Paliza deposita anteproyecto de ley sobre Plan de Ordenamiento Territorial


Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, depositó este jueves en el Senado el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que busca complementar la Ley 368-22 y establecer un marco regulatorio para orientar el crecimiento urbano y las actividades económicas hacia espacios adecuados. 

 De acuerdo con el comunicado, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial permitirá al país contar con una visión común para organizar el territorio, orientar el uso del suelo y promover una ocupación más racional y sostenible. 

«Este instrumento incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático como elementos fundamentales de los procesos de planificación y ordenamiento territorial», indicó. 

 Al entregar la iniciativa legislativa al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el ministro Paliza manifestó que el ordenamiento territorial es una “obligación de Estado” debido a la alta densidad poblacional de República Dominicana, que se estima en unos 240 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más elevadas de Latinoamérica. 

Residentes de Pedro Brand se manifiestan por tercer día en reclamo de pagos justos por sus viviendas

Residentes del kilómetro 28 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand, se manifestaron este viernes por tercer día consecutivo para exigir una compensación justa y equitativa por sus propiedades ante los desalojos previstos para la construcción de elevados en esa vía. 

 De acuerdo con Yonael Núñez, uno de los manifestantes, las autoridades tienen previsto desalojar a más de 300 familias a lo largo del tramo comprendido entre los kilómetros 18 y 30 de la autopista Duarte, desde los límites con el municipio de Los Alcarrizos hasta Pedro Brand. 

 Núñez explicó que, aunque los residentes no se oponen al desarrollo del municipio, consideran que los montos ofrecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) representan menos de la mitad del valor de sus propiedades. En ese sentido, solicitó a las autoridades revisar las compensaciones económicas para que las familias afectadas puedan adquirir otras viviendas. 

 "No están dando ni el 50 % de lo que valen los terrenos. Ellos ahora no quieren pagar el terreno. Ellos nada más dicen que van a pagar la vivienda, porque aquí ninguno tenemos título", precisó Núñez, quien aseguró que los residentes compraron sus terrenos, aunque no cuentan con títulos de propiedad. "Estamos exigiendo que sea el pago justo. ¿Me entiende? No nos ponemos al desarrollo del municipio", aclaró. 

Sostuvo que las compensaciones propuestas por Obras Públicas no les permitirían adquirir otros terrenos en la zona, donde, según indicó, el metro cuadrado cuesta actualmente 6,500 pesos. 

 Tres días de manifestaciones 

Los residentes iniciaron las manifestaciones el pasado miércoles con una vigilia y aseguran que continuarán reclamando hasta recibir una respuesta de las autoridades.

Solicitan a la Procuraduría agilizar la extradición de presunta líder de estafa inmobiliaria

Varias de las víctimas de una estafa inmobiliaria exigieron a la Procuraduría General de la República agilizar el proceso de extradición de la presunta líder del esquema de fraude en la venta de exclusivos proyectos de apartamentos en La Romana desmantelado hace dos años. 

 El grupo de afectados que se presentó a la sede del Ministerio Público estuvo liderado por Ruth Pérez, quien se quejó del "duro golpe" a los que invirtieron sus ahorros de toda la vida, muchos de ellos ancianos, y cuyo proceso judicial "tan largo", los tiene agotados. 

 El caso, bautizado como Operación Guepardo por el órgano acusador, se dio a conocer en febrero del 2025 con el apresamiento de los primeros de los 10 imputados. La presunta red habría utilizado las empresas Novasco Real Estate S.R.L., a través de plataformas como RE/MAX ONE RD para ganar credibilidad. Entre los proyectos ofrecidos figuran "La Romana Victoriana Residences" y "Bávaro Victoriana Residences", los cuales nunca se materializaron. 

 Los fiscales a cargo de la investigación presentaron la acusación en abril de este 2026, pero todavía no ha empezado a dársele lectura en el tribunal que conoce el juicio preliminar. 

 El fraude asciende a más de 18 millones de dólares y 214 millones de pesos y a quien se señala de encabezar la alegada red, Loany Lismeiry Ortiz Nova, viajó a Colombia a final del 2024, en donde fue capturada en febrero del 2025 y casi dos años después todavía no se ha producido su extradición.

Gobierno propone ordenar el uso del suelo y priorizar inversiones en todo el país


Santo Domingo.– El Gobierno dominicano propone establecer nuevas reglas para organizar el uso del suelo, proteger las áreas agrícolas y los ecosistemas, reducir los riesgos ambientales y orientar la inversión pública hacia las regiones con mayores necesidades, mediante el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT).

 La iniciativa, contenida en un proyecto de ley, busca establecer un modelo de desarrollo territorial sostenible que articule las políticas públicas nacionales, regionales y municipales. 

La propuesta fue conocida y aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2026 y contempla disposiciones para coordinar el crecimiento urbano, las actividades productivas y la conservación de los recursos naturales. 

 Entre sus principales medidas figura la protección de los suelos de alta capacidad agrícola, la recuperación de terrenos degradados y la regulación de actividades mineras conforme a la legislación vigente y a los instrumentos de ordenamiento territorial. 

También plantea establecer restricciones de uso cuando sea necesario proteger zonas costeras, humedales, manglares, cuencas hidrográficas y áreas de recarga de agua. 

 El proyecto identifica seis corredores territoriales estratégicos: el Central, entre Santiago y Santo Domingo; el de la Costa Atlántica, entre Puerto Plata y Samaná; el de la Zona Este, entre San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo e Higüey; el de la región Ozama y su entorno, que comprende Ozama-Valdesia-Higuamo; los corredores transfronterizos y el corredor Atlántico-Caribe.

Reintroducen proyecto que busca prohibir construcción de mezquitas y restringir aplicación de la sharía en RD


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez reintrodujo el proyecto de ley que busca prevenir el extremismo religioso en República Dominicana, mediante restricciones a la construcción y funcionamiento de mezquitas y la prohibición de introducir o aplicar normas de la sharía que contradigan la Constitución y las leyes nacionales. 

 La iniciativa establece medidas de registro, supervisión, prohibiciones y sanciones para personas y organizaciones que desarrollen actividades religiosas, culturales, educativas o ideológicas en el territorio dominicano.

 El proyecto plantea como objetivo preservar la seguridad nacional, el orden constitucional y la identidad cultural dominicana, bajo el argumento de prevenir la imposición de normas religiosas que puedan entrar en conflicto con el ordenamiento jurídico del país. 

 Uno de los puntos más controversiales la prohibición de construcción y funcionamiento de mezquitas, al considerar que podrían propiciar la colonización ideológica y la imposición de normas religiosas extremistas. Sin embargo, el artículo 11 de la normativa legislativa delimita la prohibición a las mezquitas cuya finalidad principal sea la colonización ideológica o la imposición de normas religiosas externas, una diferencia que podría convertirse en uno de los aspectos centrales de la discusión. 

¿No has renovado tu cédula y vives en el exterior? Estos son los cambios dispuestos por la JCE

Saber cuándo, cómo y dónde renovar su cédula de identidad y electoral, son interrogantes que se plantean los dominicanos residentes en el exterior. Este miércoles la Junta Central Electoral (JCE) informó las nuevas modalidades que aplican para que la diáspora obtenga el documento.

 El pleno del órgano electoral aprobó el instrumento que establece las pautas para organizar y brindar atención a la ciudadanía en las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE), las oficinas satélites y los puntos fijos.

 A partir del próximo 2 de noviembre, la JCE elimina el sistema de citas en algunas dependencias, donde la ciudadanía será atendida por orden de llegada, sujeto a una cantidad determinada de turnos y a la capacidad operativa de cada oficina. 

 En las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) donde la JCE elimina el sistema de citas para la nueva cédula está ubicadas en: Atlanta, Toronto y Montreal, en Canadá, Panamá, Curazao, Valencia y Holanda. Esta modalidad aplica también para las llamadas Oficinas Satélites (ubicadas en dependencias en exterior) en Springfield, Massachusetts; Ottawa y Toronto, en Canadá; Chicago, Illinois; Ciudad de México; Tampa, Florida; Aruba; Génova, Italia; y Sevilla, España.  También en los puntos fijos que están en Waterbury, Connecticut, y Providencia, Chile. 

INCABIDE subastará apartamentos, casas, terrenos y otros 200 bienes


SANTO DOMINGO.- Apartamentos, casas, solares y fincas forman parte de los bienes inmobiliarios que el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) ofrecerá en su segunda subasta de 2026, prevista para el próximo 25 de noviembre. 

La convocatoria también contempla aeronaves, vehículos reparables, joyas, relojes, embarcaciones y chatarras. De acuerdo con las estimaciones de la institución, los 200 activos incluidos en el catálogo tienen un valor aproximado de RD$1,000 millones, mientras que la meta de recaudación asciende a RD$600 millones. 

 En ese sentido, la oferta reúne alternativas para quienes buscan adquirir viviendas o terrenos, así como para inversionistas y comerciantes interesados en otros artículos con posibilidades de aprovechamiento económico. 

Senado aprueba entrada vigor nuevo Código Penal para 2028

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en dos lecturas y declaró de urgencia el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, que instituyó el nuevo Código Penal dominicano, para extender hasta el 5 de noviembre de 2028 la entrada en vigor de cuatro artículos relacionados con las personas jurídicas. 

 La iniciativa, presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, establece un plazo adicional de 24 meses para que las personas jurídicas puedan adecuarse a las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, cuya aplicación estaba prevista inicialmente para el 5 de noviembre de 2026.

 PLAZO PARA ADECUACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

 Durante la sesión, Barón Duluc, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, presentó un informe favorable y solicitó que la propuesta fuera incluida en la orden del día para su conocimiento y aprobación. 

 La modificación busca conceder más tiempo a las personas jurídicas para adaptarse a las disposiciones contempladas en esos artículos del nuevo Código Penal. 

 OTRAS INICIATIVAS APROBADAS 

 En la misma sesión, los senadores aprobaron de urgencia el proyecto que modifica varios artículos de la Ley 339-22, sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial, y agrega el artículo 12.1. 

 La propuesta procura agilizar los servicios judiciales mediante herramientas tecnológicas, como la firma electrónica cualificada, la digitalización de documentos y las audiencias virtuales. Sin embargo, excluye la materia penal de las actuaciones jurisdiccionales en entornos virtuales previstas en el artículo 14.

Superintendencia de Pensiones plantea hipotecas de hasta 25 años con fondos previsionales


El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, planteó explorar mecanismos de financiamiento con fondos de pensiones para facilitar el acceso a viviendas, mediante préstamos hipotecarios con plazos de hasta 25 años y tasas de interés fijas. Esta alternativa, dijo, permitiría conectar el ahorro previsional de largo plazo con las necesidades de financiamiento de vivienda de los propios trabajadores. 

 Torres también propuso evaluar esquemas de alquiler con opción a compra para las familias que tienen dificultades para reunir el pago inicial exigido en un préstamo hipotecario tradicional. Según el funcionario, ambas alternativas permitirían vincular el ahorro previsional con las necesidades de vivienda de los trabajadores y diversificar la participación de los fondos de pensiones en el mercado habitacional. 

 La propuesta fue presentada durante el almuerzo de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), dedicado a analizar fuentes de financiamiento para proyectos habitacionales.

 La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, señaló que la asociación busca acercar a constructores y promotores distintas alternativas de financiamiento y fortalecer la vinculación entre el sector inmobiliario y los actores del sistema financiero. "Desde Acoprovi continuamos generando espacios que permitan a constructores y promotores conocer las alternativas disponibles para estructurar y financiar sus proyectos, así como fortalecer el diálogo entre el sector construcción, los fondos de inversión y el sistema de pensiones", dijo. 

 Representantes de Pioneer, AFI Reservas, JMMB Funds y AFI Universal, abordaron las opciones disponibles mediante fondos de inversión para financiar proyectos residenciales. También se analizaron el financiamiento verde y otros mecanismos que podrían complementar las fuentes tradicionales de recursos.

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