Llega al Congreso Nacional proyecto de ley para construir estadio de Grandes Ligas en RD


Santo Domingo.- Tras más de tres meses de que había sido prometido, el Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, Jorge Subero Isa, depositó este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la construcción del estadio de Grandes Ligas en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional. 

 El funcionario entregó la pieza legislativa al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, haciéndose acompañar de miembros de la Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (Coenebe), creada mediante los decretos 306-25 y 378-25, la cual recomendó al presidente Luis Abinader la construcción de una moderna infraestructura de béisbol en dicho sector, conforme a los estándares de la Major League Baseball (MLB).

 La iniciativa se llevará a cabo a través de una corporación mixta, entre el Estado y el sector privado, donde el primero cederá los terrenos y el segundo se comprometió a aportar los recursos financieros para la construcción. 

 El pasado 3 de junio, Subero Isa anunio que para esos fines sería sometido al Congreso Nacional, «en los próximos 25 días», un proyecto de ley, con el propósito de tener una mayor seguridad jurídica. 

Gobierno estudia regular los alquileres de corto plazo tipo Airbnb


Preguntado sobre si las plataformas de alquiler de corto plazo están encareciendo la vivienda en el país, el presidente Luis Abinader respondió que el efecto no viene tanto por el alquiler como por la compra. 

 “Hay mucha gente que está comprando apartamentos para ponerlos en el sistema de Airbnb o de otra plataforma”, dijo este lunes en LA Agenda Semanal. El mandatario agregó que “quizás a través de vía de la demanda puede impactar en los precios porque, repito, hay mucha gente comprando para que se pueda autopagar a través de los arrendamientos”. 

 La aclaración ocurrió luego de una de las invitadas preguntó si las autoridades tributarias tienen esas plataformas en la mira, a lo que el mandatario aseveró: “Se está estudiando como en todos los países y para regularlo también”. 

 El costo de la vivienda

 El intercambio salió luego de hablar sobre el costo de la vida, donde se planteó que el sector construcción crece, pero el índice de precios de la construcción también, y que el financiamiento sigue "caro" para buena parte de la clase media. 

 El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió que la comparación correcta es con el pasado: "En los años noventa las tasas promedio andaban entre 25% y 30%, y ahora ha habido momentos por debajo del 10%", reconoció. No obstante agregó que "el mercado hipotecario de largo plazo es un mercado que no existía y que ahora se está desarrollando". 

 Abinader también mencionó que el programa Vivienda Feliz ha tenido resultados “como ningún otro programa” y aseguró que entre 70% y 80% de las viviendas de bajo costo del país se han construido durante su gestión.

Gobierno inicia revisión de 92 expedientes de contratistas del CIC y prevé validarlos antes de finalizar 2026

SANTO DOMINGO. Los 92 expedientes de contratistas del Comité Institucional Codiano (CIC) incluidos en la Ley 16-26 ya comenzaron a ser trabajados por la Comisión Ejecutora y existe la posibilidad de que sean validados antes de finalizar este año, informó el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, durante una reunión sostenida el pasado martes con una representación de los directivos de la entidad. 

 En declaraciones a la prensa, el vocero del CIC informó que el viceministro De los Santos, quien encabezó el encuentro en representación del presidente de la Comisión Ejecutora, señaló además que, si existe disponibilidad de fondos, los pagos podrían efectuarse a finales de 2026. En caso contrario, serían realizados durante 2027. 

 El funcionario consideró que el monto adeudado a los contratistas del CIC no representa una suma significativa dentro del proceso general de ejecución de la legislación. El ingeniero Miguel Liberato manifestó que los anuncios realizados por el funcionario “constituyen uno de los avances más importantes comunicados hasta ahora al CIC desde la promulgación de la Ley 16-26”, debido a que numerosos contratistas incluidos en la legislación acumulan décadas reclamando al Estado el reconocimiento y pago de trabajos ejecutados. 

Paralizan construcciones eran levantadas cerca del río Jaya

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) paralizó construcciones supuestamente ilegales que eran levantadas cerca del Parque Ecológico Rivera del Río Jaya, en San Francisco de Macorís. 

 La operación fue encabezada por la procuradora de Corte y coordinadora de Proedemaren en San Francisco de Macorís, Juana María Brito Morales, quien explicó que el área del río Jaya forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que cualquier intervención debe contar con los estudios de impacto ambiental y la permisología correspondiente del Estado dominicano.

 Indicó que la obra, a cargo del ingeniero José Veras, no contaba con dichos permisos. 

 VIOLACIÓN AL MARGEN DE 30 METROS DEL RÍO 

 En el operativo, que contó con la participación de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Coordinación Regional Norte de Áreas Protegidas y agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), se determinó que los trabajos violaban el margen lineal de 30 metros del río Jaya establecido en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).

 Para levantar la obra, los infractores realizaron corte y nivelación de terrenos ubicados en el cauce del río, sin contar con licencia o permiso ambiental. El Parque Ecológico Rivera del Río Jaya está protegido por la Constitución de la República y por la Ley 64-00.

TC anula sentencia de la SCJ por no declarar la extinción de la acción penal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por no haber declarado la extinción penal habiendo cumplido el plazo máximo del proceso judicial, tras reiterar que el “plazo razonable es el establecido por el legislador”. 

 De acuerdo a la sentencia número TC-0833-26, emitida el pasado 31 de agosto por la alta corte, la SCJ no cumplió con lo establecido en el artículo 148 de la Ley número 76-02 que consagra el Código Procesal Penal. Con esta sentencia fue favorecido el señor Luis Antonio Ventura, sometido a la justicia el 27 de mayo de 2013 y la SCJ dictó la sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada el 31 de enero de 2020.

 “Transcurrieron seis años, ocho meses y dos días. Dicho período supera el plazo de tres años establecido en el artículo 148 de la Ley núm. 76-02, que consagra el Código Procesal Penal. Sin embargo, no se advierte que el tribunal (a quo) haya precisado las actuaciones que ocasionaron que la duración del proceso penal excediera el plazo máximo legal ni la justificación o validez de ese exceso. En efecto, de la sentencia impugnada no se desprende cuáles fueron las circunstancias que de manera razonable y atendible, hayan justificado el transcurso de un período que superase el plazo razonable establecido por el legislador para el proceso a que se refiere este caso”. 

Unión Europea y RD fortalecen cooperación para tierras raras


Santo Domingo, 6 sep.- República Dominicana y la Unión Europea (UE) acordaron fortalecer la cooperación científica y técnica para evaluar el potencial de recursos minerales del país bajo criterios de sostenibilidad y protección ambiental, informó hoy la Cancillería. 

 El acuerdo contempla estudios de caracterización y evaluación de tierras raras, galio y escandio presentes en depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, en la región suroeste. 

 La iniciativa quedó establecida mediante una Declaración Conjunta suscrita por el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, y el embajador de la Unión Europea en el país, 

Raúl Fuentes Milani, durante un acto celebrado en la sede de la Cancillería, con la participación del titular de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría. 

Depositan recurso de revisión judicial al TC ante el rechazo de amparo ambiental


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, (Cnlcc), y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (Insaproma), depositaron ante el Tribunal Constitucional, una solicitud de revisión de la sentencia que rechazó el amparo interpuesto por las organizaciones, exigiendo que el presidente de la República y los principales funcionarios cumplan la Constitución, leyes y disposiciones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la transición energética. 

 Las organizaciones requirieron mediante la acción de amparo constitucional el cumplimiento efectivo de la aplicación de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, incluido el fondo especial para energías renovables, la Ley 57-07 sobre Incentivo a las Energías Renovables incluida la meta de que la energía renovable alcanzara el 25 % de la matriz eléctrica del país al año 2025, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos asumidos por el Estado dominicano en el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

 Después de un año y unos días de haber emitido la sentencia, la 4ta. Sala del Tribunal Superior Administrativo, TSA, presidido por el juez Román A. Berroa Hiciano, junto con las juezas Claudia María Peña Peña y Cecilia Badía Rosario, comunicó en esta sentencia había rechazado el amparo de cumplimiento acogiendo un incidente procesal presentado por las partes acusadas en el proceso.  En efecto la sentencia fue emitida el 26 de agosto de 2025 y notificada un año y dos días después a las entidades que depositaron el amparo constitucional de cumplimiento. 

Desalojados dicen que tierra del CEA es suya

Puerto Plata. Las familias desalojadas de terrenos ubicados en la comunidad de Llanos de Pérez, municipio de Imbert, protestaron con una vigilia frente al Palacio de Justicia de Puerto Plata. 

 Los manifestantes exigieron que se ponga freno a lo que calificaron como actuaciones arbitrarias de un coronel del Ejército Dominicano. Los afectados denunciaron que fueron desalojados del lugar a pesar de la existencia de dos decisiones judiciales que, según afirman, favorecen sus derechos, una emitida por el Tribunal Constitucional y otra por la Cámara Civil de Puerto Plata. 

 José Martínez Cruz, vocero de los afectados, aseguró que los terrenos cuentan con títulos de propiedad y no pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por lo que cuestionó la actuación del oficial militar señalado. “No permitiremos más atropellos. Si no somos escuchados, vamos para la calle”, advirtieron los manifestantes, quienes reclamaron la intervención de las autoridades competentes.

 En total son 50 las familias afectadas Los denunciantes hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que disponga una investigación sobre el conflicto y determine las responsabilidades correspondientes. 

Comunitarios de Pantoja defienden terrenos destinados a construir una escuela

Santo Domingo.- Comunitarios del sector Las Flores, en Pantoja, pidieron este sábado la intervención de las autoridades ante la preocupación por una presunta amenaza de derribar la pared que protege unos terrenos donde aseguran está prevista la construcción de un plantel educativo. 

 Los moradores explicaron que la construcción se encuentra paralizada debido a una supuesta litis judicial relacionada con los terrenos, situación que mantiene en incertidumbre a la comunidad.

 Estos terrenos son de Educación, ellos dieron más de 100 millones, pero hay una litis y por eso no se debe tocar nada”, afirmó Santo Paniagua, presidente de la junta de vecinos. Mientras, la dirigente comunitaria María Magdalena Rondón aseguró que han acudido de manera constante al área jurídica del Ministerio de Educación para conocer el estatus del proyecto.  Educación construyó eso; nosotros constantemente vamos a donde la jurídica de Educación”, manifestó. 

 Déficit escolar en Las Flores

 Los comunitarios también expresaron preocupación por la falta de un centro educativo en la zona, lo que obliga a estudiantes del sector a trasladarse hacia otros lugares para asistir a clases. 

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