Fondos de inversión de RD crecen 56.73% en un año


Los fondos de inversión de República Dominicana reportaron que administran activos por valor de 251,125 millones de pesos DOP, al cierre del 31 de mayo de 2024. 

 El monto que tienen bajo administración hasta mayo de 2024 es un 56.73% mayor que los 160,227 millones de pesos DOP bajo la administración de estas entidades de patrimonios separados al cierre del 31 de mayo de 2023, de acuerdo con los boletines de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI). 

 Otro segmento donde los fondos de inversión crecieron con fuerza fue la cantidad de usuarios del mercado de valores que adquirió participaciones en una de estas plataformas.

A mayo de 2024, 44,262 personas residentes en República Dominicana tenían alguna participación en fondos de inversión, un 32.73% más que las 33,347 personas con tenencia de participaciones. Con un crecimiento superior al 50% en activos, y de más de 30% en usuarios, los fondos de inversión de República Dominicana mantienen su tendencia alcista dentro de los mercados financieros.

Aprueban proyecto de ley que permitiría desalojar a inquilinos que no paguen


La Cámara de Diputados aprobó este jueves, otra vez y en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos. 

 El proyecto que aprobaron los diputados contiene todo un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta. El proceso de desalojo de un inquilino que no pague el alquiler iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días. 

 La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocablemente juzgada, no será objeto de ningún recurso de oposición y será ejecutada "de inmediato". Después de la sentencia, el proyecto de ley establece que un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá a la instrumentación del desalojo o el embargo, según sea el caso.

 Antes del desalojo, la pieza señala que el alguacil pedirá al inquilino desalojado alguna dirección donde pueda depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, se recibirá el mobiliario en un almacén de Monte de Piedad.

Aprueban licencia ambiental a Punta Bergantín para construcción de 9 hoteles y 6,625 viviendas


El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMRN) aprobó la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto turístico Punta Bergantín, en la provincia Puerto Plata, lo que permitirá iniciar los trabajos de construcción de sus diversos componentes a partir del mes de agosto. 

 Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo del proyecto turístico Punta Bergantín, explicó que la autorización ambiental cubre un área de 9.6 millones de metros cuadrados y excluye el uso la de construcción de infraestructuras en las áreas de humedales, manglares, dunas, ciénagas, cañadas, y cualquier otra área de vulnerabilidad ambiental dentro del ámbitode desarrollo del proyecto. 

 El Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de la Zona de Punta Bergantín (Fideicomiso Punta Bergantín), es una iniciativa del Gobierno Dominicano que gestiona el Banco de Reservas y el Ministerio de Turismo, y su objetivo es “volver a situar a Puerto Plata en el mapa turístico del mundo”, apostando por el “poder de su belleza natural” y la calidad humana de su gente. 

BID indica que el 45 % de los hogares de América Latina y Caribe no tiene una vivienda digna


Ciudad de México.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó este jueves el Tercer Foro de Vivienda, un encuentro para abordar el déficit de vivienda en Latinoamérica que reunió a autoridades de Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Argentina.

 En un panel dirigido por la Jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, Tatiana Gallego, los titulares de vivienda de esas naciones debatieron sobre la situación en materia habitacional y sobre los resultados arrojados por los estudios que el organismo multilateral ha llevado a cabo en la región.

 “América Latina y el Caribe tienen un rezago habitacional, dinámico, que desde el BID calculamos que afecta al 45 % de la población”, afirmó Gallego a EFE. Tal y como cuenta la responsable de vivienda del BID, esta cifra es más importante desde un punto de vista cualitativo que cuantitativo. “Estimamos que un 95 % más o menos del total es cualitativo y además es muy urbano, aunque solo sea porque el más del 80 % de la población en América Latina y el Caribe vive en ciudades”, destacó Gallego. 

 No obstante, estas cifras muestran una realidad regional que es dispar en función de cada país, al poner como ejemplo Costa Rica donde se estima que aproximadamente el 11 % de la población está en rezago frente a otros como Nicaragua donde se estima que está por encima del 80 %. 

Tribunal homologa acuerdo en Calamar

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público en favor del exdirector técnico de la liquidada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Montero. En el acuerdo suscrito, el exfuncionario admitió su participación en los hechos por los que fue investigado en el caso de corrupción denominado Calamar. 

 De acuerdo con el Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el acusado “ha resarcido el daño causado al Estado dominicano mediante la devolución de los fondos sustraídos” en su participación en la supuesta red que desfalcó al erario. 

 El exfuncionario admitió su participación en los hechos por los que fue investigado, sobre coalición de funcionarios, con el fin de estafar al Estado dominicano, a través de pagos a ingenieros autorizados por el entonces ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero. Así como, la falsificación de datos sobre volumetría, con el fin de preparar cubicaciones con fechas alteradas en los presupuestos, para justificar el pago de las mismas.

El Gobierno somete al Congreso un proyecto para la comercialización de 52 terrenos del Estado

El Gobierno dominicano sometió este jueves ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca el traspaso de 52 inmuebles (tierras) ubicadas en 19 provincias del país, para ser comercializados a través de un fideicomiso público que controlará la Fiduciaria Reservas.

 En noviembre pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, acogió la propuesta de la Comisión Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) de que constituyera un fideicomiso público y emitió el decreto 581-23 disponiendo la creación del "Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI)", abarcando la posibilidad de incorporar inmuebles de otras entidades del Estado. 

 En esta primera etapa del proyecto, el Gobierno busca transferir a la citada fiduciaria 26 terrenos que actualmente están a nombre de Bienes Nacionales, 18 terrenos del CEA, seis inmuebles del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y dos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), todos provenientes de sus patrimonios autónomos.

 La mayoría de estos terrenos están ubicados en las provincias Santo Domingo, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís.

Inversionista denuncia que el CEA le despojó de sus tierras

Pedro Brand, RD.- Un inversionista denunció que el Consejo Nacional del Azúcar (CEA), lo despojó de unas mil 600 tareas de tierra en complicidad con personas del Gobierno. Julio Eduardo Feliz Matos dijo a CDN que compró los predios a esa institución en el año 2001.

  Afirmó que dos exalcaldes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y un funcionario actual en confabulación con el CEA se apoderaron de su propiedad. 

 El denunciante calificó como una estafa de parte del CEA, venderle unos terrenos del que no debe ni un centavo, para luego confabularse con personas del Gobierno para intentar despojarlo. Recordó que adquirió sus predios legalmente en el CEA, durante el Gobierno del expresidente Hipólito Mejía. 

 Feliz Matos sostuvo que llevará su lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que su caso se resuelva. 

 Por último pidió la intervención del presidente Luis Abinader para que el CEA busque una solución cuanto antes a su situación.

Procuraduría detiene construcción en área de amortiguamiento de Loma La Humeadora


La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente informó este lunes que detuvo la construcción de viviendas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Loma La Humeadora, ubicada en el municipio de Rancho Arriba, en San José de Ocoa. 

 El organismo sostuvo en un comunicado que las viviendas eran levantadas en zonas no aptas para el asentamiento humano, como es el caso, ya que este parque es un área propensa a derrumbes. Las edificaciones fueron detectadas y detenida su construcción, a través de una jornada de inspección ejecutada por la Proedemaren, en compañía de miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa). 

 La dependencia de la Procuraduría añadió que otras de las viviendas eran construidas dentro del cauce del río Banilejo, que es un afluente del río Ocoa y principal fuente de suministro de agua del municipio de Nizao.

Tribunal ordena demolición de edificio construido sin columnas en Herrera


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un edificio de al menos cuatro pisos construido sin columnas en el sector El Café de Herrera, será demolido luego de que la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo determinara que representa un peligro para las personas del citado lugar. 

 El tribunal consideró que la construcción del edificio, conocido como Edificio Albania Rodríguez, no tiene planos aprobados ni licencias de construcción exigidas por la ley. Mientras que lo informes técnicos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), revelaron graves deficiencias en la construcción, lo que aumenta la probabilidad de un colapso catastrófico. 

 De acuerdo a las informaciones obtenidas por “RC Noticias”, la demolición fue ordenada en la sentencia número 551-2024-SSEN-00540, que fue dictada en el marco de una acción constitucional de amparo presentada por el señor Luis José Olivares Ciriaco y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), contra la propietaria del inmueble, Santa Maura Rosario Pérez. 

 La parte demandada argumentó que la propietaria estaba dispuesta a realizar las mejoras necesarias al edificio, pero el tribunal decidió que la demolición era la única medida adecuada para salvaguardar vidas.

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