Gobernadora de Santiago denuncia venta irregular de apartamentos estatales en Hato del Yaque


La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, denunció este lunes que algunos beneficiarios de los apartamentos construidos por el Estado en el distrito municipal Hato del Yaque están comercializando de manera irregular estas viviendas. 

 La representante del Poder Ejecutivo explicó que esas acciones ocurren pese a que estos inmuebles fueron entregados bajo condiciones que los hacen intransferibles. Al ser cuestionada sobre cómo se concretan estas ventas, si los apartamentos no pueden ser transferidos legalmente, indicó que las transacciones se realizan de manera informal mediante acuerdos privados entre particulares. 

 “Lo que hacen es que compran y se quedan con actos de venta, pero realmente esos apartamentos son intransferibles”, sostuvo. 

 Recordó que muchos de los beneficiarios fueron reubicados en Hato del Yaque desde zonas vulnerables y de alto riesgo, como parte de los programas gubernamentales destinados a mejorar sus condiciones de vida. 

Según dijo, algunos venden los apartamentos y posteriormente regresan a ocupar áreas vulnerables. “Muchas de las personas que ustedes ven hoy en áreas vulnerables ya fueron reubicadas, pero venden los apartamentos y vuelven a esos lugares o terminan invadiendo terrenos privados”, afirmó Santos. 

Tribunal ordena retorno de familias desalojadas de Metro Country Club y prohíbe nuevas medidas de desalojo


EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO MACORÍS.- La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís ordenó la reincorporación inmediata de los residentes desalojados de Metro Country Club y dispuso que no se ejecuten nuevas medidas de desalojo relacionadas con los inmuebles en disputa mientras el proceso continúe en los tribunales. 

 La decisión fue emitida tras acoger una acción en referimiento presentada por los propietarios afectados por los desalojos realizados la semana pasada en el complejo residencial.

 Según la ordenanza judicial, el Ministerio Público deberá abstenerse de tramitar, autorizar o ejecutar nuevas solicitudes de desalojo vinculadas al conflicto hasta que exista una decisión definitiva sobre el caso. 

 De acuerdo con el expediente, las actuaciones de desalojo fueron ejecutadas a requerimiento de Suheil Atalah en medio de una controversia relacionada con una presunta duplicidad registral sobre los terrenos objeto de litigio.

 El abogado Yurosky Mazara, representante legal de Metro Country Club y de los propietarios afectados valoró la decisión como una garantía para los derechos de las familias impactadas. “La decisión devuelve la tranquilidad y la seguridad jurídica a varias familias que vieron vulnerados sus derechos. Nadie debe ser privado de su hogar sin haber tenido la oportunidad de ser escuchado debidamente en justicia”, expresó. 

Gobierno promulga Ley 16-26 sobre deudas a contratistas

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó este lunes el inicio de circulación de la Ley 16-26, la normativa que autoriza al Estado a reconocer, validar y saldar deudas pendientes con contratistas y empresas constructoras vinculadas a obras públicas ejecutadas para distintas instituciones gubernamentales.

 La legislación, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 1 de mayo, quedó formalmente incorporada al ordenamiento jurídico nacional tras un proceso legislativo marcado por debates congresuales, observaciones del Poder Ejecutivo y reclamos históricos del sector construcción. 

 Una ley marcada por debates y observaciones 

La entrada oficial en circulación de la normativa ocurre luego de varios meses de discusiones sobre distintas iniciativas orientadas a regularizar pagos pendientes correspondientes a obras ejecutadas para instituciones públicas. 

 El proyecto original había sido sometido por el senador Franklin Romero y aprobado inicialmente por el Congreso Nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la pieza el pasado 16 de enero tras señalar presuntos aspectos considerados inconstitucionales dentro de la propuesta. 

Estado demanda indemnización de más de RD$82 mil millones en caso que encabeza Donald Guerrero

Tal como han fallado otros tribunales en casos de corrupción desde 2020, la jueza Altagracia Ramírez rechazó excluir la querella presentada por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), en representación del Estado dominicano, pese a la solicitud de las defensas de los imputados en el expediente de presunta corrupción encabezado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. 

 Solo por ese caso, el ERPP demanda un resarcimiento de 82 mil millones de pesos por daños materiales, que asciende a "cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos con setenta y seis centavos (41,185,964,839.76 pesos)" y por perjuicio moral que calculan en otros 41 mil ciento ochenta y cinco millones de pesos. 

 En su resolución, que envía a juicio de fondo a Guerrero, al abogado Ángel Lockward, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo, y al de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, entre otros acusados, la magistrada también declaró inadmisible la querella presentada por el creador de contenidos Rafael Antonio Guerrero Méndez y la Fundación Corrupción al Desnudo-Rafton. 

Seguro paramétrico y su apoyo ante grandes daños


Cuando ocurre un huracán, un terremoto o una inundación, las pérdidas no esperan. Sin embargo, los seguros tradicionales suelen requerir inspecciones, tasaciones y procesos que pueden retrasar las indemnizaciones. Frente a esa realidad surge una alternativa diseñada para responder con mayor rapidez: el seguro paramétrico. 

 A diferencia de las pólizas convencionales, que pagan según los daños reales provocados por un desastre, el seguro paramétrico activa una compensación automática cuando se cumple un parámetro previamente definido, como cierta velocidad del viento, la magnitud de un sismo o una cantidad específica de lluvia, ofreciendo liquidez inmediata cuando se necesita.

 Para entenderlo mejor, imagine el caso de Graciela, una jefa de hogar que decidió contratar una póliza paramétrica. Durante las inundaciones de noviembre de 2023 en Santo Domingo, las fuertes lluvias afectaron su vivienda y trastocaron la rutina familiar. Pero, a diferencia de un seguro tradicional, no tuvo que esperar una inspección para iniciar un proceso de reclamación. Días después recibió una compensación porque las precipitaciones alcanzaron el umbral establecido en su póliza: el pago se activó por el volumen de lluvia registrado y no por la valoración de los daños sufridos en la vivienda.  Ese es precisamente uno de los principales atributos de estos productos. 

Comunitarios de Bayahíbe marchan en defensa de su playa pública

Bayahíbe. — Residentes, comunitarios, ambientalistas y representantes de distintos sectores marcharon este sábado en Bayahíbe para rechazar lo que consideran intentos de privatización de una playa pública y exigir que se garantice el libre acceso de la población a este importante espacio costero. 

 “Bayahíbe Despierta” 

La movilización se desarrolló bajo el lema “Bayahíbe Despierta”, reuniendo a decenas de personas que recorrieron las calles de la comunidad portando pancartas y mensajes en defensa de las playas públicas y los recursos naturales de la zona.

 Defienden el derecho de todos 

Los manifestantes aseguraron que las playas pertenecen al pueblo dominicano y advirtieron que no permitirán acciones que limiten el acceso de residentes y visitantes a áreas que históricamente han sido de uso público. 

 Alerta por los manglares 

Durante la protesta también se hizo un llamado a proteger los manglares y ecosistemas costeros de Bayahíbe, considerados fundamentales para la biodiversidad marina y la conservación ambiental de uno de los principales destinos turísticos del país. 

 Los participantes concluyeron la jornada reiterando su compromiso de mantenerse vigilantes y defender tanto el acceso libre a la playa como la preservación de los recursos naturales de la comunidad.

"El tribunal no valoró correctamente las pruebas"; Ministerio Público apelará no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

SANTO DOMINGO.-El director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que el organismo persecutor apelará el auto de no ha lugar emitido a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en un presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado. 

 La decisión fue dada a conocer tras la resolución emitida por la jueza Altagracia Ramírez. Camacho calificó la decisión como una “errónea apreciación de las pruebas” y sostuvo que varios elementos fundamentales presentados por el órgano acusador no fueron valorados de manera adecuada. 

 Según explicó el procurador adjunto, el tribunal excluyó testimonios considerados clave para sustentar la acusación presentada por el Ministerio Público. "El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar", afirmó. 

 Asimismo, cuestionó lo que definió como contradicciones en la resolución judicial y señaló presuntas irregularidades en la valoración de las evidencias incorporadas al proceso. "Hablamos de un documento en el que el tribunal validó firmas de personas cuyos nombres fueron escritos letra por letra, incluyendo a personas que ya estaban fallecidas. Es evidente la contradicción en la observancia y apreciación de la prueba", enfatizó. 

Vuelven a aplazar audiencia del caso Nido o Indisarq hasta el 11 de junio

Por segunda vez de forma consecutiva, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó que la audiencia del juicio de fondo del caso Nido o Indisarq permanecerá en receso hasta el próximo jueves 11 de junio, a las 9:00 am, debido al estado de salud de la magistrada Arisleida Méndez, quien se encuentra bajo licencia médica.

 Durante la jornada también estuvo ausente el Ministerio Público encargado de la acusación. En el proceso figuran como implicados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 De acuerdo con el Ministerio Público, la red perjudicó a más de 500 personas mediante la oferta de viviendas en siete proyectos inmobiliarios. Las autoridades estiman que el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano. 

Alcaldía de Santiago busca recuperar espacios municipales ocupados en sectores de clase media


El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, informó que el ayuntamiento trabaja en la recuperación de espacios públicos y áreas municipales ocupadas de manera irregular en distintos sectores de la ciudad, incluyendo zonas de clase media.

 El ejecutivo municipal explicó que muchas de las invasiones ocurren en los alrededores de cañadas y áreas verdes, donde algunas personas rellenan terrenos y levantan cercas o construcciones para apropiarse de espacios públicos. 

 “En lugares de lujo hay gente que rellena y se crea su propio solar. Duplica y triplica lo que tiene”, expresó Rodríguez al referirse a situaciones detectadas en distintos sectores. 

 Proyecto de parque lineal en El Embrujo 

Citó como ejemplo el entorno de la cañada de El Embrujo, donde indicó que técnicos del ayuntamiento han tenido que intervenir para desmontar alambradas y otras estructuras levantadas en terrenos municipales. 

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