Defensa de Gonzalo Castillo afirma que ninguna decisión judicial afecta sus derechos políticos sin sentencia definitiva


Santo Domingo.- La jurista Laura Acosta, abogada de Gonzalo Castillo, afirmó que ninguna decisión judicial que no tenga carácter definitivo y autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada puede afectar los derechos políticos del exministro, debido a que este no ha sido privado de sus derechos civiles y políticos. 

 Acosta se refirió al tema a la salida de la sala de audiencias, al ser preguntada sobre qué espera de la decisión del proceso, tomando en cuenta que Gonzalo Castillo tiene aspiraciones políticas y que cualquier decisión judicial podría tener repercusiones en ese ámbito. 

 Conocen apelación al "no ha lugar" de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados del caso Calamar 

La abogada manifestó que la presunción de inocencia es un derecho que le asiste a toda persona y que se mantiene vigente, independientemente de que se revoque o no el auto de no ha lugar. Sin embargo, reconoció que el Ministerio Público tenía derecho a recurrir la decisión. “Y nosotros, que lo defendemos, estamos confiados en que será confirmado el auto de no ha lugar, porque, tal y como dijo el Juzgado de la Instrucción, no existen pruebas suficientes para imputar a Gonzalo Castillo Terrero. Lo hemos dicho desde el primer día”, expresó Acosta a los periodistas de la fuente. 

Medio Ambiente interviene decenas de construcciones ilegales en la presa de Bao


SANTIAGO.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (PROEDEMAREN), intervino decenas de construcciones ilegales levantadas en un islote del complejo hidroeléctrico Tavera-Bao, debido a los riesgos ambientales que representan para las fuentes de agua de la provincia. 

 Las edificaciones estaban ubicadas frente al muro de la presa de Bao, a menos de 400 metros de la toma de agua de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), en una zona considerada de alta vulnerabilidad ecológica y de importancia para el suministro de agua potable y la generación de energía. 

 Durante el operativo, las autoridades identificaron estructuras habitacionales, instalaciones sanitarias improvisadas y excavaciones realizadas sin los controles ambientales correspondientes, las cuales podrían provocar contaminación por aguas residuales, lixiviados y acumulación de desechos sólidos. 

De acuerdo con el informe de la institución, estas ocupaciones representan una amenaza para la calidad del agua almacenada en el embalse, debido a la posibilidad de que sustancias contaminantes lleguen hasta la presa mediante filtraciones, descargas o arrastre de residuos. Asimismo, la cercanía de las construcciones a la infraestructura de CORAASAN constituye una preocupación adicional, ya que cualquier alteración de las condiciones del recurso hídrico podría comprometer una de las principales fuentes de abastecimiento de Santiago. 

Abogado denuncia que el Ministerio Público se ha hecho de la vista gorda ante falsificaciones de títulos en Punta Rucia

Puerto Plata. – El abogado Amadeo Peralta reiteró su llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que preste atención a las denuncias sobre presuntas irregularidades que, según afirmó, la propia institución comprobó que están ocurriendo en las comunidades de Punta Rucia y playa La Ensenada, del municipio de Villa Isabela, en esta provincia. 

 Recordó que fue la propia PGR la que determinó que todos los deslindes y títulos obtenidos en la parcela 10-D, del distrito catastral (DC) 02 de Puerto Plata, junto con sus respectivas resultantes, provienen de un fraude que calificó como más grave que el ocurrido en «Bahía de las Águilas». 

 El abogado sostuvo que la supuesta mafia dedicada a la falsificación de títulos y deslindes supera, en cuanto a sus conexiones, maniobras y contubernios, otros casos de esta naturaleza, y afirmó que en ella estarían involucrados sectores políticos. 

 Peralta cuestionó que, pese a que la Procuraduría General de la República conoce la situación y a que esta problemática ha impedido el desarrollo turístico de esa zona, no se hayan tomado medidas al respecto, lo que, a su juicio, constituye una actitud complaciente frente a la delincuencia. 

 Agregó que, si todos los responsables fueran sometidos a la justicia, posiblemente ya se habrían instalado en la zona dos cadenas hoteleras. Sin embargo, afirmó que la falta de seguridad jurídica continúa siendo un obstáculo para el desarrollo turístico de Punta Rucia y playa La Ensenada.

RD tiene veinte planes de manejo aprobados para áreas protegidas

El país cuenta con 20 planes de manejo aprobados para áreas protegidas, frente a los cinco que estaban activos al comenzar la actual gestión. El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, considera que esos instrumentos son necesarios para ordenar los territorios y reducir conflictos con las comunidades que viven en los alrededores de esas áreas del país. 

 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está integrado por aproximadamente 134 espacios. Los planes establecen cómo deben organizarse y manejarse esas áreas y cuáles elementos de conservación deben recibir protección. La aprobación de esos instrumentos también tiene consecuencias fuera de los límites de cada área protegida. 

El ministro Henríquez señala que pueden incidir en terrenos colindantes y en las zonas de amortiguamiento, donde decisiones adoptadas al momento de incorporar espacios al sistema generaron restricciones y situaciones jurídicas que han afectado a comunidades. Sostiene que algunas áreas fueron declaradas protegidas en el pasado sin que se realizara previamente el estudio necesario para determinar los elementos que debían conservarse. Como resultado, les dijo a elCaribe y CDN la pasada semana, se tomaron decisiones sobre las zonas de amortiguamiento y se bloqueó parte de esos territorios hasta que existieran planes de manejo. 

Más de 300 familias de Comedero Arriba enfrentan incertidumbre por disputa de 23 mil tareas de tierra

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Más de 300 familias campesinas de la sección Los Pinos, en el distrito municipal de Comedero Arriba, provincia Sánchez Ramírez, enfrentan una prolongada incertidumbre por una controversia sobre la propiedad de los terrenos donde aseguran haber construido sus viviendas, desarrollado actividades agrícolas y establecido sus familias durante varias generaciones. 

 La situación involucra una extensión estimada en 23 mil tareas de tierra y una disputa entre los ocupantes y la familia Tejada Rodríguez, que reclama derechos de propiedad sobre esos terrenos. 

 A través de visitas a la comunidad, conversaciones con sus residentes y seguimiento a esta problemática desde 2024, Julio Ramos ha conocido las preocupaciones de numerosas familias que aseguran que su permanencia en esos terrenos se remonta a varias generaciones y que hoy viven con incertidumbre sobre el futuro de sus hogares y actividades productivas. 

 El conflicto trasciende una diferencia sobre la titularidad inmobiliaria, debido a sus implicaciones sociales, económicas y familiares, así como a la necesidad de una respuesta institucional que garantice el respeto a los derechos de todas las partes. 

Obras Públicas destruye comercio chino que siguió construcción pese a advertencias


Con grúas y maquinaria pesada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destruyó este miércoles la infraestructura de Plaza One Mall, de capital chino, ubicada en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte. 

 En una nota de prensa, la institución explicó que los propietarios del establecimiento aprovecharon el fin de semana largo para introducir personal de construcción "de forma clandestina", violando los acuerdos y diálogos sostenidos por las autoridades, que detuvieron la obra alegando que ocupaba la vía pública de manera ilegal. 

 Las autoridades explicaron que se les había otorgado a los propietarios "una oportunidad de diálogo" mediante un acuerdo previo que permitió la paralización de la construcción, bajo la condición de que los propietarios "realizaran un desmonte parcial y voluntario para liberar el espacio de la vía pública". Sin embargo, la reanudación de la construcción el fin de semana busca realizar mejoras estructurales no autorizadas. 

 "El derecho de vía no es un capricho institucional; es la franja de seguridad indispensable para evitar accidentes lamentables en la autopista de mayor flujo del país", condenó el MOPC. "Lamentamos cuando un negocio se ve afectado, pero la ley debe aplicarse con rigor, especialmente cuando se rompen los acuerdos consensuados y se intenta burlar a la autoridad", recalcó la institución en su nota. 

SB dispone implementación de Carta de Derechos y Deberes para usuarios de servicios fiduciarios


La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la implementación de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios Fiduciarios, un documento que deberá estar disponible en las entidades de intermediación financiera (EIF) que ofrecen servicios fiduciarios y en las sociedades fiduciarias supervisadas por esta institución. 

 La disposición está contenida en la Circular SB: CSB-REG-2026000020, que establece la obligación de poner a disposición de usuarios, beneficiarios, representantes de proyectos y terceros relacionados información clara sobre las prerrogativas y responsabilidades que acompañan la contratación de servicios fiduciarios. 

 La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la SB para fortalecer la protección de los usuarios de los servicios fiduciarios y promover una mayor comprensión de estos, en línea con el derecho constitucional de los consumidores a recibir información objetiva, veraz y oportuna sobre los productos y servicios que utilizan. 

 La SB indicó que “un paso previo en ese sentido fue la inclusión del área fiduciaria en el ámbito de acción del nuevo Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros”. De esta manera, la SB dijo que contribuye con el desarrollo de buenas prácticas en el mercado fiduciario dominicano. 

Moca presenta plan territorial para regular su crecimiento hasta 2036


Santo Domingo, EFE. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó la presentación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Moca. Esta herramienta regulará el uso del suelo en el municipio y sus siete distritos municipales hasta 2036. 

 El funcionario resaltó la importancia de aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y su reglamento, establecido mediante el decreto 486-25. Además, según explicó, este marco permitirá organizar el crecimiento de los municipios y garantizar una gestión responsable de sus territorios.

 «Somos un país pequeño, nos ha tocado vivir en una isla compartida entre dos países. El terreno, la tierra, es un bien limitado; no va a crecer. Vamos a tener que vivir sobre la que tenemos y, por tanto, tenemos que buscar la manera de cuidar nuestros recursos, protegerlos y mirar cómo impacta la huella urbana que estamos generando a través del tiempo», afirmó Paliza.

Suprema Corte implementará firma digital y geolocalización de actos de alguaciles en los próximos 100 días

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, informó que el Poder Judicial tiene entre sus prioridades para los próximos 100 días ampliar el uso de la firma digital entre abogados y auxiliares de la justicia, implementar un sistema de georreferenciación para verificar las notificaciones de los alguaciles y facilitar el acceso remoto a las sentencias judiciales. 

 El magistrado explicó que estas medidas forman parte de la implementación de la Ley 87-26, promulgada el pasado 6 de noviembre, que modifica la Ley 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, con el propósito de agilizar los procesos judiciales y fortalecer la transparencia en las actuaciones de los tribunales. 

 Montero Montero señaló que uno de los principales objetivos es permitir que abogados, oficiales públicos y alguaciles puedan firmar documentos digitalmente, sin necesidad de imprimirlos, firmarlos y posteriormente escanearlos para incorporarlos a los expedientes. 

 Aseguró que la implementación de esta herramienta será relativamente sencilla, debido a la experiencia acumulada por el Poder Judicial, donde los jueces ya utilizan la firma digital para validar sus decisiones. 

 Otro de los cambios anunciados consiste en establecer un sistema de georreferenciación que permita comprobar el lugar exacto donde los alguaciles realizan las notificaciones judiciales, con el objetivo de evitar las denominadas «notificaciones en el aire», es decir, aquellas cuya entrega efectiva puede ser cuestionada.

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