Otorgan a tres empresas permiso exploración minera en cordillera Septentrional


Son al menos tres los permisos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas a empresas mineras para la exploración de los terrenos montañosos de la Cordilerra Septentrional. Cobre- El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo, son algunos de los proyectos de exploración concedidos en múltiples comunidades de la cordillera Septentrional, a empresas mineras denominadas Vertrixi Holding, s.r.l; Proyecto Minero Gold Rain, s.r.l; y Unigold Resources, Inc, respectivamente. 

 Estos datos forman parte de los hallazgos preliminares obtenidos por la comisión de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quienes emitirán un informe en los próximos días, a y los que LISTÍN DIARIO tuvo acceso. 

 El documento R-MEM-CM-013-2024, establece que el Ministerio de Energía y Minas otorga la autorización de exploración de oro, plata, cobre y metales básicos a Vertrixi Holding, s.r.l, con una extensión superficial de ocho mil novecientas treinta y una punto cero una (8,931.01) hectáreas mineras en Puerto Plata y Santiago, con sus municipios de Altamira, Puerto Plata y Santiago. 

 Estos abarcan los distritos municipales de Pedro García, Río Grande, San Francisco de Jacagua, y Yásica Arriba con sus secciones El Cupey, El Ranchito Piche, Escalera Gurabito de Yaroa, La Auyama, Palo Alto, Pedro García (Zona Urbana), Pescado Bobo Arriba, Salamanca, Tubagua, Yásica Abajo y Yásica Arriba. 

Decreto 121-26: Gobierno crea mesa interinstitucional para desarrollar puerto espacial en Pedernales


El Gobierno dominicano declaró como una prioridad de alto interés nacional el desarrollo y la construcción de puertos espaciales en el territorio a través del Decreto 121-26. 

 La disposición ejecutiva fue confirmada por el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto, quien catalogó la medida como un paso fundamental para la inserción del país en la economía aeroespacial. 

 El proyecto concentra su desarrollo físico en el municipio de Oviedo, provincia de Pedernales, seleccionado por sus excepcionales condiciones técnicas y geográficas. Esta ubicación estratégica destaca por su proximidad a la línea ecuatorial, un factor que reduce significativamente los costos operativos y maximiza la eficacia de los lanzamientos. 

 Para garantizar la ejecución de esta iniciativa, el decreto presidencial ordena la creación de una mesa interinstitucional compuesta por diversas entidades del Estado. Este equipo de trabajo coordinado tiene la responsabilidad de estructurar un proyecto de ley que establezca el marco jurídico indispensable para regular la actividad espacial local. 

 La redacción de esta nueva legislación se llevará a cabo manteniendo un enfoque estricto de seguridad nacional en todas las operaciones. Esta resolución gubernamental representa la consolidación de estrategias previas, como la integración del país a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio en el año 2021. 

 Asimismo, la iniciativa se apoya en los compromisos internacionales recientes del Estado, destacando la firma de los Acuerdos Artemis con los Estados Unidos durante el 2024. 

 Como parte de la viabilidad de este plan a gran escala, las autoridades dominicanas ya han solicitado formalmente el apoyo técnico especializado de la NASA.

Pareja de empresarios denuncia estafa inmobiliaria y retrasos judiciales sobre residencial en Santo Domingo

Santo Domingo.– El empresario José Enrique Yáber y su esposa Michelle Pomares denunciaron que llevan más de cuatro años inmersos en un proceso judicial tras haber entregado US$300,000 como pago para la compra de un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte, en el Distrito Nacional, unidad que, según sostienen, fue posteriormente transferida a terceros sin su conocimiento. 

 De acuerdo con la denuncia de la pareja, el caso se originó tras la firma, en noviembre de 2017, de un contrato de promesa de venta para la adquisición del apartamento 11-A del referido proyecto. Según indican, la entrega de la unidad estaba prevista para enero de 2019. 

 La familia señala que, tras incumplirse ese plazo y luego de varios intentos de seguimiento, pudo constatar que el inmueble había sido incluido en una serie de transferencias realizadas el 25 de febrero de 2020, fecha en la que, según afirman, 26 apartamentos del mismo proyecto fueron traspasados a una empresa de reciente constitución. 

 También sostienen que otras unidades habrían sido transferidas a sociedades que, de acuerdo con los registros consultados por sus abogados, no estaban ni siquiera constituidas al momento de las operaciones. 

Ambientalistas rechazan la construcción de una penitenciaría en la isla Beata


La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denuncia la propuesta de un proyecto que procura la instalación de una penitenciaría en la isla Beata. 

 La entidad asegura que este ecosistema estratégico y frágil de 27 kilómetros cuadrados ubicado en el extremo sur de la provincia Pedernales se encuentra íntegramente dentro del Parque Nacional Jaragua, “lo que convierte cualquier intervención de este tipo en un delito ambiental flagrante”. 

 La proposición de construir una cárcel en el islote está contenida en un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicitaría dicha obra al Poder Ejecutivo. Este ítem estaba en el orden del día de la sesión ordinaria número 00006 correspondiente al 18 de marzo de 2026. 

 Este proyecto, informó la Coalición a través de un comunicado, no solo es jurídicamente inviable, sino que choca con las decisiones políticas anunciadas recientemente de protección y defensa del patrimonio natural del país. “Advertimos con firmeza que la sociedad dominicana no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que se consume este atropello contra nuestro sistema de áreas protegidas”, indicó la institución que representa a un colectivo de organizaciones ambientales de República Dominicana. 

Buscan dotar de títulos definitivos Villa Olímpica de Santiago

Santiago. Los condominios del sector Villa Olímpica, en Santiago, fueron integrados al Plan Nacional de Titulación, con el inicio formal de los trabajos técnicos, sociales y legales.

 La labor permitirá la entrega de 2,700 certificados de títulos definitivos a familias de este complejo habitacional, beneficiando de manera directa a unas 10,800 personas. El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Duarte Méndez, explicó que esta iniciativa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) y la Dirección General de Bienes Nacionales. 

 Los trabajos forman parte de una intervención orientada a otorgar seguridad jurídica a ocupantes que durante años han residido en sus apartamentos sin contar con la documentación legal que los acredita como propietarios. 

 “Los trabajos abarcarán la parcela 7-C-8-I del Distrito Catastral No. 08, impactando específicamente el sector Invivienda Villa Olímpica, en el perímetro comprendido entre las calles Canabacoa, Penetración, Mamá Tingó, Fernández Domínguez y la avenida Melenio Almonte”, indicó Méndez. 

 Durante el acto de inicio, el funcionario destacó que la titulación no solo brindará tranquilidad y protección legal a las familias, sino que además permitirá que las unidades habitacionales incrementen significativamente su valor en el mercado, incluso hasta triplicarse. 

 Resaltó que este proceso representa una garantía para los ocupantes, al asegurar que nadie podrá despojarlos de los inmuebles que han habitado durante años, al tiempo que les abre la posibilidad de acceder a mayores oportunidades económicas mediante la formalización de su patrimonio. 

Los trabajos serán gratuitos, por lo que los beneficiarios no tendrán que pagar por levantamientos parcelarios.

Fiscal del DN por casos Jet Set y Pumarol: «La vida, en algunos expedientes, parece valer menos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos expresó este miércoles su preocupación por la percepción de desigualdad en la atención y valoración de las víctimas en distintos procesos judiciales, al referirse a los casos conocidos como “Jet Set” y “Jean Pumarol”.

 A través de una publicación en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), la fiscal destacó que aunque se trata de hechos distintos, ambos comparten una misma preocupación social: la aparente insuficiencia en el peso que se le otorga al dolor humano dentro de algunos expedientes.

 “Más de 200 víctimas en un caso. Una mujer muerta y cinco heridos en otro. Distintos hechos… pero una misma sensación: que el dolor no está pesando lo suficiente. Que la vida, en algunos expedientes, parece valer menos”, manifestó Ramos en su mensaje. 

 Sus declaraciones surgen en medio del debate público generado en torno a la respuesta judicial frente a estos casos, los cuales han captado la atención de la opinión pública por la magnitud de sus consecuencias y el impacto en las víctimas. 

 La representante del Ministerio Público no ofreció detalles adicionales sobre los procesos en curso, pero su pronunciamiento ha sido interpretado como un llamado a la reflexión sobre la equidad en la administración de justicia y el tratamiento que reciben las víctimas, independientemente de la dimensión o notoriedad de los casos. 

Senado aprueba una ley que regula uso de medios digitales

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la ley que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. 

 Las reformas legislativas establecen ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital o electrónica calificada por parte de los jueces, secretarios y servidores judiciales y auxiliares de la justicia, así como de los actores activos y pasivos del sistema, lo cual es vital para asegurar la autenticidad, integridad y validez. 

 Asimismo, establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución. Las innovaciones judiciales buscan, además, implementar un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles, a fin de mejorar la seguridad jurídica, a través de la trazabilidad y la certeza en la ejecución de sus actos procesales, así como el acceso opcional a audiencias virtuales para que, en caso de falta de consenso, sea el juez quien determine la modalidad, en atención a las circunstancias particulares del caso y la especialidad de la materia.

MP pide enviar a juicio de fondo a imputados del caso Calamar y rechazar incidentes de la defensa

El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, informó este viernes que el Ministerio Público concluyó sus réplicas durante la última audiencia preliminar del caso Calamar, cuyo proceso involucra a los exfuncionarios Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. 

 En ese sentido, el órgano acusador solicitó que todos los implicados sean enviados a juicio de fondo y que se rechacen los incidentes presentados por la defensa de los imputados.

 Las audiencias se desarrollaron en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público acusa a los implicados de participar en un presunto desfalco superior a RD$19 mil millones.

 En el expediente también figuran el exsenador Rafael Calderón; el abogado Ángel Lockward; y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar. Asimismo, la acusación incluye a Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. 

 También están señalados Alejandro Constanzo Sosa; Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía; y Víctor Matías Encarnación. 

 El Ministerio Público sostiene que los procesados integraban una supuesta estructura que desvió recursos del Estado, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. 

 De acuerdo con el expediente, esos fondos también habrían sido utilizados para pagar sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

Caso Calamar quedará en estado de fallo del tribunal; abogados reiteran informe de auditoría sustenta acusación es falso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez dejará este viernes en estado de fallo el caso Calamar, luego de escuchar las réplicas y contraréplicas de las partes involucradas en el proceso judicial. Mientras que los abogados de la defensa sostienen que el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría de la República de fecha 21 de septiembre de 2021 en que se basó la persecución en el caso Calamar, es totalmente falso. 

 Indican que en el caso Calamar y todas las medidas impuestas a los imputados durante más de cinco años, nacen de un “informe” inexistente, hecho por personas “incompetentes” en el plano legal y material, que el PEPCA, por su propia prueba escrita, sabe que era falso desde principios del 2022 y ese adefesio es la única prueba de la supuesta defraudación. 

 Explican que el mal intencionado informe de auditoría desde abril de 2022 fue atacado en el Tribunal Superior Administrativo por el abogado Ángel Lockward, lo que conllevó que en un ejercicio de “soberbia y revanchismo”, le incluyeran como imputado en el referido caso. 

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