No podrán aplicar el Código de Trabajo a empleados del Ministerio de la Vivienda

A pesar de la costumbre de décadas y de sus normas internas, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) tendrá que dejar de aplicar el derecho laboral común para regular la relación con sus colaboradores y comenzar a regirse por la Ley sobre Función Pública (41-08). 

 Este error significó un sacrificio importante de recursos públicos, debido a que el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) pagó derecho a cesantía a la mayor parte de sus empleados en el 2022 cuando se transformó en ministerio. 

 Una exempleada demandó a la entidad por el pago de prestaciones laborales en el 2016 y logró varias sentencias a su favor que ordenaron pagarle cerca de 4.5 millones de pesos producto de un cálculo hecho conforme al Código de Trabajo que incluyó la cesantía, preaviso, vacaciones, salario de Navidad, conquista laboral y una compensación por el atraso.

 De aplicarse la Ley de Función Pública, la accionante recibiría un monto significativamente menor, porque la Ley de Función Pública establece un pago máximo de 18 salarios mensuales que, en su caso, sumarían 810,000 pesos. La institución apeló el fallo del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional ante la Corte de Trabajo y luego la Suprema Corte de Justicia, pero perdió en ambas ocasiones.

Defensa de Donald Guerrero niega imputaciones del MP y descarta vínculos con red del caso Calamar

La defensa técnica de Ángel Donald Guerrero Ortiz afirmó que su representado no participó en la supuesta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó desde el Ministerio de Hacienda para falsear documentaciones y ejecutar pagos irregulares por más de 21,000,000,000.00 de pesos. 

 En ese sentido, los abogados sostuvieron que Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, no falseó ni omitió información al momento de presentar su declaración jurada de bienes, desmintiendo uno de los señalamientos centrales de la acusación. 

 Agrega que Donald Guerrero dice que el MP solo quiere hacer ruido y que él cumplía con su trabajo y los bienes que le atribuyen él los había adquirido antes de su gestión de ministro. Esta es la audiencia preliminar del caso, realizada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con la magistrada Altagracia Ramírez como jueza. 

 El expediente acusatorio establece que la presunta red utilizó el organigrama del Estado para conformar una estructura criminal integrada, además del Ministerio de Hacienda, por la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto. 

República Dominicana se destaca en reunión sobre minerales críticos en Washington

Washington, D.C., Estados Unidos – La República Dominicana participó en la I Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, convocada por el gobierno de los Estados Unidos de América y realizada en el Departamento de Estado, en Washington, D.C. 

En este encuentro, el país se proyectó como un actor dentro de la estrategia global para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro. 

 La delegación oficial estuvo encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, e integrada por el Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el asesor sénior presidencial, Manuel Tavares. 

 El encuentro, al que asistieron representantes de los gobiernos de 50 países, fue inaugurado por el vicepresidente de Estados Unidos, James David "J.D." Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes enfatizaron la importancia de contar con redes internacionales confiables para satisfacer las necesidades de minerales críticos, incluidas las tierras raras. 

En la misma línea, delinearon los ejes centrales de la reunión el asistente especial del presidente Donald Trump y director senior para Cadenas Globales de Suministro, David Copley, así como el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg. 

Alcalde de Montecristi denuncia ocupación ilegal de terrenos

Montecristi.– El alcalde de Montecristi, Jesús Jerez, denunció una presunta ocupación ilegal de terrenos en ese municipio, asegurando que las personas involucradas habrían resultado trasladadas al lugar por actores locales que, según afirmó, promueven, organizan y facilitan estas acciones con fines particulares. 

 Jerez sostuvo que los terrenos ocupados cuentan con títulos de propiedad debidamente registrados, y advirtió que la situación representa una amenaza al orden legal, la inversión privada y la paz social de la provincia. 

 De acuerdo con el edil, el grupo que ocupa los solares tendría como objetivo impedir la ejecución de importantes proyectos de desarrollo en la zona. Entre ellos, la construcción de un aeropuerto y varios complejos hoteleros, a fin de obtener beneficios económicos de manera irregular. Indicó que las autoridades municipales realizaron un levantamiento e informaron formalmente a las personas que mantienen viviendas en los terrenos sin contar con documentación legal que respalde su ocupación. 

 “El propósito de estas acciones es frenar los proyectos y buscar beneficios particulares. No vamos a permitir que se repita lo que ha ocurrido en otras zonas del país”, afirmó Jerez. 

 El alcalde aseguró que las empresas responsables de las obras cuentan con todos los permisos correspondientes. Asimismo, que las construcciones están previstas para iniciar el próximo mes de marzo.

 Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes para que intervengan como mediadores, investiguen la situación y contribuyan a restablecer el orden. Esto, a fin de garantizar la paz social y el desarrollo de Montecristi.

Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/alcalde-de-montecristi-denuncia-ocupacion-ilegal-de-terrenos/

Trabajadores De La Construcción Exigen Pago A Constructora En Samaná

Trabajadores de la construcción en la provincia de Samaná denunciaron este lunes que la empresa constructora Monegro Guzmán mantiene deudas acumuladas por jornadas laborales diurnas y nocturnas, correspondientes a trabajos realizados en el proyecto de Arroyo Barril, según declararon los propios afectados. 

 Los obreros aseguraron que los pagos pendientes se arrastran desde agosto del año pasado, situación que, indicaron, ha generado graves dificultades económicas para cubrir compromisos personales y el sustento de sus familias. 

 De acuerdo con los denunciantes, el conflicto se desarrolla en la obra destinada a transformar el antiguo Puerto Duarte en una terminal de cruceros, como parte de una alianza público-privada impulsada por las autoridades. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, los trabajadores solicitaron la intervención del presidente Luis Abinader y del director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, para mediar en el caso.

 Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una solución en el corto plazo, podrían dar a conocer otras presuntas irregularidades vinculadas al proyecto. Hasta el momento, la constructora señalada no ha emitido una posición oficial sobre las reclamaciones, mientras el caso continúa sin una resolución anunciada por las autoridades competentes. Dejando en estado de incertidumbre a sus trabajadores.

Fuente: https://www.cachicha.com/2026/02/trabajadores-de-la-construccion-reclaman-pagos-atrasados-en-samana/

Residentes de los Guayacanes denuncian desalojos arbitrarios en Pedernales

Residentes del sector Los Guayacanes, en la provincia Pedernales, denunciaron desalojos arbitrarios por agentes policiales y civiles encapuchados, quienes han destruido viviendas con ancianos y niños en su interior. 

 Los afectados aseguraron que las personas que ejecutan los desalojos han llegado sin la presencia de alguaciles ni secretarios judiciales. Asimismo, sin presentar documentos que justifiquen o establezcan los motivos del desalojo. Ante esta situación, los comunitarios hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes.

 Esto, para que intervengan y detengan lo que califican como un atropello a sus derechos y a la dignidad humana. Además, denunciaron que un menor de edad tuvo que ser trasladado a recibir asistencia médica debido a que los agentes lanzaron al interior de su hogar una bomba lacrimógena. 

 Agregaron que los terrenos que ocupan se encuentran en un proceso judicial en curso. 

Precisaron que los mismos no pertenecen a ninguna familia en particular, como, según denuncian, intenta atribuir a Bencedor Bello. Indicaron que se trata de tierras cercanas a la playa, las cuales despiertan interés político y económico.

Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/residentes-de-los-guayacanes-denuncian-desalojos-en-pedernales/#google_vignette

Medio Ambiente rechaza fallo que ordena modificar límites del Parque Nacional Jaragua

Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) rechazó de manera categórica la sentencia de amparo núm. 0030-1643-2025-SSEN-00786, emitida por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística.

 ¿Qué implica la sentencia del Tribunal Superior Administrativo? 

La institución informó que ya ha iniciado los procedimientos legales correspondientes para lograr la anulación del fallo, al considerar que este vulnera el marco jurídico ambiental vigente en el país. 

La decisión judicial surge a raíz de una acción interpuesta por una empresa privada que busca la aplicación de la Ley núm. 266-04, que declara ciertas zonas como Polos Turísticos, en terrenos que, aunque cuentan con dicha designación, se encuentran dentro de los límites de un Parque Nacional, la categoría más alta de protección ambiental establecida por la legislación dominicana. En ese sentido, el Ministerio sostuvo que ninguna normativa sectorial puede prevalecer sobre las disposiciones que rigen las áreas protegidas. 

Eliminan límites de instalación de paneles solares para residencias y empresas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo Reglamento de Generación Distribuida, que regulará las instalaciones de paneles solares en residencias, comercios e industrias en República Dominicana, fue publicado el pasado 19 de enero de 2026. 

 Este reglamento involucra a prestadores de servicio públicos (EDES), privados (Puerto Plata Electricidad, El Progreso El Limón y Compañía Luz y Fuerza Las Terrenas) y sistemas aislados (CEPM, Costasur, Punta Cana y Cenetur). 

 Tras más de tres años de reuniones y vistas públicas entre los sectores empresarial, social y gubernamental, se alcanzó un consenso para el desarrollo sostenible de la energía solar de autoconsumo y su masificación. Carlos Janáriz, presidente de Rensa Solar y de la Asociación de Empresas de Energía Renovable y Eficiencia Energética (Aseefer), manifestó su satisfacción con las nuevas reglas establecidas en el reglamento, publicado por la Superintendencia de Electricidad (SIE). 

 «La población podrá beneficiarse del sol sin tanta burocracia e interpretaciones innecesarias; ahora sí se pueden instalar paneles solares», afirmó Janáriz. 

Corte de Apelación se reserva fallo en caso estafa inmobiliaria a investigador de Harvard por US$1.6 MM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el próximo 13 de marzo, a las 11:00 de la mañana, el fallo del recurso de apelación interpuesto por Luis José Asilis Elmudesi y las empresas Groupmetro S.A., Metro Country Club S.A. y Playa Marota, señaladas como responsables de la captación de fondos mediante certificados financieros en un caso de presunta estafa inmobiliaria. 

 El proceso surge a raíz de la denuncia presentada por el investigador de la Universidad de Harvard, Eduardo Troya, de 88 años, y su esposa Eveling Montás, quienes mantienen una batalla judicial tras asegurar que entregaron 1.6 millones de dólares para la adquisición de una villa en Juan Dolio que nunca les fue entregada. 

 De acuerdo con el expediente, los acusados fueron condenados en primera instancia al pago de más de US$1.7 millones, además de otras indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios sin que hasta el momento hayan honrado la decisión judicial. 

 Según la acusación, el proyecto inmobiliario fue promovido a nivel internacional como una inversión segura con promesas de entrega de la villa y pagos de intereses del 12 %, compromisos que nunca se materializaron.