Estado dominicano apela el auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo en caso Calamar

El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), depositó este lunes un recurso de apelación parcial contra la resolución que dictó auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, en el marco del Caso Calamar. 

 La apelación fue presentada a las 2:30 de la tarde ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y busca que sea revocada la decisión emitida el 29 de mayo de 2026 por la jueza Altagracia Ramírez. En el recurso, el ERPP, en representación del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, entre otras entidades estatales, solicita a la Corte: 

 

Revocar el auto de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo Terrero, José Ramón Peralta Fernández y otros tres imputados. 

Ordenar la apertura de un juicio de fondo contra esos acusados. 

Mantener las medidas de coerción vigentes, incluido el impedimento de salida del país y las medidas u oposiciones de carácter financiero. El recurso sostiene que la jueza incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas, especialmente en lo relativo a los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento de campañas descrito en la acusación del Ministerio Público.

Empresas con RD$0 de ingresos pagarían RD$5,000 por gestión de residuos, establece ley de Diputados

En un periodo de cinco horas, la Cámara de Diputados aprobó este lunes en dos sesiones consecutivas un proyecto que busca modificar las aportaciones económicas contempladas en la Ley 98-25 de Gestión integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), junto a sus aliados, lograron declarar la pieza de urgencia y obviar el estudio que deben realizar las comisiones, a pesar de los opositores que solicitaban realizar de manera previa ese procedimiento antes de someterla a votación. 

 La iniciativa de los diputados proviene del Senado de la República, a propuesta del legislador Antonio Marte. Sin embargo, esta deberá regresar a la Cámara Alta para ser conocida en una única lectura luego de que fuese modificada por la Cámara Baja. De esa manera, estaría habilitada para ser promulgada por el presidente Luis Abinader. 

 El documento legislativo contempla una variación al apartado en el cual detalla el monto del pago que deben realizar las empresas al Estado por la recogida de los desechos.

 El esquema elaborado por los congresistas no toma de referencia la cantidad de basura producida por las empresas, sino el dinero que reciben durante el año. ¿Pero, qué establece la ley actual? 

Nuevo Código de Construcción busca reducir riesgo sísmico en RD

La arquitecta Iliana López Gallardo, directora de Normas y Reglamentaciones del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), afirmó este lunes en Despierta con CDN que el país cuenta con un nuevo Código de Construcción que busca ordenar, actualizar y concentrar en un solo instrumento las reglas técnicas aplicables al diseño, la construcción y la supervisión de edificaciones. 

 El Código de Construcción de la República Dominicana entró en vigencia en abril mediante la Resolución 007-2026. La normativa se organiza en cinco volúmenes y busca facilitar la aplicación de los reglamentos técnicos, homologándolos con prácticas y referencias internacionales adaptadas a la realidad local. 

La funcionaria explicó que el nuevo marco también permite incorporar actualizaciones con mayor agilidad, a partir de los avances técnicos y de las lecciones que dejan eventos sísmicos ocurridos en otros países. 

Alemán pide al IAD frenar titulación de 1,500 tareas que alega son suyas en Bayaguana

Santo Domingo.- Un ciudadano alemán de 82 años solicitó al Instituto Agrario Dominicano (IAD) detener el proceso de depuración para la entrega de títulos definitivos sobre unas 1,500 tareas de terreno que asegura son de su propiedad en El Mogote, Sierra de Agua, municipio de Bayaguana. 

 Ruediger Dochmann explicó que, junto a su abogado, depositó este lunes un recurso de oposición ante el IAD, acompañado de un legajo de documentos con los que afirma demostrar el historial de los terrenos y la forma en que los adquirió tras establecerse en la República Dominicana en 1973. 

 Denuncia ocupaciones ilegales y amenazas 

Durante una visita a Noticias SIN, Dochmann relató que por décadas ha enfrentado ocupaciones ilegales en la propiedad, donde desarrolló una plantación de acacia mangium como parte de un proyecto de desarrollo forestal y ecoturístico.

 Según explicó, la situación ha llegado al punto de impedirle acceder a sus terrenos por razones de seguridad. «Cuando esa gente vino a ocupar mi tierra y mi plantación, mis vecinos me dijeron que no podía entrar más porque era muy peligroso. Me advirtieron que podía tener problemas, porque los invasores andaban con machetes», expresó. 

Cámara Penal acoge inhibición de la jueza Almonte por vínculos efectos con víctima del Jet Set

La Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional apartó a la jueza Clara Luz Almonte del conocimiento del juicio de fondo en contra de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat.

 Los imputados enfrentan cargos por homicidio involuntario tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos en abril de 2025. La magistrada Ingrid Fernández, presidenta de la Cámara Penal, tomó la decisión al acoger la inhibición voluntaria presentada por la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional. 

 La Presidencia de la Cámara Penal determinó que el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial constituye una garantía fundamental del debido proceso. Al reconocerse la existencia de este nexo afectivo, se hacía imperativo acoger la inhibición para salvaguardar la confianza objetiva que debe imperar en la administración de justicia. Ante esto, la jueza Fernández ordenó el retiro inmediato del expediente de la Segunda Sala Penal y dispuso su remisión a la secretaría correspondiente para que sea reasignado mediante un sorteo aleatorio computarizado entre los demás tribunales unipersonales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Microempresas de construcción enfrentan crisis por trabas en licitaciones públicas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero Teodoro Tejada, advirtió que las microempresas del sector construcción enfrentan una situación “alarmante y compleja” debido a las condiciones establecidas en las licitaciones de diversas instituciones del Estado. 

 El profesional explicó que los llamados “nudos legales”, junto a la aplicación de la Ley número 83-24, han generado mayores dificultades para las pequeñas empresas constructoras, colocándolas entre los sectores con más problemas económicos en la República Dominicana. 

 Tejada señaló que, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cantidad de establecimientos cerrados aumentó de 123 a 396 entre 2020 y 2024, lo que representa un crecimiento del 222 %. 

Senado aprueba de urgencia Ley sobre Residuos Sólidos

El Senado de la República aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 Durante la sesión, el senador Antonio Marte presentó al pleno del Senado una moción solicitando que el proyecto fuera incluido en la orden del día y liberado de todo trámite, declarándolo de urgencia. 

 Entre las modificaciones realizadas a la pieza, se encuentra el pago de una contribución especial obligatoria a toda persona jurídica, entidades, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos o cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

 Estas empresas o entidades darán un aporte obligatorio con el objetivo crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

 Los aportes deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, por ejemplo: La persona jurídica o entidad con ingresos de hasta cinco millones de pesos dominicanos aportarán RD$3,500.00. Las empresas o entidades con ingresos de cinco millones un peso dominicano hasta RD$10,000, 000 aportarán RD$6,000. Mientras que las que tengan ingresos de 10 millones hasta 25 millones RD$$20,000.00. Las empresas o instituciones con ingresos de 100 millones un peso dominicano RD$300,000.000.00 aportarán RD$400,000. Las empresas con ingresos de 300 millones un peso dominicano a 500 millones de pesos dominicanos aportarán RD$500, 000.  En tanto que, las que tengan ingresos de 500 millones un peso dominicano a 700 millones de pesos aportarán RD$675,000. 

Denuncian empresarios intentan apoderarse de terrenos privados y del CDP en Boca Chica

Panorama Nacional. Propietarios de dos mil tareas de tierra ubicadas entre Boca Chica y Juan Dolio, entre estos el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), denunciaron este miércoles que dos poderosas empresas intentan despojarlos de sus terrenos en esa área. 

 La denuncia fue formulada durante una rueda de prensa efectuada el 24 de junio, en la sede del CDP, en el Centro de Los Héroes de esta capital, por una representación de la Asociación de Propietarios de terrenos de Boca Chica, junto a una delegación de los periodistas. Luís Pérez, presidente del CDP, identificó a las empresas que intentan despojar a los dueños de sus tierras: como a una planta de agregados propiedad de un viceministro de Interior y Policía, que fue instalada en la zona, y que está relacionada a la constructora Bisonó, y a Cementos Panam; quienes afirman que tienen una concesión de Rafael Burgo, director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), para explotar esa área. 

 Explicó que tanto el CDP como cada uno de los propietarios, fueron asentados en esos terrenos, asignándoseles como permuta de otros que habían sido adquiridos en otros lugares, y que el CEA reasignó o vendió a otros adquirientes. 

 Pérez sostuvo que el CDP y las personas afectadas, congregados en la Asociación de Parceleros de Boca Chica, informaron que poseen 2,000 tareas, de las 12,000 que contiene la parcela 1-77 del DS6 de Boca Chica, y que, los dueños de la planta de agregados ya han violentadas tres parcelas con el retiro de la capa vegetal y el derribo de las alambradas. En tanto que, Isidro Prensa, presidente de la Asociación de Parceleros de Boca Chica, indicó que los propietarios de estos terrenos han gastado más de diez millones de pesos en el acondicionamiento de estas tierras, construcción de vías de acceso a lo que antes eran montes abandonados, cuando la recibieron. 

Suspenden juicio contra Emmanuel Rivera por falta de defensor público para uno de los acusados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió este jueves el juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados de ser parte de una presunta red que habría estafado a decenas de personas mediante la venta de viviendas en proyectos inmobiliarios. 

 La audiencia fue aplazada hasta el próximo 22 de julio, a las 9:00 de la mañana, debido a que Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, hijo de Ledesma, no cuenta con un defensor público asignado. 

 De acuerdo con la acusación, la estructura criminal habría estafado más de 700 millones de pesos a más de 300 personas, a quienes ofertaba apartamentos y viviendas en proyectos inmobiliarios que presuntamente no existían o no fueron desarrollados, utilizando diversas maniobras fraudulentas. Durante la audiencia de hoy se produjeron además varios incidentes procesales. 

La defensa de uno de los imputados solicitó autorización para depositar por escrito pruebas que pretende incorporar al juicio, mientras que el Ministerio Público informó que la imputada Rosa María Sánchez no compareció pese a haber sido debidamente citada.  Ante esta situación, el tribunal ordenó su declaratoria en rebeldía y dispuso su arresto y convocó a todas las partes presentes para la próxima audiencia.