Barahona proyecta un nuevo puerto con una inversión de más de RD$2,000 millones

Un nuevo puerto cuya inversión podría superar los RD$2,000 millones está contemplado para Barahona como parte de los proyectos que impulsa el Gobierno para fortalecer el turismo y dinamizar la economía de la provincia y la Región Enriquillo. 

 El funcionario Edgar Augusto Féliz Arbona afirmó este sábado que el presidente Luis Abinader tiene interés en que la obra pueda materializarse antes de concluir su gestión. 

 Según explicó, el proyecto contempla la construcción de un muelle en las proximidades de la desembocadura del río Yaque del Sur, en la zona de Las Salinas, Villa Central. Féliz Arbona precisó que la iniciativa se encuentra actualmente en fase de estudios y diseños, proceso que incluye las evaluaciones ambientales, económicas y de factibilidad necesarias para determinar las condiciones de ejecución de la obra. 

 Estrategia gubernamental

 El funcionario sostuvo que el proyecto se inscribe dentro de la estrategia gubernamental para ampliar la infraestructura turística del Sur, tomando como referencia las inversiones realizadas en Pedernales y otras iniciativas destinadas a mejorar la conectividad de la Región Enriquillo. 

Nuevo reglamento busca arbitrajes más rápidos sin sacrificar el debido proceso

El Reglamento de la Corte de Arbitraje de Santo Domingo busca acelerar los procesos arbitrales sin afectar el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso, explicó el abogado Jaime Senior. Señaló que el reto consiste en lograr un equilibrio entre rapidez y seguridad jurídica, de manera que las partes puedan presentar su defensa, ser escuchadas y obtener una decisión arbitral que tenga mayor protección frente a cuestionamientos posteriores. 

 Arbitraje 

“El respeto al debido proceso con el arbitraje es una de las características fundamentales del reglamento”, afirmó a elDinero tras la presentación de la normativa durante el HUB Cámara Santo Domingo. 

 Explicó que el reglamento fue elaborado tomando en cuenta la experiencia acumulada durante los últimos años, con la intención de prever situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso y reducir las posibilidades de que este sea objeto de tácticas dilatorias. 

 Rapidez

 Senior aclaró que la búsqueda de mayor rapidez no implica eliminar las garantías procesales. El tribunal arbitral debe permitir que las partes ofrezcan su defensa y sean escuchadas antes de emitir el laudo (sentencia). 

 El abogado sostuvo que las nuevas disposiciones procuran que los procesos sean “más blindados” ante posibles ataques en los tribunales, sin dejar de proteger los intereses de ambas partes. “Lo que vamos a ver con este nuevo reglamento va a ser un proceso más rápido, pero un proceso más seguro también”, concluyó.

Fuente: https://eldinero.com.do/380150/nuevo-reglamento-busca-arbitrajes-mas-rapidos-sin-sacrificar-el-debido-proceso/

Permisos construcción pasarán de ocho meses a 60 y 120 días

La reducción de hasta 75% en el tiempo para obtener permisos de construcción busca acelerar la ejecución de proyectos y eliminar la espera entre trámites simultáneos, informó Peter Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

 Los procesos, que actualmente pueden tomar en promedio ocho meses y en algunos casos superar un año, son reorganizados para que los trámites puedan ejecutarse de manera paralela.

 Prazmowski explicó que la meta es que los proyectos de construcción no complejos obtengan respuesta en un máximo de 60 días, mientras que los complejos tengan un plazo de hasta 120 días en noviembre 2026, lo que representaría reducciones de 75% y 50%, respectivamente. Indicó que en alianza con Burocracia Cero se trabaja en la modificación del proceso de permisos de construcción, una de las iniciativas priorizadas dentro de Meta RD 2036.

 La transformación busca integrar las instituciones que intervienen en la aprobación y reducir requisitos y tiempos de respuesta. 

 La directora de Competitividad Gubernamental y Coordinadora de Burocracia Cero del CNC, Adagel Grullón, indicó que participan diversas instituciones, entre ellas los ministerios de Vivienda y Edificaciones, Turismo y Medio Ambiente, entidades vinculadas a las aguas, como la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, Inapa y los ayuntamientos, según la zona.

Familia Disla denuncia presunta intervención militar en litis por terrenos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La familia Disla denunció públicamente la presunta intervención del general de brigada Perdomo Sánchez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana (ERD), en actuaciones relacionadas con un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos sometidos a una controversia de carácter civil, inmobiliario y registral. 

 La familia considera grave y preocupante que un alto oficial militar haya intervenido en una disputa relacionada con derechos de propiedad, por entender que este tipo de conflictos corresponde ser dirimido por los tribunales y las instituciones civiles competentes, particularmente por la Jurisdicción Inmobiliaria.

 Los Disla reclaman al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del Ejército de República Dominicana, y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional que determine las circunstancias en que se produjo la presunta intervención.

Tribunal rechaza extinción del Caso Calamar y fija criterio sobre el plazo de cuatro años

Las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta del tribunal; Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, rechazaron por mayoría de votos las solicitudes de extinción de la acción penal planteadas por varias de las defensas del Caso Calamar y establecieron un criterio sobre el momento a partir del cual debe comenzar a computarse el plazo máximo de cuatro años de duración del proceso. 

 El tribunal consideró que el proceso nació bajo la vigencia del Código Procesal Penal modificado por la Ley 10-15, normativa que establecía que el plazo máximo de duración comenzaba a correr a partir de la solicitud de medidas de coerción o de la realización de un anticipo de prueba.  Con este razonamiento, las juezas descartaron la pretensión de varias defensas de que el cómputo comenzara desde actuaciones realizadas durante los años 2021 y 2022, entre ellas interrogatorios practicados por el Ministerio Público, oposiciones a pagos e inmovilizaciones de fondos. 

 Las defensas habían solicitado que se aplicara de manera retroactiva el artículo 150 de la Ley 97-25, actual Código Procesal Penal, por considerarlo más favorable a sus representados.  En su defecto, algunas plantearon que se aplicara de manera ultraactiva la Ley 76-02, Código Procesal Penal primigenio, y que el plazo se computara desde los primeros actos de investigación que, según alegaron, pudieron afectar derechos fundamentales de los imputados. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que aceptar esa interpretación implicaría afectar el principio de seguridad jurídica, debido a que cuando nació el proceso existía una legislación que establecía expresamente cuál era el punto de partida para computar los cuatro años.

Mina sin permiso continúa operando en Monte Plata pese a intervenciones de Medio Ambiente

Monte Plata.– Una mina ubicada en El Laurel, Monte Plata, continúa operando con equipos pesados y extracción de material pese a que no cuenta con permiso ambiental ni figura registrada como proyecto minero ante el Ministerio de Medio Ambiente. 

Las autoridades advierten, además, que las excavaciones podrían haber alcanzado la capa freática. La actividad se desarrolla en un terreno de aproximadamente 120 mil metros cuadrados, donde durante varios días fueron observados movimientos de tierra, camiones entrando y saliendo y áreas erosionadas por la extracción. 

 

 Medio Ambiente confirma que la mina opera de manera ilegal

 La directora de Recursos Mineros del Ministerio de Medio Ambiente, Fahola Yang, confirmó que el terreno no cuenta con la permisología correspondiente y ni siquiera aparece registrado como proyecto minero. “La mina que ustedes nos presentan no cuenta con la permisología eh de este ministerio y no la tenemos registrada tampoco como un proyecto minero”, expresó Yang.

La República Dominicana y Estados Unidos acuerdan cooperación para la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras

Santo Domingo.- La República Dominicana y los Estados Unidos de América suscribieron un marco de cooperación para fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, así como promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo vinculadas a la extracción y procesamiento de estos recursos estratégicos. 

 El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, y la embajadora de los Estados Unidos de América, Leah F. Campos, en un acto en el que estuvo presente el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría. 

 Durante el acto de firma, el canciller Bisonó resaltó que se trata de un acuerdo en el que la República Dominicana y Estados Unidos prevén trabajar para proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras; identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar el financiamiento de proyectos ubicados en ambos territorios. 

 “Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, precisó. 

Corte confirma extinción penal en caso Los Tres Brazos

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó en todas sus partes la sentencia de primer grado que declaró la extinción de la acción penal a favor del exdirector del CEA, 

Leoncio Almánzar, y demás imputados en el caso de la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos. Con esta decisión, el tribunal, integrado por los magistrados Ysis Muñiz, presidenta; Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, los querellantes y actores civiles contra la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado el 22 de abril de 2024.

 Los jueces de la Corte justificaron su decisión tras establecer que el cómputo de la duración del proceso debe contarse a partir de la primera medida de coerción, impuesta el 31 de julio de 2018, y que, al momento de su fallo, habían transcurrido más de ocho años sin que existiera una sentencia de fondo, ya fuera condenatoria o absolutoria. 

 “Más de ocho (8) años en un proceso penal sin la intervención de una sentencia de fondo es un desatino, resulta irrazonable”, señalan textualmente los jueces en su decisión, entre otras razones legales para justificar la ratificación de la sentencia. 

Tribunal suspende temporalmente desalojo de COOPFVIESTE en terreno de dominio público en Bávaro

BÁVARO, LA ALTAGRACIA.– Según información recibida por Bávaro Digital, la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia ordenó suspender provisionalmente los efectos de la Resolución núm. 360, vinculada al proceso de desalojo de la Cooperativa Familiar de Viviendas y Servicios Múltiples del Este (COOPFVIESTE) de un terreno de 14,016.15 metros cuadrados. 

 El inmueble, identificado con la matrícula 1000028340, figura dentro del expediente judicial con derecho de propiedad a favor del Dominio Público desde el 14 de octubre de 2010.

 La decisión fue emitida el 10 de septiembre de 2026, luego de que COOPFVIESTE acudiera en referimiento buscando detener los efectos de la resolución dictada el 3 de agosto por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Departamento Este. 

 El tribunal comprobó además que existe un recurso de reconsideración presentado por la cooperativa el 13 de agosto, el cual todavía permanece pendiente de decisión. 

 La jueza Yuri Isabel Espino Geneux entendió que ejecutar la resolución mientras ese recurso sigue abierto podría generar una afectación de difícil o imposible reparación, por lo que dispuso suspender de manera provisional sus efectos hasta que se decida el recurso pendiente.