Grupo Choroni asegura que Everest Tower «continúa avanzando» aunque una sentencia anula sus permisos

SANTO DOMINGO. – Grupo Choroni y Constructora Armando Toros, empresas responsables del proyecto Everest Tower en el sector Piantini, emitieron un comunicado en el que aseguran que la obra continúa en curso, pese a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que anuló los permisos urbanísticos del complejo. 

 El documento, difundido este 30 de julio a través de la cuenta de Instagram de la constructora, está dirigido a propietarios, clientes, brokers y aliados del proyecto y en el mismo la empresa aclara que la decisión judicial, emitida el 9 de julio y conocida esta semana, no es definitiva y que se encuentra sometida a revisión ante las instancias correspondientes. 

 Según el texto, el proyecto fue desarrollado sobre la base de permisos y autorizaciones que, a según precisa la empresa, fueron evaluados, aprobados y renovados por los organismos competentes durante tres años consecutivos. 

 La constructora indicó que la obra registra actualmente un avance aproximado del 90%, respaldado por una inversión significativa, un equipo técnico especializado y años de planificación y ejecución. La empresa afirmó que confía en la solidez de los fundamentos jurídicos y técnicos que respaldan su posición, y que continuará ejerciendo, conforme a la ley, las acciones necesarias para proteger el proyecto y los intereses de propietarios, clientes y aliados. 

Realizan parada cívica contra los planes de afectarla cordillera

Saantiago. Los grupos opositores a la exploración y explotación de la cordillera Septentrional protestaron con una parada cívica. Bajo el lema “la cordillera no se vende, se defiende”, líderes religiosos, campesinos, y ambientalistas se manifestaron en la entrada del distrito municipal de Pedro García, del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros.

 “Esto es un ecocidio… Muy bonito llegar más rápido a Puerto Plata, pero a qué precio, la carretera del Ámbar es la excusa perfecta para explotarla. Ellos ni han publicado los estudios de impacto ambiental, estudios geofísicos y geológicos, pero sí anuncian que quieren empezar”, manifestó el sacerdote Rainer Vásquez. 

 Con el propósito de preservar una de las principales reservas de agua y biodiversidad del país, la diputada del partido Fuerza del Pueblo, Llaniris Espinal, sometió a través de la Secretaría Legislativa un proyecto de ley que busca declarar esta cadena montañosa un territorio libre de minería metálica y proteger sus cuencas hidrográficas.

 La iniciativa establece la prohibición definitiva de las actividades de prospección, exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos en toda la Cordillera, comprendida desde Montecristi hasta la Bahía de Samaná. 

La legisladora por Santiago propone declarar esta zona como Patrimonio Natural de República Dominicana y prohibir el uso de sustancias químicas. Sobre las posibles sanciones, el proyecto establece que el incumplimiento de las prohibiciones será considerado un delito ambiental grave. 

Las personas físicas o los directivos de personas jurídicas responsables enfrentarían penas de prisión de seis a veinte años y multas de entre 10 mil y 50 mil salarios mínimos, sin perjuicio de la obligación de restaurar el ecosistema afectado.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/region-norte/realizan-parada-civica-contra-los-planes-de-afectarla-cordillera/

ADORECO: Propuesta MITUR para regular rentas cortas es un traje para hoteles; advierte enormes grietas y vulnerabilidad en seguridad jurídica

SANTO DOMINGO.- Tras haber analizado la propuesta, la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO), advierte sobre múltiples vacíos en la propuesta elaborada por el Ministerio de Turismo (MITUR), destacando que podría afectar la seguridad jurídica del país e imponer obligaciones, cargas administrativas y procedimientos que no corresponden a la naturaleza de esta actividad ni a la diversidad de los actores que la integran. 

 La entidad confirmó que el pasado viernes 31 de julio depositó en el Ministerio de Turismo, una instancia administrativa acompañada de una Matriz de Riesgos y Análisis Jurídico sobre los proyectos de resolución que crean el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR) y regulan los servicios de alojamiento de corta estadía. 

 El documento, elaborado por el Equipo Técnico Legal de la Asociación como parte del proceso de consulta pública convocado por MITUR, plantea que la regulación es necesaria, pero su diseño actual necesita ajustes técnicos antes de convertirse en norma. 

 Según el análisis de los empresarios de rentas cortas, los proyectos de resolución parten de una premisa jurídica que debe revisarse: regulan las rentas cortas con la misma lógica de la actividad hotelera tradicional, cuyo enfoque advierten, podría imponer obligaciones, cargas administrativas y procedimientos que no corresponden a la naturaleza de esta actividad ni a la diversidad de actores que la integran, desde el pequeño anfitrión hasta el operador profesional. 

Recuperan 496 tareas ocupadas ilegalmente en áreas protegidas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO–El Estado dominicano ejecutó un amplio operativo interinstitucional en cumplimiento de la Orden de Operaciones núm. 15‑2026 “Fuerza de Tarea Conjunta Compromiso Ambiental 2026”, con el objetivo de reforzar la protección de las áreas protegidas, intervenir ocupaciones ilegales y combatir los delitos ambientales que amenazan la integridad de los ecosistemas y elevan el riesgo de incendios forestales en el territorio nacional. 

 Las intervenciones permitieron recuperar 496 tareas de terrenos afectados por ocupaciones ilegales y actividades agrícolas no autorizadas. Se desmantelaron 19 conucos y se destruyeron 11 casuchas utilizadas para actividades ilícitas dentro de los parques.

 La misión establecida en la Orden dispuso operaciones de intervención, recuperación, control y seguridad para contrarrestar la ocupación ilegal de terrenos, la tala y quema indiscriminada de árboles, el conuquismo, la pesca ilegal y la presencia irregular de personas dentro de áreas protegidas, en estricto cumplimiento de la Ley núm. 64‑00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley núm. 202‑04 Sectorial de Áreas Protegidas y la Ley núm. 285‑04 de Migración.

 La operación fue ejecutada de manera coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), el Ministerio de Defensa (MIDE), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Dirección General de Migración (DGM), la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). 

Caso Torre de Plata: tribunal declara extinguida la acción penal tras más de 16 años de litigio

Santo Domingo, República Dominicana.— Uno de los litigios urbanísticos más conocidos y prolongados de la República Dominicana, el caso de la denominada Torre de Plata, en el sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional, acaba de registrar un nuevo capítulo judicial. 

 La Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional declaró extinguida la acción penal seguida contra el ciudadano español José Francisco Bonet Gambins y la sociedad Adecus Business, S.A., al concluir que el proceso excedió ampliamente el plazo máximo de duración previsto por el Código Procesal Penal sin que las dilaciones fueran atribuibles a los imputados.

 El caso de la Torre de Plata ha sido objeto de amplia cobertura periodística durante más de una década. 

Desde el año 2008, la controversia enfrentó a la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos con los promotores de la edificación, generando múltiples decisiones judiciales, recursos, nuevos juicios y debates públicos sobre la legalidad de la construcción. En distintas etapas del proceso, tribunales llegaron a ordenar la demolición de la estructura y el caso continuó produciendo decisiones judiciales hasta años recientes, convirtiéndose en uno de los expedientes urbanísticos de mayor notoriedad del país. 

Se salvaron los morosos de residenciales: No podrán ser expuestos en redes sociales

Santo Domingo. Los morosos que residen en residenciales podrán seguir operando a sus anchas, ya que el Tribunal Constitucional (TC) les ha dado luz verde para no ser expuestos. 

 Las juntas de vecinos en residenciales no podrán utilizar herramientas tecnológicas ni redes sociales para exponer públicamente a los propietarios morosos o vulnerar su privacidad.

 Mediante la sentencia TC/0684/26, el TC fija límites sobre el uso de cámaras de seguridad y drones, aclarando que, si bien estos equipos están permitidos en las residencias, no pueden emplearse para vigilar la vida personal de los condómines. 

 El fallo se produjo al conocer un recurso relacionado con el Residencial Estrella Marina, ubicado en La Romana, al este del país. En este caso, un grupo de propietarios impugnó la elección de la directiva de la Junta de Vecinos y rechazó de manera tajante una serie de medidas coercitivas adoptadas por la administración para el cobro de las cuotas de mantenimiento atrasadas.

 Entre las sanciones impuestas por la directiva figuraban la prohibición de usar la casa club a los residentes en mora, la obligación de levantar manualmente la barrera de acceso vehicular y la difusión pública de sus nombres e imágenes en redes sociales. 

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra gerente de Constructora Jocaena

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra José Manuel Casado Bazil, gerente de Constructora Jocaena, S.R.L., por su presunta implicación en la doble venta de un inmueble y por supuestas violaciones al Código Penal y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. 

La medida fue solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. 

 De acuerdo con la investigación, los querellantes firmaron en julio de 2022 un contrato para adquirir un apartamento del proyecto Sol de los Océanos I, en Arroyo Hondo III, y realizaron los pagos correspondientes. Sin embargo, el inmueble no fue entregado y posteriormente habría sido vendido a otras personas mediante una segunda operación respaldada por un préstamo hipotecario. 

 El expediente indica que una sentencia de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional reconoció la validez del primer contrato y determinó que los compradores habían cumplido con sus obligaciones económicas, sin que existiera una causa legal para el incumplimiento de la constructora.

 El Ministerio Público también investiga el destino de los recursos entregados por las primeras víctimas y de los fondos obtenidos en la segunda venta, con el propósito de establecer si hubo maniobras relacionadas con el ocultamiento o manejo irregular del dinero. Asimismo, sostiene que el imputado permaneció 74 días sustraído de la justicia tras emitirse la orden de arresto, lo que, a su juicio, representa peligro de fuga.

 La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada y continuará este viernes 31 de julio, cuando el tribunal escuchará los argumentos del Ministerio Público, la parte querellante y la defensa. 

La investigación también busca determinar si otras personas vinculadas a la constructora tuvieron participación en los hechos.

Fuente:https://m.n.com.do/2026/07/30/mp-solicita-prision-preventiva-gerente-constructora-jocaena-doble-venta-inmueble/

Anulan permisos a Everest Tower en Piantini por incumplimientos urbanísticos

La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló los permisos urbanísticos que permitían el desarrollo del proyecto Everest Tower, ubicado en el sector Piantini del Distrito Nacional, tras acoger un recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). 

 La sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00280, emitida el 9 de julio de 2026 y conocidac hoy, determinó que los certificados de uso de suelo y de no objeción concedidos para la obra fueron otorgados en contradicción con las regulaciones municipales sobre densidad, altura y retiros de edificaciones.

 El tribunal concluyó que las modificaciones aprobadas durante el proceso administrativo transformaron de manera significativa la propuesta inicial y generaron una carga urbana incompatible con las normas aplicables al área.

Congreso estudia ley da poder al Estado para expropiar bienes culturales desatendidos

El Senado de la República aprobó el pasado viernes un nuevo proyecto de ley que modificaría el régimen utilizado por el Gobierno para proteger los artefactos y lugares considerados en el país como patrimonio de la nación. 

 Esta pieza, solo pendiente de ser conocida por la Cámara de Diputados, busca ampliar las sanciones para quienes irrespeten o descuiden los bienes e inmuebles relativos a la arqueología, historia, literatura, educación, arte, ciencia, estética, antropológica o folclórica de la República Dominicana. 

 La iniciativa elaborada por el senador Santiago Zorrila propone imponer entre tres y seis salarios mínimos de multa para quienes no declaren ante el Ministerio de Cultura la posesión de bienes patrimoniales. 

 Además, sugiere una sanción pecuniaria entre 50 y 100 salarios para aquellos que, de manera intencionada, causen deterioros o destruyan un bien declarado patrimonio cultural. Asimismo, precisa que estos deberán costear la reparación y restitución “del bien destruido”. 

 El documento legislativo también recomienda establecer un resarcimiento de entre 20 y 50 salarios mínimos cuando un propietario de un bien declarado patrimonio dominicano sea exportado, sin la previa autorización del Poder Ejecutivo.