Accionistas pueden enfrentar riesgo penal sin un “compliance” efectivo

El “compliance” se ha convertido en la defensa clave de las empresas modernas. Se trata de un modelo que organiza las políticas y conductas de una compañía para evitar malas prácticas. En esencia, es una estructura diseñada para prevenir delitos y proteger la integridad de la organización ante la justicia. 

 La afirmación pertenece a Óscar Meléndez, quien es socio de la práctica forense de EY Latam, durante el “International Compliance Immersion Day: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y compliance penal”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). “Ya no basta con tener documentos en papel. Según la jurisprudencia internacional, las empresas solo pueden atenuar su responsabilidad por delitos de altos directivos si prueban que actuaron con la debida diligencia para prevenir el fraude”, dijo Meléndez a elDinero. 

 Para asegurar que los modelos de cumplimiento protejan las empresas de responsabilidad penal es fundamental someterlos a pruebas de estrés en ambientes controlados. Esto, según él, es clave para encontrar vacíos y “sacarlos a flote de manera segura” con el propósito de proteger a la organización. 

 Al preguntársele sobre la lección “más dura” en América Latina que pueda ser implementada por República Dominicana, Meléndez respondió que la experiencia en otros mercados de la región deja una advertencia para el empresariado dominicano: ser accionista no exime de responsabilidad penal. “Si un inversionista influye en las decisiones de la empresa es legalmente responsable tanto de sus acciones como de sus omisiones en el control del negocio”, precisa. 

El cobro por residuos sólidos no se aplicará hasta que el Congreso modifique la ley

El cobro de la contribución por residuos sólidos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 no se hará efectivo el próximo 30 de abril, a la espera de que el Poder Ejecutivo someta un proyecto de ley para modificar la ley y, en consecuencia, sus tarifas. 

 La decisión fue confirmada por el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien informó que la medida se produjo tras una reunión entre autoridades del Gobierno, legisladores y representantes del sector comercial, en la que se acordó buscar una solución a los montos establecidos en la Ley 225-20, modificada por la Ley 98-25. 

 Conforme al documento de acuerdo entre la DGII y los comerciantes, aunque las empresas deberán presentar sus declaraciones juradas del año fiscal 2025, el monto generado por concepto de residuos sólidos no será exigido en la fecha límite de pago, mientras se logra una modificación consensuada de la normativa.

 En el encuentro para tratar el impacto de la ley, el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, indicó que la entidad trabaja en una solución y garantizó que no habrá situaciones "de estrés" para los contribuyentes antes del 30 de abril. "Estamos en una solución en lo que tiene que ver con residuos sólidos, hay tranquilidad para el sector, no va a haber ningún problema de estrés de aquí al 30 de abril", expresó. 

Proyecto de ley obligaría a agentes inmobiliarios a operar con licencia en RD

Un agente inmobiliario es un experto en el negocio de alquiler, venta y compra de bienes raíces o inmuebles, cuya actividad se desarrolla en un sector que maneja miles de millones de dólares en inversión local y extranjera. Sin embargo, actualmente no existe alguna normal legal que supervise la realización esta labor, por lo que personas informales o no capacitadas sin tener licencias de esta profesión han dado lugar a fraudes que afectan el bolsillo de los ciudadanos, ofertando propiedades sin títulos legales o promesas falsas en proyectos. 

 Uno de los principales riesgos para los clientes son las estafas inmobiliarias, la falta de garantías legales e intermediarios sin preparación ni responsabilidad y la pérdida de ahorros familiares. 

 ¿Cuál es el estado del proyecto de ley para regular a los agentes inmobiliarios? Para esto se ha planteado un proyecto de ley que consiste en regular el trabajo de los agentes sujeto al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) por medio de su Departamento de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria. 

 De acuerdo a declaraciones del presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios del país (AEI), Alberto Bogaert, el proyecto está en discusión desde el 2023, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sin aún ser aprobado. 

Abogados alegan desacato al TSA e inconstitucionalidad en su suspensión por el CARD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los tres abogados sancionados por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) alegaron que la suspensión por un año que les fue impuesta constituye un desacato a decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y que la misma es inconstitucional y carente de validez jurídica. 

 Los licenciados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, miembros de la firma León & Raful y representantes legales de María Amelia Hazoury Delgado en un proceso de partición de bienes derivado de su divorcio con Juan Rafael Llaneza Gil, sostienen que la sanción disciplinaria desconoce dos decisiones previas del TSA que ordenaban dejar sin efecto los procedimientos seguidos en su contra. 

 Se trata de la sentencia 0030-03-2025-SSEN-00389 del 5 de agosto de 2025, dictada por la Segunda Sala del TSA y la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00003 del 13 de enero de 2026, emitida por la Primera Sala del mismo tribunal, ambas relacionadas con alegadas violaciones de derechos fundamentales en el proceso disciplinario. 

Familia recupera propiedad tras décadas de litigio

Santo Domingo.– Tras más de veinte años de intensas disputas legales, las autoridades ejecutaron este fin de semana un desalojo en los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el sector Miraflores. 

El terreno, conocido popularmente por albergar el antiguo local de Teleoferta, fue recuperado por su propietario legítimo en cumplimiento de sentencias judiciales definitivas. 

 El desalojo se fundamentó en la Resolución número 596, emitida el 25 de septiembre de 2025 por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, quien autorizó el auxilio de la fuerza pública. 

Según informaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo tras notificaciones previas y el otorgamiento de los plazos legales correspondientes, asegurando el apego a los protocolos institucionales y el respeto a la dignidad humana. “Este desalojo no es un acto arbitrario, sino la ejecución de decisiones judiciales firmes durante más de 20 años”, expresó Rafael Eduardo Selman Hasbún. 

Mivhed anuncia licitación para construcción de viviendas y rehabilitación de calles

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) anunció el proceso de licitación pública para un proyecto que contempla la construcción de 500 viviendas en nueve provincias del país, con una inversión base que supera los RD$3,000 millones. 

 De acuerdo con un informe descriptivo, el proyecto denominado «Construcción de Viviendas Sociales y Rehabilitación de Calles y Hábitats en diferentes provincias del país» tiene como objetivo principal ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad. 

 El proyecto, con un tiempo máximo de ejecución de 24 meses, contempla la edificación de nuevas viviendas y la mejora integral del entorno urbano, incluyendo calles, aceras, contenes, drenaje pluvial y acometidas domiciliarias de agua potable. 

 La inversión base asciende a RD$3,076,409,630.30, según el pliego de condiciones de la licitación (MIVHED-CCC-LPN-2026-0008), que también indica que el proyecto estima el desarrollo de 10 lotes, cada uno con la construcción estimada de 50 viviendas y la intervención de cinco kilómetros de calles.

 Las provincias en las que se distribuirían los lotes son Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Duarte, Barahona, Peravia y La Romana. Cada lote cuenta con una inversión individual de RD$307,640,963.03. 

DGCP emite reglamento del Registro de Proveedores del Estado para simplificar trámites y fortalecer la transparencia

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la emisión del Reglamento núm. DGCP-SNCP-01-2026 del Registro de Proveedores del Estado (RPE), un instrumento normativo que busca modernizar, simplificar y dotar de mayor seguridad jurídica el acceso al mercado público por parte de ciudadanos y empresas. 

 El documento, firmado y aprobado por el director general, Carlos Pimentel Florenzán, es el primero de los seis reglamentos específicos que serán emitidos progresivamente por el órgano rector para fortalecer el marco jurídico que rige la materia, acorde al mandato otorgado por la reciente Ley núm. 47-25, de Contrataciones Públicas. Dicho reglamento tiene como objetivo principal regular y desarrollar todo lo relativo a la gestión y funcionamiento del RPE, así como transformar el referido registro en una base de datos íntegra y eficiente que funcione como un mecanismo de control preventivo ante el Régimen de Inhabilidades. 

 Uno de los pilares de esta normativa es la implementación de la interoperabilidad entre instituciones, que contribuirá a la automatización de las verificaciones de documentación mediante la conexión de datos con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), las Cámaras de Comercio, así como de los ministerios de Trabajo, de Hacienda e Industria, Comercio y Mipymes, entre otras entidades. 

Ambientalista afirma fallo por Duquesa “le salió barato” a RD y denuncia irregularidades

El ambientalista Nelson Bautista aseguró que el pago de aproximadamente 44 millones de dólares que deberá asumir el Estado dominicano tras un fallo internacional por el caso del vertedero de Duquesa “le salió barato” al país, al considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades y una débil defensa institucional. 

 Bautista explicó que el conflicto se remonta a 2017, cuando el Ministerio de Medio Ambiente rescindió el contrato de la empresa vinculada al manejo del vertedero de Duquesa por presuntos incumplimientos. Sin embargo, el empresario afectado llevó el caso a arbitraje internacional reclamando hasta 300 millones de dólares.

 Según el ambientalista, el Estado dominicano no actuó con la debida diligencia en los tribunales locales para perseguir supuestas falsificaciones de títulos de propiedad vinculadas a esos terrenos, lo que debilitó su posición en el proceso internacional. “Se trata de un fraude sobre otro fraude, que al final termina pagando el pueblo dominicano”, sostuvo. 

Conflicto por propiedad de terrenos enfrenta al Plan Sierra y asociación agrícola en Santiago Rodríguez

SANTIAGO RODRÍGUEZ. – En el Tribunal de Tierras de la provincia Santiago Rodríguez enfrenta un conflicto legal entre el Plan Sierra y la Asociación Agrícola Guaragüano por la propiedad de unos terrenos ubicados en el municipio Monción. 

 En representación de la asociación habló el agrimensor José Cristino Peñalo, quien explicó que los terrenos en disputa fueron adquiridos por la entidad en el año 1979, cuando en esa zona operaban varias fábricas instaladas por empresas agrícolas. Según detalló, años más tarde, durante la década de 1980 y tras la creación del Plan Sierra en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, esa institución fue designada como asesora agrícola de la asociación, con el propósito de brindar orientación en los procesos productivos. 

 Peñalo indicó que, posteriormente, la asociación tomó un préstamo bancario para adquirir maquinarias, en una operación en la que el Plan Sierra habría fungido como garante. Sin embargo, debido a dificultades en el pago, el título de propiedad de los terrenos pasó a nombre del Plan Sierra. 

 La Asociación Agrícola Guaragüano sostiene que, al percatarse de la transferencia, reclamó sus derechos, alegando que se le exigió ceder el 50 % del valor de los terrenos a favor del Plan Sierra. Explicó, además, que se realizaron actos legales que incluyeron una venta parcial y una donación.