DGII extiende plazo para la incorporación de facturación electrónica


La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este martes que extenderá el plazo para que los contribuyentes micro y pequeños se incorporen al sistema de facturación electrónica.

 En un comunicado realizado en la red social de Instagram, la DGII explicó que a más tardar el 30 de noviembre se estarán comunicando los detalles con la definición de los comerciantes que califiquen como micro y pequeños y hasta cuándo se extiende el plazo. 

 Asimismo, la institución dio a conocer que 165 mil contribuyentes ya se incorporaron al sistema de facturación electrónica. “La DGII mantiene disponibles sus canales institucionales para responder las inquietudes de los contribuyentes y reitera que la Facturación Electrónica no implica mayores impuestos”, concluyó el comunicado. 

No aplicará sanciones por vencimiento de facturación electrónica Se recuerda, que la entidad informó que «por el momento» no aplicará sanciones, multas ni cierres de establecimientos comerciales a los contribuyentes que no completaron su incorporación al sistema de Facturación Electrónica al vencerse el plazo del 15 de noviembre de 2026.

Nuevas víctimas se querellan contra red de falsos proyectos inmobiliarios en La Romana


Diez nuevas víctimas presentaron formales querellas contra la presunta red de fraude electrónico y lavado de dinero que estafó a casi medio millón de personas con falsos proyectos inmobiliarios en La Romana. 

 Las nuevas acciones legales se depositaron el pasado lunes, justo cuando vencía el plazo establecido para presentarlas, según informó la abogada Carolina Núñez, quien representa a 136 de los afectados. 

 El próximo viernes 21 de este mes está pautada una audiencia del caso, encabezada por la jueza Denia Beras de La Mota, del Primer Juzgado de Instrucción de La Romana, agregó Núñez. 

 Los afectados en su mayoría son mayores de edad de República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y Europa, que invirtieron en los falsos proyectos sus ahorros.

 El caso, bautizado como Operación Guepardo por el Ministerio Público, se dio a conocer en febrero del 2025 con el apresamiento de los primeros acusados de formar parte de la red. El fraude asciende a más de 18 millones de dólares y 214 millones de pesos. 

Inversionista estadounidense deposita denuncia penal contra agentes estatales por actuaciones en Playa Encuentro

La empresa Inversiones Calpe, S. R. L., representada por el inversionista estadounidense Lance B. undberg, depositó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público contra agentes policiales, militares y funcionarios públicos por presuntas actuaciones ilegales en terrenos de su propiedad ubicados en las inmediaciones de Playa Encuentro, Cabarete, provincia Puerto Plata. 

 La denuncia, presentada a través de los abogados Nassef Perdomo Cordero, Laura Acosta Lora y Luis Antonio Peláez Sterling, solicita investigar a miembros de la Policía Nacional, POLITUR, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), la Armada Dominicana y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio Público que habrían participado en operativos contrarios a decisiones judiciales. 

 Según la instancia, los hechos incluyen incursiones de agentes armados en propiedad privada, destrucción y sustracción de elementos utilizados para delimitar los terrenos, así como detenciones presuntamente arbitrarias de trabajadores y personal de seguridad. 

La lucha de un vocal por recuperar 110 mil m² de terrenos en Verón

Uridy Marte, vocal de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, se ha dedicado a identificar y recuperar terrenos de dominio público que todavía permanecen en manos de particulares, una labor que costea de su propio bolsillo y para la cual se vale de letreros que, como guardianes solitarios, señalan la propiedad estatal. 

 Pero estos letreros son frágiles: los derriba la brisa, los cubre la maleza y, en algunos casos, son destruidos por desconocidos, mientras la alcaldía asegura que no dispone de recursos para cercar los solares y protegerlos de nuevas ocupaciones. 

 Marte ha identificado alrededor de 110,000 metros cuadrados (m²) de terrenos reservados para fines colectivos. Entregó a Diario Libre certificados de título de 11 parcelas que suman 65,566.03 m² y dos planos que elevan el total documentado a 70,432.32 m². 

La mayor parte de la superficie respaldada por títulos figura como dominio público o área verde. Hay terrenos ocupados, en litigio o sujetos a acuerdos de entrega voluntaria. La búsqueda comenzó cuando varias instituciones pidieron terrenos para proyectos comunitarios. 

Marte, electo en 2024, dice que ni la Junta Distrital ni el Ayuntamiento de Higüey pudieron suministrarle un inventario. En Verón-Punta Cana, la Resolución 07/2012 del Ministerio de Turismo exige que las urbanizaciones comprendidas en su plan de ordenamiento territorial reserven el 10 % de su superficie para áreas verdes y el 2 % para áreas institucionales o de uso común. 

 Marte, abogado y empresario inmobiliario y turístico, reunió a representantes de la Iglesia católica, pastores evangélicos, agrimensores, un notario y miembros de la sociedad civil para rastrear títulos y planos. 

Defensa de Gonzalo Castillo afirma que ninguna decisión judicial afecta sus derechos políticos sin sentencia definitiva


Santo Domingo.- La jurista Laura Acosta, abogada de Gonzalo Castillo, afirmó que ninguna decisión judicial que no tenga carácter definitivo y autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada puede afectar los derechos políticos del exministro, debido a que este no ha sido privado de sus derechos civiles y políticos. 

 Acosta se refirió al tema a la salida de la sala de audiencias, al ser preguntada sobre qué espera de la decisión del proceso, tomando en cuenta que Gonzalo Castillo tiene aspiraciones políticas y que cualquier decisión judicial podría tener repercusiones en ese ámbito. 

 Conocen apelación al "no ha lugar" de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados del caso Calamar 

La abogada manifestó que la presunción de inocencia es un derecho que le asiste a toda persona y que se mantiene vigente, independientemente de que se revoque o no el auto de no ha lugar. Sin embargo, reconoció que el Ministerio Público tenía derecho a recurrir la decisión. “Y nosotros, que lo defendemos, estamos confiados en que será confirmado el auto de no ha lugar, porque, tal y como dijo el Juzgado de la Instrucción, no existen pruebas suficientes para imputar a Gonzalo Castillo Terrero. Lo hemos dicho desde el primer día”, expresó Acosta a los periodistas de la fuente. 

Medio Ambiente interviene decenas de construcciones ilegales en la presa de Bao


SANTIAGO.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (PROEDEMAREN), intervino decenas de construcciones ilegales levantadas en un islote del complejo hidroeléctrico Tavera-Bao, debido a los riesgos ambientales que representan para las fuentes de agua de la provincia. 

 Las edificaciones estaban ubicadas frente al muro de la presa de Bao, a menos de 400 metros de la toma de agua de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), en una zona considerada de alta vulnerabilidad ecológica y de importancia para el suministro de agua potable y la generación de energía. 

 Durante el operativo, las autoridades identificaron estructuras habitacionales, instalaciones sanitarias improvisadas y excavaciones realizadas sin los controles ambientales correspondientes, las cuales podrían provocar contaminación por aguas residuales, lixiviados y acumulación de desechos sólidos. 

De acuerdo con el informe de la institución, estas ocupaciones representan una amenaza para la calidad del agua almacenada en el embalse, debido a la posibilidad de que sustancias contaminantes lleguen hasta la presa mediante filtraciones, descargas o arrastre de residuos. Asimismo, la cercanía de las construcciones a la infraestructura de CORAASAN constituye una preocupación adicional, ya que cualquier alteración de las condiciones del recurso hídrico podría comprometer una de las principales fuentes de abastecimiento de Santiago. 

Abogado denuncia que el Ministerio Público se ha hecho de la vista gorda ante falsificaciones de títulos en Punta Rucia

Puerto Plata. – El abogado Amadeo Peralta reiteró su llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que preste atención a las denuncias sobre presuntas irregularidades que, según afirmó, la propia institución comprobó que están ocurriendo en las comunidades de Punta Rucia y playa La Ensenada, del municipio de Villa Isabela, en esta provincia. 

 Recordó que fue la propia PGR la que determinó que todos los deslindes y títulos obtenidos en la parcela 10-D, del distrito catastral (DC) 02 de Puerto Plata, junto con sus respectivas resultantes, provienen de un fraude que calificó como más grave que el ocurrido en «Bahía de las Águilas». 

 El abogado sostuvo que la supuesta mafia dedicada a la falsificación de títulos y deslindes supera, en cuanto a sus conexiones, maniobras y contubernios, otros casos de esta naturaleza, y afirmó que en ella estarían involucrados sectores políticos. 

 Peralta cuestionó que, pese a que la Procuraduría General de la República conoce la situación y a que esta problemática ha impedido el desarrollo turístico de esa zona, no se hayan tomado medidas al respecto, lo que, a su juicio, constituye una actitud complaciente frente a la delincuencia. 

 Agregó que, si todos los responsables fueran sometidos a la justicia, posiblemente ya se habrían instalado en la zona dos cadenas hoteleras. Sin embargo, afirmó que la falta de seguridad jurídica continúa siendo un obstáculo para el desarrollo turístico de Punta Rucia y playa La Ensenada.

RD tiene veinte planes de manejo aprobados para áreas protegidas

El país cuenta con 20 planes de manejo aprobados para áreas protegidas, frente a los cinco que estaban activos al comenzar la actual gestión. El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, considera que esos instrumentos son necesarios para ordenar los territorios y reducir conflictos con las comunidades que viven en los alrededores de esas áreas del país. 

 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está integrado por aproximadamente 134 espacios. Los planes establecen cómo deben organizarse y manejarse esas áreas y cuáles elementos de conservación deben recibir protección. La aprobación de esos instrumentos también tiene consecuencias fuera de los límites de cada área protegida. 

El ministro Henríquez señala que pueden incidir en terrenos colindantes y en las zonas de amortiguamiento, donde decisiones adoptadas al momento de incorporar espacios al sistema generaron restricciones y situaciones jurídicas que han afectado a comunidades. Sostiene que algunas áreas fueron declaradas protegidas en el pasado sin que se realizara previamente el estudio necesario para determinar los elementos que debían conservarse. Como resultado, les dijo a elCaribe y CDN la pasada semana, se tomaron decisiones sobre las zonas de amortiguamiento y se bloqueó parte de esos territorios hasta que existieran planes de manejo. 

Más de 300 familias de Comedero Arriba enfrentan incertidumbre por disputa de 23 mil tareas de tierra

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Más de 300 familias campesinas de la sección Los Pinos, en el distrito municipal de Comedero Arriba, provincia Sánchez Ramírez, enfrentan una prolongada incertidumbre por una controversia sobre la propiedad de los terrenos donde aseguran haber construido sus viviendas, desarrollado actividades agrícolas y establecido sus familias durante varias generaciones. 

 La situación involucra una extensión estimada en 23 mil tareas de tierra y una disputa entre los ocupantes y la familia Tejada Rodríguez, que reclama derechos de propiedad sobre esos terrenos. 

 A través de visitas a la comunidad, conversaciones con sus residentes y seguimiento a esta problemática desde 2024, Julio Ramos ha conocido las preocupaciones de numerosas familias que aseguran que su permanencia en esos terrenos se remonta a varias generaciones y que hoy viven con incertidumbre sobre el futuro de sus hogares y actividades productivas. 

 El conflicto trasciende una diferencia sobre la titularidad inmobiliaria, debido a sus implicaciones sociales, económicas y familiares, así como a la necesidad de una respuesta institucional que garantice el respeto a los derechos de todas las partes. 

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