La nueva prioridad del Congreso: un Código Civil será confeccionado en la actual legislatura


Después de tardar más de cuatro años en la elaboración de un novedoso Código Penal que entrará en vigencia en agosto de este 2026, la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados iniciará a partir de este martes la confección de un nuevo Código Civil, que es un conjunto ordenado de normas jurídicas que regula las relaciones civiles entre personas físicas y jurídicas. 

 El proyecto del nuevo Código Civil tiene alrededor de 2,500 artículos y, aún así, una comisión de diputados busca aprobarlo en la actual legislatura, que concluye en cuatro meses. 

 El diputado Wandy Batista, quien preside la comisión de Justicia de los legisladores, anunció que la reunión del martes servirá para planificar "toda la estrategia" en la confección del nuevo Código Civil, que se prevé como una de las piezas más controversiales que manejará el Congreso. 

 Más de 2,000 artículos Batista, sin embargo, descartó que las posibles trabas del nuevo Código Civil se enfoquen en la delicadeza de los artículos, sino en el volumen de la pieza, que estimó en más de 2,000 apartados, ya que es una normativa que toca relaciones civiles hasta la muerte. "Lo que le prometemos a la población es que haremos un esfuerzo extraordinario para lograr la aprobación de esta importante ley", sostuvo el diputado de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

Hábitat para la Humanidad impulsa modelos de alquiler social y leasing social como alternativas sostenibles de acceso a vivienda en República Dominicana


SANTO DOMINGO.- Frente a los desafíos estructurales del sistema habitacional dominicano, Hábitat para la Humanidad República Dominicana (HPHRD) avanza en el desarrollo de soluciones que amplían las alternativas de acceso a vivienda digna, mediante el fortalecimiento del alquiler social y el leasing social como mecanismos complementarios dentro de un enfoque integral. 

 En ese contexto, la organización lideró el Laboratorio de Vivienda en alianza con la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda (UHPH), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y con el respaldo académico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), sobre oportunidades para el alquiler social y el leasing social en la República Dominicana. 

Este espacio técnico permitió generar evidencia, identificar barreras estructurales y definir rutas viables para la implementación progresiva de estos modelos. “El país necesita ampliar su mirada sobre el acceso a la vivienda y reconocer que no todas las familias pueden ni deben transitar exclusivamente por la compra como única opción”, afirmó Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana. 

 El proceso partió del reconocimiento de profundas transformaciones en el acceso a la vivienda, marcadas por la informalidad laboral, los cambios en la composición de los hogares, el encarecimiento del suelo urbano y las limitaciones para la adquisición de vivienda. 

Gobierno aprueba aeropuerto internacional privado en Playa Grande


El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto 115-26 mediante el cual se aprueba el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, que se ubicará en las cercanías del complejo turístico Playa Grande Golf & Ocean Club, en la carretera Río San Juan–Cabrera, municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. 

 La disposición presidencial autoriza la creación de esta infraestructura aeroportuaria como un aeropuerto internacional de carácter privado y no comercial, destinado exclusivamente a operaciones aéreas privadas. 

 El decreto especifica que la instalación no estará habilitada para prestar servicios de transporte aéreo comercial, ni regular ni no regular, por lo que su operación se limitará a vuelos privados internacionales. 

 Condiciones y regulaciones para su operación

 De acuerdo con el documento, el aeropuerto será designado como punto de entrada y salida del territorio nacional para este tipo de operaciones, lo que permitirá realizar en sus instalaciones los procedimientos migratorios, aduanales, sanitarios y de seguridad establecidos en la normativa vigente. 

Más de 40 víctimas denuncian estafa inmobiliaria y cuestionan inacción del MP

Santo Domingo.- Más de 40 ciudadanos dominicanos y extranjeros denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria vinculada al proyecto “West Side Residences Punta Cana”, promovido por la empresa Grupo Paceo, S.R.L.. 

A más de tres años de iniciadas diversas acciones legales, los afectados afirman que el proceso investigativo aún no ha producido imputaciones formales ni medidas de coerción contra los señalados responsables. 

 Las querellas señalan como principales implicados a Joan Fernando González Contreras, junto a Adela Mota Matos, Ana Miguelina de la Cruz y David Gregorio Negueruela Samaniego, conocido como “El Español”. 

 Según los denunciantes, estas personas habrían articulado un esquema de captación de capital mediante la oferta de villas en Punta Cana que, según alegan las víctimas, nunca fueron construidas ni contaban con la titularidad legal de los terrenos. 

 De acuerdo con la documentación presentada por los querellantes, el modelo de negocio consistía en ofrecer contratos de opción de compra para viviendas dentro del proyecto inmobiliario. Una vez recibidos los pagos iniciales, las víctimas aseguran que comenzaron a recibir solicitudes de pagos adicionales y propuestas de adendas contractuales que extendían los plazos de construcción. 

Fuerza Pública desaloja nuevamente ocupantes ilegales de terrenos en Boca Chica

La Fuerza Pública ejecutó este martes un segundo operativo de desalojo contra decenas de personas que ocupaban de manera ilegal más de 40 mil metros cuadrados de terrenos propiedad de la empresa Boca Chica Country Club, en el municipio de Boca Chica.

 Durante el operativo resultaron retiradas varias familias que habían levantado viviendas improvisadas en parte de la propiedad privada. De acuerdo con dirigentes comunitarios, muchos de los ocupantes habrían sido víctimas de personas que venden terrenos sin documentación legal. 

El dirigente Cirilo Vizcaino Rodríguez señaló que estas situaciones ocurren cuando ciudadanos adquieren terrenos sin verificar la legalidad de los títulos de propiedad Aunque los ocupantes reconocen no contar con títulos legale. Afirmaron que llevaban tiempo residiendo en el lugar y que incluso disponían de servicios básicos como agua y energía eléctrica. 

 Por su parte, el alguacil del Tribunal Superior de Tierras, Joseph Chía, exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas que ofrecen terrenos a bajo costo mediante supuestos actos de venta, pese a que las propiedades cuentan con certificados de título a nombre de terceros. 

 Asimismo, advirtió que quienes insistan en ocupar terrenos de forma ilegal podrían enfrentar acciones judiciales por desacatar disposiciones emitidas por el Poder Judicial.

Agropecuarios denuncian despojo de terrenos; exigen vía de acceso y pago justo en SFM

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Delegación Nordeste, denunció que desde hace más de dos décadas enfrenta múltiples obstáculos para desarrollar un proyecto habitacional en terrenos ubicados en la comunidad de La Penda, en este municipio. 

 De acuerdo con un documento emitido por la entidad, en el año 2002 un total de 96 profesionales agropecuarios adquirieron alrededor de cien tareas de tierra con el propósito de construir viviendas para sus familias. 

Sin embargo, el proceso se ha visto afectado por diversos inconvenientes que, según indican, han impedido la materialización del proyecto. La situación se agravó en 2019, cuando iniciaron los trabajos de construcción de la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, lo que provocó el despojo de más de 28 tareas del terreno adquirido por los profesionales. Según explicaron, la obra dividió la propiedad en dos partes, dejando una de ellas —la de mayor extensión— sin acceso a ninguna vía de comunicación, situación que ha paralizado el proceso de deslinde e impide que los propietarios puedan disponer legalmente de sus solares. 

Denuncian construcción ilegal de proyecto hotelero en Bávaro fuera del perímetro autorizado

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente denunció la presunta construcción ilegal del proyecto Lopesan Ceiba Resort en la zona de Bávaro, señalando que los trabajos se estan realizando fuera del perímetro autorizado por el permiso ambiental otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 La denuncia la presentó el director ejecutivo de la entidad, Euren Cuevas Medina. El mismo aseguró que el proyecto lo ejecuta la empresa Equinocio Bávaro, S.A., amparada en el Permiso Ambiental No. 4183-22 emitido el 10 de marzo de 2022. Sin embargo, según la organización, al verificar el área de construcción se comprobó que las obras se desarrollan fuera de la zona autorizada. 

 El instituto también advirtió que durante los trabajos se habrían destruido importantes reservas de manglares, ecosistemas protegidos por la legislación ambiental dominicana. De acuerdo con la denuncia, esta situación constituiría una violación al artículo 45 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. También al inciso “g” del artículo 80 de la Ley 307-04. 

En Jarabacoa el MP también realiza incautaciones relacionadas a Micky López

SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López. 

 La investigación financiera ha determinado que Manuel Antonio Inoa y María Cepeda fungieron como testaferros al aparentar ser socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupu SRL, dando todo el poder a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López para la realización de transferencias y compra y venta de bienes muebles e inmuebles. 

 De igual manera, la investigación ha comprobado que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la mencionada empresa. 

 Tres equipos de fiscales, acompañados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dan cumplimiento a la orden de incautación emanada del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega.

Nudo legal en obras escolares costó al Estado más de RD$1,768 millones en intereses

Los llamados “nudos legales” con los que el gobierno del presidente Luis Abinader se encontró durante su gestión generaron alrededor de 1,768,534,255.55 de pesos en intereses que el Ministerio de Educación tuvo que pagar para avanzar con obras escolares. 

 De acuerdo con las memorias de los actos del Poder Ejecutivo del 2025, a los contratistas que concluyeron la construcción de las escuelas durante el mandato de Abinader se les otorgó un avance de un 20 % del contrato, mientras que el 80 % restante del monto fue financiado mediante líneas de crédito del Banco de Reservas. 

 Ese mecanismo de líneas de crédito derivó posteriormente en el pago de los intereses que quedaron bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. 

 Según el documento del Poder Ejecutivo, el 79 % de los proyectos escolares que encontró el Gobierno no contemplaban variaciones en diseños ni acondicionamientos de terrenos, lo que provocó que, tras el recálculo, las obras aumentaran su costo original en más de un 25 %. 

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