Juez oye querellantes y aplaza audiencia Jet Set para 1 mayo

SANTO DOMINGO.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, concluyó este lunes de escuchar las conclusiones de los abogados de los querellantes en la audiencia preliminar del caso que se le sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso de la discoteca Jet Set en abril del año pasado. 

Una vez concluida esta parte de la audiencia, que inició a las 10:03 de la mañana de este día, se dio paso a escuchar a las víctimas y familiares de estas, informó el Poder Judicial en una nota. 

 La audiencia fue aplazada para el próximo viernes 1 de mayo, cundo se terminará de escuchar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas mortales. 

 Los abogados de la defensa presentarán sus argumentos y se procederá a escuchar a los imputados, con lo que se garantiza el derecho a la defensa y la celeridad en esta etapa procesal. 

DGCP emite nuevo reglamento sancionador para proveedores: inhabilitaciones alcanzarán hasta 10 años

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió este lunes un nuevo reglamento sancionador, como parte de la implementación de la Ley 47-25, con el que -dijo- busca fortalecer el ejercicio de su potestad sancionadora y garantizar procesos más objetivos y apegados al debido proceso en la supervisión de los proveedores del Estado.

 El Reglamento Número DGCP-SNCP-02-2026 del Procedimiento Administrativo Sancionador establece el proceso administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora del órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, define las sanciones aplicables a personas jurídicas que cometen infracciones administrativas en el marco de la contratación pública, así como los efectos posteriores a la imposición y conclusión de dichas sanciones. 

 El documento fija una separación de funciones para asegurar la objetividad en el proceso de investigación y sanción de las infracciones cometidas por los proveedores del Estado, asegurando el respeto al debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en todas las actuaciones administrativas. El reglamento entrará en vigor 30 después de su publicación oficial. 

Entre las sanciones contempladas se encuentra principalmente la inhabilitación temporal, cuya duración puede variar entre uno y 10 años, divididas en dos rangos según la gravedad del incumplimiento: de uno a cinco años y de cinco a 10 años, con graduaciones específicas en cada rango. 

TSA falla a favor de Medio Ambiente y refuerza protección del Parque Nacional Jaragua

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales obtuvo una decisión favorable del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que fortalece la protección del Parque Nacional Jaragua, tras acoger una demanda en dificultad de ejecución contra una sentencia que afectaba los límites de esta área protegida. 

 La sentencia núm. 0030-1643-2026-SSEN-0020, emitida el 24 de abril de 2026, reconoce que la decisión anterior contenía imprecisiones que impedían su ejecución en términos técnicos y jurídicos adecuados, lo que respaldó la postura del Ministerio desde el inicio del proceso. 

 El recurso fue interpuesto contra una decisión previa del propio TSA, que establecía que un terreno vinculado a la empresa Inversiones del Sur, S.R.L. quedaba fuera del área protegida, lo que generaba un posible impacto sobre los límites del parque. En su fallo, el tribunal determinó que dicha sentencia se sustentaba en elementos inconsistentes, incluyendo un documento atribuido erróneamente a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, cuando en realidad se trataba de un informe elaborado por un agrimensor privado sin validez oficial. 

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones oficializa el "Código de la Construcción"

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) oficializó y puso en vigencia el “Código de Construcción de la República Dominicana”, un instrumento normativo que establece los lineamientos que regirán el diseño, construcción y supervisión de obras a nivel nacional. 

 Mediante la Resolución 007-2026, el Mivhed completó el proceso de formalización requerido para la entrada en vigor del Código, permitiendo su aplicación oficial dentro del marco regulatorio vigente. 

 El documento se mantiene conforme a la versión presentada durante el proceso de socialización realizado en septiembre de 2025, la cual fue difundida a través de distintos espacios institucionales y puesta a disposición del público. La oficialización mediante resolución constituye el paso necesario para su implementación, garantizando seguridad jurídica y claridad en su aplicación por parte de los distintos actores del sector construcción. 

 A partir de esta disposición, el Código de Construcción entra en vigencia y se consolida como el marco técnico y normativo que orienta las prácticas constructivas en el país, en coherencia con los estándares actuales y las necesidades del desarrollo urbano. 

Playa Teco inicia su transformación con inversión de RD$193 millones y apuesta al desarrollo turístico

Maimón, Puerto Plata. — El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este domingo los trabajos de construcción de una plaza de vendedores en Playa Teco, en el distrito municipal Maimón, con una inversión superior a los 193 millones de pesos. 

 Durante el acto, el funcionario destacó el momento que vive la provincia en materia de turismo y repasó el proceso que ha llevado a la intervención de esta zona. “Estamos en el mejor momento del desarrollo turístico en esta provincia de Puerto Plata. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Turismo ha cumplido con la palabra empeñada”, expresó el ministro. 

 Collado explicó que, tras la entrega de obras anteriores en Maimón, surgió la necesidad de mejorar el acceso a Playa Teco, lo que dio paso a la construcción de una vía que transformó el entorno. “Lo que era lodo y escombros se convirtió en una avenida, llevando desarrollo a esta playa. Pero luego nos preguntaron, ¿qué pasa con los vendedores? ¿qué pasa con la playa? Había que invertir y remozar este espacio”, indicó Collado en presencia de autoridades municipales. 

Crearán registro de agentes inmobiliarios; medida limitaría estafas en ventas y alquiler

Santo Domingo. Los agentes inmobiliarios dedicados a labores de intermediación, tendrán que tener un registro estatal para poder operar, parte de las medidas que propone adoptar un proyecto de Ley que ya fue aprobado en primera lectura por el Senado. 

 El documento indica que, con el crecimiento del mercado inmobiliario en los últimos años, se han incrementado las estafas en ese sector y que se hace necesario contar con un marco regulatorio que ampare a todos los participantes evitando además la publicidad engañosa. 

 En el caso de los agentes inmobiliarios, los proponentes de la iniciativa concuerdan en señalar que la práctica ha estado exenta de regulaciones estatales y que las prácticas desleales han permeado en el sector afectando a compradores y vendedores. Agentes inmobiliarios y prácticas fraudulentas 

Entre las prácticas fraudulentas se cita la venta o alquiler de inmuebles sin verificar adecuadamente la titularidad del propietario, omitiendo la certificación del estatus jurídico emitida por el Registro de Títulos, lo que ha derivado en múltiples casos de ventas de propiedades que no pertenecen a quien las oferta. 

 Otra práctica recurrente es el uso indebido de fondos o inmuebles entregados por los clientes, destinándolos a fines distintos a los acordados. 

 De igual manera, se identifican esquemas donde intermediarios garantizan rendimientos o asumen supuestas pérdidas, promesas que en muchos casos encubren fraudes financieros. 

Apertura a juicio para integrantes de red de estafa desmantelada con Operación Gaviota

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud de los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de los integrantes de la red criminal desmantelada con la Operación Gaviota y que estableció un esquema piramidal con el que movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas. 

 El órgano acusador estableció en el proceso que durante los años 2020-2024 la estructura criminal operó un esquema piramidal fraudulento denominado Investor Winner, que captó y movilizó las indicadas sumas de dinero de manera fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo el falso alegato de inversiones bursátiles legítimas. 

 Al considerar suficientes las pruebas que sustentan el expediente, el tribunal dictó auto de apertura a juicio en contra de los cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez. 

 También, se ordenó el envío a juicio de O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como de Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente. 

Senado aprueba ley contra la publicidad engañosa en el sector inmobiliario

 

El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en la República Dominicana, con la finalidad de ordenar, supervisar, fomentar y evitar las estafas o ejecuciones en las transacciones inmobiliarias del país. 

 Esta propuesta legislativa fue presentada por los senadores Rafael Barón Duluc, Félix Ramón Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto. 

 La normativa tiene la finalidad de regular, supervisar, fomentar y promover la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana, con la finalidad de garantizar que la promoción, comercialización y ejecución de las transacciones inmobiliarias se realicen de manera ética, ordenada, eficiente y transparente, que redunden en beneficio de los derechos e intereses de adquirientes, arrendatarios, agentes y agencias inmobiliarias y contribuya al desarrollo económico y social de la nación. 

 El proyecto resalta que la publicidad engañosa es toda información, comunicación, mensaje o práctica comercial difundida por cualquier medio, que induzca o pueda inducir a error al consumidor respecto de las características, disponibilidad, precio, condiciones de venta, entrega o cualquier otro aspecto relevante relacionado con bienes inmuebles, regido por la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. 

Asociación de Agrimensores denuncia millonaria parcelación irregular en área protegida de Cumayasa

Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim) denunció la ejecución de levantamientos parcelarios que superan los 7 millones de metros cuadrados dentro del entorno del Monumento Natural Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas. 

 La operación podría representar un valor económico superior a RD$10,500 millones, orientada a beneficiar a terceros ajenos a los programas de reforma agraria. 

 El presidente del gremio, el ingeniero civil y agrimensor Víctor Torres, afirmó que estas informaciones han sido obtenidas a través de fuentes técnicas y documentales fidedignas, las cuales evidencian actuaciones incompatibles con el régimen legal que protege estas áreas. 

 “Estamos ante un proceso que, de materializarse en titulaciones, constituiría una violación directa a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas Núm. 202-04 y al artículo 16 de la Constitución de la República Dominicana, comprometiendo un patrimonio natural que es inalienable e imprescriptible”. 

 El gremio recordó que el artículo 30 de la referida ley establece que “el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es irreductible en cada una de sus partes y en su totalidad”, mientras que el artículo 33 dispone que “las áreas protegidas son patrimonio inalienable del Estado”, por lo que cualquier intento de fragmentación o titulación en estas zonas carecería de validez legal.