Suspenden juicio contra Emmanuel Rivera por falta de defensor público para uno de los acusados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió este jueves el juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados de ser parte de una presunta red que habría estafado a decenas de personas mediante la venta de viviendas en proyectos inmobiliarios. 

 La audiencia fue aplazada hasta el próximo 22 de julio, a las 9:00 de la mañana, debido a que Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, hijo de Ledesma, no cuenta con un defensor público asignado. 

 De acuerdo con la acusación, la estructura criminal habría estafado más de 700 millones de pesos a más de 300 personas, a quienes ofertaba apartamentos y viviendas en proyectos inmobiliarios que presuntamente no existían o no fueron desarrollados, utilizando diversas maniobras fraudulentas. Durante la audiencia de hoy se produjeron además varios incidentes procesales. 

La defensa de uno de los imputados solicitó autorización para depositar por escrito pruebas que pretende incorporar al juicio, mientras que el Ministerio Público informó que la imputada Rosa María Sánchez no compareció pese a haber sido debidamente citada.  Ante esta situación, el tribunal ordenó su declaratoria en rebeldía y dispuso su arresto y convocó a todas las partes presentes para la próxima audiencia. 

Condenan al abogado Rafael Olegario Helena a seis años de cárcel por fraude inmobiliario en Baní

Un tribunal condenó este miércoles a seis años de prisión al abogado Rafael Olegario Helena Regalado por "usar documentos falsos para adquirir de manera fraudulenta la empresa Costa Dorada" en un fraude inmobiliario que involucra miles de tareas de tierras de terrenos costeros en el municipio Baní, provincia Peravia Junto a Helena Regalado, también fueron halladas culpables Ailec Paloma Soto Garabito, quien fue sentenciada a cuatro años de prisión, y Judith Francesca Aguasvivas Báez, a tres años de cárcel. 

 Según el dispositivo de la sentencia, los acusados fueron hallados "culpables de asociarse haciendo uso de documentos falsos para adquirir de manera fraudulenta la empresa Costa Dorada S.A", en perjuicio de las compañías Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., SRL; Okra Company, LTD; y Grand Cays Corporation. 

 El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, fue el que emitió la sentencia, la cual se leerá de manera íntegra el 10 de junio.

 La empresa Costa Dorada S.A. está vinculada a más de 6.3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros ubicados en Sabana Buey, municipio de Baní, provincia Peravia. 100 millones de pesos 

A los hoy condenados, Helena Regalado, Soto Garabito y Aguasvivas Báez, también se les impuso pagar una indemnización de 100 millones de pesos "de manera conjunta y solidaria", con la civilmente demandada, la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L, a favor de los demandantes por daños y perjuicios.

Fuente:https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2026/05/20/condenan-abogado-a-seis-anos-de-carcel-por-caso-de-costa-dorada/3540316

Disputa por millonarios terrenos en Puerto Plata desata denuncias de fraude hereditario

Una disputa legal sacude a Puerto Plata tras denuncias de la familia Echavarría sobre un presunto intento de despojo de terrenos ubicados en Luperón, una zona costera estratégica frente al Atlántico donde en el pasado se proyectó el desarrollo turístico “Atlántica”. 

 Según la información, las propiedades habrían sido adquiridas en 1945 por José María Echavarría y permanecen hasta hoy en estado de indivisión entre seis herederos, sin que se haya realizado una partición judicial definitiva.

 El conflicto surge porque descendientes de una de las ramas familiares habrían iniciado acciones ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Puerto Plata con el objetivo de ser reconocidos como únicos herederos. Esta situación ha generado acusaciones de exclusión y presunto fraude sucesoral por parte de otros coherederos.

 Entre los procesos judiciales vinculados figuran los expedientes 0269-03-00101, actualmente en estado de fallo, así como los casos 0269-95-0003 y 0269-05-00124, que continúan en curso. 

Denuncian presunto fraude en proyecto habitacional “Nueva Esperanza” en Boca Chica

Una ciudadana identificada como Alba Jazmín Capellán denunció un presunto fraude en la venta de viviendas del proyecto habitacional “Nueva Esperanza”, ubicado en Boca Chica y que, según afirma, estaría vinculado al programa gubernamental Vivienda Feliz. 

 De acuerdo con su versión, en el lugar se realizan reuniones semanales donde un supuesto ingeniero identificado como Heric ofrece apartamentos y solicita un depósito de RD$10,000 para separar las unidades. 

 Capellán sostiene que, tras realizar el pago, a los interesados se les informa que no hay disponibilidad suficiente, lo que según dice genera presión para que tomen decisiones rápidas. Alega además que las características de los apartamentos ofrecidos no coinciden con la realidad. 

 La denunciante asegura que, luego de solicitar la devolución de su dinero, no ha recibido respuesta satisfactoria. Indica que la comunicación se ha mantenido a través de una asistente identificada como Wendy Padilla, quien —según su testimonio— le ha informado que el caso está pendiente de respuesta administrativa. 

El cartel de «terratraficantes» detrás del fraude inmobiliario en RD

El programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes reveló la existencia de un presunto entramado organizado que habría operado durante años utilizando mecanismos legales y judiciales para apropiarse de propiedades inmobiliarias en distintas zonas del país, dejando a familias enteras en procesos legales prolongados y, en algunos casos, sin acceso a sus propios bienes. 

 La investigación expone un patrón que, según los testimonios y documentos analizados, se repite en varios expedientes: la creación de supuestas deudas, procesos de embargo inmobiliario acelerados, transferencias de títulos bajo cuestionamiento y el uso de decisiones judiciales que otorgaban apariencia de legalidad a operaciones posteriormente impugnadas por los afectados. 

 Entre los casos documentados figuran propietarios que aseguran haber terminado sorprendidos con demandas ejecutivas por obligaciones que afirman no haber contraído, así como procesos de adjudicación que culminaron con el traspaso de terrenos y viviendas a terceros.

 En varios expedientes se describen embargos y subastas que, según las presuntas víctimas, se realizaron sin la debida notificación o bajo procedimientos que hoy son objeto de revisión judicial. 

Yván Lorenzo califica como «fraude procesal» informes de auditoría en caso Calamar

Santo Domingo, RD.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, cuestionó este jueves la validez del informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público en el proceso judicial del caso Calamar, al asegurar que dicho organismo no existía legalmente al momento en que se realizaron las investigaciones. 

 Lorenzo explicó que la Unidad Antifraude fue creada mediante el Decreto 382-25, emitido el 14 de julio de 2025, varios años después de la elaboración de los informes que sustentan la acusación, por lo que —a su juicio— estos carecen de fundamento jurídico.

 “Estamos ante un fraude procesal”, afirmó el dirigente político. 

 El vicepresidente del PLD también sostuvo que la acusación fue depositada un día antes de las elecciones, lo que, según dijo, evidencia una intención política detrás del

TSA anula indemnización en Parque Cotubanamá por fraude en títulos de propiedad

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) revocó la sentencia que ordenaba al Estado dominicano pagar un justiprecio a numerosos particulares por terrenos supuestamente expropiados dentro del Parque Nacional Cotubanamá, en San Rafael del Yuma. 

 La decisión fue tomada por el tribunal presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrada por la jueza Úrsula Carrasco Márquez, y contó con el voto disidente de la magistrada María Guillermina Calderón Abreu. 

 El aspecto más relevante del fallo es que la TSA declaró inaplicable el régimen de plazos de un año previsto en el artículo 40 de la Ley 1494 para la interposición del recurso de revisión. Esta excepción de inconstitucionalidad fue clave para que el recurso de revisión de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), cuya finalidad es defender y conservar un área protegida, pudiera prosperar. 

 Bienes Nacionales, respaldada por el Ministerio Público, argumentó que el artículo 16 de la Constitución declara las Áreas Protegidas como bienes patrimoniales de la Nación, inalienables, inembargables e imprescriptibles. La Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Procuraduría General Administrativa actuaron en el proceso como interviniente forzoso. 

Fraude inmobiliario en Boca Chica: Las decepcionantes historias de quienes confiaron en el proyecto

Según una investigación de El Informe con Alicia Ortega, más de un centenar de personas invirtieron sus ahorros en un terreno baldío donde nunca se levantó una sola pared. 

 Uno de los afectados, Otoniel Pichardo, quien vive en Miami desde hace 40 años, contó entre lágrimas que trabajó “como un caballo, peso a peso”, con la ilusión de regresar a su país para disfrutar su jubilación. “Todo se veía muy bien, ellos lo tenían todo camuflajeado”, dijo Pichardo, quien invirtió 80 mil dólares en cuatro inmuebles, con fecha de entrega para octubre de 2024. 

 El sueño comenzó a desmoronarse cuando, en abril de 2023, un amigo le envió un video mostrando el lugar abandonado y lleno de agua estancada. Pichardo viajó en junio para recuperar parte de su dinero, pero la empresa le informó que solo le reembolsarían cuando lograran vender los apartamentos. “Ahí quedó enterrado mi sueño, en esa pared que ven ahí”, lamentó. 

 Otra víctima, Francia Romero, explicó que se sintió atraída por la supuesta vista al mar de los apartamentos. “Ahí deposité todas mis ilusiones”, expresó tras perder 38 mil dólares. Mientras que Gabriel Rodríguez, un camionero puertorriqueño que vivió 17 años en República Dominicana, aseguró que “nunca pusieron una varilla, nunca una columna”. En 2024 comprobó personalmente que el proyecto no había avanzado y decidió retirarse. 

 El abogado Miguel Serum, representante de más de cien afectados, informó que se presentó una denuncia contra Edgar Hernández y su esposa Mabel Hernández por estafa agravada y lavado de activos. “El proyecto fue presentado como un paraíso terrenal, pero resultó ser un engaño bien estructurado”, dijo. 

 Los apartamentos se vendían entre 54 mil y 80 mil dólares, dependiendo del tamaño. El proyecto prometía 207 unidades habitacionales, locales comerciales, piscina, gimnasio, restaurante, Cigar Club, parqueo, planta eléctrica y ascensores, firmados en contrato por una mujer identificada como Margarita Medrano. 

Donald Guerrero denuncia uso de informe de contraloría no fue notificado

Santo Domingo. – El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, declaró en la audiencia de este viernes que el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, citado por el Ministerio Público y los querellantes, nunca le fue notificado por la propia Contraloría. Guerrero afirmó que esta omisión constituye una violación a su derecho de defensa y al debido proceso establecido en la legislación dominicana. 

 “Tomo brevemente la palabra para referirme al informe citado por la abogada querellante. Dejo constancia de que jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de la Ley 107-13”, expresó. 

 Uso del informe durante años a espaldas de la defensa 

El exfuncionario advirtió que, de acuerdo con informaciones publicadas en la prensa, el citado informe habría sido utilizado durante más de cuatro años como base de diligencias y autorizaciones procesales, sin su conocimiento. 

 Calificó esta situación como una grave violación de sus derechos fundamentales, reiterando que, al momento de ejercer su defensa, demostrará con claridad la transparencia de su gestión pública. “Hoy solo quiero dejar claro en acta que ese informe, utilizado durante más de cuatro años a mis espaldas, jamás me fue notificado”, subrayó Guerrero. 

Imponen coerción a tres hombres implicados en fraude millonario en proyecto habitacional “Paraíso Dorado”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Puerto Plata impuso, como medidas de coerción, el pago de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra tres personas investigadas por un fraude millonario, estafa y uso de documentos falsificados relacionado con el proyecto habitacional “Paraíso Dorado”.

 La medida fue impuesta a Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española, al abogado Pedro Pablo Pérez y a su esposa Griselda Antonia Calderón Taveras. La acción judicial partió de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció haber sido víctima de la falsificación de su firma en un poder general, mediante el cual se otorgaban amplias facultades a su entonces socio Jesús Aldea Abián, para actuar en su nombre dentro del proyecto. 

 Según consta en la querella, los documentos falsificados fueron utilizados para desviar fondos de inversionistas hacia otras dos compañías: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los también imputados Pedro Pablo Pérez y Griselda Antonia Calderón Taveras.

Tribunal ordena arresto de empresaria española por presunto fraude

Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictó orden de arresto contra la empresaria española Rosa María Montañés Ubieto, quien no compareció al juicio de fondo que se le sigue por distracción de fondos en violación a la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11. 

Según la resolución judicial número 040-2025-TRES-00023, emitida por la jueza Clara Luz Almonte Gómez, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa de Montañés Ubieto, quien había recurrido en oposición la resolución anterior que disponía su arresto. 

 De acuerdo con la acusación presentada por Corporación Iratxe, S.R.L., a través de su abogado Hotoniel Bonilla, la señora Montañés Ubieto, presuntamente en complicidad con sus hijos Javier y Rodolfo Ainsa Montañés, habría participado en un entramado societario para sustraer fondos pertenecientes a la sociedad comercial KARIBO, S.R.L., destinada a desarrollar proyectos inmobiliarios turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia. 

Apresan al "cerebro legal" del supuesto esquema fraudulento implicado en la Operación Gaviota

En un operativo coordinado por el Ministerio Público, con el apoyo de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional, fue capturado este lunes Héctor Aníbal Santillán Faulkner, acusado de ser el "cerebro legal" de la supuesta estructura criminal implicada en el caso Gaviota. 

 Santillán Faulkner se encontraba prófugo de la justicia desde enero de 2023, cuando fue emitida la orden de arresto No. 00112-2023 en el Distrito Judicial de La Altagracia, Higüey. Posteriormente, en mayo de 2024, se dictó la orden judicial No. 0367-ABRIL-2024 por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la cual también fue ejecutada en su contra. 

 Según los fiscales, como abogado, Santillán Faulkner era el encargado de constituir y adquirir sociedades comerciales empleadas para operaciones fraudulentas. Entre las empresas vinculadas a su gestión destacan Inversiones Cataleya S.R.L. (La Romana), que movilizó RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89, así como la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde fungía como presidente y que, de acuerdo con el Ministerio Público, habría sido utilizada para captar fondos de las víctimas. 

Piden al presidente Abinader contratar abogados privados para cancelar títulos fraudulentos en Samaná

La asociación de campesinos de El Catey, Samaná, piden al presidente de la república, Luis Abinader, la contratación de abogados para que el Estado Dominicano, recupere millones de metros, otorgados supuestamente a una pareja de esposos, los cuales, obtuvieron los títulos, según los denunciantes, de forma fraudulenta, en perjuicio del patrimonio nacional. 

 Se trata de George Lopez y Julia Lissandra Muñoz Santana, esta última, empleada del Tribunal Constitucional, la cual, según las denuncias, fueron beneficiados por jueces y registradores de títulos de Samaná, con más de doce mil (12,000) tareas de tierras, propiedad del IAD. 

 Contra la pareja, pesa una acusación formalizada por Bienes Nacionales, la cual según los 113 miembros de la asociación, fue entregada por jueces y registradores de títulos, que terminaron siendo cancelados por el Poder Judicial. 

 El pedimento al presidente Luis Abinader, se realizó durante una concentración más tarde difundida por el periodista José Gutierrez en su programa de televisión. Los 113 miembros, a demás, solicitan investigar otros hechos de la pareja, en otras localidades del país, en donde se han apropiado de igual forma de terrenos públicos y privados con supuestas complicidad de jueces, que han favorecido a los denunciados, sin que el Estado haya recuperado los terrenos que les han sido otorgados.

Fuente:https://z101digital.com/piden-al-presidente-abinader-contratar-abogados-privados-para-cancelar-titulos-fraudulentos-en-samana/

Denuncian supuesto fraude inmobiliario en el proyecto West Side Punta Cana

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – El abogado Jean Cristofer Pérez informó este lunes que siete ciudadanos han denunciado supuesto fraude inmobiliario por parte de la constructora Grupo Paceo en el proyecto West Side Punta Cana, que promueve el ingeniero Joan Fernando González.

 A su salida del Palacio de Justicia, Jean Cristofer expresó: “El tema de las estafas inmobiliarias es un delito que requiere la intervención urgente de las autoridades, debido a que durante las últimas semanas continuamos recibiendo denuncias de personas que alegan ser estafadas en el proyecto West Side Punta Cana de la constructora Grupo Paceo”. 

 En ese orden, agregó que iniciarán las investigaciones de lugar para que una vez confirmados los hechos, apoderar al Ministerio Público para que pueda perseguir a los involucrados en el hecho. Asimismo, indicó que tienen información de que hay muchas personas con casos similares. 

 En ese orden, llamó a los ciudadanos que se encuentran en esa situación a acudir a hacer la denuncia correspondiente.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/denuncian-supuesto-fraude-inmobiliario-en-el-proyecto-west-side-punta-cana/

Tribunal conocerá audiencia contra asesora en comunicación por alegado fraude inmobiliario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorís, conocerá este jueves la audiencia de la litis sobre derechos registrados contra la asesora en comunicación María de los Ángeles Peña Peña (Angelita) y una empresa, demandadas por una deuda de 400 mil dólares producto de un alegado fraude inmobiliario. 

 La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana, en uno de los salones de la segunda planta del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís. La demanda fue interpuesta por el empresario cubano Eleno Joel Ramos y la compañía Inversiones Ciaar, a través de los abogados Jorge Graciany Lora Olilvares y Jorge Lora Castillo. 

 Los abogados explican que la asesora del Gobierno adquirió un inmueble en La Romana por 800 mil dólares, pagó 400 mil y quedó debiendo otros 400, por lo que dejó el inmueble en garantía y posteriormente simuló una venta 29 días después, para transferir la propiedad a otra compañía. 

 Dijeron que Angelita se comprometió a saldar la deuda en diciembre del 2009 y a la fecha no ha honrado el compromiso, dejando en garantía el inmueble y 29 días después de hacer el negocio, lo “vendió” a una compañía offshore. 

Lajun gana arbitraje internacional con títulos de origen fraudulento

A principios de 2018, el director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM, Waldys Taveras, dijo: "El país se expone a ser condenado al pago de cientos de millones de dólares, si no son sometidas a la Justicia las personas involucradas en la compra irregular de los terrenos de Duquesa" (...). 

Ni hay ninguna acción judicial del CEA, de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de la Cámara de Diputados, ni del Senado de la República, poderes e instituciones del Estado con calidad para presentar las acciones judiciales por haber sido afectadas por las acciones fraudulentas". 

 A través de Waldys Taveras, el PRM advirtió en una carta al exprocurador Jean Alain Rodríguez, con fecha 5 de abril de 2018, que si no "actuaba" el país pagaría US$300 millones a Lajun. Tavarez hacía referencia a un fraude cometido para la obtención de títulos de propiedad en los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa. Esto después que el 19 de diciembre de 2017, el Sr. Lee-Chin y la Empresa Lajun Corporation, le notificaron al Estado Dominicano un aviso de controversia, invocando el Acuerdo de Libre Comercio (CARICOM), tomando como base el despojo de una propiedad, que se corresponde con los terrenos donde opera el Vertedero de Duquesa, razón por la cual reclamó una indemnización de 300 millones de dólares. 

Abogados acusan jueza Garabito de proteger sobrina en caso de fraude inmobiliario

Reclaman retardo de SCJ en fallo de recusación a jueces de Corte Penal del DN en caso Costa Dorada Los abogados de las familias Mayol y Serrano también solicitaron la inhibición de juez de la SCJ María Garabito, que afirman es tía de una de las acusadas en el proceso.

 Los abogados de las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Company Ltd., partes querellantes del proceso penal relativo al fraude societario de la compañía Costa Dorada, solicitaron este martes, con carácter de urgencia, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante escrito depositado en la secretaría general de esa alta corte, que se decida a la mayor brevedad la recusación presentada por la defensa del abogado Rafael Olegario Helena Regalado contra el pleno de los jueces que integran la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que se encuentran apoderados del conocimiento de los recursos de apelación presentados por el ministerio público y por las mencionadas empresas en contra decisiones incidentales del juez de la audiencia preliminar que excluyó a las partes querellantes, a una imputada y la mayor parte de los elementos de prueba de la acusación. 

Apresan 40 miembros de Los Trinitarios por fraude de 700 mil euros; compraban propiedades en RD

La Policía española ha desmantelado la estructura de financiación de la banda juvenil Los Trinitarios, que se apropió de más de 700,000 euros (770,000 dólares) con fraudes bancarios en internet, y ha detenido a cuarenta personas en la operación. 

 Quince de los arrestados se dedicaban a acciones violentas y otros dos eran hackers que realizaban estafas financieras, informó la Policía este martes en un comunicado.

 Las fuerzas de seguridad efectuaron varios registros domiciliarios en las ciudades de Madrid, Guadalajara (centro) y Sevilla (sur). Con los beneficios, pagaban las minutas de los abogados, enviaban dinero a miembros de la banda encarcelados, satisfacían las cuotas de pertenencia, compraban droga para revenderla y adquirían armas para los enfrentamientos con grupos rivales. Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.