Abogados: TSA anuló ordenanza municipal que alteraba normas de construcción en DN


Los abogados Julio Cury, José Alberto Cruceta y Daniel Pérez Reynoso revelaron que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una ordenanza emitida en 2020 por el Ayuntamiento del Distrito Nacional que buscaba modificar los parámetros de densidad y altura en zonas urbanas de la capital. Mediante la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00394, dictada el pasado 11 de junio, el TSA declaró nula la ordenanza núm. 10-2020, firmada por el entonces presidente del Concejo de Regidores, Víctor E. Ogando. 

Según la sentencia, la disposición municipal fue emitida sin la aprobación del pleno del Concejo, como exige la ley. La ordenanza anulada pretendía cambiar la Resolución núm. 85-2009, que regula la zonificación y densidad habitacional en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. 

Los cambios incluían nuevos criterios sobre la altura de edificaciones y la cantidad de habitantes por hectárea, según el tamaño de los solares. 

 El recurso fue interpuesto por la Constructora Aredu, SRL, a través de los mencionados abogados. En su fallo, el tribunal concluyó que Ogando actuó fuera de sus competencias legales al modificar una normativa que solo el Concejo de Regidores, como órgano colegiado, podía alterar. “El señor Ogando se arrogó atribuciones que no le correspondían. Incurrió en un claro caso de desviación de poder”, declaró Cury tras conocerse la sentencia. 

A su juicio, se trató de un acto de “capricho institucional” que violó el marco legal del Estado de derecho. Por su parte, Cruceta hijo criticó al Ayuntamiento por actuar “de espaldas a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”. Mientras que Pérez Peynado sostuvo que las reformas normativas deben seguir procedimientos claros, estar debidamente motivadas y basarse en criterios racionales, algo que, según dijo, la ordenanza anulada no cumplía.

 La decisión judicial representa un revés para el Ayuntamiento del Distrito Nacional y sienta un precedente sobre la necesidad de respetar los procedimientos institucionales en materia de planificación urbana.

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