Familia recupera propiedad tras décadas de litigio

Santo Domingo.– Tras más de veinte años de intensas disputas legales, las autoridades ejecutaron este fin de semana un desalojo en los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el sector Miraflores. 

El terreno, conocido popularmente por albergar el antiguo local de Teleoferta, fue recuperado por su propietario legítimo en cumplimiento de sentencias judiciales definitivas. 

 El desalojo se fundamentó en la Resolución número 596, emitida el 25 de septiembre de 2025 por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, quien autorizó el auxilio de la fuerza pública. 

Según informaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo tras notificaciones previas y el otorgamiento de los plazos legales correspondientes, asegurando el apego a los protocolos institucionales y el respeto a la dignidad humana. “Este desalojo no es un acto arbitrario, sino la ejecución de decisiones judiciales firmes durante más de 20 años”, expresó Rafael Eduardo Selman Hasbún. 

Mivhed anuncia licitación para construcción de viviendas y rehabilitación de calles

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) anunció el proceso de licitación pública para un proyecto que contempla la construcción de 500 viviendas en nueve provincias del país, con una inversión base que supera los RD$3,000 millones. 

 De acuerdo con un informe descriptivo, el proyecto denominado «Construcción de Viviendas Sociales y Rehabilitación de Calles y Hábitats en diferentes provincias del país» tiene como objetivo principal ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad. 

 El proyecto, con un tiempo máximo de ejecución de 24 meses, contempla la edificación de nuevas viviendas y la mejora integral del entorno urbano, incluyendo calles, aceras, contenes, drenaje pluvial y acometidas domiciliarias de agua potable. 

 La inversión base asciende a RD$3,076,409,630.30, según el pliego de condiciones de la licitación (MIVHED-CCC-LPN-2026-0008), que también indica que el proyecto estima el desarrollo de 10 lotes, cada uno con la construcción estimada de 50 viviendas y la intervención de cinco kilómetros de calles.

 Las provincias en las que se distribuirían los lotes son Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Duarte, Barahona, Peravia y La Romana. Cada lote cuenta con una inversión individual de RD$307,640,963.03. 

DGCP emite reglamento del Registro de Proveedores del Estado para simplificar trámites y fortalecer la transparencia

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la emisión del Reglamento núm. DGCP-SNCP-01-2026 del Registro de Proveedores del Estado (RPE), un instrumento normativo que busca modernizar, simplificar y dotar de mayor seguridad jurídica el acceso al mercado público por parte de ciudadanos y empresas. 

 El documento, firmado y aprobado por el director general, Carlos Pimentel Florenzán, es el primero de los seis reglamentos específicos que serán emitidos progresivamente por el órgano rector para fortalecer el marco jurídico que rige la materia, acorde al mandato otorgado por la reciente Ley núm. 47-25, de Contrataciones Públicas. Dicho reglamento tiene como objetivo principal regular y desarrollar todo lo relativo a la gestión y funcionamiento del RPE, así como transformar el referido registro en una base de datos íntegra y eficiente que funcione como un mecanismo de control preventivo ante el Régimen de Inhabilidades. 

 Uno de los pilares de esta normativa es la implementación de la interoperabilidad entre instituciones, que contribuirá a la automatización de las verificaciones de documentación mediante la conexión de datos con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), las Cámaras de Comercio, así como de los ministerios de Trabajo, de Hacienda e Industria, Comercio y Mipymes, entre otras entidades. 

Ambientalista afirma fallo por Duquesa “le salió barato” a RD y denuncia irregularidades

El ambientalista Nelson Bautista aseguró que el pago de aproximadamente 44 millones de dólares que deberá asumir el Estado dominicano tras un fallo internacional por el caso del vertedero de Duquesa “le salió barato” al país, al considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades y una débil defensa institucional. 

 Bautista explicó que el conflicto se remonta a 2017, cuando el Ministerio de Medio Ambiente rescindió el contrato de la empresa vinculada al manejo del vertedero de Duquesa por presuntos incumplimientos. Sin embargo, el empresario afectado llevó el caso a arbitraje internacional reclamando hasta 300 millones de dólares.

 Según el ambientalista, el Estado dominicano no actuó con la debida diligencia en los tribunales locales para perseguir supuestas falsificaciones de títulos de propiedad vinculadas a esos terrenos, lo que debilitó su posición en el proceso internacional. “Se trata de un fraude sobre otro fraude, que al final termina pagando el pueblo dominicano”, sostuvo. 

Conflicto por propiedad de terrenos enfrenta al Plan Sierra y asociación agrícola en Santiago Rodríguez

SANTIAGO RODRÍGUEZ. – En el Tribunal de Tierras de la provincia Santiago Rodríguez enfrenta un conflicto legal entre el Plan Sierra y la Asociación Agrícola Guaragüano por la propiedad de unos terrenos ubicados en el municipio Monción. 

 En representación de la asociación habló el agrimensor José Cristino Peñalo, quien explicó que los terrenos en disputa fueron adquiridos por la entidad en el año 1979, cuando en esa zona operaban varias fábricas instaladas por empresas agrícolas. Según detalló, años más tarde, durante la década de 1980 y tras la creación del Plan Sierra en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, esa institución fue designada como asesora agrícola de la asociación, con el propósito de brindar orientación en los procesos productivos. 

 Peñalo indicó que, posteriormente, la asociación tomó un préstamo bancario para adquirir maquinarias, en una operación en la que el Plan Sierra habría fungido como garante. Sin embargo, debido a dificultades en el pago, el título de propiedad de los terrenos pasó a nombre del Plan Sierra. 

 La Asociación Agrícola Guaragüano sostiene que, al percatarse de la transferencia, reclamó sus derechos, alegando que se le exigió ceder el 50 % del valor de los terrenos a favor del Plan Sierra. Explicó, además, que se realizaron actos legales que incluyeron una venta parcial y una donación. 

Jueza dicta libertad pura y simple a tres hombres apresados por invadir terrenos en Sabana Grande de Boyá.

Una decisión judicial ha desatado cuestionamientos, luego de que la jueza Madelin Genao, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, rechazara la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público y ordenara la libertad pura y simple de tres hombres, acusados de invadir un terreno estatal destinado al deporte infantil.

  Los detenidos, Marino Mejía, de 61 años, Manuel Santana, de 50, y Rafael Azal, de 39, fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional mientras delimitaban el área con alambres de púas y portaban machetes en el lugar. El terreno intervenido pertenece al Ministerio de Deportes y en él operan dos play de béisbol utilizados por niños y jóvenes de la comunidad. 

 Según el criterio de la magistrada, la presencia de los imputados en el lugar con machetes y alambres no constituía elementos suficientes para imponer medidas de coerción, decisión que derivó en su puesta en libertad inmediata. Sin embargo, versiones en la comunidad señalan que al menos uno de los involucrados es ampliamente conocido por participar en este tipo de prácticas ilegales. 

Gobierno presenta el Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Plata

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Puerto Plata, una iniciativa que forma parte de una estrategia nacional para implementar estos planes en más de 60 municipios cabecera de provincia y territorios estratégicos antes de 2028, con el respaldo del Banco Mundial.

 Durante el acto, el funcionario informó que este proyecto forma parte de una estrategia nacional orientada a implementar planes de ordenamiento territorial en más de 60 municipios cabecera de provincia y territorios estratégicos antes de 2028, con el respaldo del Banco Mundial. “Ya están listos los planes de ordenamiento territorial de Verón y Ocoa, y para la próxima semana se prevé presentar los de San Cristóbal y Neyba, continuando el ritmo de implementación de estas herramientas”, señaló Paliza. 

 Destacó que el plan presentado en Puerto Plata tomó 18 meses de elaboración y fue desarrollado por una firma internacional con experiencia multidisciplinaria en ingeniería, diseño y planificación territorial. “El documento es completo y contempla aspectos técnicos, medioambientales y urbanos. Y de manera general, es un ambicioso proyecto que nos llevará a tener toda República Dominicana organizada, con planes regionales y municipales”, manifestó Paliza. 

Indicó que el plan será sometido a un proceso de socialización que incluye vistas públicas, donde ciudadanos y sectores interesados podrán opinar antes de su eventual aprobación por la Sala Capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata. 

Jurista Julio Cury advierte que los jueces pueden variar la calificación en caso Jet Set

Desde que el Ministerio Público sometió la acusación por el caso Jet Set, han surgido cuestionamientos sobre la calificación de homicidio involuntario. Algunos juristas sostienen que esta tipificación podría cambiar durante el proceso, dependiendo de los elementos de prueba presentados ante los tribunales. 

 Cambio de calificación 

El jurista Julio Cury explicó que tanto el juez de la instrucción, en la fase de audiencia preliminar, como el tribunal de fondo tienen la facultad de modificar la calificación jurídica del hecho. Esta potestad está contemplada en el Código Procesal Penal, que no limita al juez a la tipificación inicial presentada por el Ministerio Público. 

 Según Curi, durante el juicio de fondo, el tribunal puede variar la calificación en virtud de lo establecido en la normativa procesal, siempre que advierta previamente al imputado para que pueda adecuar su defensa. 

En la audiencia preliminar, el juez también puede descartar el tipo penal propuesto y enviar a juicio a los imputados bajo una calificación distinta. 

Inundaciones en Santo Domingo: experto advierte fallas estructurales en drenaje pluvial y urbanismo

Las recurrentes inundaciones en el Gran Santo Domingo, que cada año dejan pérdidas millonarias y víctimas fatales, responden a fallas estructurales en el diseño urbano y la ejecución de los sistemas de drenaje pluvial, según advierte el doctor Andrés Contreras, CEO de SEMS, una de las principales firmas de ingeniería mecánica y de fluidos de la República Dominicana. 

 Contreras sostiene que la capital dominicana enfrenta una “vulnerabilidad creciente” ante lluvias intensas, evidenciada en eventos extremos registrados en 2022, 2023 y 2026, con acumulados históricos de precipitaciones, miles de desplazados y daños que superan los cientos de millones de dólares. 

 El especialista explica que, aunque factores como la basura, la falta de drenaje y el cambio climático inciden, el problema central radica en el crecimiento urbano sin una planificación pluvial adecuada y en la falta de cumplimiento técnico en los proyectos de construcción. 

 Señala que la expansión vertical de la ciudad ha impermeabilizado grandes áreas, provocando que el agua fluya directamente hacia calles con sistemas insuficientes. 

Asimismo, indica que en muchas obras se alteran especificaciones clave, como los diámetros de las tuberías y otros componentes del drenaje. Además, advierte que numerosos filtrantes carecen de cámaras de retención de sólidos, lo que acelera su colapso durante lluvias intensas.