¿Qué dice el Decreto 615-26 sobre el combate al "terrorismo medioambiental" en República Dominicana?

El Poder Ejecutivo declaró de alto interés nacional y de prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate del denominado "terrorismo medioambiental", mediante el Decreto 615-26, firmado este miércoles 2 de septiembre por el presidente Abinader. 

 La disposición establece una serie de medidas para fortalecer la protección de los recursos naturales y de infraestructuras ecológicas consideradas estratégicas para el país. 

 ¿Qué ordena el decreto? 

La lectura del decreto estuvo a cargo del Subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo Mairení Rivas Polanco, en el Palacio Nacional. Uno de los puntos centrales está contenido en el artículo 4, que ordena al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Interior y Policía, al Ministerio de Justicia, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a la Dirección General de Migración, a la Dirección Nacional Antiterrorista y a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto crear, en coordinación con el Ministerio Público cuando corresponda, una Política Nacional de Prevención contra el "terrorismo medioambiental". 

Medio Ambiente aclara que no necesita orden judicial para intervenir obras en franjas protegidas

Por Silvana Rodríguez, Santo Domingo.- El jurídico de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Aquino, aseguró que la institución cuenta con la potestad legal para ejecutar intervenciones y paralizaciones en franjas de protección fluvial sin requerir una orden judicial previa. 

 Durante la fiscalización a una villa turística levantada a orillas del río Yaque del Norte, en la comunidad de Las Guázaras, el representante jurídico respondió a los alegatos de la defensa del propietario, con quien tuvo una conversación acalorada y denunció ante la prensa que el convenio acordado se logró bajo presión militar y sin respetar el derecho de defensa. 

 Aquino rechazó la postura de los abogados y precisó que la ley sectorial y el artículo 129 de la Ley General de Medio Ambiente (64-00) facultan a la autoridad ambiental a actuar en las zonas de dominio público. Ante los cuestionamientos, la entidad advirtió que, de no mantenerse el pacto institucional, se reanudaría el operativo de demolición de la infraestructura. 

 El acuerdo preliminar contemplaba que el propietario, identificado como el señor Riva, cedería de forma voluntaria al Estado la franja frontal del inmueble ubicada dentro del perímetro protegido para destinarla a un uso comunitario, evitando así los riesgos de una demolición inmediata en una zona con alta actividad recreativa. 

Asegura se avanza en planes para ordenar destinos turísticos

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que se avanza en el ordenamiento territorial de La Caleta y Bayahibe, en La Romana, Puerto Plata, Miches, Bávaro-Punta Cana, en La Altagracia, y Las Terrenas, en Samaná, con el propósito de establecer reglas claras sobre dónde se puede construir y dónde no. 

 Collado indicó que el plan de ordenamiento territorial de Bávaro-Punta Cana ya está en vista pública y reconoció que su elaboración será difícil debido al rápido crecimiento del destino y a los intereses encontrados.Sin embargo, aseguró que el proceso se realizará mediante consenso y diálogo. 

 “Tenemos que organizar nuestros destinos turísticos para que sean sostenibles en el tiempo. Pero organizarlo todos, desde el taxista, desde el que vende la artesanía, desde los dueños de restaurantes”, expresó Collado al hablar con periodistas tras la inauguración de la XXXVIII Exposición Comercial 2026 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores). 

 Destacó además la recuperación de espacios públicos como parte del legado de su gestión, entre ellos malecones, playas y parques, obras en las que, según afirmó, se han invertido más de RD$3 mil millones en los últimos años. 

Abogado Ángel Lockward y otros acusados por corrupción solicitan extinción penal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Ángel Lockward y otros acusados de formar parte del supuesto entramado de corrupción encabezado por el exministro de Hacienda Donald Guerrero, mediante el cual presuntamente se estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos, solicitaron este miércoles la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. 

 La solicitud fue presentada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, durante una audiencia en la que algunos procesados plantearon que el plazo máximo de cuatro años establecido para la duración del proceso penal ya habría vencido.

 El abogado Nolberto Rondón, defensa de Lockward junto a Carlos Manuel Escalante, argumentó que el cómputo del tiempo debe incluir actuaciones como la inmovilización de fondos, al considerar que desde ese momento el Estado ejerce de manera concreta su poder punitivo sobre la persona investigada. 

 Según sostuvo, el artículo 150 del Código Procesal Penal establece una garantía vinculada con el derecho constitucional a ser juzgado dentro de un plazo razonable y que, cuando las autoridades bloquean fondos, impiden pagos o restringen la disposición de recursos en el marco de una investigación penal, el ciudadano queda materialmente sometido al proceso.

Parceleros de San Juan reclaman títulos definitivos y amenazan con protestas

San Juan de la Maguana.– Parceleros de distintos asentamientos agrícolas del valle de San Juan reclamaron al Gobierno la entrega de los títulos definitivos de las propiedades que ocupan y trabajan desde hace décadas. 

 Los productores expresaron preocupación por la falta de documentos que acrediten legalmente sus terrenos. Señalaron que la situación genera mayor incertidumbre tras el desalojo de varios parceleros de la comunidad de La Ciénaga. 

 Según denunciaron, algunos de los afectados llevaban más de 30 años ocupando y trabajando esas tierras. Esta situación, afirmaron, aumenta el temor entre otros productores que también carecen de títulos definitivos. 

 Los parceleros aseguraron que han llevado sus reclamos ante las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no han recibido una respuesta que permita solucionar el problema. 

 También manifestaron preocupación por la desaparición del Instituto Agrario Dominicano, entidad que, según explicaron, representaba un respaldo para los productores de los asentamientos agrícolas. 

 Los productores pidieron al presidente Luis Abinader atender su situación y disponer las acciones necesarias para garantizar la titulación definitiva de sus parcelas. Los parceleros esperaban un anuncio sobre la titulación durante la reciente visita del presidente a San Juan de la Maguana. Sin embargo, señalaron que el tema no fue abordado. Ante la falta de respuestas, los parceleros advirtieron que podrían realizar movilizaciones en los próximos días para exigir que las autoridades atiendan sus reclamos.

 Los productores reiteraron que buscan seguridad jurídica sobre las tierras que han trabajado durante años y pidieron al Gobierno intervenir antes de que el conflicto genere nuevas protestas en la provincia.

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Abogado afirma que acusación del Jet Set contradice su propia calificación

Santo Domingo.- El abogado querellante Jean Carlos Martínez Segura planteó este viernes que, en el momento procesal correspondiente, el tribunal deberá considerar una variación de la calificación jurídica en el caso por el colapso de la discoteca Jet Set, al entender que los hechos podrían encajar en el tipo penal de homicidio voluntario.

 Durante su intervención en el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, Martínez Segura sostuvo que existe una contradicción entre afirmar que el hecho era previsible y no fue un accidente, pero mantener una calificación jurídica vinculada, según explicó, a los artículos 319 y 320. 

 Este hecho no fue un accidente”, recordó el abogado al citar lo expresado previamente por representantes del Ministerio Público. También señaló que el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que el hecho era “claramente previsible”. 

Playas libres: inician acción legal ante tribunal contra prohibición acceso de ciudadanos a playa

Los hermanos José Alcántara y Francisco Alcántara, quiénes se encuentran representados por el abogado Máximo Miñoso Santoni, iniciaron formalmente acciones legales ante los tribunales del país por la restricción de acceso público a la playa en el municipio Boca Chica. 

 Con esta acción buscan garantizar el libre tránsito y defender el derecho constitucional de acceso a las playas de los ciudadanos. 

En la primera audiencia de este 28 de agosto, el juez solicitó de oficio la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo (Mitur), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Politur), que deberán comparecer ante el tribunal que conoce una acción constitucional de amparo interpuesta contra el complejo Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino. 

 La demanda se originó tras denunciarse la existencia de un muro con garita y agentes de seguridad que obstaculiza e impide la entrada de los ciudadanos a dicha zona playera. 

Audiencia por terrenos de Friusa concluye; expediente quedará en estado de fallo tras plazo de 48 horas

HIGÜEY, LA ALTAGRACIA. — La audiencia relacionada con el proceso de recuperación de aproximadamente 14 mil metros cuadrados de terrenos de dominio público ubicados en Los Altos de Friusa, Bávaro fue celebrada este viernes ante el Tribunal de Tierras de Higüey. 

 Según informaciones recopiladas por BÁVARO DIGITAL, durante la audiencia las partes presentaron sus conclusiones al fondo, mientras el tribunal otorgó un plazo de 48 horas para depositar escritos ampliatorios de conclusiones. Una vez agotado ese período, el expediente quedará en estado de fallo, a la espera de la decisión judicial. 

 El proceso involucra a La Cooperativa Familiar de Vivienda y Servicios Múltiples del Este (COOPFVIESTE) vinculada a la ocupación del inmueble cuya recuperación como patrimonio público se encuentra actualmente en disputa judicial. 

 La iniciativa para la recuperación de estos terrenos ha sido encabezada por Uridy Marte, presidente de la Junta de Vocales del Distrito Municipal Verón–Punta Cana, quien ha sostenido públicamente que el objetivo del proceso es recuperar para el patrimonio público un inmueble que pertenece al dominio público. 

Golpe a construcciones ilegales: Medio Ambiente frena invasión en la franja del río Maimón

Dos edificaciones fueron construidas de forma ilegal dentro de la franja de protección del río Maimón, en el municipio de Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel. 

 Tras confirmarse la continuidad de las obras no autorizadas mediante inspecciones técnicas, la Dirección de Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) ejecutaron una intervención en la zona.

 En el primer inmueble, el promotor contaba únicamente con un Certificado de Registro de Impacto Mínimo para limpieza y nivelación del terreno. El documento especificaba el respeto a la franja de 30 metros del río.

 Sin embargo, la inspección determinó que se erigió una estructura de dos niveles y que tres de sus seis vértices penetraban el espacio protegido. Las labores en dicha estructura registraban antecedentes de paralización por parte de las autoridades ambientales desde agosto de 2025. 

Pese a las notificaciones y a nuevas ordenes de detención emitidas en 2026, la obra continuó en ejecución hasta la intervención efectuada esta semana.