Familias reclaman el derecho de construir su vivienda en solares que ocupan hace más de 20 años

En el sector Arroyo Piedra de Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, decenas de familias viven hoy bajo la incertidumbre de perder lo que por años han considerado suyo: un pedazo de tierra levantado con esfuerzo, sacrificio y esperanza. 

 Por más de dos décadas, alrededor de 25 familias han ocupado terrenos en esta zona, construyendo poco a poco viviendas con recursos obtenidos mediante préstamos, ahorros e incluso privaciones.

 Para muchos, no se trata solo de una propiedad, sino del símbolo de estabilidad y dignidad que representa tener un hogar propio consagrado en la Constitución de la República. 

 Entre los afectados se encuentra Franklin Lebrón, quien asegura haber iniciado procesos formales ante el Estado para regularizar su situación. Según explica, su intención siempre ha sido adquirir legalmente el terreno, respaldado por documentos emitidos por instituciones estatales. "No queremos nada ilegal, queremos pagar lo que corresponde y tener nuestro título. Hemos hecho diligencias y nada", sostiene. 

 Sin embargo, la tranquilidad de estos comunitarios se ha visto interrumpida por la aparición de un ingeniero a quien identifican como Luis Héctor Bogaert, que según los denunciantes, reclama la propiedad de los terrenos. 

Reclaman a la Superintendencia de Electricidad acoger demandas presentadas en vistas públicas

Un conjunto de organizaciones sociales y relacionadas con la generación distribuida reclamó a la Superintendencia de Electricidad (SIE) que acoja la posición mayoritaria expresada en la vista pública celebrada el 15 de noviembre. En dicha vista, se discutió la propuesta de reglamento sobre la aprobación, interconexión y operación de sistemas de generación distribuida. 

 En un comunicado que compartieron con la prensa, este lunes 25, representantes de la Asociación de Dueños de Paneles Solares (Adupas), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables (Aseefeer), RD 100% Renovable, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), la Coordinadora Popular y la Coalición Enriquillo entregaron un documento en la SIE. 

El escrito contiene el reclamo y los aspectos que consideran fueron planteados de manera mayoritaria durante la vista pública. Las organizaciones sostienen que la SIE está obligada, por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, la Ley General de Electricidad No. 125-01 y la Resolución SIE-81-2005, a respetar y acoger la posición predominante de la vista pública. Expresan la esperanza de que la SIE incorpore los nueve aspectos principales señalados por la mayoría de los participantes en la reformulación del reglamento. 

Reclamo pago por tierra teleférico y la circunvalación

Santiago. A prácticamente siete meses de su inauguración, todavía varias familias continúan sin recibir el pago por la compra de terrenos para la construcción del teleférico de Santiago. 

 En el caso de la familia Alfonso Cruz, el Gobierno se comprometió a pagar RD$4,500,000 por la construcción de la torre ocho, en un solar de 531 metros cuadrados del sector Bella Vista, al suroeste del municipio de Santiago de los Caballeros. En marzo del pasado año se acordó dicho pago, pero a la fecha no ha podido recibir lo pactado. 

El primer tramo del teleférico de Santiago, obra construida con una inversión de RD$6,544 millones, impacta de manera directa alrededor de nueve de los sectores más populosos del municipio de Santiago de los Caballeros. 

 La obra forma parte de una iniciativa que tiene como objetivo integrar física, tecnológica y tarifaria los diferentes medios de transportes público Con respecto a la construcción de la circunvalación de Navarrete, la obra también fue parada en algunos tramos, debido a que propietarios de terrenos reclaman el pago acordado.

Reclaman a SCJ convocar pleno para recusación

La abogada Laura Acosta emplazó hoy al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a que convoque el pleno de ese organismo para que conozca una recusación incoada contra 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que conocen un caso de apropiación de terrenos similar al caso de Bahía de Las Águilas.

 Acosta, quien fuera representante del Estado en la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas, enfrenta junto a otros abogados a la misma gente, pero esta vez por la alegada usurpación de la propiedad de las familias Mayol y Serrano. 

 Pidio al presidente de la SCJ, doctor Luis Henry Molina, que haga posible que el Pleno de dicho organismo decida sobre la recusación presentada en contra de los 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la sociedad Global Multibusiness Corporation.