Registro Inmobiliario reporta aumento de 82 % en solicitudes y reducción de tiempos de respuesta

Las solicitudes recibidas por el Registro Inmobiliario aumentaron 82 % entre 2019 y 2025, mientras que la institución reportó un incremento de 83 % en su capacidad de procesamiento durante ese mismo período, informó su administrador general, Ricardo José Noboa Gañán. 

 Durante un encuentro institucional sobre la evolución y perspectivas del Registro Inmobiliario, Noboa Gañán presentó datos sobre el comportamiento de los servicios y explicó las medidas adoptadas para responder al aumento de la demanda y reducir los tiempos de respuesta.

 De acuerdo con las cifras expuestas, el tiempo promedio de respuesta del Registro de Títulos pasó de 32.8 días hábiles en 2019 a 7.5 días o menos al cierre de 2025. El funcionario agregó que algunas solicitudes de certificación realizadas a través del portal digital pueden ser recibidas en cuestión de horas. 

 En el caso de las Mensuras Catastrales, indicó que el tiempo de respuesta pasó de 17.6 días a 14.5 días. Al referirse a este servicio, defendió la necesidad de mantener controles técnicos debido a la complejidad de los proyectos inmobiliarios y de los históricos catastrales. 

Explosión en San Cristóbal: sentencia señala fallas en las pruebas

La sentencia definitiva sobre la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal no establece qué produjo la tragedia. Lo que sí establece, de manera reiterada, es que la investigación realizada por las autoridades no reunió las pruebas necesarias para demostrar la explicación que el Ministerio Público llevó ante los tribunales. 

 Después de tres años de investigación y proceso judicial, la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal absolvió a Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y a Vidal Plast, S.R.L., acusados de homicidio involuntario y violaciones a las leyes de Salud y Medio Ambiente.

 La jueza Wilma Altagracia Cuello García concluyó que el Ministerio Público no pudo demostrar, más allá de toda duda razonable, que los imputados fueran responsables de la explosión. El tribunal rechazó la acusación, mantuvo intacta su presunción de inocencia y dispuso el cese de las medidas de coerción.

 Las 164 páginas documentan problemas concretos en la investigación: informes cuya base científica fue considerada insuficiente, sustancias que no fueron identificadas mediante pruebas concluyentes, contradicciones en testimonios oficiales, evidencias cuya trazabilidad no pudo explicarse y documentos sobre dos acontecimientos relevantes que ni siquiera aparecían asentados en los archivos históricos del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. 

Conflictos por terrenos y 14 años sin escuela llevan protesta hasta el Palacio

La Asociación de Productores y residentes del sector Pantoja-La Flores, junto a productores de Bonao, marcharon ayer hacia el Palacio Nacional en reclamo de soluciones a los conflictos relacionados con terrenos, desalojos y en demanda de la construcción de una escuela, situaciones que denunciaron, afecta a cientos de familias.

 Alonzo Manuel Jiménez, presidente de la asociación que agrupa a los productores de Bonao, afirmó que alrededor de 80 viviendas fueron destruidas durante un desalojo ejecutado en Villa Solador, Bonao, conocido como La Colonia, y sostuvo que el procedimiento se realizó mientras los afectados mantenían abierto un proceso judicial, cuya audiencia está prevista para el próximo mes. 

 Explicó que los terrenos involucrados corresponden a las parcelas 15 y 12 y parte de sus ocupantes los adquirieron de personas que, de acuerdo con su versión, habían recibido esos asentamientos durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Jiménez cuestionó que posteriormente aparecieran personas con títulos de propiedad sobre los terrenos y que se ejecutara el desalojo mientras los productores permanecían en el lugar. 

También denunció presuntas actuaciones irregulares de personas que, según dijo, se presentaron como autoridades durante el operativo. 

Comunitarios se oponen a instalación de puerto de combustible en la bahía de Maimón en Puerto Plata

Comunitarios y organizaciones del distrito municipal de Maimón, en Puerto Plata, expresaron su oposición a la instalación de un puerto en la bahía de esa localidad, al considerar que el proyecto afectaría el desarrollo turístico y urbanístico de la zona. 

 Eddy Alberto Peña Martínez, profesor y activista social, afirmó que la iniciativa que se pretende presentar como un puerto multimodal corresponde, según su versión, a un proyecto de terminal para el manejo de combustibles que había sido planteado en 2001 para la zona donde actualmente opera la terminal de cruceros Amber Cove.

 Peña Martínez sostuvo que la comunidad rechaza la propuesta debido al impacto que tendría sobre las actividades turísticas y las inversiones en el distrito municipal, al tiempo que destacó el potencial de la zona por sus recursos naturales y atractivos históricos. Indicó que Maimón cuenta con unas 30 playas, de las cuales 26, según sus datos, permanecen vírgenes, además de varios proyectos urbanísticos y turísticos en construcción y otros que se encuentran en proceso de planificación.

 Peña Martínez aseguró que iniciativas similares habrían sido rechazadas anteriormente en Puerto Plata, Montecristi y Luperón. 

MIVED reporta aumento de 93% en licencias de construcción

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) reportó un crecimiento de 93 por ciento en las licencias de construcción entre enero y septiembre de 2026, mientras las solicitudes aumentaron un 15 por ciento, cifras que reflejan el dinamismo que mantiene el sector construcción y la importancia de continuar acelerando y simplificando los procesos de aprobación. 

 En sus palabras de apertura en el Construction & Real Estate Summit 2026, organizado por Mercado Media Network, el ministro Jean Luis Rodríguez planteó que la nueva etapa del sector debe sustentarse en una relación más eficiente entre el Estado, los desarrolladores, la banca y los demás actores privados.

 Dijo que solo en septiembre fueron emitidas 151 licencias de construcción, asociadas a una inversión superior a los RD$28,000 millones y a la generación de más de 21,000 empleos directos. «El Estado tiene que crear las condiciones para que las cosas ocurran: reducir trabas, generar confianza y lograr que la inversión privada se convierta en viviendas, empleos y oportunidades para la gente”, expresó Rodríguez.

Senador propone extender entrada en vigencia de la responsabilidad penal empresarial en Código Penal

El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, depositó este lunes en la Secretaría General del Senado de la República un proyecto que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 (Código Penal), con el propósito de ampliar a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas).

  El nuevo Código Penal establece que las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, contenidas en los artículos 8, 9, 10 y 11, entrarían en vigencia en noviembre, luego de un plazo de tres meses contado a partir del 5 de agosto de 2026 para que las entidades pudieran adecuarse a las nuevas normativas. Sin embargo, el senador propone extender ese período a dos años. 

 La iniciativa inicia ahora su trámite en el Congreso Nacional, donde deberá ser conocida y aprobada por ambas cámaras antes de ser remitida al Poder Ejecutivo. Aclara que el diferimiento del artículo 31 no afecta las demás disposiciones del código ni la responsabilidad penal de las personas físicas. 

 Busca una implementación ordenada

 El documento señala que la ampliación busca facilitar una implementación ordenada de las nuevas disposiciones y garantizar la adecuada preparación de sus destinatarios, así como de las instituciones que integran el sistema de justicia. 

Provincias turísticas recibieron baja inversión

Las principales provincias turísticas del país (La Altagracia, La Romana y Puerto Plata) recibieron baja inversión pública en agosto pasado, según el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a ese mes, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres). 

 La Altagracia, donde se encuentra el principal polo turístico del país (Macao-Punta Cana), apenas recibió RD$40.5 millones; El Seibo, que alberga a Miches, un polo turístico en franco crecimiento, RD$59.7 millones, y Puerto Plata, RD$14.8 millones. 

 Las únicas provincias turísticas que recibieron mayores montos de inversión pública fueron María Trinidad Sánchez, con RD$473.7 millones, y Samaná, con RD$111.5 millones. 

 La inversión en la provincia de Pedernales, que el Gobierno busca convertir en un nuevo destino turístico, ascendió a RD$614.1 millones. La provincia de La Romana, que alberga a Casa de Campo y otros importantes hoteles, recibió apenas RD$17.6 millones de inversión pública.

 La inversión del Gobierno en la rehabilitación para el desarrollo turístico y social de la Ciudad Colonial alcanzó los RD$335. 3 millones. Esta obra se desarrolla con recursos externos. 

 Para la construcción de las infraestructuras de servicios turísticos en la playa Los Almendros, en Baní, provincia Peravia, se ejecutaron RD$27.4 millones. Según la Digepres, la inversión pública en agosto pasado se concentró en el Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, María Trinidad Sánchez, Pedernales y Dajabón. El Gran Santo Domingo, conformado por la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, recibió el 38.2% de la inversión pública.

 El monto a Santo Domingo ascendió a RD$2,330.0 millones y el Distrito Nacional RD$1,187.3 millones. 

 La inversión en Santiago fue de RD$976.7 millones y en Dajabón, de RD$544.6 millones.

Fuente: https://hoy.com.do/economia/provincias-turisticas-recibieron-baja-inversion_1103849.html

Litis judicial frena el saneamiento de Nueva York Chiquito en ribera del Yaque del Norte

Los trabajos de transformación y saneamiento de la zona conocida como Nueva York Chiquito, en la ribera del río Yaque del Norte, quedaron temporalmente paralizados después de que una empresa inmobiliaria reclamara derechos sobre parte de los terrenos donde se ejecuta el proyecto, informó el asesor en materia de construcción de la Alcaldía de Santiago, Ervin Vargas. 

 Vargas explicó que la Alcaldía y la empresa constructora Ecosisa recibieron actos de alguacil mediante los cuales la sociedad comercial Inmobiliaria Avenida Duarte S.R.L. reclama la titularidad de una carta constancia correspondiente a más de 130.000 metros cuadrados.

 La disputa judicial ha obligado a detener los trabajos, que habían sido reanudados recientemente como parte de un proyecto destinado a convertir el área en un parque lineal y espacio recreativo junto al río. "Ahora, cuando la ciudad quiere adecentar esa zona, se destapa que los trabajos que se habían reiniciado hace una o dos semanas tendrán que parar hasta tanto culmine una próxima audiencia", declaró Vargas. 

 El funcionario cuestionó que la empresa no haya reclamado anteriormente la posesión de los terrenos ni, según dijo, haya dirigido comunicaciones a las personas que ocupan actualmente el área. "Yo me pregunto si acaso esta gente ha intimado a las personas que tienen ocupado Nueva York Chiquito. Muy difícil que lo hayan hecho", afirmó.

 Vargas sostuvo que la documentación presentada por la empresa debe ser examinada por la jurisdicción inmobiliaria y cuestionó que la reclamación haya sido llevada inicialmente por la vía civil. Según explicó, una carta constancia acredita una participación dentro de una parcela, pero no necesariamente identifica mediante coordenadas precisas el lugar específico que corresponde a esa porción de terreno. "Una carta constancia es como quien dice: tú tienes una porción, pero no te ubican en el lugar donde está", explicó. 

Alojamientos de corta duración deberán ser registrados en el Mitur

Todo inmueble destinado al alojamiento turístico comercial de corta duración (conocido como Airbnb) que sea ofrecido mediante las plataformas digitales deberá contar con un registro ante el Ministerio de Turismo (Mitur), así como con una solicitud de licencia y la identificación del propietario o administrador, en caso de que sea aprobado el proyecto de ley que cursa actualmente en la Cámara de Diputados de las República Dominicana. 

 Los inmuebles tendrán que contar también con documentos que acrediten el derecho de uso o la propiedad del inmueble y el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como una póliza de responsabilidad civil cuando corresponda.

 El proyecto de ley

 El proyecto de Ley que regula el alojamiento turístico de corta duración es de la autoría del diputado por Pedernales, Rafael Pérez (Rafelín), quien al tratar de regular la actividad inmobiliaria que crece de manera indetenible y que compite con el turismo tradicional que sí se ajusta a las normas existentes.

 La iniciativa trata de garantizar la seguridad de los huéspedes, estandarizar la calidad del servicio, establecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y asegurar el desarrollo ordenado del turismo.