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Abogados: TSA anuló ordenanza municipal que alteraba normas de construcción en DN


Los abogados Julio Cury, José Alberto Cruceta y Daniel Pérez Reynoso revelaron que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una ordenanza emitida en 2020 por el Ayuntamiento del Distrito Nacional que buscaba modificar los parámetros de densidad y altura en zonas urbanas de la capital. Mediante la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00394, dictada el pasado 11 de junio, el TSA declaró nula la ordenanza núm. 10-2020, firmada por el entonces presidente del Concejo de Regidores, Víctor E. Ogando. 

Según la sentencia, la disposición municipal fue emitida sin la aprobación del pleno del Concejo, como exige la ley. La ordenanza anulada pretendía cambiar la Resolución núm. 85-2009, que regula la zonificación y densidad habitacional en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. 

Los cambios incluían nuevos criterios sobre la altura de edificaciones y la cantidad de habitantes por hectárea, según el tamaño de los solares. 

20 sentencias del TSA respaldan resoluciones contra fraudes en Contrataciones Públicas


Santo Domingo.– Durante el mes de mayo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 20 sentencias que respaldan igual número de resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lo que reafirma el apego al debido proceso por parte del órgano rector del sistema de compras y contrataciones. 

 De esas decisiones, cinco ratifican sanciones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado impuestas por la DGCP a empresas que presentaron documentación falsa o adulterada en procesos de contratación pública. 

 Casos relevantes avalados por el TSA 

Entre las decisiones, destaca la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00232, mediante la cual el TSA ratificó la sanción de inhabilitación impuesta a las sociedades SR Power Tech Solutions, S.R.L. y Avi Constructora S.R.L., mediante la resolución RIC-170-2023. Asimismo, la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00933 rechazó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa JFD & ETC, Ideas que Venden, S.R.L., al no demostrarse vicios ni irregularidades en el acto impugnado. Este se refería a la declaración de desierto de un proceso de contratación realizado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para la instalación de letreros en oficinas regionales y municipales. 

TSA falla contra Mitur por intervenir terrenos en Puerto Plata


El Tribunal Superior Administrativo ha fallado tres veces ordenando al Ministerio de Turismo y otros organismos del Estado abstenerse de intervenir en terrenos privados en Cabarete, Puerto Plata. 

 Las sentencias benefician a las empresas Costa Canal y Calpe, SRL y tienen que ver con el proyecto de acondicionamiento del acceso público a Playa Encuentro. 

 Los trabajos públicos chocan con el derecho de propiedad de las empresas. Las compañías alegan que las autoridades destruyeron unas cercas edificadas en concreto y con alambres de púas para facilitar el acceso a la playa. 

 La primera decisión fue emanada por la Quinta Sala de dicho tribunal el 30 de octubre del 2024. Dos semanas más tarde, el 13 de noviembre, esa misma sala acogió la acción de amparo y con sentencia ordenó el cese inmediato de la intromisión en la propiedad privada y el retiro de letreros que fueron colocados.

 La tercera sentencia contra el MITUR fue emanada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el pasado 6 de diciembre. En este último caso se impuso una astreinte de RD$4 mil diarios en contra del MITUR y Politur.

Ministerio Público solicita al TSA el archivo definitivo de demanda presentada por Ángel Lockward


SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó este miércoles a los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el archivo definitivo de la demanda en nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones presentada por el abogado Ángel Lockward. 

 Concluimos solicitándole al tribunal que ordenara el archivo definitivo del expediente de la demanda en responsabilidad patrimonial en contra de los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General”, explicó la fiscal Rosa Alba García, adscripta a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sobre lo ocurrido en la audiencia de este miércoles. 

 Alba García sostuvo que la solicitud realizada por el Ministerio Público, que anteriormente había solicitado el desestimar el proceso, se produce en ocasión al desistimiento formal depositado por los demandantes en fecha 3 de abril del 2023. La jurista señaló que el proceso, que es conocido por el tribunal que preside el juez Antonio Mejía Sánchez e integrado por Ismael Ramírez y Cecilia Badí, quedó en estado de fallo. 

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