Taveras pide a Abinader declarar de utilidad pública terrenos ocupados por comunidades

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, pidió este miércoles al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública terrenos ocupados por comunidades establecidas desde hace décadas y disponer la compensación de sus propietarios, como vía para avanzar hacia la titulación de las familias que viven en esos asentamientos. 

 Taveras planteó que el pago a los propietarios se realice mediante un programa financiado con el Presupuesto General del Estado durante un período de diez años, una propuesta que supone comprometer recursos públicos para resolver conflictos de propiedad que afectan a distintas comunidades de la provincia. 

 La resolución fue recibida por el Ejecutivo en 2025 

El legislador afirmó durante una intervención en el Senado que la Resolución 00766 fue recibida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de 2025. Según Taveras, la iniciativa busca dar una respuesta a familias que han construido sus viviendas en esos terrenos durante años y que permanecen sin seguridad jurídica sobre las propiedades que ocupan. 

Registro oficial de edificaciones en Santiago

En el contexto de la visita de tres días del presidente Luis Abinader a Santiago, orientada a impulsar la culminación exitosa de importantes obras, valoramos como significativa la realización en este territorio del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE). Iniciativa pública que recolectará información sobre la dinámica constructiva de 218 barrios.

 Matemáticamente deberían incluirse, crecimiento promedio anual de la huella urbana edificada; extensión de los servicios de agua y saneamiento, drenaje pluvial y áreas verdes de edificios; desviación estándar del tamaño promedio de solares edificables y la microzonificación sísmica del suelo de las construcciones. 

 Disponer de información sobre edificaciones, usos, localización y dinámica de construcción constituye una condición para fortalecer el ordenamiento territorial.

 El auspicio del Ministerio Hacienda y Economía y la Oficina Nacional de Estadística, fortalece la generación de datos útiles al desarrollo. El ROE debiera trascender al “inventario estadístico” y conectarse con instrumentos de planificación formales. 

El dato sobre una edificación adquiere verdadero valor cuando permite relacionar edificio, densidad, áreas verdes, movilidad, servicios, riesgos, vialidades y economía. El objetivo no debiera ser cuántos edificios existen, sino comprender qué ciudad construimos. 

Salvado y disidente, los votos en el fallo del caso Donald

Un voto disidente y uno salvado forman parte de la sentencia mediante la cual el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó declarar la extinción de la acción penal en el proceso seguido al exministro de Hacienda Donald Guerrero. 

 Contrario a las consideraciones de la jueza presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelin Rodríguez votaron porque el proceso penal siga su curso y no acoger el pedimento hecho por Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, así como los acusados Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz.

 En sus motivaciones explicaron que por tratarse de un caso complejo, en el cual hay más de 40 personas físicas y jurídicas imputadas. 

 En su voto salvado, la jueza Martínez Noboa dijo que desde que comenzó el proceso, han transcurrido cuatro años, seis meses y cuatro días sin embargo, jurisprudencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, así como el Código Procesal Penal, mandan a ponderar la complejidad del caso, la conducta de las partes frente al proceso y la negligencia o actividad de las autoridades para llevar adelante el proceso. 

Gobierno activa plan para frenar invasiones de terrenos de la Reforma Agraria

Santo Domingo.– El Gobierno adoptará medidas para frenar las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos pertenecientes a proyectos de la Reforma Agraria, mediante un protocolo de actuación dirigido a intervenir las demarcaciones afectadas y reforzar la seguridad jurídica de miles de productores en todo el país. 

 El plan será coordinado por el ministro de Justicia, doctor Antoliano Peralta, y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales organizaciones campesinas, tras una reunión de trabajo realizada en el Ministerio de Agricultura, en la que fueron analizadas las situaciones que afectan distintos asentamientos. 

 Las autoridades acordaron iniciar un levantamiento para establecer una ruta crítica de intervención legal, técnica y operativa en los diferentes puntos del país, cuyos parceleros han sido afectados por la situación, entre ellos: Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva; Montecristi; Monte Plata y Villa Altagracia, entre otros proyectos parcelarios afectados. 

 El ministro Peralta, afirmó que, respetando el debido proceso, serán articulados los mecanismos legales que permitan enfrentar estas situaciones, garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola. 

Barahona proyecta un nuevo puerto con una inversión de más de RD$2,000 millones

Un nuevo puerto cuya inversión podría superar los RD$2,000 millones está contemplado para Barahona como parte de los proyectos que impulsa el Gobierno para fortalecer el turismo y dinamizar la economía de la provincia y la Región Enriquillo. 

 El funcionario Edgar Augusto Féliz Arbona afirmó este sábado que el presidente Luis Abinader tiene interés en que la obra pueda materializarse antes de concluir su gestión. 

 Según explicó, el proyecto contempla la construcción de un muelle en las proximidades de la desembocadura del río Yaque del Sur, en la zona de Las Salinas, Villa Central. Féliz Arbona precisó que la iniciativa se encuentra actualmente en fase de estudios y diseños, proceso que incluye las evaluaciones ambientales, económicas y de factibilidad necesarias para determinar las condiciones de ejecución de la obra. 

 Estrategia gubernamental

 El funcionario sostuvo que el proyecto se inscribe dentro de la estrategia gubernamental para ampliar la infraestructura turística del Sur, tomando como referencia las inversiones realizadas en Pedernales y otras iniciativas destinadas a mejorar la conectividad de la Región Enriquillo. 

Nuevo reglamento busca arbitrajes más rápidos sin sacrificar el debido proceso

El Reglamento de la Corte de Arbitraje de Santo Domingo busca acelerar los procesos arbitrales sin afectar el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso, explicó el abogado Jaime Senior. Señaló que el reto consiste en lograr un equilibrio entre rapidez y seguridad jurídica, de manera que las partes puedan presentar su defensa, ser escuchadas y obtener una decisión arbitral que tenga mayor protección frente a cuestionamientos posteriores. 

 Arbitraje 

“El respeto al debido proceso con el arbitraje es una de las características fundamentales del reglamento”, afirmó a elDinero tras la presentación de la normativa durante el HUB Cámara Santo Domingo. 

 Explicó que el reglamento fue elaborado tomando en cuenta la experiencia acumulada durante los últimos años, con la intención de prever situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso y reducir las posibilidades de que este sea objeto de tácticas dilatorias. 

 Rapidez

 Senior aclaró que la búsqueda de mayor rapidez no implica eliminar las garantías procesales. El tribunal arbitral debe permitir que las partes ofrezcan su defensa y sean escuchadas antes de emitir el laudo (sentencia). 

 El abogado sostuvo que las nuevas disposiciones procuran que los procesos sean “más blindados” ante posibles ataques en los tribunales, sin dejar de proteger los intereses de ambas partes. “Lo que vamos a ver con este nuevo reglamento va a ser un proceso más rápido, pero un proceso más seguro también”, concluyó.

Fuente: https://eldinero.com.do/380150/nuevo-reglamento-busca-arbitrajes-mas-rapidos-sin-sacrificar-el-debido-proceso/

Permisos construcción pasarán de ocho meses a 60 y 120 días

La reducción de hasta 75% en el tiempo para obtener permisos de construcción busca acelerar la ejecución de proyectos y eliminar la espera entre trámites simultáneos, informó Peter Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

 Los procesos, que actualmente pueden tomar en promedio ocho meses y en algunos casos superar un año, son reorganizados para que los trámites puedan ejecutarse de manera paralela.

 Prazmowski explicó que la meta es que los proyectos de construcción no complejos obtengan respuesta en un máximo de 60 días, mientras que los complejos tengan un plazo de hasta 120 días en noviembre 2026, lo que representaría reducciones de 75% y 50%, respectivamente. Indicó que en alianza con Burocracia Cero se trabaja en la modificación del proceso de permisos de construcción, una de las iniciativas priorizadas dentro de Meta RD 2036.

 La transformación busca integrar las instituciones que intervienen en la aprobación y reducir requisitos y tiempos de respuesta. 

 La directora de Competitividad Gubernamental y Coordinadora de Burocracia Cero del CNC, Adagel Grullón, indicó que participan diversas instituciones, entre ellas los ministerios de Vivienda y Edificaciones, Turismo y Medio Ambiente, entidades vinculadas a las aguas, como la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, Inapa y los ayuntamientos, según la zona.

Familia Disla denuncia presunta intervención militar en litis por terrenos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La familia Disla denunció públicamente la presunta intervención del general de brigada Perdomo Sánchez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana (ERD), en actuaciones relacionadas con un intento de desalojo de personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos sometidos a una controversia de carácter civil, inmobiliario y registral. 

 La familia considera grave y preocupante que un alto oficial militar haya intervenido en una disputa relacionada con derechos de propiedad, por entender que este tipo de conflictos corresponde ser dirimido por los tribunales y las instituciones civiles competentes, particularmente por la Jurisdicción Inmobiliaria.

 Los Disla reclaman al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del Ejército de República Dominicana, y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional que determine las circunstancias en que se produjo la presunta intervención.

Tribunal rechaza extinción del Caso Calamar y fija criterio sobre el plazo de cuatro años

Las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta del tribunal; Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, rechazaron por mayoría de votos las solicitudes de extinción de la acción penal planteadas por varias de las defensas del Caso Calamar y establecieron un criterio sobre el momento a partir del cual debe comenzar a computarse el plazo máximo de cuatro años de duración del proceso. 

 El tribunal consideró que el proceso nació bajo la vigencia del Código Procesal Penal modificado por la Ley 10-15, normativa que establecía que el plazo máximo de duración comenzaba a correr a partir de la solicitud de medidas de coerción o de la realización de un anticipo de prueba.  Con este razonamiento, las juezas descartaron la pretensión de varias defensas de que el cómputo comenzara desde actuaciones realizadas durante los años 2021 y 2022, entre ellas interrogatorios practicados por el Ministerio Público, oposiciones a pagos e inmovilizaciones de fondos. 

 Las defensas habían solicitado que se aplicara de manera retroactiva el artículo 150 de la Ley 97-25, actual Código Procesal Penal, por considerarlo más favorable a sus representados.  En su defecto, algunas plantearon que se aplicara de manera ultraactiva la Ley 76-02, Código Procesal Penal primigenio, y que el plazo se computara desde los primeros actos de investigación que, según alegaron, pudieron afectar derechos fundamentales de los imputados. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que aceptar esa interpretación implicaría afectar el principio de seguridad jurídica, debido a que cuando nació el proceso existía una legislación que establecía expresamente cuál era el punto de partida para computar los cuatro años.