Inversionistas y ecologistas piden consenso para impulsar desarrollo sostenible en Pedernales


PEDERNALES.– El 70 % del territorio de esta provincia forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que dificulta la obtención de títulos de propiedad y limita las posibilidades de expansión urbanística y turística. 

Ante esta situación, distintos sectores defienden una revisión de los límites para facilitar el desarrollo turístico, sin comprometer los recursos naturales. 

 Frente al debate, inversionistas y grupos ecológicos han llamado a las autoridades a realizar los estudios técnicos necesarios que permitan impulsar el crecimiento de la provincia sin afectar la fauna y la flora, garantizando así un desarrollo sostenible para la región. 

 Por su parte, la presidenta del Clúster Ecoturístico de Pedernales sostuvo que el verdadero avance de la provincia solo será posible mediante un consenso entre el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y los sectores ambientalistas, a fin de lograr un equilibrio entre conservación y progreso económico. 

De acuerdo con datos cartográficos, aunque Pedernales es la séptima provincia más grande del país en extensión territorial, dispone de una de las menores cantidades de terrenos aptos para el desarrollo, debido a las restricciones ambientales. A esto se suma que el Estado aún no ha entregado títulos de propiedad prometidos hace un año y seis meses, específicamente en julio de 2024.

 La situación se agrava por la falta de respaldo financiero a los emprendedores locales, quienes reclaman préstamos blandos que garanticen estabilidad en inversiones relacionadas con hotelería, restaurantes y otros servicios vinculados al turismo.

Residentes de Ciudad Satélite denuncian invasión de terrenos en la autopista Duarte

Santo Domingo, República Dominicana. – Residentes de la urbanización Ciudad Satélite, en la autopista Duarte, denunciaron que viven momentos difíciles con unos supuestos invasores que se han adueñado de manera fraudulenta de unos terrenos que pertenecen a la compañía que desarrolló el proyecto de viviendas. 

 La Junta de Vecinos de Ciudad Satélite, representada por la señora Joselin y otros comunitarios, indicó que decenas de personas desde hace tres años comenzaron a apropiarse de los terrenos. Terrenos que ha dejado la compañía que inició el proyecto habitacional, sin que ninguna autoridad les preste atención. 

 Le hacemos un llamado a nuestro presidente Luis Abinader, a nuestra ministra Faride Raful y al director de la Policía Nacional para que acuda a un llamado que tenemos nosotros en este momento porque ya estamos de emergencia. Jinete Medina, presidente de la junta de vecinos. 

 Por su parte, los supuestos invasores se defendieron de las acusaciones y aseguraron que ellos compraron los terrenos y poseen sus títulos. Mostraron sus documentos y a quienes les compraron los terrenos, lo que generó un enfrentamiento con los residentes de Ciudad Satélite. 

 Los residentes también informaron que la compañía que les vendió los terrenos no ha tomado acción al respecto. Ya que está esperando el respaldo del Ministerio Público para utilizar la fuerza pública. Sin embargo, los nuevos adquirientes de terrenos dicen que la compañía original ya no existe, lo que ha generado una disputa legal y de propiedad.

Procuraduría abre investigación penal por irregularidades en áreas protegidas


La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal exhaustiva sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y presuntos fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas del país, y dispuso la creación de una fuerza de tarea especial para profundizar las indagatorias. 

 La investigación abarcará el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, donde se ordenó revisar todos los actos jurídicos y administrativos que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad.

 El equipo estará coordinado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, e integrado por las Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca), medio ambiente, antilavado, la Unidad de Investigación Inmobiliaria y el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria. 

 La disposición también ordena la elaboración de un informe detallado, junto al Ministerio de Medio Ambiente, sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 Según la instrucción, el objetivo es determinar si existen entramados criminales, corrupción o irregularidades que hayan facilitado el apoderamiento del patrimonio natural del Estado.

Ministerio Público dice desmonta con pruebas argumentos falaces de las defensas de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público inició las réplicas a las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, demostrando con pruebas fehacientes la falsedad de los planteamientos de sus abogados en la audiencia preliminar del proceso por la sustracción de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

 La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el valor de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. 

 El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. “Ha quedado más que claro, con los elementos el Ministerio Público ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo dentro del tribunal, sino, también a la prensa, tomando datos aislados que por sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.  “Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”, apuntó. 

MP apela sentencia de Alexis Medina, pide 20 años de prisión


Santo Domingo, 9 feb (EFE).- El Ministerio Público depositó este lunes la apelación a la sentencia que sólo impone siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y solicitó en cambio, que al procesado por corrupción administrativa se le imponga una condena de 20 años de cárcel y al pago de una multa de 400 salarios mínimos. 

La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, indicó que con este recurso el órgano acusador reafirma su desacuerdo con las penas impuestas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el cual, además, absolvió a varios de los procesados. “Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). 

 MP PIDE DEGRADACION CIVICA DE MEDINA SANCHEZ 

El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga, asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones, empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho establecidas por el legislador para resguardar el interés de la sociedad. 

Rosa NG pide al MIVED abrir tiendas chinas que cumplen con la normativa

La presidenta de la Fundación Flor Para Todos y una de las creadoras del Barrio Chino de Santo Domingo, Rosa NG Báez, se pronunció sobre los cierres de establecimientos que ejecutó el Ministerio de la Vivienda (MIVED) y sobre las recientes solicitudes de reapertura de estos comercios. 

 Rosa NG afirmó que los cierres realizados fueron procedentes en cuanto a los permisos, pero cuestionó la forma y el momento en que se ejecutaron, afectando gravemente a los empresarios y empleados. 

 Según explicó, se cerraron 13 tiendas de gran tamaño, muchas de las cuales no fueron construidas por empresarios chinos, sino por dominicanos, como es el caso de Dulce Hogar en la avenida Luperón, propiedad de una familia dominicana. 

 “Un cierre para una empresa de esta naturaleza es prácticamente condenarla a la quiebra, y más en la fecha en que se realizó”, señaló Báez. 

 La empresaria enfatizó que muchos de estos negocios ya cumplieron con las normativas técnicas requeridas, incluyendo arreglos realizados por empresas reconocidas a nivel nacional e internacional, como Yellow, de los hermanos Hernández. Por ello, Rosa NG solicita al ministro Ito Bisonó revisar los expedientes y aprobar las aperturas, especialmente de cara al Año Nuevo Chino, para garantizar que los comercios puedan operar bajo la normativa vigente y sin afectar a empleados ni clientes. 

 Báez recalcó: “No estamos pidiendo otra cosa que se cumpla lo correcto y se respeten las leyes. La situación ha generado inestabilidad para los empleados y pérdidas económicas para los empresarios, algo que debe resolverse lo antes posible”.

Ministerio Público incauta inmueble en Sosúa conocido como “La Casona”

La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público informó la ejecución de una orden judicial para la incautación de un inmueble conocido popularmente como “La Casona”, “La Pared” o “La 30”, ubicado en el municipio de Sosúa, en Puerto Plata.

 La medida forma parte de un proceso legal en curso, bajo el marco de la normativa de recuperación de activos ilícitos. 

 La incautación fue autorizada mediante el auto administrativo No. 627-2025-SAUT-00441, emitido el pasado 17 de diciembre de 2025 por el Juez de Control y de Garantías de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata. Dicha orden faculta a las autoridades a tomar control del bien inmueble mientras se desarrolla el juicio de extinción de dominio, el cual busca determinar el origen legal o ilícito de la propiedad. 

 El inmueble se encuentra localizado en el sector El Batey, específicamente en la calle Filipinas del referido municipio y se encuentra en el solar No. 14 de la Manzana No. 261, Distrito Catastral No. 1 de Puerto Plata, de una extensión de 522.06 metros cuadrados. Una vivienda construida de block con techo de concreto, pintada de color blanco, que incluye patio y una pared perimetral, con el título amparado bajo el Certificado de Título Núm. 18. 

 Aviso a interesados 

El Ministerio Público hace un llamado a cualquier persona que se considere afectada o que tenga un interés legítimo sobre este bien para que tome conocimiento del proceso judicial. 

 La institución reiteró que este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional para fortalecer el sistema de justicia y asegurar que los bienes vinculados a actividades irregulares pasen a manos del Estado.

JAD espera informe final para regularizar mano de obra haitiana en agricultura y construcción


La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) informó que se encuentra a la espera del informe final del estudio que busca regular y legalizar la mano de obra haitiana en los sectores agrícola y de la construcción, iniciativa que forma parte de los consensos alcanzados en el Consejo Económico y Social (CES). 

 Omar Benítez explicó en el programa A Diario que la propuesta fue el resultado de amplias discusiones en el CES, en las que participaron representantes de los partidos políticos, sectores que utilizan mano de obra haitiana y el Gobierno, a través de los ministerios de Trabajo, Interior y Policía, así como la Dirección General de Migración. 

 Según detalló, en ese espacio se arribó a una conclusión sobre la situación de la migración haitiana en la República Dominicana, estableciendo la necesidad de permitir un proceso de regularización o legalización del uso de esa mano de obra, específicamente en la agricultura y la construcción, sectores considerados vitales para la economía nacional. “Eso está aprobado, ya lo firmó el presidente Abinader y ahora lo que falta es la formalización y la operatividad de eso”, afirmó Benítez, al referirse a los pasos pendientes para la puesta en marcha del mecanismo acordado. 

 El presidente de la JAD indicó además que el Gobierno contrató a Milton Ray Guevara para la realización de un estudio técnico-jurídico que ya fue concluido y entregado al Poder Ejecutivo. “Ese estudio define la operatividad de esto. Entonces, estamos esperando para que el tema de la mano de obra haitiana ya quede discutido y aprobado por los partidos políticos”, expresó. 

Denuncian presunta estafa de más de US$1.1 millones en venta de terrenos en Jarabacoa

Jarabacoa, La Vega. — Un ciudadano estadounidense denunció haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria por un monto superior a un millón 181 mil dólares (US$1,181,000), dinero que habría sido entregado como parte de una supuesta inversión en terrenos ubicados en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. 

La denuncia fue presentada a través del abogado Carlos Manuel Novas Méndez, quien representa legalmente al extranjero afectado y solicitó al Ministerio Público que se imponga prisión preventiva contra los imputados, al considerar que existen elementos suficientes que comprometen su responsabilidad penal. 

 De acuerdo con la querella, la víctima habría realizado una primera entrega de US$700,000, luego de firmar cartas de intención de compra con los acusados, quienes se comprometieron a transferir los títulos de propiedad de los terrenos a más tardar en diciembre de 2025. Sin embargo, según explicó la defensa, tras cumplirse los plazos acordados no se produjo la entrega de la documentación legal correspondiente ni la formalización de la venta, lo que llevó al inversionista a sospechar que se trataba de un esquema fraudulento. 

 El jurista indicó que el monto total entregado posteriormente superó el millón de dólares, cifra que al cambio actual equivale a más de RD$70 millones, lo que configura, a su juicio, una estafa de gran magnitud. 

 La parte querellante sostiene que los imputados utilizaron promesas falsas y documentación preliminar para generar confianza y lograr que el extranjero realizara las transferencias de dinero, sin que existiera una intención real de completar la transacción inmobiliaria. 

 El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, que deberá profundizar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes en torno a esta presunta estafa millonaria en una de las zonas turísticas y de inversión más activas de la región norte.

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