Viceministro pide a legisladores aprobar ley para ordenar y proteger la zona costera

El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, exhortó al Senado de la República a conocer y aprobar el proyecto de Ley Sectorial Costera y Marina, que aún reposa en el hemiciclo y califica de una herramienta fundamental para ordenar el uso del litoral, proteger los manglares, arrecifes y dunas.

 A través de un comunicado de prensa, el funcionario destacó que con la iniciativa se establecerán responsabilidades claras sobre la gestión de la zona costera. "Contar con este marco legal es urgente para blindar nuestro principal activo turístico y pesquero", indicó. 

 El Gobierno actualiza el Gabinete de Lucha contra el Sargazo y designa director ejecutivo En ese sentido, Ramón Reyes recomienda a las autoridades nacionales y locales a unirse en una estrategia conjunta para enfrentar el sargazo que afecta gravemente los ecosistemas marinos del país. "Pedimos al Senado de la República que coloque en agenda y apruebe la Ley Sectorial Costera y Marina. Al mismo tiempo, llamamos a alcaldías, gobernaciones, la Armada, el sector hotelero y las comunidades a coordinar acciones inmediatas contra el sargazo, porque cada día que pasa el daño a los ecosistemas es mayor", expresó. 

Imputados en caso de presunto desfalco al Estado concluyen debates y esperan fallo del tribunal

Santo Domingo.- Los debates judiciales del caso que involucra a 48 imputados concluyeron este jueves pasadas las 4:30 de la tarde, momento en el que el tribunal dio por finalizada la fase de discusión y pasó a deliberar la decisión final, que será anunciada el próximo 15 de junio. Imputados toman la palabra ante el tribunal Previo al cierre de los debates, varios de los acusados hicieron uso de la palabra. 

El primero fue el exdirector del CUSEP, el mayor general Adán Cáceres, quien defendió su gestión y cuestionó las acusaciones en su contra. “Cinco años después no sé con quién me he complotado para subvertir alguna ley de la República Dominicana… ¿hay algún testigo? ¿algún video? ¿alguna fotografía?”, expresó Cáceres durante su intervención ante el tribunal.

 También intervinieron Jesús Camilo de los Santos Viola, Juan Hernández Reyes Batista, José Manuel Rosario, Taner Flete y Rosy Guzmán, quien se mostró visiblemente afectada y no pudo contener las lágrimas al escuchar la intervención de su hijo en audiencia. 

Subasta pública incluye bienes incautados a César el Abusador, Francisco Pagán y Figueroa Agosto

La subasta pública anunciada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) para el próximo 13 de mayo, incluye propiedades muebles e inmuebles decomisadas a Francisco Pagán, César Emilio Peralta, conocido como "César el Abusador", y José David Figueroa Agosto, procesados por el Ministerio Público por múltiples delitos.

 Pagán fue condenado a cinco años de prisión tras admitir su culpabilidad en la creación de una red de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), entidad en la que se desempeñó como director. 

Según el órgano persecutor, en esa institución se sobornó, se desviaron fondos y se sobrevaluaron obras públicas. Por estos hechos, al exfuncionario le incautaron varios bienes, entre ellos un apartamento en la torre Alco Paradisus III, en el sector la Esperilla, del Distrito Nacional, con una superficie de 481.94 metros cuadrados, el cual está siendo subastado por RD$23,800,000. 

 Desde Boca Chica hasta Punta Cana: los precios de la subastas del Incabide En el caso de Cesar el Abusador, no existe una condena en su contra en República Dominicana, pero guarda prisión en Puerto Rico tras ser señalado como presunto cabecilla de una organización criminal de tráfico de drogas a gran escala y lavado de activos, con operaciones en varios países. 

Tribunal Constitucional obliga uso de plataformas digitales en tribunales del DN

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ordenó el uso obligatorio de medios y plataformas digitales en los tribunales ubicados en el Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, tras rechazar una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el ordinal primero de la Resolución núm. 21-2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. 

 Esta decisión está establecida en la Sentencia TC/0180/26, de fecha 13 de abril de dos mil veintiséis (2026). Ese alto tribunal destacó que la resolución no surge del arbitrio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino del ejercicio de una facultad legal expresa, específica y de naturaleza extraordinaria, reconocida en dos normativas: la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y la ley que regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. Esta última norma faculta al Pleno de la SCJ para establecer los aspectos referidos al uso de los canales virtuales y los servicios judiciales, así lo puntualizó el Tribunal Constitucional en la decisión. 

 Asimismo, dicha ley habilita de manera específica al Pleno para disponer, mediante resolución motivada, el uso obligatorio de medios digitales en situaciones de causa mayor que impidan mantener la operatividad del servicio de administración de justicia presencial. 

Accionistas pueden enfrentar riesgo penal sin un “compliance” efectivo

El “compliance” se ha convertido en la defensa clave de las empresas modernas. Se trata de un modelo que organiza las políticas y conductas de una compañía para evitar malas prácticas. En esencia, es una estructura diseñada para prevenir delitos y proteger la integridad de la organización ante la justicia. 

 La afirmación pertenece a Óscar Meléndez, quien es socio de la práctica forense de EY Latam, durante el “International Compliance Immersion Day: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y compliance penal”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). “Ya no basta con tener documentos en papel. Según la jurisprudencia internacional, las empresas solo pueden atenuar su responsabilidad por delitos de altos directivos si prueban que actuaron con la debida diligencia para prevenir el fraude”, dijo Meléndez a elDinero. 

 Para asegurar que los modelos de cumplimiento protejan las empresas de responsabilidad penal es fundamental someterlos a pruebas de estrés en ambientes controlados. Esto, según él, es clave para encontrar vacíos y “sacarlos a flote de manera segura” con el propósito de proteger a la organización. 

 Al preguntársele sobre la lección “más dura” en América Latina que pueda ser implementada por República Dominicana, Meléndez respondió que la experiencia en otros mercados de la región deja una advertencia para el empresariado dominicano: ser accionista no exime de responsabilidad penal. “Si un inversionista influye en las decisiones de la empresa es legalmente responsable tanto de sus acciones como de sus omisiones en el control del negocio”, precisa. 

El cobro por residuos sólidos no se aplicará hasta que el Congreso modifique la ley

El cobro de la contribución por residuos sólidos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 no se hará efectivo el próximo 30 de abril, a la espera de que el Poder Ejecutivo someta un proyecto de ley para modificar la ley y, en consecuencia, sus tarifas. 

 La decisión fue confirmada por el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien informó que la medida se produjo tras una reunión entre autoridades del Gobierno, legisladores y representantes del sector comercial, en la que se acordó buscar una solución a los montos establecidos en la Ley 225-20, modificada por la Ley 98-25. 

 Conforme al documento de acuerdo entre la DGII y los comerciantes, aunque las empresas deberán presentar sus declaraciones juradas del año fiscal 2025, el monto generado por concepto de residuos sólidos no será exigido en la fecha límite de pago, mientras se logra una modificación consensuada de la normativa.

 En el encuentro para tratar el impacto de la ley, el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, indicó que la entidad trabaja en una solución y garantizó que no habrá situaciones "de estrés" para los contribuyentes antes del 30 de abril. "Estamos en una solución en lo que tiene que ver con residuos sólidos, hay tranquilidad para el sector, no va a haber ningún problema de estrés de aquí al 30 de abril", expresó. 

Proyecto de ley obligaría a agentes inmobiliarios a operar con licencia en RD

Un agente inmobiliario es un experto en el negocio de alquiler, venta y compra de bienes raíces o inmuebles, cuya actividad se desarrolla en un sector que maneja miles de millones de dólares en inversión local y extranjera. Sin embargo, actualmente no existe alguna normal legal que supervise la realización esta labor, por lo que personas informales o no capacitadas sin tener licencias de esta profesión han dado lugar a fraudes que afectan el bolsillo de los ciudadanos, ofertando propiedades sin títulos legales o promesas falsas en proyectos. 

 Uno de los principales riesgos para los clientes son las estafas inmobiliarias, la falta de garantías legales e intermediarios sin preparación ni responsabilidad y la pérdida de ahorros familiares. 

 ¿Cuál es el estado del proyecto de ley para regular a los agentes inmobiliarios? Para esto se ha planteado un proyecto de ley que consiste en regular el trabajo de los agentes sujeto al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) por medio de su Departamento de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria. 

 De acuerdo a declaraciones del presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios del país (AEI), Alberto Bogaert, el proyecto está en discusión desde el 2023, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sin aún ser aprobado. 

Abogados alegan desacato al TSA e inconstitucionalidad en su suspensión por el CARD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los tres abogados sancionados por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) alegaron que la suspensión por un año que les fue impuesta constituye un desacato a decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y que la misma es inconstitucional y carente de validez jurídica. 

 Los licenciados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, miembros de la firma León & Raful y representantes legales de María Amelia Hazoury Delgado en un proceso de partición de bienes derivado de su divorcio con Juan Rafael Llaneza Gil, sostienen que la sanción disciplinaria desconoce dos decisiones previas del TSA que ordenaban dejar sin efecto los procedimientos seguidos en su contra. 

 Se trata de la sentencia 0030-03-2025-SSEN-00389 del 5 de agosto de 2025, dictada por la Segunda Sala del TSA y la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00003 del 13 de enero de 2026, emitida por la Primera Sala del mismo tribunal, ambas relacionadas con alegadas violaciones de derechos fundamentales en el proceso disciplinario. 

Familia recupera propiedad tras décadas de litigio

Santo Domingo.– Tras más de veinte años de intensas disputas legales, las autoridades ejecutaron este fin de semana un desalojo en los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el sector Miraflores. 

El terreno, conocido popularmente por albergar el antiguo local de Teleoferta, fue recuperado por su propietario legítimo en cumplimiento de sentencias judiciales definitivas. 

 El desalojo se fundamentó en la Resolución número 596, emitida el 25 de septiembre de 2025 por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, quien autorizó el auxilio de la fuerza pública. 

Según informaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo tras notificaciones previas y el otorgamiento de los plazos legales correspondientes, asegurando el apego a los protocolos institucionales y el respeto a la dignidad humana. “Este desalojo no es un acto arbitrario, sino la ejecución de decisiones judiciales firmes durante más de 20 años”, expresó Rafael Eduardo Selman Hasbún.