará al Estado dominicano el costo del reasentamiento

Los costos asociados al reasentamiento de los habitantes de las comunidades afectadas con la construcción de la presa de colas, sin la cual Barrick Pueblo Viejo no podría operar más allá de 2030, en realidad son asumidos por el Estado dominicano.

 En este caso, el monto superará los RD$20,000 millones. Así lo informó el ministro de Energía y Minas (MEM), Joel Santos Echavarría, en entrevista con elDinero. “Es lo que establece el acuerdo original firmado entre la minera y el Gobierno dominicano”, dijo el funcionario.

 “La empresa paga todo el proceso de reubicación, pero ese costo luego se va amortizando en una cantidad de años”, agregó tras aclarar que ahora hay un proceso abierto para determinar en cuánto tiempo se irá amortizando esa inversión de los ingresos que deje la operación para el país, es decir, del pago de impuestos.

 “Se está en proceso, precisamente, de definición de la firma de un acuerdo. Pero lo que establece la ley o el acuerdo que el Gobierno firmó con la Barrick originalmente, es que el Gobierno tiene que asumir los gastos de reubicación; los tiene que pagar la empresa, pero se van amortizando en una cantidad de años y que son los temas que están por definirse”, explicó.