Abogados alegan desacato al TSA e inconstitucionalidad en su suspensión por el CARD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los tres abogados sancionados por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) alegaron que la suspensión por un año que les fue impuesta constituye un desacato a decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y que la misma es inconstitucional y carente de validez jurídica. 

 Los licenciados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, miembros de la firma León & Raful y representantes legales de María Amelia Hazoury Delgado en un proceso de partición de bienes derivado de su divorcio con Juan Rafael Llaneza Gil, sostienen que la sanción disciplinaria desconoce dos decisiones previas del TSA que ordenaban dejar sin efecto los procedimientos seguidos en su contra. 

 Se trata de la sentencia 0030-03-2025-SSEN-00389 del 5 de agosto de 2025, dictada por la Segunda Sala del TSA y la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00003 del 13 de enero de 2026, emitida por la Primera Sala del mismo tribunal, ambas relacionadas con alegadas violaciones de derechos fundamentales en el proceso disciplinario. 

TSA anula resolución del CARD y ordena sanción diaria por incumplimiento

SANTO DOMINGO..– La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló la Resolución núm. 03-2025-JD, emitida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), mediante la cual se intentaba reactivar un proceso disciplinario contra los abogados Lilia Fernández León, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque. 

 La decisión está contenida en la sentencia núm. 0030-02-2026-SSEN-00003, dictada el 13 de enero de 2026, la cual además impone al CARD una astreinte de RD$5,000.00 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo. 

 Según el tribunal, la Junta Directiva del gremio incurrió en desacato a una decisión judicial previa al intentar continuar un proceso disciplinario que había sido anulado anteriormente. 

El TSA estableció que esta actuación vulnera principios fundamentales como el non bis in idem y el debido proceso. 

 El caso se originó a partir de un conflicto legal relacionado con el proceso de divorcio entre María Amelia Hazoury Delgado y el empresario Juan Rafael Llaneza Gil. Los abogados favorecidos pertenecen a la firma León & Raful. 

TSA anula indemnización en Parque Cotubanamá por fraude en títulos de propiedad

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) revocó la sentencia que ordenaba al Estado dominicano pagar un justiprecio a numerosos particulares por terrenos supuestamente expropiados dentro del Parque Nacional Cotubanamá, en San Rafael del Yuma. 

 La decisión fue tomada por el tribunal presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrada por la jueza Úrsula Carrasco Márquez, y contó con el voto disidente de la magistrada María Guillermina Calderón Abreu. 

 El aspecto más relevante del fallo es que la TSA declaró inaplicable el régimen de plazos de un año previsto en el artículo 40 de la Ley 1494 para la interposición del recurso de revisión. Esta excepción de inconstitucionalidad fue clave para que el recurso de revisión de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), cuya finalidad es defender y conservar un área protegida, pudiera prosperar. 

 Bienes Nacionales, respaldada por el Ministerio Público, argumentó que el artículo 16 de la Constitución declara las Áreas Protegidas como bienes patrimoniales de la Nación, inalienables, inembargables e imprescriptibles. La Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Procuraduría General Administrativa actuaron en el proceso como interviniente forzoso. 

Tiendas chinas continúan cerradas mientras el TSA conoce recursos contra medida del Mived

Once tiendas chinas continúan cerradas por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), informaron dos abogados que representan a algunas de ellas ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en procura de que sea suspendida la resolución que ordenó su clausura hace varios meses por "fallas en sus estructuras". 

 La pasada semana, el TSA se reservó el fallo de los recursos sobre medida cautelar que incoaron Dulce Hogar, establecimiento ubicado en la avenida Gregorio Luperón, en Santo Domingo Oeste, y Suplax, localizada en la Nicolás de Ovando, Distrito Nacional. 

 Otra de las tiendas que ha optado por acudir a los tribunales es Decoplax, ubicada en Santiago, cuya audiencia está programada para el próximo jueves. 

 Los abogados Salvador Catrain y José Ramón Casado, representantes de tres de los establecimientos, insistieron en que el cierre de las tiendas es una medida arbitraria porque no es una facultad del Mived. Sostienen que es a los ayuntamientos que la ley faculta a tomar dicha medida cuando una construcción ya está concluida.

Tribunal Superior Administrativo ordena al Ministerio de la Vivienda autorizar planos de la alcaldía de Verón, La Altagracia; acusan a Carlos Bonilla de tener estancados proyectos turísticos

SANTO DOMINGO.-La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó mediante sentencia, al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) cumplir con el artículo 24, párrafo primero de la Ley 368-22, que permite a la alcaldía del distrito municipal de Verón, La Altagracia, el uso de suelo aprobado por la Oficina de Planeamiento Urbano en ese territorio. 

 Mediante la sentencia número 0030-03-2025-SSEN-00472, del dos de septiembre del 2025, emitida por el TSA, el MIVED deberá cumplir en lo inmediato con la disposición en beneficio del ayuntamiento de Verón, La Altagracia.

 La decisión se produjo en virtud de una acción de amparo de cumplimiento presentada por la oficina de abogados del doctor Ángel Lockward, el pasado mes de julio, en el marco de un enfrentamiento entre la alcaldía de Verón y el MIVED. Con el conflicto, el MIVED mantiene cientos de proyectos de desarrollo urbanísticos detenidos o suspendidos por la falta de autorización en los planos, perjudicando inversiones millonarias en Punta Cana, el centro de desarrollo inmobiliario, turístico y comercial más importante del país. 

 Lockward, en un encuentro con periodistas, donde también participaron los alcaldes de los distritos municipales de Verón y La Otra Banda, Ramón Antonio Ramírez (Manolito) y Alexander Rodríguez, respectivamente, dijo que espera que el MIVED cumpla con la sentencia del TSA.

TSA rechaza demanda de la Alcaldía DN contra construcción de torre en Piantini

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una segunda demanda cautelar interpuesta por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, que buscaba la suspensión de la construcción de la torre Wyndham Grand Everest, ubicada en la calle Federico Geraldino del sector Piantini. 

 La jueza presidente de la Primera Sala del TSA, Luisa del Carmen Canaán, dictó la Sentencia núm. 0030-01-2025-SSMC-00080 el 15 de agosto, en la que concluyó que la paralización del proyecto, actualmente en fase avanzada, afectaría “gravemente el desarrollo del sector y a terceros que, confiados en la regularidad de los actos administrativos emitidos por la Alcaldía del Distrito Nacional, han adquirido unidades en dicho proyecto”. 

 De acuerdo a un comunicado de prensa, el tribunal sostuvo que la acción en lesividad presentada por el ADN no superó el criterio de apariencia de buen derecho, pues los actos administrativos cuestionados fueron emitidos bajo un procedimiento regular, generaron derechos adquiridos y gozan de presunción de legalidad. Además, la jueza argumentó que no existía urgencia, ya que el proceso principal ofrece un cauce adecuado para la revisión de legalidad. 

 La defensa del desarrollador Grupo Choroni, SRL, estuvo a cargo de los abogados Julio Cury, Víctor León Morel y José Alberto Cruceta hijo, quienes destacaron que la medida cautelar no puede usarse como “un mecanismo de presión, sino como una herramienta excepcional”. 

Abogados: TSA anuló ordenanza municipal que alteraba normas de construcción en DN

Los abogados Julio Cury, José Alberto Cruceta y Daniel Pérez Reynoso revelaron que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una ordenanza emitida en 2020 por el Ayuntamiento del Distrito Nacional que buscaba modificar los parámetros de densidad y altura en zonas urbanas de la capital. Mediante la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00394, dictada el pasado 11 de junio, el TSA declaró nula la ordenanza núm. 10-2020, firmada por el entonces presidente del Concejo de Regidores, Víctor E. Ogando. 

Según la sentencia, la disposición municipal fue emitida sin la aprobación del pleno del Concejo, como exige la ley. La ordenanza anulada pretendía cambiar la Resolución núm. 85-2009, que regula la zonificación y densidad habitacional en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. 

Los cambios incluían nuevos criterios sobre la altura de edificaciones y la cantidad de habitantes por hectárea, según el tamaño de los solares. 

20 sentencias del TSA respaldan resoluciones contra fraudes en Contrataciones Públicas

Santo Domingo.– Durante el mes de mayo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 20 sentencias que respaldan igual número de resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lo que reafirma el apego al debido proceso por parte del órgano rector del sistema de compras y contrataciones. 

 De esas decisiones, cinco ratifican sanciones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado impuestas por la DGCP a empresas que presentaron documentación falsa o adulterada en procesos de contratación pública. 

 Casos relevantes avalados por el TSA 

Entre las decisiones, destaca la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00232, mediante la cual el TSA ratificó la sanción de inhabilitación impuesta a las sociedades SR Power Tech Solutions, S.R.L. y Avi Constructora S.R.L., mediante la resolución RIC-170-2023. Asimismo, la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00933 rechazó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa JFD & ETC, Ideas que Venden, S.R.L., al no demostrarse vicios ni irregularidades en el acto impugnado. Este se refería a la declaración de desierto de un proceso de contratación realizado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para la instalación de letreros en oficinas regionales y municipales. 

TSA falla contra Mitur por intervenir terrenos en Puerto Plata

El Tribunal Superior Administrativo ha fallado tres veces ordenando al Ministerio de Turismo y otros organismos del Estado abstenerse de intervenir en terrenos privados en Cabarete, Puerto Plata. 

 Las sentencias benefician a las empresas Costa Canal y Calpe, SRL y tienen que ver con el proyecto de acondicionamiento del acceso público a Playa Encuentro. 

 Los trabajos públicos chocan con el derecho de propiedad de las empresas. Las compañías alegan que las autoridades destruyeron unas cercas edificadas en concreto y con alambres de púas para facilitar el acceso a la playa. 

 La primera decisión fue emanada por la Quinta Sala de dicho tribunal el 30 de octubre del 2024. Dos semanas más tarde, el 13 de noviembre, esa misma sala acogió la acción de amparo y con sentencia ordenó el cese inmediato de la intromisión en la propiedad privada y el retiro de letreros que fueron colocados.

 La tercera sentencia contra el MITUR fue emanada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el pasado 6 de diciembre. En este último caso se impuso una astreinte de RD$4 mil diarios en contra del MITUR y Politur.

Fuente: https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2025/01/15/marco-rubio-asegura-que-republica-dominicana-marcha-bien/2969012?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque-detail&utm_campaign=blueconic

Ministerio Público solicita al TSA el archivo definitivo de demanda presentada por Ángel Lockward

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó este miércoles a los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el archivo definitivo de la demanda en nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones presentada por el abogado Ángel Lockward. 

 Concluimos solicitándole al tribunal que ordenara el archivo definitivo del expediente de la demanda en responsabilidad patrimonial en contra de los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General”, explicó la fiscal Rosa Alba García, adscripta a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sobre lo ocurrido en la audiencia de este miércoles. 

 Alba García sostuvo que la solicitud realizada por el Ministerio Público, que anteriormente había solicitado el desestimar el proceso, se produce en ocasión al desistimiento formal depositado por los demandantes en fecha 3 de abril del 2023. La jurista señaló que el proceso, que es conocido por el tribunal que preside el juez Antonio Mejía Sánchez e integrado por Ismael Ramírez y Cecilia Badí, quedó en estado de fallo.