Santiago firma pacto para orientar su desarrollo urbano con visión al 2035

Autoridades y representantes de diversos sectores firmaron este viernes el pacto "Santiago Ciudad Viva 2035", con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano sostenible del municipio. 

 El acto, celebrado en el auditorio de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien fungió como testigo de honor de la firma del acuerdo.

 Sandy Rodríguez, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), explicó que la iniciativa surgió con el propósito de impulsar una visión integral del desarrollo urbano que combine crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental. Explicó que, con apoyo de organismos e instituciones aliadas, se desarrolló un estudio sobre las tendencias urbanas de Santiago y se realizaron mesas de trabajo que permitieron definir los principales ejes de acción y construir consensos entre los distintos sectores. 

 El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó que la iniciativa refleja la capacidad de la ciudad para unir voluntades en torno a una visión común de desarrollo. "Que este pacto marque el inicio de una nueva etapa para nuestra ciudad. Una etapa donde el crecimiento económico vaya de la mano con la calidad de vida, donde el desarrollo urbano esté guiado siempre por la planificación y donde cada decisión tenga como centro el bienestar de toda nuestra gente", expresó. 

Comisión recomienda a Abinader construcción de estadio de béisbol en el Ensanche La Fe con estándares de Grandes Ligas

La Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (COENEBE), creada mediante los decretos 306-25 y 378-25 y presidida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, recomendó formalmente al presidente Luis Abinader la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el Ensanche La Fe, concebido bajo estándares de Grandes Ligas y acompañado de un amplio desarrollo inmobiliario, comercial y turístico que garantice su sostenibilidad económica. 

 La propuesta surge tras un proceso de análisis técnico, jurídico y financiero realizado por la comisión, la cual sostuvo más de 20 reuniones con especialistas, juristas, diseñadores, promotores y representantes de diversos sectores vinculados al béisbol y al desarrollo urbano, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. 

 Subero Isa explicó que se dispuso desde el inicio que el Estado dominicano aportara los terrenos donde se desarrollará el proyecto, mientras que la inversión necesaria para su construcción provendrá del sector privado, mediante un modelo que garantice la protección de los intereses públicos, la transparencia y la seguridad jurídica para los inversionistas. 

 Asimismo, indicó que la comisión determinó que el mecanismo más adecuado para desarrollar la iniciativa será una corporación mixta, integrada por el Estado dominicano y capital privado, cuya creación requerirá la aprobación de una ley especial por parte del Congreso Nacional. Dicha legislación establecerá las reglas de gobernanza, los mecanismos de supervisión, las garantías para los inversionistas y las condiciones obligatorias para la ejecución de la obra.  Entre las principales disposiciones que contendrá el proyecto de ley, detalló la prohibición expresa de vender, donar, transferir o enajenar el nuevo estadio, garantizando que la infraestructura permanezca como propiedad del Estado dominicano. Además, el Estado tendrá participación obligatoria en el consejo de administración de la sociedad que se constituya para desarrollar el proyecto. 

Ambientalistas exigen detener operaciones mineras en áreas protegidas de las Cuevas del Pomier

Representantes de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Plataforma San Cristóbal denunciaron este miércoles labores mineras en áreas protegidas de las Cuevas de Borbón o del Pomier en San Cristóbal, a pesar de la disposición presidencial que estableció su rescate. 

 Los organizadores explicaron que la denominada Cueva del Tándem, que contenía arte prehistórico en su interior, quedó sepultada debido al paso de maquinaria pesada de una empresa con incidencia en la zona. 

 Afirmaron que estas acciones se realizan bajo el marco de un supuesto "plan de remediación" que, lejos de corregir los daños existentes, estaría provocando nuevas afectaciones al ecosistema y al patrimonio cultural del Pomier. Medio Ambiente emite resolución que prohíbe la minería en las Cuevas del Pomier.

El Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, es un área protegida que comprende un conjunto de 54 cuevas y está localizada en el paraje Pomier del municipio San Cristóbal de la provincia San Cristóbal. 

 Los representantes de las entidades destacaron que el presidente Luis Abinader, el 27 de febrero de 2025, en su rendición de cuentas anunció el rescate y protección de las Cuevas del Pomier, mandato que fue acompañado por la Resolución 013/2025 del Ministerio de Medio Ambiente, firmada el 26 de febrero de ese mismo año. 

Alertan sobre conflictos de tierras en Pedernales y reclaman intervención del Gobierno

PEDERNALES.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó al Gobierno investigar a personas y grupos que, según denunció, intentan apropiarse de terrenos cuyos propietarios poseen títulos de propiedad con más de 60 años de antigüedad en la provincia de Pedernales. 

 Durante una rueda de prensa, dirigentes de la organización opositora hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que ordene una investigación sobre quienes estarían detrás de las reclamaciones de terrenos en esta demarcación fronteriza, alegando que muchos de los supuestos beneficiarios ni siquiera tienen vínculos con la zona. 

 Los representantes de Fuerza del Pueblo expresaron su preocupación por lo que consideran una amenaza para los residentes de Pedernales. Aseguraron que, tras el anuncio del proyecto de desarrollo turístico de la provincia, han surgido personas reclamando la propiedad de extensas áreas de terreno, incluyendo inmuebles ubicados en las parcelas 40 y 682, así como propiedades dentro del casco urbano. 

Tribunal ordena paralizar la exploración minera en la Cordillera Septentrional

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de este distrito judicial emitió una sentencia que ordena la paralización inmediata de todos los trabajos de exploración minera en el proyecto "Cobre el Hoyazo II", ubicado en la Cordillera Septentrional. 

 El fallo, correspondiente a la Sentencia Civil Núm. 0514-2026-SSEN-00026, acoge de manera total la acción de amparo interpuesta por el ciudadano y profesional del derecho Winston Vásquez Valera, en contra de la empresa Vertrixi Holding SRL, conocida también como Vertrixi Holdin SRL, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 "La sentencia 0514-2026-SSEN-00026 paraliza en todas sus partes la operación de la empresa Vertrixi Holding SRL y el proyecto de Azuay sobre la exploración de dicha cordillera... Hubo documentos, testimonios, pero sobre todo la posición de dicho Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos dos cosas hicieron importantísimas: un documento donde puntualizaban que dicha empresa no tiene ni permiso, ni licencia, ni estudios", explica el licenciado Vásquez Valera.

Gobernadora de Santiago denuncia venta irregular de apartamentos estatales en Hato del Yaque

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, denunció este lunes que algunos beneficiarios de los apartamentos construidos por el Estado en el distrito municipal Hato del Yaque están comercializando de manera irregular estas viviendas. 

 La representante del Poder Ejecutivo explicó que esas acciones ocurren pese a que estos inmuebles fueron entregados bajo condiciones que los hacen intransferibles. Al ser cuestionada sobre cómo se concretan estas ventas, si los apartamentos no pueden ser transferidos legalmente, indicó que las transacciones se realizan de manera informal mediante acuerdos privados entre particulares. 

 “Lo que hacen es que compran y se quedan con actos de venta, pero realmente esos apartamentos son intransferibles”, sostuvo. 

 Recordó que muchos de los beneficiarios fueron reubicados en Hato del Yaque desde zonas vulnerables y de alto riesgo, como parte de los programas gubernamentales destinados a mejorar sus condiciones de vida. 

Según dijo, algunos venden los apartamentos y posteriormente regresan a ocupar áreas vulnerables. “Muchas de las personas que ustedes ven hoy en áreas vulnerables ya fueron reubicadas, pero venden los apartamentos y vuelven a esos lugares o terminan invadiendo terrenos privados”, afirmó Santos. 

Tribunal ordena retorno de familias desalojadas de Metro Country Club y prohíbe nuevas medidas de desalojo

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO MACORÍS.- La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís ordenó la reincorporación inmediata de los residentes desalojados de Metro Country Club y dispuso que no se ejecuten nuevas medidas de desalojo relacionadas con los inmuebles en disputa mientras el proceso continúe en los tribunales. 

 La decisión fue emitida tras acoger una acción en referimiento presentada por los propietarios afectados por los desalojos realizados la semana pasada en el complejo residencial.

 Según la ordenanza judicial, el Ministerio Público deberá abstenerse de tramitar, autorizar o ejecutar nuevas solicitudes de desalojo vinculadas al conflicto hasta que exista una decisión definitiva sobre el caso. 

 De acuerdo con el expediente, las actuaciones de desalojo fueron ejecutadas a requerimiento de Suheil Atalah en medio de una controversia relacionada con una presunta duplicidad registral sobre los terrenos objeto de litigio.

 El abogado Yurosky Mazara, representante legal de Metro Country Club y de los propietarios afectados valoró la decisión como una garantía para los derechos de las familias impactadas. “La decisión devuelve la tranquilidad y la seguridad jurídica a varias familias que vieron vulnerados sus derechos. Nadie debe ser privado de su hogar sin haber tenido la oportunidad de ser escuchado debidamente en justicia”, expresó. 

Gobierno promulga Ley 16-26 sobre deudas a contratistas

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó este lunes el inicio de circulación de la Ley 16-26, la normativa que autoriza al Estado a reconocer, validar y saldar deudas pendientes con contratistas y empresas constructoras vinculadas a obras públicas ejecutadas para distintas instituciones gubernamentales.

 La legislación, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 1 de mayo, quedó formalmente incorporada al ordenamiento jurídico nacional tras un proceso legislativo marcado por debates congresuales, observaciones del Poder Ejecutivo y reclamos históricos del sector construcción. 

 Una ley marcada por debates y observaciones 

La entrada oficial en circulación de la normativa ocurre luego de varios meses de discusiones sobre distintas iniciativas orientadas a regularizar pagos pendientes correspondientes a obras ejecutadas para instituciones públicas. 

 El proyecto original había sido sometido por el senador Franklin Romero y aprobado inicialmente por el Congreso Nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la pieza el pasado 16 de enero tras señalar presuntos aspectos considerados inconstitucionales dentro de la propuesta. 

Estado demanda indemnización de más de RD$82 mil millones en caso que encabeza Donald Guerrero

Tal como han fallado otros tribunales en casos de corrupción desde 2020, la jueza Altagracia Ramírez rechazó excluir la querella presentada por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), en representación del Estado dominicano, pese a la solicitud de las defensas de los imputados en el expediente de presunta corrupción encabezado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. 

 Solo por ese caso, el ERPP demanda un resarcimiento de 82 mil millones de pesos por daños materiales, que asciende a "cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos con setenta y seis centavos (41,185,964,839.76 pesos)" y por perjuicio moral que calculan en otros 41 mil ciento ochenta y cinco millones de pesos. 

 En su resolución, que envía a juicio de fondo a Guerrero, al abogado Ángel Lockward, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo, y al de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, entre otros acusados, la magistrada también declaró inadmisible la querella presentada por el creador de contenidos Rafael Antonio Guerrero Méndez y la Fundación Corrupción al Desnudo-Rafton.