Familiares presentan nuevas querellas por homicidio voluntario con dolo eventual en Caso Jet Set: piden 20 años de prisión

La Fiscalía del Distrito Nacional recibió esta semana dos nuevas querellas con constitución en actor civil contra los señores Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat de Veras y la empresa Inversiones EYL SRL, en las que se les acusa de homicidio voluntario por dolo eventual, tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, con un saldo de 236 víctimas mortales y más de 180 heridos, solicitando una condena de 20 años de prisión. 

 Las acciones legales fueron interpuestas por familiares de dos víctimas fallecidas, quienes atribuyen responsabilidad penal directa a los imputados, no por haber tenido intención directa de matar, sino por asumir una conducta calificada como temeraria y peligrosa, plenamente consciente del riesgo que implicaba y que, finalmente, derivó en la muerte de sus seres queridos. 

 Dolo eventual: cuando se asume el riesgo mortal Esta calificación jurídica se ampara en precedentes de la Suprema Corte de Justicia, que ha reconocido el dolo eventual como forma de homicidio voluntario, diferenciándolo del homicidio involuntario por negligencia o imprudencia. Bajo esta figura, el autor no quiere directamente el resultado mortal, pero acepta el riesgo de causarlo y continúa su conducta a pesar de ello. 

102 personas se querellan contra presuntos implicados en desalojos en Mata Mosquito

Un total de 102 personas, entre ciudadanos dominicanos y haitianos, presentaron una querella la tarde de ayer contra cuatro personas presuntamente implicadas en el desalojo de los terrenos que ocupaban en Mata Mosquito, Friusa, una localidad que pertenece a Bávaro, en la provincia La Altagracia. 

 De los 102 querellantes, 81 son dominicanos y 21 haitianos, quienes poseen permisos de trabajo, según consta en el documento de la querella depositada ante la fiscalía de la provincia La Altagracia. El documento también establece que existe un total de 283 querellantes, aunque solo se citan 102 en el acto de depósito. 

 Mientras que, también señala que los demandados son Domingo Lizardy, Ernetico Botello, Juan Luis Martínez y Elvis Suárez, abogado del Estado. 

 Las familias afectadas acudieron a la Fiscalía acompañadas por el vicepresidente nacional de los Derechos Humanos, Rafael Ureña, y sus abogados. Según Ureña, quien habló en representación de los afectados, el desalojo se llevó a cabo contra un grupo de ciudadanos dominicanos a quienes, alega, se les vulneraron y soslayaron sus derechos de propiedad.

Más de 100 querellas formalizadas en contra de Emmanuel Rivera Ledesma por estafa inmobiliaria

En ese sentido, Osvaldo Miguel Guerrero, residente en Nueva York, dijo que hizo varios pagos, que suman 16 mil dólares, para la compra de un inmueble a la empresa de Rivera Ledesma. Guerrero narró que se interesó en adquirir el apartamento por referencia de unos amigos que invirtieron en ese proyecto.  Agregó que, ante los retrasos de la construcción, Rivera Ledesma alegaba que tenía inconveniente con aprobación de permiso del terreno. 

 Otra familia estafada por IndisArq y Rivera Ledesma es la integrada por los esposos Miledys Castro y Alberto Castro Cabrera, dominicanos residentes en los Estados Unidos, que depositó su confianza en esa oferta inmobiliaria y desde hace 5 años ha estado viviendo una incertidumbre, ya que invirtieron 31,500 dólares.  Relató que el compromiso de entregarle su apartamento era en diciembre del año 2023. 

 La señora Miledys Castro se quejó de la actuación de las autoridades porque a pesar de las querellas interpuestas, Rivera Ledesma no ha sido detenido ni le han devuelto su dinero. De su lado, el abogado Cristian Calderón Minyety, representante de la familia Castro Cabrera, dijo que el proceso legal para recuperar el dinero que la familia se ha reunido con la procuradora adjunta Yeni Berenice Reinoso, con representantes de los dominicanos en el exterior y los diputados de Ultramar, tratando de buscar una solución a ese caso. 

Familias reformularán querellas para incluir a más personas en Operación Calamar

Los sucesores de Jorge Mota y Rafael María Gatón anunciaron que reformularán sus querellas contra los acusados en Operación Calamar para incluir a nuevas personas, algunas de las cuales, aunque se citan en el expediente, no se les solicitó medidas coercitivas en su contra. 

 Por parte de la familia Gatón, su abogado Francisco García, dijo que en su querella sobre la estafa a ese clan, que supera los 1,200 millones, no incluyeron al exministro José Ramón Peralta, al cual sumarán en su acción penal. 

 Peralta está incluido en la acusación del Ministerio Público e incluso guarda prisión por el caso, pero García afirma que en su querella civil no lo señalan. En cuanto a los sucesores de Jorge Mota, sus representantes legales José Bidó y Martín Rubiera, anunciaron que pedirán medidas de coerción a exfuncionarios y abogados que se mencionan en el expediente que se depositó a la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pero que no se pidió ninguna medida coercitiva contra ellos, entre los que citaron a los abogados Juan Tomás Polanco Céspedes y Félix Benjamín Castillo.