Senado aprueba de urgencia Ley sobre Residuos Sólidos

El Senado de la República aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 Durante la sesión, el senador Antonio Marte presentó al pleno del Senado una moción solicitando que el proyecto fuera incluido en la orden del día y liberado de todo trámite, declarándolo de urgencia. 

 Entre las modificaciones realizadas a la pieza, se encuentra el pago de una contribución especial obligatoria a toda persona jurídica, entidades, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos o cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

 Estas empresas o entidades darán un aporte obligatorio con el objetivo crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

 Los aportes deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, por ejemplo: La persona jurídica o entidad con ingresos de hasta cinco millones de pesos dominicanos aportarán RD$3,500.00. Las empresas o entidades con ingresos de cinco millones un peso dominicano hasta RD$10,000, 000 aportarán RD$6,000. Mientras que las que tengan ingresos de 10 millones hasta 25 millones RD$$20,000.00. Las empresas o instituciones con ingresos de 100 millones un peso dominicano RD$300,000.000.00 aportarán RD$400,000. Las empresas con ingresos de 300 millones un peso dominicano a 500 millones de pesos dominicanos aportarán RD$500, 000.  En tanto que, las que tengan ingresos de 500 millones un peso dominicano a 700 millones de pesos aportarán RD$675,000. 

Denuncian empresarios intentan apoderarse de terrenos privados y del CDP en Boca Chica

Panorama Nacional. Propietarios de dos mil tareas de tierra ubicadas entre Boca Chica y Juan Dolio, entre estos el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), denunciaron este miércoles que dos poderosas empresas intentan despojarlos de sus terrenos en esa área. 

 La denuncia fue formulada durante una rueda de prensa efectuada el 24 de junio, en la sede del CDP, en el Centro de Los Héroes de esta capital, por una representación de la Asociación de Propietarios de terrenos de Boca Chica, junto a una delegación de los periodistas. Luís Pérez, presidente del CDP, identificó a las empresas que intentan despojar a los dueños de sus tierras: como a una planta de agregados propiedad de un viceministro de Interior y Policía, que fue instalada en la zona, y que está relacionada a la constructora Bisonó, y a Cementos Panam; quienes afirman que tienen una concesión de Rafael Burgo, director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), para explotar esa área. 

 Explicó que tanto el CDP como cada uno de los propietarios, fueron asentados en esos terrenos, asignándoseles como permuta de otros que habían sido adquiridos en otros lugares, y que el CEA reasignó o vendió a otros adquirientes. 

 Pérez sostuvo que el CDP y las personas afectadas, congregados en la Asociación de Parceleros de Boca Chica, informaron que poseen 2,000 tareas, de las 12,000 que contiene la parcela 1-77 del DS6 de Boca Chica, y que, los dueños de la planta de agregados ya han violentadas tres parcelas con el retiro de la capa vegetal y el derribo de las alambradas. En tanto que, Isidro Prensa, presidente de la Asociación de Parceleros de Boca Chica, indicó que los propietarios de estos terrenos han gastado más de diez millones de pesos en el acondicionamiento de estas tierras, construcción de vías de acceso a lo que antes eran montes abandonados, cuando la recibieron. 

Suspenden juicio contra Emmanuel Rivera por falta de defensor público para uno de los acusados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió este jueves el juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados de ser parte de una presunta red que habría estafado a decenas de personas mediante la venta de viviendas en proyectos inmobiliarios. 

 La audiencia fue aplazada hasta el próximo 22 de julio, a las 9:00 de la mañana, debido a que Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, hijo de Ledesma, no cuenta con un defensor público asignado. 

 De acuerdo con la acusación, la estructura criminal habría estafado más de 700 millones de pesos a más de 300 personas, a quienes ofertaba apartamentos y viviendas en proyectos inmobiliarios que presuntamente no existían o no fueron desarrollados, utilizando diversas maniobras fraudulentas. Durante la audiencia de hoy se produjeron además varios incidentes procesales. 

La defensa de uno de los imputados solicitó autorización para depositar por escrito pruebas que pretende incorporar al juicio, mientras que el Ministerio Público informó que la imputada Rosa María Sánchez no compareció pese a haber sido debidamente citada.  Ante esta situación, el tribunal ordenó su declaratoria en rebeldía y dispuso su arresto y convocó a todas las partes presentes para la próxima audiencia. 

Estado deberá pagar RD$340.7 millones por terrenos COJPD

SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano quedó definitivamente obligado a pagar RD$340.7 millones (unos USD 5.7 millones) como compensación por la ocupación de terrenos donde actualmente se encuentra el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, luego de que el Tribunal Constitucional cerrara la vía de los recursos y dejara firme la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo. 

 La decisión pone fin a un litigio de más de seis décadas vinculado a una expropiación realizada en 1964, cuando el Decreto 1886, emitido por el gobierno del Triunvirato, declaró de utilidad pública una parcela perteneciente a Nelly Elidia Pellerano de Ricart. 

El terreno fue destinado a proyectos urbanísticos vinculados al antiguo entorno del aeropuerto General Andrews y al entonces proyectado Parque Central Metropolitano. 

Someten recurso ante el TC contra la nueva reforma tributaria: denuncian asfixia económica y caos en los alquileres

La organización sin fines de lucro Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI) interpuso hoy formalmente una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 

El recurso legal busca invalidar partes fundamentales de la recién aprobada Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada recientemente por el Senado.

 La demanda, depositada y representada por la abogada Pablita Cabrera Martínez, presidenta de EMUDELI, advierte que la nueva legislación precariza de forma inminente el derecho a la defensa y el patrimonio de los contribuyentes ante las determinaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

 El regreso encubierto del «Pague primero, reclame después» El primer gran foco de la controversia es el Párrafo IV del Artículo 2 de la nueva ley. Esta disposición establece que, si un contribuyente desea recurrir una deuda determinada por la DGII y evitar que le embarguen sus cuentas o le impongan sanciones millonarias durante el proceso, deberá depositar o «consignar» previamente el monto total equivalente a la deuda reclamada. 

Empresarios de la construcción advierten carga tributaria en fideicomisos inmobiliarios podría impactar costos viviendas

SANTO DOMINGO.- Dos empresarios del sector construcción advirtieron que la aplicación de la contribución especial para la gestión y coprocesamiento de residuos sólidos a los fideicomisos inmobiliarios podría generar una doble carga económica sobre un mismo proyecto y, en consecuencia, traducirse en mayores costos para la construcción y en un eventual incremento del precio de las viviendas. 

 Jochimin Pérez, CEO de Constructora JPérez, consideró improcedente que los fideicomisos inmobiliarios sean gravados de forma independiente cuando el promotor del proyecto ya se encuentra sujeto a esa misma contribución. A su juicio, esta situación podría dar lugar a una duplicidad sobre un mismo cargo económico, al tratarse de ingresos vinculados a una sola operación inmobiliaria. 

 “El fideicomiso es el contenedor jurídico de esa actividad, no su motor económico. Gravar el fideicomiso equivale a someter a tributación el instrumento y no la riqueza que este vehiculiza”, sostuvo.

 Pérez explicó que, bajo ese esquema, un desarrollador que construye directamente pagaría una sola vez, mientras que uno que utilice la figura del fideicomiso podría terminar asumiendo una carga adicional por el mismo proyecto. “Un promotor que desarrolla un proyecto directamente tributa una sola vez. Un promotor que utiliza un fideicomiso podría terminar tributando dos veces por el mismo proyecto”, afirmó. 

Comunitarios denuncian empresa de inversiones pretende apoderarse de terrenos del Estado en Los Mameyes, SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Comunitarios, presidentes de juntas de vecinos y fundaciones sin fines de lucros en el sector Los Mameyes, municipio Santo Domingo Este, acudieron a la Primera Sala de la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central del Distrito Nacional, donde se conocerá un recurso de apelación sobre la sentencia número 20164136 emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en la cual se rechazaron los trabajos de deslinde practicados en la parcela 200-A del Distrito Catastral No. 06 de Santo Domingo Este. 

 Los comunitarios, encabezados por el abogado Aneuri Peña, los pastores Cleto Núñez y Luis Barett, así como los señores Hamilton Polanco, Edward Valdez, Martín Adoni y Orlando Rojas Tineo, afirman que la empresa Inversiones Turísticas Sans Souci, S.A., pretende apoderarse de 15,339.63 metros cuadrados perteneciente al Estado dominicano en Los Mameyes.

 Sostienen que, con el argumento de la referida empresa de individualizar y georreferenciar, inició un proceso técnico de deslinde, a través de una litis judicial que se originó desde el año 2016 sobre la parcela 200-A, con una extensión superficial de 140,301.31 metros cuadrados, ubicada en el mencionado sector Los Mameyes. Con este conflicto judicial, las organizaciones sociales Junta de Vecinos Punta Torrecillas, Junta de Vecinos Mirador del Este, Junta de Vecinos Las Tablita, Iglesia Pentecostal Jesucristo la Única Esperanza, Iglesia Jesucristo agua de vida en mí Juan 7:38, Fundación Mamá Minga, Fundación Xiomara Hilario, Centro de Desarrollo Santo Domingo & RD y la Asociación de Propietarios de Casas de Los Mameyes y el Pensador, se han mantenido vigilantes, para la protección de sus tierras.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/comunitarios-denuncian-empresa-de-inversiones-pretende-apoderarse-de-terrenos-del-estado-en-los-mameyes-sde/

Empresarios reclaman la intervención del presidente, la procuradora el ministro de Turismo para evitar se dañe seguridad jurídica en Cabarete

Cabarete, Puerto Plata. – Ejecutivos de la compañía Costa Canal, SRL, denunciaron el intento de sectores vinculados al Gobierno de acciones en perjuicio de terrenos de esa empresa, bajo el escudo de un supuesto reclamo social por un camino.

 Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, al ministro David Collado y a la procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso, a evitar nuevos daños al clima de inversión del país y a la seguridad jurídica en Cabarete. 

Indicaron que detrás de la acción para la cual se han convocado personas a realizar una protesta en contra de terrenos de la empresa, se podría esconderse la intención caprichosa de imponer voluntades particulares por encima de la ley. 

Las acciones buscan desconocer los derechos de propiedad de Costa Canal en imponer la reactivación de supuestos derechos de paso de un camino que fue sustituido cuando se construyó la nueva carretera, a pesar de lo cual la empresa ha habilitado 2 accesos a la playa por su propia cuenta. 

Los ejecutivos de Costa Canal responsabilizaron de las acciones a políticos locales enquistados en el ministerio de Turismo y una supuesta organización civica, quienes encabezan las acciones de desconocimiento de la ley. 

Exsenador Rafael Calderón irá a juicio por presunta corrupción en caso Calamar

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio de fondo contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, tras determinar que existen pruebas suficientes que lo vinculan con la red de corrupción administrativa desmantelada mediante la denominada Operación Calamar. 

 La magistrada Sofía Bruno De Los Santos dispuso que el excongresista responda ante los cargos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en un proceso separado del expediente principal debido a las condiciones de salud que lo afectaban. 

 Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público, respaldado por abogados del Estado, solicitó formalmente el envío a juicio, alegando contar con un sólido cuerpo probatorio. En contraste, la defensa encabezada por el abogado Wilson Beriguete pidió un auto de “no ha lugar”, argumentando que Calderón no incurrió en los hechos imputados. 

 El caso se desprende de un entramado que involucra a altos exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina. Mientras figuras como el exministro de Hacienda,