Bienes Nacionales no pagará hasta investigar títulos en Hoyo Cla

La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) no pagará los 313.7 millones de pesos que ordenó el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor de propietarios de terrenos declarados área protegida para la creación del Monumento Natural Hoyo Claro, ubicado en La Altagracia, hasta investigar el origen de sus títulos. Rafael Burgos, director de las fusionadas Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), aseguró que la institución investiga la forma en que varios grupos de personas obtuvieron documentos de propiedad para reclamar el pago de terrenos que posteriormente fueron convertidos en áreas protegidas. 

 También advirtió que el Estado no realizará ningún pago hasta que el proceso judicial haya agotado todas las instancias. “Hay que pasar por un proceso de investigación para saber si esos terrenos fueron saneados debidamente, si fueron transferidos correctamente y si contaban con los títulos originales correspondientes… No obstante, aquí no se paga una sola sentencia que no haya adquirido la [autoridad] de la cosa juzgada hasta la última instancia”, afirmó. 

 Burgos indicó que, si finalmente se ven obligados a pagar, recurrirán a la negociación, mecanismo con el que —según dijo— han logrado reducir montos importantes en otros casos. “Cuando surgen esos conflictos, esperamos que la justicia emita su último veredicto y después tenemos que sentarnos a negociar… El Estado dominicano ha pagado muchas expropiaciones que se han resuelto en la mesa de negociaciones. Personas que pedían 800 millones y terminaron cobrando 400 millones. Ahora quien se beneficia de las expropiaciones es el Estado dominicano”, remarcó. 

Procuraduría abre investigación penal por irregularidades en áreas protegidas

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal exhaustiva sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y presuntos fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas del país, y dispuso la creación de una fuerza de tarea especial para profundizar las indagatorias. 

 La investigación abarcará el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, donde se ordenó revisar todos los actos jurídicos y administrativos que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad.

 El equipo estará coordinado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, e integrado por las Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca), medio ambiente, antilavado, la Unidad de Investigación Inmobiliaria y el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria. 

 La disposición también ordena la elaboración de un informe detallado, junto al Ministerio de Medio Ambiente, sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 Según la instrucción, el objetivo es determinar si existen entramados criminales, corrupción o irregularidades que hayan facilitado el apoderamiento del patrimonio natural del Estado.

Fuente: https://listindiario.com/la-republica/justicia/20260215/procuraduria-instruye-investigacion-penal-sobre-afectaciones-areas-protegidas_894103.html

Piden investigar proceso licitación para construcción Autopista del Ámbar

El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que ordene una investigación de todo el proceso de licitación, a través del cual se busca seleccionar la empresa constructora para la construcción de la Autopista del Ámbar, obra prometida por el gobernante en el año 2020. 

 “Si se compara el costo total estimado y el tiempo otorgado para la presentación de ofertas en la primera convocatoria con el actual llamado a licitación, resulta inaceptable el plazo de cuatro meses para presentar las propuestas”, argumentó el empresario de la construcción. 

 Explicó que la obra ha tenido varias licitaciones, como por ejemplo, la convocada por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en mayo de 2023, en el proceso de selección de adjudicatario número CNAPP-PSA-2023-0001, referente al Contrato de Alianza Público-Privada para su diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, así como para la operación y mantenimiento de la Autopista Circunvalación Norte, con un monto de inversión de RD$23.68 mil millones de pesos dominicanos (aproximadamente US$400 millones). 

 El expresidente del Codia recordó que en ese entonces, el plazo para presentar los sobres de las ofertas A y B fue fijado para el 23 de mayo de 2024, lo que significó un período de un año y siete días, muy por el contrario a lo planteado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en los actuales momentos.

Expertos de la FIDH investigarán abusos ambientales y despojos de tierras en RD

La próxima semana, del lunes 4 al viernes 8 de noviembre, una misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) llegará a la República Dominicana para evaluar supuestas violaciones a los derechos humanos derivadas de la contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en Peravia.

 Además, investigarán el despojo de terrenos en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, donde cientos de familias fueron desplazadas de sus tierras sin compensación justa. 

 La misión estará conformada por el abogado penal Manuel Ollé Sesé de la Universidad Complutense de Madrid, y Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la FIDH. 

 El Estado dominicano se comprometió en septiembre pasado, tras recomendaciones de la Comisión de Derechos de la Infancia de la ONU, a establecer una mesa de diálogo con las comunidades afectadas para resarcir los daños provocados por la termoeléctrica. Sin embargo, aún persisten denuncias de contaminación y afectación a la salud de las comunidades vecinas. 

Piden investigar fiscal de Barahona tras denuncia de desalojo ilegal

Santo Domingo.- El Consejo del Ministerio Público fue apoderado esta mañana de una denuncia formal contra una fiscal de Barahona por despojar a una familia de una finca agrícola, que actualmente, está en plena producción, en el municipio de Cabral.

 Se trata de la fiscal Aura Deyanira Fernández Curi, Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Genero, Intrafamiliar y delitos sexuales, contra quien solicitan iniciar una investigación por cometer violación de propiedad, extorsión, chantaje, cohecho, prevaricación, abuso del poder, y uso de los recursos del Estado y prevaricación en perjuicio de los denunciantes. 

La denuncia contra la fiscal fue interpuesta por Walkiris Taina Melo Acosta, Kimberly Julia Melo Collado, Enzo Melo Collado, Juan Francisco Melo Figuereo, Alessio Melo Collado, en su calidad de causahabientes del señor Juan Francisco Melo Ortiz, Fallecido a través de los abogados el doctor Jorge Lora Castillo y el licen ciado Nicanor Vizcaino Sánchez.

 Por lo que solicitan la urgente intervención de la procuradora general Miram Germán Brito, en su calidad de presidenta del Consejo del Ministerio Público. 

La fiscalía asegura que diputada vendió entre 13 y 15 propiedades durante investigación por lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público realizó este viernes incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega, presuntamente propiedad del empresario Mickey López y su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte, ambos acusados de lavado activos provenientes del narcotráfico. 

 La investigación determinó que Manuel Antonio Inoa y María Cepeda fungieron como presunto testaferros al aparentar ser socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, dando todo el poder a Mickey López para la realización de transferencias, además de compra y venta de bienes e inmuebles, según el órgano acusador. 

 De igual manera indica que se ha comprobado que la diputada Rosa Amalia Pilarte vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la mencionada empresa.

 En cumplimiento a la orden del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega, tres fiscales acompañados de miembros de la DNCD desarrollaron las incautaciones. El abogado de Mickey López aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de un levantamiento de actas relacionado al inmueble ubicado en La Vega que según él está a nombre de una empresa que está siendo investigada por la Procuraduría General de la República.