Yván Lorenzo califica como «fraude procesal» informes de auditoría en caso Calamar

Santo Domingo, RD.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, cuestionó este jueves la validez del informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público en el proceso judicial del caso Calamar, al asegurar que dicho organismo no existía legalmente al momento en que se realizaron las investigaciones. 

 Lorenzo explicó que la Unidad Antifraude fue creada mediante el Decreto 382-25, emitido el 14 de julio de 2025, varios años después de la elaboración de los informes que sustentan la acusación, por lo que —a su juicio— estos carecen de fundamento jurídico.

 “Estamos ante un fraude procesal”, afirmó el dirigente político. 

 El vicepresidente del PLD también sostuvo que la acusación fue depositada un día antes de las elecciones, lo que, según dijo, evidencia una intención política detrás del proceso. Añadió que varios de los imputados habían sido auditados previamente sin observaciones. 

 Asimismo, señaló una contradicción administrativa al indicar que, aunque la Unidad Antifraude fue creada formalmente en 2025, ya tenía un encargado designado desde febrero de 2023, mediante el Decreto 27-23. 

 Lorenzo agregó que los informes financieros correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 presentan inconsistencias con la fecha oficial de creación de la unidad. 

 En el caso Calamar figuran como imputados los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, entre otros. 

 El proceso judicial, que fue recesado a principios de diciembre por motivos de salud del exsenador Rafael Calderón, se reanudará este viernes con la presentación de la defensa de Gonzalo Castillo, a partir de las 9:00 de la mañana. 

 El Ministerio Público acusa a unas 30 personas de desfalco al Estado y lavado de activos. Sin embargo, varios querellantes han retirado sus acciones legales, alegando que los contratos y pagos realizados se ajustaban a la ley y que los fondos entregados a lobistas pertenecían a los propietarios de los terrenos y no al Estado.

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