Mivhed presenta avances del Plan de Modernización de la Permisología y muestra nueva plataforma para la gestión de los permisos de construcción

Santo Domingo.– El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) presentó este martes los principales avances del Plan de Modernización de la Permisología (PMP), una estrategia integral que impulsa la transformación del sistema de permisos de construcción en la República Dominicana mediante el fortalecimiento de los procesos, la actualización normativa, el desarrollo tecnológico, la profesionalización del talento humano y una mayor articulación institucional. 

 Durante una nueva edición del encuentro Mivhed en Marcha, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que la modernización de la permisología responde a una visión integral que busca fortalecer la capacidad institucional del Estado, dotar de mayor trazabilidad y transparencia los procesos, estandarizar criterios técnicos y ofrecer una mejor experiencia a quienes desarrollan proyectos de construcción en el país. 

 Como parte de la jornada, el Ministerio presentó además los avances en el desarrollo de la nueva plataforma para la gestión de los permisos de construcción, una herramienta tecnológica propia del Estado dominicano que permitirá fortalecer la trazabilidad de los expedientes, mejorar la integración de procesos y consolidar la transformación digital de la permisología. 

Protestan en la avenida Ecológica para exigir títulos de propiedad prometidos por Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.– Residentes del sector Monte de los Olivos, en Santo Domingo Este, realizaron este jueves una protesta en la avenida Ecológica para exigir a las autoridades la entrega de los títulos de propiedad que, según afirman, fueron anunciados por el presidente Luis Abinader hace un año durante el lanzamiento de un plan de titulación. 

 Con pancartas en mano y al ritmo de la consigna “no queremos distracción, queremos titulación”, los comunitarios manifestaron que su reclamo no busca frenar el proceso de regularización de los terrenos, sino garantizar que quienes han vivido durante años en la zona sean reconocidos como los legítimos propietarios. 

 Durante la manifestación, explicaron que el conflicto involucra las parcelas 186 y 166, donde, según indicaron, hace años se organizaron solares que posteriormente fueron vendidos, permitiendo que numerosas familias levantan sus viviendas y pequeños negocios. “Aquí hubo familias que levantaron sus casas, sus negocios y luego del plan de titulación que usted lanzó en el Club de Aduanas aparecieron gente que llamaron, los organismos pertinentes, para que pagaran a sabiendas de que habían gente ya viviendo aquí”, expresó Eddy Montero, presidente de la Junta de Vecinos Lazo de Amor. 

 Los manifestantes reiteraron que respaldan la titulación de los predios, pero pidieron que el proceso inicie con las familias que ya residen en la comunidad. «Pedimos que sí haya titulación, pero que sea a partir de los que ya viven aquí, que sea comenzando por los que ya viven aquí», sostuvo Montero. 

 El dirigente comunitario agregó que mantienen la confianza en la palabra del presidente Abinader y dejó en manos del mandatario la solución del conflicto. La manifestación estuvo vigilada por agentes de la Policía Nacional, quienes permanecieron atentos de que la protesta no afectó la circulación vehicular por la citada vía.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/video-protestan-en-la-avenida-ecologica-para-exigir-titulos-de-propiedad-prometidos-por-abinader/

Avanza recuperación de terrenos de dominio público en Verón-Punta Cana

VERÓN, PUNTA CANA.– El proceso para la recuperación y desocupación de terrenos de dominio público en Verón-Punta Cana entra en una etapa decisiva, luego de que la Oficina del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Este autorizara formalmente la intimación a los ocupantes de uno de estos terrenos para que procedan a abandonarlo voluntariamente. 

 Según informaciones obtenidas por Bávaro Digital, las gestiones han sido impulsadas por Uridy Marte, presidente de la Sala Capitular de Verón-Punta Cana, quien ha encabezado este proceso desde el ámbito municipal con el propósito de lograr la recuperación de terrenos cuya documentación establece su condición de dominio público.

 El expediente demuestra que se trata de un procedimiento que viene agotando diferentes etapas legales y no de una acción improvisada. Entre los documentos que sustentan el proceso se encuentran el Certificado de Título, el plano catastral y una certificación del estado jurídico del inmueble emitida por el Registro de Títulos de Higüey. 

Derriban casas en terrenos del CEA en Imbert, Puerto Plata

Puerto Plata. Las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) derribaron varias viviendas en terreros de la entidad estatal en la comunidad de Llanos de Pérez, municipio de Imbert. 

 El operativo contra los ocupantes de los solares generó preocupación e incertidumbre entre las familias afectadas, quienes aseguran llevan un tiempo en la zona. Los desalojados dicen que han mantenido la posesión de los terrenos durante varios años y sostienen que adquirieron esas propiedades mediante acuerdos de compra realizados con la propia institución estatal. No obstante, el Consejo Estatal del Azúcar advierte que los terrenos intervenidos por las familias forman parte de su patrimonio, que es del Estado dominicano. Expresan que la ocupación de los solares no cuenta con la legalidad correspondiente. 

 Los afectados pidieron la intervención de la Gobernación Provincial de Puerto Plata, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, con el propósito de esclarecer el conflicto y garantizar el respeto a sus derechos. 

 El caso ha generado reacciones en distintos sectores comunitarios del municipio de Imbert, donde residentes consideran necesario que las autoridades expliquen de manera transparente el origen de la disputa y la legalidad de las actuaciones ejecutadas por el CEA. 

 Las autoridades no han ofrecido una explicación pública detallada sobre las razones del desalojo ni sobre el procedimiento utilizado para ejecutar la demolición de las viviendas. 

 Recientemente, el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Víctor “Ito” Bisonó, anunció que el Gobierno desarrolla un proyecto para convertir los terrenos del antiguo ingenio de Montellano, Puerto Plata, en un gran parque urbano con instalaciones deportivas y espacios recreativos.

Fuente:https://www.elcaribe.com.do/panorama/region-norte/derriban-casas-en-terrenos-del-cea-en-imbert-puerto-plata/

Grupo Choroni asegura que Everest Tower «continúa avanzando» aunque una sentencia anula sus permisos

SANTO DOMINGO. – Grupo Choroni y Constructora Armando Toros, empresas responsables del proyecto Everest Tower en el sector Piantini, emitieron un comunicado en el que aseguran que la obra continúa en curso, pese a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que anuló los permisos urbanísticos del complejo. 

 El documento, difundido este 30 de julio a través de la cuenta de Instagram de la constructora, está dirigido a propietarios, clientes, brokers y aliados del proyecto y en el mismo la empresa aclara que la decisión judicial, emitida el 9 de julio y conocida esta semana, no es definitiva y que se encuentra sometida a revisión ante las instancias correspondientes. 

 Según el texto, el proyecto fue desarrollado sobre la base de permisos y autorizaciones que, a según precisa la empresa, fueron evaluados, aprobados y renovados por los organismos competentes durante tres años consecutivos. 

 La constructora indicó que la obra registra actualmente un avance aproximado del 90%, respaldado por una inversión significativa, un equipo técnico especializado y años de planificación y ejecución. La empresa afirmó que confía en la solidez de los fundamentos jurídicos y técnicos que respaldan su posición, y que continuará ejerciendo, conforme a la ley, las acciones necesarias para proteger el proyecto y los intereses de propietarios, clientes y aliados. 

Realizan parada cívica contra los planes de afectarla cordillera

Saantiago. Los grupos opositores a la exploración y explotación de la cordillera Septentrional protestaron con una parada cívica. Bajo el lema “la cordillera no se vende, se defiende”, líderes religiosos, campesinos, y ambientalistas se manifestaron en la entrada del distrito municipal de Pedro García, del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros.

 “Esto es un ecocidio… Muy bonito llegar más rápido a Puerto Plata, pero a qué precio, la carretera del Ámbar es la excusa perfecta para explotarla. Ellos ni han publicado los estudios de impacto ambiental, estudios geofísicos y geológicos, pero sí anuncian que quieren empezar”, manifestó el sacerdote Rainer Vásquez. 

 Con el propósito de preservar una de las principales reservas de agua y biodiversidad del país, la diputada del partido Fuerza del Pueblo, Llaniris Espinal, sometió a través de la Secretaría Legislativa un proyecto de ley que busca declarar esta cadena montañosa un territorio libre de minería metálica y proteger sus cuencas hidrográficas.

 La iniciativa establece la prohibición definitiva de las actividades de prospección, exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos en toda la Cordillera, comprendida desde Montecristi hasta la Bahía de Samaná. 

La legisladora por Santiago propone declarar esta zona como Patrimonio Natural de República Dominicana y prohibir el uso de sustancias químicas. Sobre las posibles sanciones, el proyecto establece que el incumplimiento de las prohibiciones será considerado un delito ambiental grave. 

Las personas físicas o los directivos de personas jurídicas responsables enfrentarían penas de prisión de seis a veinte años y multas de entre 10 mil y 50 mil salarios mínimos, sin perjuicio de la obligación de restaurar el ecosistema afectado.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/region-norte/realizan-parada-civica-contra-los-planes-de-afectarla-cordillera/

ADORECO: Propuesta MITUR para regular rentas cortas es un traje para hoteles; advierte enormes grietas y vulnerabilidad en seguridad jurídica

SANTO DOMINGO.- Tras haber analizado la propuesta, la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO), advierte sobre múltiples vacíos en la propuesta elaborada por el Ministerio de Turismo (MITUR), destacando que podría afectar la seguridad jurídica del país e imponer obligaciones, cargas administrativas y procedimientos que no corresponden a la naturaleza de esta actividad ni a la diversidad de los actores que la integran. 

 La entidad confirmó que el pasado viernes 31 de julio depositó en el Ministerio de Turismo, una instancia administrativa acompañada de una Matriz de Riesgos y Análisis Jurídico sobre los proyectos de resolución que crean el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR) y regulan los servicios de alojamiento de corta estadía. 

 El documento, elaborado por el Equipo Técnico Legal de la Asociación como parte del proceso de consulta pública convocado por MITUR, plantea que la regulación es necesaria, pero su diseño actual necesita ajustes técnicos antes de convertirse en norma. 

 Según el análisis de los empresarios de rentas cortas, los proyectos de resolución parten de una premisa jurídica que debe revisarse: regulan las rentas cortas con la misma lógica de la actividad hotelera tradicional, cuyo enfoque advierten, podría imponer obligaciones, cargas administrativas y procedimientos que no corresponden a la naturaleza de esta actividad ni a la diversidad de actores que la integran, desde el pequeño anfitrión hasta el operador profesional. 

Recuperan 496 tareas ocupadas ilegalmente en áreas protegidas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO–El Estado dominicano ejecutó un amplio operativo interinstitucional en cumplimiento de la Orden de Operaciones núm. 15‑2026 “Fuerza de Tarea Conjunta Compromiso Ambiental 2026”, con el objetivo de reforzar la protección de las áreas protegidas, intervenir ocupaciones ilegales y combatir los delitos ambientales que amenazan la integridad de los ecosistemas y elevan el riesgo de incendios forestales en el territorio nacional. 

 Las intervenciones permitieron recuperar 496 tareas de terrenos afectados por ocupaciones ilegales y actividades agrícolas no autorizadas. Se desmantelaron 19 conucos y se destruyeron 11 casuchas utilizadas para actividades ilícitas dentro de los parques.

 La misión establecida en la Orden dispuso operaciones de intervención, recuperación, control y seguridad para contrarrestar la ocupación ilegal de terrenos, la tala y quema indiscriminada de árboles, el conuquismo, la pesca ilegal y la presencia irregular de personas dentro de áreas protegidas, en estricto cumplimiento de la Ley núm. 64‑00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley núm. 202‑04 Sectorial de Áreas Protegidas y la Ley núm. 285‑04 de Migración.

 La operación fue ejecutada de manera coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), el Ministerio de Defensa (MIDE), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Dirección General de Migración (DGM), la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). 

Caso Torre de Plata: tribunal declara extinguida la acción penal tras más de 16 años de litigio

Santo Domingo, República Dominicana.— Uno de los litigios urbanísticos más conocidos y prolongados de la República Dominicana, el caso de la denominada Torre de Plata, en el sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional, acaba de registrar un nuevo capítulo judicial. 

 La Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional declaró extinguida la acción penal seguida contra el ciudadano español José Francisco Bonet Gambins y la sociedad Adecus Business, S.A., al concluir que el proceso excedió ampliamente el plazo máximo de duración previsto por el Código Procesal Penal sin que las dilaciones fueran atribuibles a los imputados.

 El caso de la Torre de Plata ha sido objeto de amplia cobertura periodística durante más de una década. 

Desde el año 2008, la controversia enfrentó a la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos con los promotores de la edificación, generando múltiples decisiones judiciales, recursos, nuevos juicios y debates públicos sobre la legalidad de la construcción. En distintas etapas del proceso, tribunales llegaron a ordenar la demolición de la estructura y el caso continuó produciendo decisiones judiciales hasta años recientes, convirtiéndose en uno de los expedientes urbanísticos de mayor notoriedad del país.