Ministerio de Justicia no intervendrá en decisiones judiciales, afirma Antoliano Peralta

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, aseguró que las relaciones que vinculan a esa institución con el sistema judicial no son de carácter jurisdiccional, es decir, no guardan relación con las decisiones ni con los procesos judiciales. 

 El funcionario explicó que ese vínculo se limita al orden administrativo, de propuestas y de formulación de políticas públicas para mejorar el sistema de justicia, lo cual —afirmó— siempre ha sido una atribución propia del Poder Ejecutivo. “Porque cuando el presidente propone un proyecto de ley para modificar un código, esa es una atribución que ejerce el Ejecutivo en aras de mejorar el sistema de justicia”, sostuvo.

 Reformas y Derechos: La misión del nuevo Ministerio de Justicia 

El también exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que la reciente reforma constitucional fue una iniciativa del presidente de la República, ligada al fortalecimiento institucional del sistema judicial. “No introduciremos un meñique en lo que tiene que ver con el quehacer de la justicia. El Ministerio Público y el Poder Judicial, de acuerdo con el orden legal dominicano, mantienen su independencia, tal como está concebida”, precisó. 

Contraloría General emite normativa para registro de nuevos contratos de alquiler y arrendamiento de inmuebles por primera vez


Santo Domingo.- El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, emitió la Resolución núm. IN-CGR-RES-2026-0002, que por primera vez establece controles preventivos para el registro de nuevos contratos de alquileres y arrendamientos, a los fines de asegurar que el inmueble cumpla con los metrajes, distribución, accesibilidad e instalaciones definidas en el pliego de condiciones, ficha técnica o el contrato, según corresponda. 

 Espinosa Pérez explicó que dicha disposición responde al Plan de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría General, y como parte del establecimiento de controles preventivos para la ejecución y desembolsos de los recursos públicos, especialmente enmarcados dentro de la iniciativa de la supervisión material de obras, bienes y servicios. “La misma representa un paso trascendental en el fortalecimiento de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, al garantizar que el Estado solo asuma compromisos financieros sobre inmuebles que cumplan efectivamente con las condiciones técnicas y contractuales establecidas”, puntualizó el contralor. 

 Sostuvo que la presente resolución, que entrará en vigencia a partir del primero de marzo de 2026, establece que todo proceso de contratación de alquileres y arrendamientos, deberá constar de manera obligatoria, y previo al proceso de registro de TRE contrato en esta Contraloría, con un Informe de Inspección y Evaluación Técnica de dicho inmueble por parte de un personal técnico de la Contraloría, a los fines de validar las especificaciones técnicas estipuladas en el proceso de contratación y acuerdo contractual resultante; así como la correspondencia de las mismas con las obligaciones financieras a ser contraídas. 

El Estado deberá pagar RD$313.7 millones por terrenos del Monumento Natural Hoyo Claro

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) agotó su último recurso en los tribunales contra los propietarios de los terrenos declarados área protegida en el 2004 para crear el Monumento Natural Hoyo Claro, en el municipio Salvaleón de Higüey, La Altagracia.

 La institución perdió en 2023 una demanda de justiprecio en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Estado fue condenado a pagar 313 millones 686,600 pesos por una superficie de 1,045,622 metros cuadrados (300 pesos por cada metro cuadrado) a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, también demandada. Ambas elevaron un recurso de casación contra la sentencia que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible en 2024. 

Medio Ambiente apeló ante el Tribunal Constitucional (TC), pero la alta corte rechazó sus argumentos y tampoco lo admitió, reafirmando el fallo original del TSA. El fondo del conflicto solamente fue conocido en el TSA, pues los otros dos recursos versaron sobre aspectos procesales. 

 Medio Ambiente argumentó ante el TSA que la declaratoria de área protegida no constituía una expropiación y no limitaba el derecho de propiedad de los dueños, que podían seguir usando sus terrenos. "La Ley 202-04 en ninguno de sus artículos establece que cuando se declaran áreas protegidas es una expropiación. Todos en este país saben que cuando se declara la expropiación de un terreno lo hace el Poder Ejecutivo por un decreto... Las áreas protegidas solo limitan el uso de esas áreas...", alegaron sus abogados. 

Inversionistas y ecologistas piden consenso para impulsar desarrollo sostenible en Pedernales


PEDERNALES.– El 70 % del territorio de esta provincia forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que dificulta la obtención de títulos de propiedad y limita las posibilidades de expansión urbanística y turística. 

Ante esta situación, distintos sectores defienden una revisión de los límites para facilitar el desarrollo turístico, sin comprometer los recursos naturales. 

 Frente al debate, inversionistas y grupos ecológicos han llamado a las autoridades a realizar los estudios técnicos necesarios que permitan impulsar el crecimiento de la provincia sin afectar la fauna y la flora, garantizando así un desarrollo sostenible para la región. 

 Por su parte, la presidenta del Clúster Ecoturístico de Pedernales sostuvo que el verdadero avance de la provincia solo será posible mediante un consenso entre el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y los sectores ambientalistas, a fin de lograr un equilibrio entre conservación y progreso económico. 

De acuerdo con datos cartográficos, aunque Pedernales es la séptima provincia más grande del país en extensión territorial, dispone de una de las menores cantidades de terrenos aptos para el desarrollo, debido a las restricciones ambientales. A esto se suma que el Estado aún no ha entregado títulos de propiedad prometidos hace un año y seis meses, específicamente en julio de 2024.

 La situación se agrava por la falta de respaldo financiero a los emprendedores locales, quienes reclaman préstamos blandos que garanticen estabilidad en inversiones relacionadas con hotelería, restaurantes y otros servicios vinculados al turismo.

Residentes de Ciudad Satélite denuncian invasión de terrenos en la autopista Duarte

Santo Domingo, República Dominicana. – Residentes de la urbanización Ciudad Satélite, en la autopista Duarte, denunciaron que viven momentos difíciles con unos supuestos invasores que se han adueñado de manera fraudulenta de unos terrenos que pertenecen a la compañía que desarrolló el proyecto de viviendas. 

 La Junta de Vecinos de Ciudad Satélite, representada por la señora Joselin y otros comunitarios, indicó que decenas de personas desde hace tres años comenzaron a apropiarse de los terrenos. Terrenos que ha dejado la compañía que inició el proyecto habitacional, sin que ninguna autoridad les preste atención. 

 Le hacemos un llamado a nuestro presidente Luis Abinader, a nuestra ministra Faride Raful y al director de la Policía Nacional para que acuda a un llamado que tenemos nosotros en este momento porque ya estamos de emergencia. Jinete Medina, presidente de la junta de vecinos. 

 Por su parte, los supuestos invasores se defendieron de las acusaciones y aseguraron que ellos compraron los terrenos y poseen sus títulos. Mostraron sus documentos y a quienes les compraron los terrenos, lo que generó un enfrentamiento con los residentes de Ciudad Satélite. 

 Los residentes también informaron que la compañía que les vendió los terrenos no ha tomado acción al respecto. Ya que está esperando el respaldo del Ministerio Público para utilizar la fuerza pública. Sin embargo, los nuevos adquirientes de terrenos dicen que la compañía original ya no existe, lo que ha generado una disputa legal y de propiedad.

Procuraduría abre investigación penal por irregularidades en áreas protegidas


La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal exhaustiva sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y presuntos fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas del país, y dispuso la creación de una fuerza de tarea especial para profundizar las indagatorias. 

 La investigación abarcará el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, donde se ordenó revisar todos los actos jurídicos y administrativos que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad.

 El equipo estará coordinado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, e integrado por las Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca), medio ambiente, antilavado, la Unidad de Investigación Inmobiliaria y el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria. 

 La disposición también ordena la elaboración de un informe detallado, junto al Ministerio de Medio Ambiente, sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 Según la instrucción, el objetivo es determinar si existen entramados criminales, corrupción o irregularidades que hayan facilitado el apoderamiento del patrimonio natural del Estado.

Ministerio Público dice desmonta con pruebas argumentos falaces de las defensas de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público inició las réplicas a las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, demostrando con pruebas fehacientes la falsedad de los planteamientos de sus abogados en la audiencia preliminar del proceso por la sustracción de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

 La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el valor de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. 

 El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. “Ha quedado más que claro, con los elementos el Ministerio Público ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo dentro del tribunal, sino, también a la prensa, tomando datos aislados que por sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.  “Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”, apuntó. 

MP apela sentencia de Alexis Medina, pide 20 años de prisión


Santo Domingo, 9 feb (EFE).- El Ministerio Público depositó este lunes la apelación a la sentencia que sólo impone siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y solicitó en cambio, que al procesado por corrupción administrativa se le imponga una condena de 20 años de cárcel y al pago de una multa de 400 salarios mínimos. 

La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, indicó que con este recurso el órgano acusador reafirma su desacuerdo con las penas impuestas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el cual, además, absolvió a varios de los procesados. “Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). 

 MP PIDE DEGRADACION CIVICA DE MEDINA SANCHEZ 

El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga, asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones, empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho establecidas por el legislador para resguardar el interés de la sociedad. 

Rosa NG pide al MIVED abrir tiendas chinas que cumplen con la normativa

La presidenta de la Fundación Flor Para Todos y una de las creadoras del Barrio Chino de Santo Domingo, Rosa NG Báez, se pronunció sobre los cierres de establecimientos que ejecutó el Ministerio de la Vivienda (MIVED) y sobre las recientes solicitudes de reapertura de estos comercios. 

 Rosa NG afirmó que los cierres realizados fueron procedentes en cuanto a los permisos, pero cuestionó la forma y el momento en que se ejecutaron, afectando gravemente a los empresarios y empleados. 

 Según explicó, se cerraron 13 tiendas de gran tamaño, muchas de las cuales no fueron construidas por empresarios chinos, sino por dominicanos, como es el caso de Dulce Hogar en la avenida Luperón, propiedad de una familia dominicana. 

 “Un cierre para una empresa de esta naturaleza es prácticamente condenarla a la quiebra, y más en la fecha en que se realizó”, señaló Báez. 

 La empresaria enfatizó que muchos de estos negocios ya cumplieron con las normativas técnicas requeridas, incluyendo arreglos realizados por empresas reconocidas a nivel nacional e internacional, como Yellow, de los hermanos Hernández. Por ello, Rosa NG solicita al ministro Ito Bisonó revisar los expedientes y aprobar las aperturas, especialmente de cara al Año Nuevo Chino, para garantizar que los comercios puedan operar bajo la normativa vigente y sin afectar a empleados ni clientes. 

 Báez recalcó: “No estamos pidiendo otra cosa que se cumpla lo correcto y se respeten las leyes. La situación ha generado inestabilidad para los empleados y pérdidas económicas para los empresarios, algo que debe resolverse lo antes posible”.

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