Obras Públicas destruye comercio chino que siguió construcción pese a advertencias


Con grúas y maquinaria pesada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destruyó este miércoles la infraestructura de Plaza One Mall, de capital chino, ubicada en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte. 

 En una nota de prensa, la institución explicó que los propietarios del establecimiento aprovecharon el fin de semana largo para introducir personal de construcción "de forma clandestina", violando los acuerdos y diálogos sostenidos por las autoridades, que detuvieron la obra alegando que ocupaba la vía pública de manera ilegal. 

 Las autoridades explicaron que se les había otorgado a los propietarios "una oportunidad de diálogo" mediante un acuerdo previo que permitió la paralización de la construcción, bajo la condición de que los propietarios "realizaran un desmonte parcial y voluntario para liberar el espacio de la vía pública". Sin embargo, la reanudación de la construcción el fin de semana busca realizar mejoras estructurales no autorizadas. 

 "El derecho de vía no es un capricho institucional; es la franja de seguridad indispensable para evitar accidentes lamentables en la autopista de mayor flujo del país", condenó el MOPC. "Lamentamos cuando un negocio se ve afectado, pero la ley debe aplicarse con rigor, especialmente cuando se rompen los acuerdos consensuados y se intenta burlar a la autoridad", recalcó la institución en su nota. 

SB dispone implementación de Carta de Derechos y Deberes para usuarios de servicios fiduciarios


La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la implementación de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios Fiduciarios, un documento que deberá estar disponible en las entidades de intermediación financiera (EIF) que ofrecen servicios fiduciarios y en las sociedades fiduciarias supervisadas por esta institución. 

 La disposición está contenida en la Circular SB: CSB-REG-2026000020, que establece la obligación de poner a disposición de usuarios, beneficiarios, representantes de proyectos y terceros relacionados información clara sobre las prerrogativas y responsabilidades que acompañan la contratación de servicios fiduciarios. 

 La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la SB para fortalecer la protección de los usuarios de los servicios fiduciarios y promover una mayor comprensión de estos, en línea con el derecho constitucional de los consumidores a recibir información objetiva, veraz y oportuna sobre los productos y servicios que utilizan. 

 La SB indicó que “un paso previo en ese sentido fue la inclusión del área fiduciaria en el ámbito de acción del nuevo Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros”. De esta manera, la SB dijo que contribuye con el desarrollo de buenas prácticas en el mercado fiduciario dominicano. 

Moca presenta plan territorial para regular su crecimiento hasta 2036


Santo Domingo, EFE. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó la presentación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Moca. Esta herramienta regulará el uso del suelo en el municipio y sus siete distritos municipales hasta 2036. 

 El funcionario resaltó la importancia de aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y su reglamento, establecido mediante el decreto 486-25. Además, según explicó, este marco permitirá organizar el crecimiento de los municipios y garantizar una gestión responsable de sus territorios.

 «Somos un país pequeño, nos ha tocado vivir en una isla compartida entre dos países. El terreno, la tierra, es un bien limitado; no va a crecer. Vamos a tener que vivir sobre la que tenemos y, por tanto, tenemos que buscar la manera de cuidar nuestros recursos, protegerlos y mirar cómo impacta la huella urbana que estamos generando a través del tiempo», afirmó Paliza.

Suprema Corte implementará firma digital y geolocalización de actos de alguaciles en los próximos 100 días

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, informó que el Poder Judicial tiene entre sus prioridades para los próximos 100 días ampliar el uso de la firma digital entre abogados y auxiliares de la justicia, implementar un sistema de georreferenciación para verificar las notificaciones de los alguaciles y facilitar el acceso remoto a las sentencias judiciales. 

 El magistrado explicó que estas medidas forman parte de la implementación de la Ley 87-26, promulgada el pasado 6 de noviembre, que modifica la Ley 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, con el propósito de agilizar los procesos judiciales y fortalecer la transparencia en las actuaciones de los tribunales. 

 Montero Montero señaló que uno de los principales objetivos es permitir que abogados, oficiales públicos y alguaciles puedan firmar documentos digitalmente, sin necesidad de imprimirlos, firmarlos y posteriormente escanearlos para incorporarlos a los expedientes. 

 Aseguró que la implementación de esta herramienta será relativamente sencilla, debido a la experiencia acumulada por el Poder Judicial, donde los jueces ya utilizan la firma digital para validar sus decisiones. 

 Otro de los cambios anunciados consiste en establecer un sistema de georreferenciación que permita comprobar el lugar exacto donde los alguaciles realizan las notificaciones judiciales, con el objetivo de evitar las denominadas «notificaciones en el aire», es decir, aquellas cuya entrega efectiva puede ser cuestionada.

Senado aprueba ley regula zonas costeras

El Senado aprobó ayer en segunda discusión un proyecto de ley que regula la zona costero-marina y sus recursos, con la que se pretende ordenar su desarrollo de forma sostenible e integral para conservar, restaurar, aprovechar y administrar los bienes y servicios generados por dichos ecosistemas. 

 La iniciativa que es de la autoría de los senadores Antonio Marte y Félix Bautista establece una serie de prohibiciones para proteger los recursos naturales de las costas dominicanas, entre los que figuran la realización de cualquier actividad que lesione o dañe los recursos costero-marinos, incluyendo la construcción de edificaciones, la tala de árboles y la extracción de productos dentro de espacios de dominio público, áreas marinas protegidas u otras zonas consideradas estratégicas.

 También contempla la restricción de obras que provoquen impactos negativos sobre arrecifes, praderas marinas, playas y mangles, así como intervenciones que alteren el paisaje y la dinámica natural de dichos territorios. 

 El proyecto clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre ellas figuran el uso de fuegos artificiales en la costa sin los permisos correspondientes, arrojas desechos, transitar en vehículos dentro de las playas, construir en la franja de protección de 60 metros, extraer arena y especias marinas protegidas y alterar o destruir manglares y dunas. 

 En consecuencia de la violación de alguna de estas disposiciones, establece que las faltas leves serna castigadas con multas desde medio hasta 2,000 salarios mínimos del sector público, las graves de 2,001 a 5,000 salarios mínimos y las muy graves de 5,001 a 10,000.

Ambientalistas califican como “ilegal” la construcción de la carretera del Ámbar

Ante el anuncio del presidente Luis Abinader del primer picazo para la construcción de la carretera del Ámbar a mediados de noviembre, el ambientalista Olmedo León calificó como “ilegal” y un “atropello a las leyes y a los derechos del ciudadano”, el iniciar este proyecto sin el debido proceso. 

 León aseguró que la obra, no solo carece de los permisos y estudios de impacto ambiental, sino que tampoco fue aprobado respetando el proceso que describe la ley, comenzando por la socialización y obtención del visto bueno de las comunidades que este proyecto impactará de manera directa, mediante la realización de dos vistas públicas.

 “En agosto de 2020, Luis Abinader dijo que la iba a hacer sin existir el proyecto. Dos años después, en 2022, el mismo Luis Abinader dijo que el proyecto no estaba elaborado, que por eso no había un trazado y no había nada. Ahora el proyecto lo han elaborado, pero los estudios ambientales no se han mostrado”, indicó León. 

 “Tampoco se ha socializado el proyecto, porque aquí hicieron una vista pública, que es de lugar que se haga una primera vista pública, donde la empresa presenta el proyecto. Hay una segunda vista pública que es la que da la licencia ambiental”, dijo. 

Familias Severino y Torres protestan por conflicto de tierras y denuncian fraude inmobiliario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miembros y representantes de las familias Severino y Torres realizaron este miércoles una protesta para denunciar presuntas irregularidades en dos procesos inmobiliarios que, según afirmaron, involucran al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y otras instituciones.

 Durante la manifestación, el abogado Nelson Montero Montero, representante legal de los sucesores de Tomás Severino y Manuel Torres, aseguró que ambas familias han sido afectadas por supuestos fraudes inmobiliarios, abuso de autoridad, violaciones al debido proceso y desacato de decisiones judiciales que, según sostuvo, reconocen sus derechos sobre los terrenos en disputa. 

 Montero explicó que el conflicto de la familia Severino se originó cuando sus antecesores arrendaron varias propiedades a la Compañía Azucarera Dominicana, actualmente Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Sin embargo, indicó que, una vez vencidos los contratos, la institución habría iniciado procedimientos de saneamiento para titular los terrenos a su nombre, en lugar de devolverlos a sus propietarios. 

 De acuerdo con el jurista, en 2015 los sucesores de Tomás Severino iniciaron acciones judiciales contra ese procedimiento y obtuvieron una sentencia favorable del Tribunal Superior de Tierras, identificada con el número 201700118, del 27 de julio de 2017. 

Facturación electrónica en RD: ¿cuáles son sus beneficios y cómo implementarla antes del 15 de noviembre?

Santo Domingo. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estableció el 15 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los pequeños, micro y no clasificados contribuyentes, incluidos negocios y trabajadores independientes, implementen la facturación electrónica.

 ¿Cuáles son los beneficios de este sistema, cómo adoptarlo y qué deben hacer los contribuyentes para cumplir con esta obligación tributaria? 

 La reducción de costos operativos, la agilización de los procesos contables, el control de las transacciones comerciales y una mayor transparencia fiscal figuran entre los principales beneficios de la facturación electrónica, un sistema que sustituye los comprobantes tradicionales en papel por documentos digitales y que avanza hacia su implementación en República Dominicana. 

 Durante una entrevista en el programa El Despertador, los expertos en facturación electrónica Álvaro Retana y Elvin González explicaron cómo funciona este mecanismo, cuáles son los pasos para adoptarlo y qué deben conocer los comerciantes y profesionales independientes para cumplir con las disposiciones tributarias. 

 Retana señaló que la transformación digital de los procesos de facturación forma parte de una tendencia que ya se ha desarrollado en distintos países de América Latina, donde las empresas han sustituido progresivamente los documentos físicos por sistemas electrónicos. 

 “Es un cambio digital sumamente fuerte, es cambiar de papel a lo digital”, expresó el especialista, al comparar este proceso con la modernización de la contabilidad y los expedientes médicos. 

Montero plantea una reforma del Poder Judicial tras asumir SCJ


Santo Domingo, 10 nov (EFE).- El magistrado Justiniano Montero Montero asumió este martes la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana y anunció entre sus prioridades una reforma integral del sistema judicial, que incluya la actualización de su marco legal y la modernización de los servicios tecnológicos de los tribunales. 

 Montero fue juramentado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, tras ser escogido por unanimidad para sustituir en el cargo a Luis Henry Molina. 

 El nuevo presidente de la SCJ consideró necesario aprobar una Ley Orgánica del Poder Judicial que reorganice aspectos fundamentales de la administración de justicia, entre ellos la carrera judicial, las competencias del Consejo del Poder Judicial y la estructura de los tribunales. 

 El magistrado también señaló que trabajará en el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas de los órganos judiciales, con el propósito de unificar procedimientos y agilizar los servicios que reciben abogados y ciudadanos. 

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