Montero plantea una reforma del Poder Judicial tras asumir SCJ


Santo Domingo, 10 nov (EFE).- El magistrado Justiniano Montero Montero asumió este martes la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana y anunció entre sus prioridades una reforma integral del sistema judicial, que incluya la actualización de su marco legal y la modernización de los servicios tecnológicos de los tribunales. 

 Montero fue juramentado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, tras ser escogido por unanimidad para sustituir en el cargo a Luis Henry Molina. 

 El nuevo presidente de la SCJ consideró necesario aprobar una Ley Orgánica del Poder Judicial que reorganice aspectos fundamentales de la administración de justicia, entre ellos la carrera judicial, las competencias del Consejo del Poder Judicial y la estructura de los tribunales. 

 El magistrado también señaló que trabajará en el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas de los órganos judiciales, con el propósito de unificar procedimientos y agilizar los servicios que reciben abogados y ciudadanos. 

Estado dominicano paga RD$12,000 millones en alquileres, según censo de Bienes Nacionales


El Estado dominicano destina RD$12,000 millones al pago de alquileres de locales para el funcionamiento de sus instituciones públicas, 

Según los resultados del primer censo nacional del patrimonio estatal, realizado por la Dirección General de Bienes Nacionales por instrucciones del presidente Luis Abinader. La cifra fue ofrecida por Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, durante la inauguración del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Bonao. 

 El funcionario explicó que el levantamiento permitió identificar las propiedades del Estado y determinar los recursos que destina al arrendamiento de espacios para sus dependencias. "Ese censo arrojó el Estado paga 12,000 millones de pesos", expresó Burgos Gómez al referirse a los resultados del levantamiento. Sin embargo, no precisó si el monto corresponde a un gasto mensual, anual o a otro período. 

Autoridades supervisan seguridad y regulaciones turísticas en Cayo Levantado


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Autoridades gubernamentales y organismos de seguridad supervisaron este domingo las condiciones de Cayo Levantado, en Samaná para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, las regulaciones turísticas y las disposiciones medioambientales previo a la entrega de los trabajos de reconstrucción del muelle turístico. 

 En el operativo participaron representantes de la Gobernación Provincial, los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente, la Policía Turística (Politur), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), según reportes de Noticias SIN. 

 Durante la jornada, las instituciones inspeccionaron las condiciones del destino turístico y el desarrollo de las actividades, con el propósito de comprobar que se ajusten a las disposiciones establecidas para la seguridad de visitantes y operadores. 

 La supervisión se realizó mientras avanzan los preparativos para la entrega de los trabajos de terminación del muelle de Cayo Levantado, infraestructura utilizada para el traslado y la recepción de turistas nacionales y extranjeros. 

 Las autoridades indicaron que estas acciones buscan mantener el orden, reforzar la seguridad en el destino y garantizar el cumplimiento de las regulaciones turísticas, así como la protección de los recursos naturales de la zona.

Denuncian desalojo en La Luisa Blanca de Monte Plata

Monte Plata. – Unos 27 parceleros denunciaron que fueron desalojados de los terrenos que ocupaban y cultivaban desde hace décadas en la comunidad de La Luisa Blanca, municipio de Monte Plata, por parte de miembros de la familia Vázquez Santana, situación que ha generado preocupación entre los agricultores afectados.

 Asentamiento agrario de 1994 en disputa De acuerdo con las declaraciones del abogado de los parceleros, el Lic. Casimiro, los terrenos forman parte de un asentamiento agrario realizado en el año 1994, mediante el cual varias familias recibieron parcelas para desarrollar actividades agrícolas y garantizar el sustento de sus hogares. 

 Explicó que el conflicto comenzó en el año 2021, cuando Fellito Santana alegadamente presentó un título de propiedad sobre los terrenos, dando inicio a una batalla legal que actualmente mantiene varios procesos abiertos en los tribunales. 

 El jurista indicó que existen cuatro procesos ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en Santo Domingo, además de otro proceso en Monte Plata, mediante el cual buscan la nulidad de actuaciones que, según afirma, se realizaron sin cumplir con los procedimientos legales de notificación y publicidad establecidos en la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. 

Reclaman indemnización por áreas verdes ocupadas para estación del Teleférico

Residentes del residencial Santo Domingo, ubicado en el sector El Café de Herrera, denunciaron la falta de información sobre el proceso de expropiación de terrenos para la construcción de una estación del Teleférico de Santo Domingo, así como el incumplimiento de compromisos que, según afirman, fueron asumidos por las autoridades durante la presentación del proyecto. Juan González, uno de los comunitarios afectados, explicó que, aunque los residentes no se oponen a la construcción de la obra, reclaman que se les garantice una justa indemnización por las áreas verdes que están siendo ocupadas. 

Sostuvo que esos terrenos son de propiedad privada y que fueron contemplados en el costo de adquisición de las viviendas, por lo que cuestionó que se disponga de ellos y que varios meses después de iniciada la obra aún no se haya cumplido con aquellas cosas que se les prometió. 

 Asimismo, denunció que desconocen los detalles de los decretos de apropiación que respaldan la ocupación de los terrenos. Indicó que, además del área verde donde se construye la estación, el Fideicomiso para el desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) estaría interviniendo otro espacio para instalar una torre, sin que la comunidad tenga información sobre el instrumento legal que autoriza esa intervención. 

Denuncian ocupación de playa en malecón de Puerto Plata

PUERTO PLATA, (Noticia.do).– Nuevas denuncias sobre presuntas construcciones irregulares en la zona de playa del malecón de Puerto Plata han reabierto el debate sobre la protección de la franja marítima de 60 metros y la actuación de las autoridades responsables de vigilar el uso de los espacios costeros.

 De acuerdo con la información suministrada a Noticia.do, en la parte alta del malecón observaron varias estructuras levantadas en un área de playa que, según la denuncia, habría sido ocupada para actividades vinculadas a un establecimiento comercial. 

 El reporte señala que las construcciones estarían relacionadas con un restaurante cuyo propietario es descrito como extranjero. Sin embargo, no se aportaron documentos que permitan establecer la titularidad del negocio, la extensión exacta del terreno intervenido ni la existencia o ausencia de permisos. 

 La situación ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Armada de República Dominicana y otras instituciones competentes para supervisar las intervenciones en el litoral. 

Empresarios de La Altagracia denuncian cobros por permisos para obras en la provincia

Los permisos de construcción en La Altagracia pueden permanecer años estancados si los inversionistas no recurren a gestores privados que entregan "regalitos" a empleados públicos para agilizar los trámites, denunció el presidente de la Unión de Empresarios de la Provincia La Altagracia (Uepal), Hamlet Amado Melo. 

 Según el dirigente empresarial, estos pagos informales llegan a inspectores, supervisores y personal administrativo de los ministerios de Medio Ambiente, Turismo y Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), incluso cuando los proyectos cumplen con los requisitos establecidos. 

 La denuncia coincide con las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien durante un encuentro con empresarios de la provincia cuestionó que los inversionistas deban esperar hasta cinco años para obtener una respuesta de las autoridades y advirtió que las demoras pueden dar lugar a prácticas de corrupción. "Demuestra una de dos cosas: ineptitud, ineficacia o corrupción. Porque también es una manera de presionar para que por debajo de la mesa te lo resuelvo", expresó Fernández. 

Crearán certificación del larimar para verificar autenticidad y procedencia


El Ministerio de Energía y Minas (MEM), junto a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y otras instituciones que integran el Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Larimar Barahona», trabaja en la creación de un registro digital único que permitirá certificar la autenticidad y procedencia de esta piedra semipreciosa, exclusiva de la República Dominicana.

 La directora de Promoción Minera del MEM y presidenta del Consejo Regulador, Golye Latoufe, explicó que la iniciativa contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, que almacenará información sobre el mineral extraído, identificado mediante códigos únicos por lotes. 

 La funcionaria detalló que el proceso comenzará en la mina, donde cada pieza de Larimar será identificada con el número del pozo del que fue extraída. Posteriormente, se incorporarán caracteres o imágenes debidamente registrados en las distintas etapas de la cadena de valor, lo que permitirá verificar su trazabilidad. 

 «Al Larimar se le hará un grabado que puede durar más de 100 años y eso se va a enlazar con la plataforma; va a ser totalmente rastreable en manos de quién está y por cuáles manos pasó, desde la mina cuando se extrajo hasta su corte y su transformación hasta su destino final como joya o como pieza de arte», dijo Latoufe. 

Promulgan ley actualiza Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 87-26, una normativa que modifica los artículos 4, 5, 12 y 14, e incorpora el artículo 12.1 a la Ley núm. 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio judicial digital, fortalecer su eficiencia y consolidar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro. 

 La nueva legislación actualiza el marco normativo incorporando definiciones clave como autenticación, acto jurisdiccional electrónico, buzón judicial digital, expediente electrónico, plataforma digital, servicio judicial y protección contra la falsificación digital o spoofing, así como las especificaciones sobre firma electrónica y firma digital cualificada. 

 Entre sus principales novedades, la ley establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará con carácter digital prioritario. Sin desmedro de la posibilidad del acceso presencial en cualquier sede de la institución.

 Asimismo, dispone expresamente que el entorno virtual no podrá constituir una barrera para la ciudadanía, garantizando el derecho a la tramitación presencial a toda persona que declare no contar con los medios técnicos, la conectividad o la capacitación tecnológica requerida. 

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