Unión Europea y RD fortalecen cooperación para tierras raras

Santo Domingo, 6 sep.- República Dominicana y la Unión Europea (UE) acordaron fortalecer la cooperación científica y técnica para evaluar el potencial de recursos minerales del país bajo criterios de sostenibilidad y protección ambiental, informó hoy la Cancillería. 

 El acuerdo contempla estudios de caracterización y evaluación de tierras raras, galio y escandio presentes en depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, en la región suroeste. 

 La iniciativa quedó establecida mediante una Declaración Conjunta suscrita por el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, y el embajador de la Unión Europea en el país, 

Raúl Fuentes Milani, durante un acto celebrado en la sede de la Cancillería, con la participación del titular de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría. 

Depositan recurso de revisión judicial al TC ante el rechazo de amparo ambiental

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, (Cnlcc), y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (Insaproma), depositaron ante el Tribunal Constitucional, una solicitud de revisión de la sentencia que rechazó el amparo interpuesto por las organizaciones, exigiendo que el presidente de la República y los principales funcionarios cumplan la Constitución, leyes y disposiciones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la transición energética. 

 Las organizaciones requirieron mediante la acción de amparo constitucional el cumplimiento efectivo de la aplicación de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, incluido el fondo especial para energías renovables, la Ley 57-07 sobre Incentivo a las Energías Renovables incluida la meta de que la energía renovable alcanzara el 25 % de la matriz eléctrica del país al año 2025, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos asumidos por el Estado dominicano en el marco del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

 Después de un año y unos días de haber emitido la sentencia, la 4ta. Sala del Tribunal Superior Administrativo, TSA, presidido por el juez Román A. Berroa Hiciano, junto con las juezas Claudia María Peña Peña y Cecilia Badía Rosario, comunicó en esta sentencia había rechazado el amparo de cumplimiento acogiendo un incidente procesal presentado por las partes acusadas en el proceso.  En efecto la sentencia fue emitida el 26 de agosto de 2025 y notificada un año y dos días después a las entidades que depositaron el amparo constitucional de cumplimiento. 

Desalojados dicen que tierra del CEA es suya

Puerto Plata. Las familias desalojadas de terrenos ubicados en la comunidad de Llanos de Pérez, municipio de Imbert, protestaron con una vigilia frente al Palacio de Justicia de Puerto Plata. 

 Los manifestantes exigieron que se ponga freno a lo que calificaron como actuaciones arbitrarias de un coronel del Ejército Dominicano. Los afectados denunciaron que fueron desalojados del lugar a pesar de la existencia de dos decisiones judiciales que, según afirman, favorecen sus derechos, una emitida por el Tribunal Constitucional y otra por la Cámara Civil de Puerto Plata. 

 José Martínez Cruz, vocero de los afectados, aseguró que los terrenos cuentan con títulos de propiedad y no pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por lo que cuestionó la actuación del oficial militar señalado. “No permitiremos más atropellos. Si no somos escuchados, vamos para la calle”, advirtieron los manifestantes, quienes reclamaron la intervención de las autoridades competentes.

 En total son 50 las familias afectadas Los denunciantes hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que disponga una investigación sobre el conflicto y determine las responsabilidades correspondientes. 

Comunitarios de Pantoja defienden terrenos destinados a construir una escuela

Santo Domingo.- Comunitarios del sector Las Flores, en Pantoja, pidieron este sábado la intervención de las autoridades ante la preocupación por una presunta amenaza de derribar la pared que protege unos terrenos donde aseguran está prevista la construcción de un plantel educativo. 

 Los moradores explicaron que la construcción se encuentra paralizada debido a una supuesta litis judicial relacionada con los terrenos, situación que mantiene en incertidumbre a la comunidad.

 Estos terrenos son de Educación, ellos dieron más de 100 millones, pero hay una litis y por eso no se debe tocar nada”, afirmó Santo Paniagua, presidente de la junta de vecinos. Mientras, la dirigente comunitaria María Magdalena Rondón aseguró que han acudido de manera constante al área jurídica del Ministerio de Educación para conocer el estatus del proyecto.  Educación construyó eso; nosotros constantemente vamos a donde la jurídica de Educación”, manifestó. 

 Déficit escolar en Las Flores

 Los comunitarios también expresaron preocupación por la falta de un centro educativo en la zona, lo que obliga a estudiantes del sector a trasladarse hacia otros lugares para asistir a clases. 

Comisión presentará anteproyecto de ley para nuevo estadio en Dominicana

La pieza legislativa buscará sentar las bases a través de las cuales el empresariado y el Estado dominicano trabajarán juntos en el proyecto. La espera por un nuevo estadio en República Dominicana aparenta encontrarse en su etapa final. 

 Una fuente confirmó a ESPN que el próximo miércoles 9 de septiembre, la comisión presidida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para depositar formalmente un anteproyecto de ley que creará la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (CITELF), organismo que estará encargado de la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el país caribeño, en el lugar donde hoy se encuentra el Estadio Quisqueya Juan Marichal. 

El plan que se ha trazado desde el inicio para la construcción de la megaestructura contempla la creación de una alianza público-privada, en la que el Estado dominicano facilite los terrenos y el sector empresarial ejecute la obra de ingeniería. 

La idea de un nuevo estadio en el país busca modernizar la instalación de mayor renombre para el deporte, construyéndola desde cero. Resulta relevante recordar que el Estadio Quisqueya abrió sus puertas por primera vez en 1955. 

 Según la fuente, la reunión entre la mencionada comisión, creada a través de los decretos números 306-25 y 378-25 por el presidente dominicano Luis Abinader, y el presidente de la Cámara de Diputados está programada para las 9 de la mañana del referido día. 

ONE informa sobre el levantamiento de la segunda versión de 2026 del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) en el Gran Santo Domingo

Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informa que del 7 de septiembre al 5 de octubre se desarrollará la segunda edición 2026 del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE), operación estadística orientada a fortalecer la producción de información sobre el sector de la construcción y a aportar evidencia clave para la toma de decisiones en materia de vivienda y desarrollo urbano. 

 El levantamiento se ejecuta en colaboración con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), en el marco de los esfuerzos conjuntos por mejorar la disponibilidad de datos estratégicos sobre la dinámica constructiva del país. 

 ¿Qué mide el ROE?

 El ROE se realiza dos veces al año y permite recopilar información sobre edificaciones en distintas etapas: en planos, en ejecución, paralizadas y culminadas. El operativo abarca toda la zona urbana del Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Pedro Brand, Boca Chica, San Antonio de Guerra, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este. Además, por primera vez, se hace en la provincia de Santiago, territorio donde se concentra una parte significativa de la actividad constructiva nacional, lo que permite obtener una visión integral del comportamiento del sector. 

Onesvie recibe más de 2,000 solicitudes para evaluar vulnerabilidad de edificaciones a propósito de terremotos

SANTO DOMINGO.-Más de 2,000 solicitudes para evaluar la vulnerabilidad de edificaciones han sido recibidas por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), ante el creciente interés de ciudadanos y sectores privados por conocer las condiciones de sus inmuebles frente a un eventual terremoto. 

 La información fue ofrecida por el director general de Onesvie, Leonardo Reyes Madera, quien explicó que, aunque la institución concentra principalmente sus servicios en el sector público, también mantiene una campaña nacional dirigida a personas físicas y entidades privadas que deseen evaluar sus propiedades. 

 Estas evaluaciones son realizadas de manera gratuita y tienen como propósito identificar posibles debilidades estructurales antes de que ocurra una emergencia.

 Reyes Madera destacó la importancia de actuar de forma preventiva y conocer las condiciones de las viviendas y edificaciones donde permanecen las familias. “Lo importante de esto es que nosotros seamos capaces de detectar a tiempo la situación de la vivienda donde estoy, donde tengo familia, donde tengo tantos hijos, donde tengo tantos padres”, expresó. 

Cinco imputados Calamar también van por extinción

El expediente del caso Calamar se encamina por el mismo derrotero procesal que el de Jean Alain Rodríguez y compartes. Ayer, cinco de los 34 imputados solicitaron al tribunal a las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal y de manera complementaria, el levantamiento inmediato de las medidas de coerción, la cautelares sobre sus bienes, y el desbloqueo de sus cuentas bancarias. 

 El resto de los encartados, incluido el exministro de Hacienda Donald Guerrero y principal imputado en el supuesto entramado que habría estafado al Estado con más de RD$19,000 millones, se reservó el derecho de hacer la misma petición. 

 Las defensas de Claudio Silver Peña, Mario Rodríguez Cabrera, Ángel Lockward, Santiago Roberto Moquete, Juan Tomás Polanco y Agustín Mejía Ávila, sustentaron su petición en la presunta vulneración del plazo razonable.

 Algunas coincidieron en el argumento de que las sentencias del Tribunal Constitucional números TC/0765/24 y TC/0766/24 anular la Ley 10-15 y otorgaron al Congreso un plazo de año para hacer un nuevo Código Procesal Penal (CPP), y al vencer el plazo (29 de noviembre del 2025) sin la aprobación de la nueva norma hubo un “vacío legal”, que, a su juicio, hizo revivir automáticamente el CPP original (Ley 76-02) cuyo límite máximo para la duración de un proceso oscila entre los 3 y 4 años. 

Corte confirma embargo por RD$500 millones contra hermanos Espaillat por caso Jet Set

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas de embargo conservatorio, embargo retentivo e hipoteca judicial provisional por RD$500 millones contra los bienes de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas. 

 El tribunal, reunido en cámara de consejo y presidido por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz, e integrado además por Daisy Indhira Montás Pimentel, rechazó el recurso de apelación presentado por los hermanos Espaillat a través de sus abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez, Bernardo Elías Almonte Checo y Francisco Moita Pacheco. 

 El magistrado Rafael Báez García, quien participó en la deliberación, no pudo suscribir la decisión debido a que se encontraba de vacaciones al momento de la firma. La Corte consideró que las medidas de coerción real tienen un carácter cautelar, instrumental y provisional, por lo que no constituyen una condena civil anticipada, sino que tienen como finalidad preservar bienes suficientes para garantizar una eventual reparación de los daños ocasionados a las víctimas. 

 Los jueces también señalaron que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, estableció un límite económico preciso de RD$500 millones, por lo que ninguna actuación de ejecución de las medidas puede superar esa cantidad.