Ambientalistas piden revisar reglamento de paneles solares y convocar diálogo público


Representantes de organizaciones se presentaron en la Superintendencia de Electricidad “para demandar” que esa entidad convoque una consulta sobre el nuevo reglamento que regula la aprobación, interconexión y operación de instalaciones de paneles solares sobre techos. 

 Enrique de León, ambientalista, informó que “nosotros solicitamos una reunión con el superintendente Astacio Polanco para exponerle las razones por las cuales demandamos que este reglamento sea revisado, con la finalidad de que obtenga el más amplio consenso de la sociedad dominicana”. 

 Dijo que “es urgente” tanto la reunión con el superintendente como la convocatoria para conocer el nuevo reglamento de los paneles solares. Explicaron que la resolución SiE-007-2026-REG que presentó este reglamento dispuso que entrará en vivencia en un plazo de 90 días laborales a partir del 19 de enero del corriente año, fecha en se emitió esta resolución. 

 Las organizaciones señalaron que en la última audiencia para conocer la propuesta de reglamento de la SIE que se celebró el 12 de septiembre de 2024, acordó que se entregaría a todos los interesados una matriz comparativa con todos los aportes presentados y que a partir de esta matriz revisada y consensuada, se elaboraría una nueva versión de reglamento que sería consensuado.

Permisología: Una prioridad para Ito Bisonó en el Ministerio de la Vivienda


La permisología es hoy el principal desafío que enfrenta el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived). Así lo dejó claro su titular, Víctor -Ito- Bisonó, al señalar que más de mil proyectos se encuentran en tránsito dentro del sistema de ventanilla única y que el reto inmediato es hacer más eficiente un proceso que involucra múltiples instituciones públicas. 

 El ministro explicó que, aunque al Mived se le percibe como la entidad responsable de los retrasos en permisos de construcción, la realidad es que intervienen otras dependencias como el Ministerio de Turismo, la Caasd, el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente y las alcaldías. Todos los expedientes confluyen en la ventanilla única del ministerio, pero no todos dependen exclusivamente de su decisión. 

 Ante ese escenario, el funcionario remitió comunicaciones formales a cada una de las instituciones involucradas con la actualización de los proyectos que se encuentran en sus dependencias. Explicó que no se trata de señalar fallas, sino de hacer que los procesos fluyan para destrabar más de mil iniciativas que impactan directamente en la inversión, en el financiamiento bancario y en el dinamismo del sector construcción. 

 En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN el ministro Bisonó dijo que la permisología es hoy su prioridad número uno y que el presidente de la República, Luis Abinader, da seguimiento semanal al sector a través del Gabinete de la Construcción. Explicó que ya fue firmado un esquema de trabajo entre las distintas dependencias para acelerar y modernizar los procesos. 

Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht


Santo Domingo, RD. – El empresario Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagado por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos. 

 La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht. 

 Rondón expresó: "Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes." 

 El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares. 

En caso Calamar, MP continúa hoy sus réplicas contra implicados en presunto desfalco por RD$19 mil MM

Por Raúl Germán Bautista.- Este miércoles continúa la audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, contra los implicados en el denominado caso Calamar, cuyos principales imputados son los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, por un presunto desfalco de más de RD$19 mil millones. 

 En este expediente, el Ministerio Público acusa a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, así como al exsenador Rafael Calderón. También están imputados el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

 El órgano acusador asegura que los procesados integraban una supuesta estructura que desvió recursos de los contribuyentes, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020. 

 Asimismo, figuran en el expediente Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. También están señalados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía; y Víctor Matías Encarnación.

Imponen medida de coerción contra abogado acusado de estafa inmobiliaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado Joel Carlo Román fue presentado este martes ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Puerto Plata, donde se le impuso una medida de coerción en el marco de una investigación por presuntos delitos de estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos. 

 De acuerdo con un comunicado, el tribunal consideró que existen pruebas suficientes en el expediente que vinculan al imputado con los hechos investigados y dispuso, como medidas, el pago de una garantía económica en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica. 

 Esta decisión se suma a otra medida de coerción previamente impuesta en San Francisco de Macorís por un caso similar bajo investigación, donde se le fijó una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo. 

 En el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en Puerto Plata figura como prófugo José Rafael Román Argotte, y se imputa como tercero civilmente responsable a la empresa Gurka Trade SRL, presuntamente utilizada como vehículo societario para perpetrar un fraude inmobiliario. 

Bienes Nacionales no pagará hasta investigar títulos en Hoyo Cla

La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) no pagará los 313.7 millones de pesos que ordenó el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor de propietarios de terrenos declarados área protegida para la creación del Monumento Natural Hoyo Claro, ubicado en La Altagracia, hasta investigar el origen de sus títulos. Rafael Burgos, director de las fusionadas Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), aseguró que la institución investiga la forma en que varios grupos de personas obtuvieron documentos de propiedad para reclamar el pago de terrenos que posteriormente fueron convertidos en áreas protegidas. 

 También advirtió que el Estado no realizará ningún pago hasta que el proceso judicial haya agotado todas las instancias. “Hay que pasar por un proceso de investigación para saber si esos terrenos fueron saneados debidamente, si fueron transferidos correctamente y si contaban con los títulos originales correspondientes… No obstante, aquí no se paga una sola sentencia que no haya adquirido la [autoridad] de la cosa juzgada hasta la última instancia”, afirmó. 

 Burgos indicó que, si finalmente se ven obligados a pagar, recurrirán a la negociación, mecanismo con el que —según dijo— han logrado reducir montos importantes en otros casos. “Cuando surgen esos conflictos, esperamos que la justicia emita su último veredicto y después tenemos que sentarnos a negociar… El Estado dominicano ha pagado muchas expropiaciones que se han resuelto en la mesa de negociaciones. Personas que pedían 800 millones y terminaron cobrando 400 millones. Ahora quien se beneficia de las expropiaciones es el Estado dominicano”, remarcó. 

Denuncian silencio institucional ante presunta apropiación irregular de terrenos en el CEA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– A más de cinco meses de haberse solicitado formalmente la destitución del director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y más de cuatro meses desde su sometimiento ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), persiste un preocupante silencio institucional frente a la denuncia de apropiación irregular de terrenos realizada por representantes de los derechos humanos. 

 De acuerdo con una nota de prensa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que la situación coloca en estado de indefensión jurídica al legítimo adquirente y amenaza con la pérdida irreversible de su inversión.

 Explicó que el caso se remonta al Poder Especial núm. 36-25, emitido el 10 de marzo de 2025 por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, mediante el cual se ordenó al director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, suscribir los contratos de venta, cesión y transferencia de porciones de terrenos previamente avalados por los organismos técnicos y administrativos correspondientes. 

 No obstante, Mercedes reveló que dicha disposición presidencial continúa sin ejecutarse, configurando un escenario de desacato administrativo y posible vulneración del principio de legalidad que rige la función pública. 

TC ratifica absolución de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga en caso Odebrecht


El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que exoneró de responsabilidad penal en el caso Odebrecht al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga. 

 Los jueces tomaron la decisión tras rechazar un recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), poniendo fin a la controversia jurídica sobre el caso. 

 Los magistrados determinaron que no existieron violaciones a los derechos fundamentales ni al debido proceso durante la fase de casación en la justicia ordinaria. 

 Argumentos del Tribunal

 El TC validó los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema, la cual estableció que el Ministerio Público no logró identificar ni individualizar a los supuestos funcionarios que habrían recibido los sobornos. La sentencia ratificada destaca que el delito de soborno requiere la identificación del receptor y la contraprestación de un acto propio de su función, elementos que «brillaron por su ausencia» en el expediente presentado por la Pepca.

 Al no poderse demostrar un "delito precedente" (como el soborno o el enriquecimiento ilícito), la acusación por lavado de activos se desmoronó automáticamente, ya que no se pudo probar el origen ilícito de los fondos.

Hacienda y FIBA acuerdan sobre el tema de lavado


El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración que fortalece el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los juegos de azar.  Esto, mediante el impulso de certificaciones en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) para los principales actores de este sector. 

 El convenio fue rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los ilícitos de este tipo en los juegos de azar (casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros). 

 Con esta colaboración, que forma parte de una amplia estrategia del MHE en la materia, se robustece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera línea de esta área cuenten con personal capacitado y debidamente certificado. En ese sentido, FIBA aportará su reconocida experiencia internacional para establecer junto al MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) con enfoque en República Dominicana dirigido a funcionarios de la institución, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector. Para esto se aprovechará la vinculación de la FIBA con la Universidad Internacional de la Florida como entes esenciales para las capacitaciones y el aumento de las capacidades de los recursos humanos. 

El acuerdo es parte de la implementación de la Resolución 217-2025, que establece el requisito de idoneidad y capacitación certificada para los Oficiales de Cumplimiento con el fin de homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los estándares exigidos internacionalmente y por la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo para la prevención del lavado de activos requerido por el Estado.

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