La República Dominicana y Estados Unidos acuerdan cooperación para la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras


Santo Domingo.- La República Dominicana y los Estados Unidos de América suscribieron un marco de cooperación para fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, así como promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo vinculadas a la extracción y procesamiento de estos recursos estratégicos. 

 El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, y la embajadora de los Estados Unidos de América, Leah F. Campos, en un acto en el que estuvo presente el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría. 

 Durante el acto de firma, el canciller Bisonó resaltó que se trata de un acuerdo en el que la República Dominicana y Estados Unidos prevén trabajar para proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras; identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar el financiamiento de proyectos ubicados en ambos territorios. 

 “Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, precisó. 

Corte confirma extinción penal en caso Los Tres Brazos


La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó en todas sus partes la sentencia de primer grado que declaró la extinción de la acción penal a favor del exdirector del CEA, 

Leoncio Almánzar, y demás imputados en el caso de la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos. Con esta decisión, el tribunal, integrado por los magistrados Ysis Muñiz, presidenta; Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, los querellantes y actores civiles contra la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado el 22 de abril de 2024.

 Los jueces de la Corte justificaron su decisión tras establecer que el cómputo de la duración del proceso debe contarse a partir de la primera medida de coerción, impuesta el 31 de julio de 2018, y que, al momento de su fallo, habían transcurrido más de ocho años sin que existiera una sentencia de fondo, ya fuera condenatoria o absolutoria. 

 “Más de ocho (8) años en un proceso penal sin la intervención de una sentencia de fondo es un desatino, resulta irrazonable”, señalan textualmente los jueces en su decisión, entre otras razones legales para justificar la ratificación de la sentencia. 

Tribunal suspende temporalmente desalojo de COOPFVIESTE en terreno de dominio público en Bávaro

BÁVARO, LA ALTAGRACIA.– Según información recibida por Bávaro Digital, la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia ordenó suspender provisionalmente los efectos de la Resolución núm. 360, vinculada al proceso de desalojo de la Cooperativa Familiar de Viviendas y Servicios Múltiples del Este (COOPFVIESTE) de un terreno de 14,016.15 metros cuadrados. 

 El inmueble, identificado con la matrícula 1000028340, figura dentro del expediente judicial con derecho de propiedad a favor del Dominio Público desde el 14 de octubre de 2010.

 La decisión fue emitida el 10 de septiembre de 2026, luego de que COOPFVIESTE acudiera en referimiento buscando detener los efectos de la resolución dictada el 3 de agosto por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Departamento Este. 

 El tribunal comprobó además que existe un recurso de reconsideración presentado por la cooperativa el 13 de agosto, el cual todavía permanece pendiente de decisión. 

 La jueza Yuri Isabel Espino Geneux entendió que ejecutar la resolución mientras ese recurso sigue abierto podría generar una afectación de difícil o imposible reparación, por lo que dispuso suspender de manera provisional sus efectos hasta que se decida el recurso pendiente. 

Abogado asegura conversaciones en celulares evidencian que Espaillat conocían riesgos en Jet Set

Santo Domingo.– El abogado Jean Carlos Martínez afirmó que los peritajes realizados a varios teléfonos celulares aportaron conversaciones que, según sostuvo, evidencian que Antonio y Maribel Espaillat conocían los riesgos que presentaba la discoteca Jet Set antes del colapso que dejó 236 personas muertas. 

 Martínez explicó que en esta etapa del juicio fueron conocidos los peritajes practicados a cuatro celulares, entre ellos los de Antonio Espaillat, Maribel Espaillat y Manuel Jiménez, y consideró que el contenido extraído será una de las pruebas principales para sustentar la acusación.  

La defensa querellante sostiene que los mensajes muestran conocimiento previo de los riesgos. El abogado afirma que existen pruebas suficientes para sostener una condena.

 Un monumento a la irresponsabilidad

 Las conversaciones documentadas en esos celulares son un monumento a la irresponsabilidad, a la chapucería que culminó con la vida de 236 personas”, expresó Martínez tras la audiencia. 

El CEA cancela abogados que dejan perder casos tras millonarias derrotas

La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) asegura que ha endurecido la defensa judicial de los terrenos del Estado mediante una política de mayor control sobre los abogados que representan a la institución. 

Como muestra de los resultados obtenidos, entregó a Diario Libre una recopilación de seis sentencias favorables que, en conjunto, involucran 3,908,694,394.05 pesos.

 El director de la entidad, Rafael Burgos, asegura que la nueva política incluye consecuencias inmediatas para los abogados que dejan perder procesos por falta de diligencias. "El abogado que coge un defecto en los tribunales se va para su casa automáticamente y es sometido también por posible daño al Estado dominicano", afirmó. 

 Sus declaraciones se producen después de la reciente derrota de Bienes Nacionales en el litigio por los terrenos de la avenida José Contreras, que dejó al Estado obligado a pagar 2,693.9 millones de pesos a sucesores de la familia Peynado. 

El recurso de casación con el que la institución intentaba cuestionar esa condena pereció luego de tres años sin que se realizara una actuación procesal requerida. Burgos sostiene, sin embargo, que su gestión recibió ese expediente cuando estaba prácticamente perdido y que intentó recuperar las posibilidades jurídicas que todavía quedaban. 

Llega al Congreso Nacional proyecto de ley para construir estadio de Grandes Ligas en RD


Santo Domingo.- Tras más de tres meses de que había sido prometido, el Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, Jorge Subero Isa, depositó este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la construcción del estadio de Grandes Ligas en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional. 

 El funcionario entregó la pieza legislativa al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, haciéndose acompañar de miembros de la Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (Coenebe), creada mediante los decretos 306-25 y 378-25, la cual recomendó al presidente Luis Abinader la construcción de una moderna infraestructura de béisbol en dicho sector, conforme a los estándares de la Major League Baseball (MLB).

 La iniciativa se llevará a cabo a través de una corporación mixta, entre el Estado y el sector privado, donde el primero cederá los terrenos y el segundo se comprometió a aportar los recursos financieros para la construcción. 

 El pasado 3 de junio, Subero Isa anunio que para esos fines sería sometido al Congreso Nacional, «en los próximos 25 días», un proyecto de ley, con el propósito de tener una mayor seguridad jurídica. 

Gobierno estudia regular los alquileres de corto plazo tipo Airbnb


Preguntado sobre si las plataformas de alquiler de corto plazo están encareciendo la vivienda en el país, el presidente Luis Abinader respondió que el efecto no viene tanto por el alquiler como por la compra. 

 “Hay mucha gente que está comprando apartamentos para ponerlos en el sistema de Airbnb o de otra plataforma”, dijo este lunes en LA Agenda Semanal. El mandatario agregó que “quizás a través de vía de la demanda puede impactar en los precios porque, repito, hay mucha gente comprando para que se pueda autopagar a través de los arrendamientos”. 

 La aclaración ocurrió luego de una de las invitadas preguntó si las autoridades tributarias tienen esas plataformas en la mira, a lo que el mandatario aseveró: “Se está estudiando como en todos los países y para regularlo también”. 

 El costo de la vivienda

 El intercambio salió luego de hablar sobre el costo de la vida, donde se planteó que el sector construcción crece, pero el índice de precios de la construcción también, y que el financiamiento sigue "caro" para buena parte de la clase media. 

 El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió que la comparación correcta es con el pasado: "En los años noventa las tasas promedio andaban entre 25% y 30%, y ahora ha habido momentos por debajo del 10%", reconoció. No obstante agregó que "el mercado hipotecario de largo plazo es un mercado que no existía y que ahora se está desarrollando". 

 Abinader también mencionó que el programa Vivienda Feliz ha tenido resultados “como ningún otro programa” y aseguró que entre 70% y 80% de las viviendas de bajo costo del país se han construido durante su gestión.

Gobierno inicia revisión de 92 expedientes de contratistas del CIC y prevé validarlos antes de finalizar 2026

SANTO DOMINGO. Los 92 expedientes de contratistas del Comité Institucional Codiano (CIC) incluidos en la Ley 16-26 ya comenzaron a ser trabajados por la Comisión Ejecutora y existe la posibilidad de que sean validados antes de finalizar este año, informó el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, durante una reunión sostenida el pasado martes con una representación de los directivos de la entidad. 

 En declaraciones a la prensa, el vocero del CIC informó que el viceministro De los Santos, quien encabezó el encuentro en representación del presidente de la Comisión Ejecutora, señaló además que, si existe disponibilidad de fondos, los pagos podrían efectuarse a finales de 2026. En caso contrario, serían realizados durante 2027. 

 El funcionario consideró que el monto adeudado a los contratistas del CIC no representa una suma significativa dentro del proceso general de ejecución de la legislación. El ingeniero Miguel Liberato manifestó que los anuncios realizados por el funcionario “constituyen uno de los avances más importantes comunicados hasta ahora al CIC desde la promulgación de la Ley 16-26”, debido a que numerosos contratistas incluidos en la legislación acumulan décadas reclamando al Estado el reconocimiento y pago de trabajos ejecutados. 

Paralizan construcciones eran levantadas cerca del río Jaya

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) paralizó construcciones supuestamente ilegales que eran levantadas cerca del Parque Ecológico Rivera del Río Jaya, en San Francisco de Macorís. 

 La operación fue encabezada por la procuradora de Corte y coordinadora de Proedemaren en San Francisco de Macorís, Juana María Brito Morales, quien explicó que el área del río Jaya forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que cualquier intervención debe contar con los estudios de impacto ambiental y la permisología correspondiente del Estado dominicano.

 Indicó que la obra, a cargo del ingeniero José Veras, no contaba con dichos permisos. 

 VIOLACIÓN AL MARGEN DE 30 METROS DEL RÍO 

 En el operativo, que contó con la participación de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Coordinación Regional Norte de Áreas Protegidas y agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), se determinó que los trabajos violaban el margen lineal de 30 metros del río Jaya establecido en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).

 Para levantar la obra, los infractores realizaron corte y nivelación de terrenos ubicados en el cauce del río, sin contar con licencia o permiso ambiental. El Parque Ecológico Rivera del Río Jaya está protegido por la Constitución de la República y por la Ley 64-00.

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