Paliza anuncia construcción del nuevo teleférico de Puerto Plata comenzará el 30 de septiembre


El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el próximo 30 de septiembre comenzarán los trabajos de construcción del nuevo sistema de teleférico de Puerto Plata. 

 Paliza informó que el proyecto ya fue adjudicado mediante licitación a Doppelmayr, una de las principales empresas del mundo en la construcción de ese tipo de medio de transporte. "Que el próximo día 30, en apenas dos semanas, se iniciarán los trabajos de construcción del teleférico de Puerto Plata, debidamente licitado", externó Paliza durante la inauguración de una planta de valorización de residuos en esa provincia.

 Objetivo del proyecto

 Con la construcción del nuevo sistema, el Gobierno busca sustituir la infraestructura que durante décadas fue uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Plata y un medio de acceso a la montaña Isabel de Torres.

 El Teleférico de Puerto Plata permanece fuera de servicio desde hace más de dos años. 

Sus operaciones fueron detenidas luego de que la empresa encargada de brindar asesoría técnica a la operación no pudiera certificar que el sistema existente reunía las condiciones necesarias para continuar funcionando de manera segura.

Parceleros piden declarar en emergencia ambiental terrenos del IAD en La Romana

La Romana. – Organizaciones de parceleros solicitaron al presidente Luis Abinader declarar en estado de emergencia ambiental varios proyectos agrícolas del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en La Romana, debido a denuncias de tala de árboles, producción clandestina de carbón, ocupación de terrenos y presuntas irregularidades en la comercialización de parcelas.

 Denuncias en proyectos del IAD El reclamo fue presentado por la Asociación Frente Agropecuario, Revolucionario y Comunitario Mi Propio Esfuerzo (Farcompe), la Asociación de Parceleros María Trinidad Sánchez y el Proyecto Agrícola Agropecuario y Porcino (Proaagropor-Cumayasa), que señalaron particularmente los proyectos 406, 476 y 520, ubicados en zonas de Cumayasa, Villa Hermosa, El Gato y La Noria. 

 Los representantes de las organizaciones, Mario Díaz, Ángela María Acosta y Eusebio Rijo, pidieron una intervención del Gobierno para determinar la situación legal de las tierras y frenar, según denunciaron, las actividades que afectan los terrenos destinados a la producción agropecuaria. 

 Mario Díaz afirmó que las organizaciones han intimado, en cuatro ocasiones, mediante actos de alguacil, al IAD y al Ministerio de Agricultura para que realicen un saneamiento integral de los proyectos. 

Administración estadio Quisqueya quedaría en manos de corporación y no de patronato

Santo Domingo.- Los trámites legislativos para la aprobación de un proyecto de Ley que autoriza la creación de la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (CITELF), una sociedad de capital público y privado que tendría a su cargo el desarrollo del nuevo estadio, la remodelación del Coliseo Carlos Teo Cruz y un complejo inmobiliario y urbanístico, ya fueron iniciados. 

 Uno de los puntos de mayor interés para los fanáticos de la pelota dominicana es qué ocurrirá con el actual Quisqueya y con los equipos que utilizan sus instalaciones durante el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). 

 La iniciativa contempla que la construcción del nuevo estadio forme parte de una operación mucho mayor. CITELF sería constituida como una sociedad anónima de capital mixto y tendría facultad para desarrollar un complejo inmobiliario y urbanístico en terrenos del ensanche La Fe.

 Para capitalizar la participación pública, el Estado dominicano y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) quedan autorizados a aportar los inmuebles de su propiedad ubicados dentro de 13 manzanas del Distrito Catastral número 1 del Distrito Nacional. 

Lockward somete recurso de oposición contra decisión que rechazó extinción del caso Calamar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El licenciado Ángel Lockward sometió un recurso de oposición “fuera de audiencia” contra la decisión incidental del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo en el caso Calamar. 

 La instancia de oposición a la decisión incidental, contenida en el acta de audiencia del 14 de septiembre pasado, fue sometida por Lockward el pasado viernes ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a través de los abogados de su defensa, Norberto Rondón y Carlos Escalante. 

 En la audiencia del pasado lunes 14 de septiembre, la presidenta del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlin Ventura Jiménez, acogió la solicitud de extinción del proceso sometida por varios de los imputados en el caso Calamar, pero las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez votaron en contra.

 La decisión de la magistrada Ventura Jiménez motivó que fuera recusada por el Ministerio Público, lo que fue rechazado por el tribunal. Los abogados, en su recurso de oposición, piden a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional “declarar regular y admisible el presente recurso de oposición fuera de audiencia contra la decisión incidental contenida en el acta de audiencia del 14 de septiembre de 2026, de conformidad con los artículos 423 y 425 de la Ley 97-25”.  Además, solicitan acoger el recurso en cuanto al fondo y, en consecuencia, revocar los ordinales primero y segundo de la decisión impugnada, exclusivamente en cuanto rechazan la extinción de la acción penal y el cese de medidas respecto del doctor Ángel Gilberto Lockward Mella. 

Paliza ve en la Autovía del Ámbar una obra para transformar la economía del Cibao


Para el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la construcción de la Autovía del Ámbar representa mucho más que una nueva carretera: es una infraestructura llamada a cambiar la relación económica entre Puerto Plata y el Cibao Central. 

 Durante LA Agenda Semanal encabezada este lunes por el presidente Luis Abinader desde Santiago, Paliza destacó que la vía permitirá reducir considerablemente el tiempo de traslado entre Santiago y Puerto Plata y acercará ambos polos económicos y turísticos. 

 La construcción de la autopista fue adjudicada Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. por el Fideicomiso RD Vial al concluir la Licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, convocada en noviembre de 2025 junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Será construida por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar. 

 La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa "Será un ganar-ganar", afirmó Paliza al referirse a los beneficios que la carretera generará tanto para Puerto Plata como para Santiago. 

"Estamos perdiendo terrenos agrícolas", Gobierno inicia ruta para plan de ordenamiento territorial


Ante los desafíos de recuperar los terrenos agrícolas y ambientales, en medio de un cambio climático más agresivo, el Gobierno ha trazado la ruta para aplicar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), instrumento que busca definir cómo deberá organizarse el crecimiento de las ciudades y el uso del suelo del país durante los próximos 30 años. 

 La propuesta, que está contenida en el artículo 194 de la Constitución y el 21 de la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, parte de un diagnóstico realizado durante aproximadamente cinco años, período en el que las autoridades realizaron consultas con ciudadanos, instituciones públicas, universidades y representantes del sector privado. 

 Durante el Consejo de Ministros celebrado ayer y encabezado por el presidente Luis Abinader, se identificó la transformación de terrenos destinados a actividades agrícolas para la construcción de proyectos inmobiliarios como uno de los principales desafíos en el que se debe prestar atención.

El Ministerio Público recusa a jueza en caso Donald Guerrero, pero sus colegas rechazan la acción

El juicio de fondo contra varios exfuncionarios públicos acusados de presunta corrupción, y que encabeza el exministro Donald Guerrero, inició este miércoles luego de que dos juezas rechazaran una recusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra la presidenta del Tercer Tribunal Colegiado, Arlin Ventura Jiménez. 

 Tras resolverse el incidente, el órgano acusador comenzó a leer la acusación contra la supuesta red que habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos solo en pagos por la expropiación de terrenos privados. 

 Las juezas Leticia Martínez Noboa y Eveline Rodríguez dijeron que el rechazo de la recusación es una decisión jurisdiccional en la "que simplemente" se toma en cuenta "el criterio de la mayoría respecto a que el proceso no se ha extinguido y que debe continuar", como se decidió en la audiencia anterior "no prejuzgándose así ninguna suerte de este proceso respecto de los aspectos del fondo. 

 Este sentido –continuaron las juzgadoras – este tribunal con sus dos miembros tiene a bien rechazar la recusación planteada del Ministerio Público respecto a la magistrada Arlin Ventura por no encontrarse en ella las causales dadas por el Ministerio Público respecto del artículo 80 numeral 10 y ninguna otra que podamos observar de oficio". 

Abogado de víctimas del Jet Set: daños estructurales venían desde 2022 y fueron corregidos de forma parcial

El abogado Jonny Rodríguez, representante de dos de las víctimas del colapso del techo del centro nocturno Jet Set, afirmó que las pruebas y los peritajes presentados hasta el momento por el Ministerio Público comprometen, a su juicio, la responsabilidad penal y civil de los imputados en el proceso. 

 Rodríguez señaló que, conforme avanza la presentación de las pruebas, existen expectativas de que pueda producirse un cambio en la calificación jurídica de los hechos. “Posiblemente inclusive logremos un cambio de calificación jurídica de continuar como van presentándose las pruebas”, expresó el abogado. 

 Según Rodríguez, durante el juicio se ha puesto en evidencia que los daños en la estructura del establecimiento se remontarían al año 2022 y que, desde entonces, habrían sido objeto de intervenciones parciales.

 “Se ha estado demostrando que los daños vienen desde el año 2022 y vienen corrigiéndolo y corrigiéndolo de manera parcial y diría yo cierto descuido”, sostuvo. 

Parceleros denuncian invaciones de tierras y reclaman seguridad jurídica en Monte Plata

DIARIO ECO/MONTE PLATA, RD.- La situación de la propiedad de la tierra en Monte Plata genera preocupación entre parceleros y organizaciones de la provincia, debido a denuncias sobre invasiones de terrenos, tala de árboles, incendios y procesos judiciales que, según los denunciantes, se prolongan durante años sin una respuesta efectiva de las autoridades. 

 El Bloque de Mujeres Parceleras y otras organizaciones sostienen que existen propietarios con títulos y documentos de larga data cuyos terrenos han sido ocupados o convertidos en asentamientos.

 Asimismo, denuncian que sectores políticos estarían respaldando o estimulando determinadas ocupaciones, alegaciones que, de acuerdo con el planteamiento, deben ser investigadas por las autoridades para establecer responsabilidades. 

 Los denunciantes también cuestionan la ejecución de órdenes de arresto y el avance de expedientes depositados ante la Fiscalía. 

Señalan que algunos parceleros cuentan con títulos de propiedad, pruebas y procesos judiciales abiertos, pero que las actuaciones correspondientes no se ejecutan con la celeridad esperada. En ese contexto, organizaciones como la Liga de Parceleros Cristianos y FEDELA buscan elevar sus reclamos y procurar encuentros con representantes del Ministerio Público.

 El planteamiento, firmado por Ysabel Martínez, reclama una respuesta institucional que garantice la seguridad jurídica y evite nuevas confrontaciones. El documento sostiene que cualquier denuncia de invasión debe ser investigada y que, si se determina la participación de funcionarios o dirigentes en estas acciones, deben establecerse las responsabilidades conforme a la ley. 

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