Se salvaron los morosos de residenciales: No podrán ser expuestos en redes sociales

Santo Domingo. Los morosos que residen en residenciales podrán seguir operando a sus anchas, ya que el Tribunal Constitucional (TC) les ha dado luz verde para no ser expuestos. 

 Las juntas de vecinos en residenciales no podrán utilizar herramientas tecnológicas ni redes sociales para exponer públicamente a los propietarios morosos o vulnerar su privacidad.

 Mediante la sentencia TC/0684/26, el TC fija límites sobre el uso de cámaras de seguridad y drones, aclarando que, si bien estos equipos están permitidos en las residencias, no pueden emplearse para vigilar la vida personal de los condómines. 

 El fallo se produjo al conocer un recurso relacionado con el Residencial Estrella Marina, ubicado en La Romana, al este del país. En este caso, un grupo de propietarios impugnó la elección de la directiva de la Junta de Vecinos y rechazó de manera tajante una serie de medidas coercitivas adoptadas por la administración para el cobro de las cuotas de mantenimiento atrasadas.

 Entre las sanciones impuestas por la directiva figuraban la prohibición de usar la casa club a los residentes en mora, la obligación de levantar manualmente la barrera de acceso vehicular y la difusión pública de sus nombres e imágenes en redes sociales. 

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra gerente de Constructora Jocaena

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra José Manuel Casado Bazil, gerente de Constructora Jocaena, S.R.L., por su presunta implicación en la doble venta de un inmueble y por supuestas violaciones al Código Penal y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. 

La medida fue solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. 

 De acuerdo con la investigación, los querellantes firmaron en julio de 2022 un contrato para adquirir un apartamento del proyecto Sol de los Océanos I, en Arroyo Hondo III, y realizaron los pagos correspondientes. Sin embargo, el inmueble no fue entregado y posteriormente habría sido vendido a otras personas mediante una segunda operación respaldada por un préstamo hipotecario. 

 El expediente indica que una sentencia de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional reconoció la validez del primer contrato y determinó que los compradores habían cumplido con sus obligaciones económicas, sin que existiera una causa legal para el incumplimiento de la constructora.

 El Ministerio Público también investiga el destino de los recursos entregados por las primeras víctimas y de los fondos obtenidos en la segunda venta, con el propósito de establecer si hubo maniobras relacionadas con el ocultamiento o manejo irregular del dinero. Asimismo, sostiene que el imputado permaneció 74 días sustraído de la justicia tras emitirse la orden de arresto, lo que, a su juicio, representa peligro de fuga.

 La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada y continuará este viernes 31 de julio, cuando el tribunal escuchará los argumentos del Ministerio Público, la parte querellante y la defensa. 

La investigación también busca determinar si otras personas vinculadas a la constructora tuvieron participación en los hechos.

Fuente:https://m.n.com.do/2026/07/30/mp-solicita-prision-preventiva-gerente-constructora-jocaena-doble-venta-inmueble/

Anulan permisos a Everest Tower en Piantini por incumplimientos urbanísticos

La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló los permisos urbanísticos que permitían el desarrollo del proyecto Everest Tower, ubicado en el sector Piantini del Distrito Nacional, tras acoger un recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). 

 La sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00280, emitida el 9 de julio de 2026 y conocidac hoy, determinó que los certificados de uso de suelo y de no objeción concedidos para la obra fueron otorgados en contradicción con las regulaciones municipales sobre densidad, altura y retiros de edificaciones.

 El tribunal concluyó que las modificaciones aprobadas durante el proceso administrativo transformaron de manera significativa la propuesta inicial y generaron una carga urbana incompatible con las normas aplicables al área.

Congreso estudia ley da poder al Estado para expropiar bienes culturales desatendidos

El Senado de la República aprobó el pasado viernes un nuevo proyecto de ley que modificaría el régimen utilizado por el Gobierno para proteger los artefactos y lugares considerados en el país como patrimonio de la nación. 

 Esta pieza, solo pendiente de ser conocida por la Cámara de Diputados, busca ampliar las sanciones para quienes irrespeten o descuiden los bienes e inmuebles relativos a la arqueología, historia, literatura, educación, arte, ciencia, estética, antropológica o folclórica de la República Dominicana. 

 La iniciativa elaborada por el senador Santiago Zorrila propone imponer entre tres y seis salarios mínimos de multa para quienes no declaren ante el Ministerio de Cultura la posesión de bienes patrimoniales. 

 Además, sugiere una sanción pecuniaria entre 50 y 100 salarios para aquellos que, de manera intencionada, causen deterioros o destruyan un bien declarado patrimonio cultural. Asimismo, precisa que estos deberán costear la reparación y restitución “del bien destruido”. 

 El documento legislativo también recomienda establecer un resarcimiento de entre 20 y 50 salarios mínimos cuando un propietario de un bien declarado patrimonio dominicano sea exportado, sin la previa autorización del Poder Ejecutivo. 

Collado aclara que MITUR impulsa regulación de Airbnb por seguridad de los turistas, pero no interviene en lo fiscal

San Pedro de Macorís.- El ministro de Turismo, David Collado, afirmó este martes que el Gobierno trabaja en la regulación de los alojamientos tipo Airbnb con el objetivo de fortalecer la seguridad de los visitantes, al tiempo que aclaró que el Ministerio de Turismo (MITUR) no tiene competencia en los aspectos fiscales de esa actividad.

 Collado explicó que cualquier tema relacionado con impuestos corresponde al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que el interés de MITUR se centra en establecer un registro que permita conocer cuántos alojamientos operan bajo esa modalidad, dónde están ubicados y quiénes se hospedan en ellos.

 “Nosotros no tenemos nada que ver con la parte fiscal. Ese es un tema del Ministerio de Hacienda y de la DGII. Lo que buscamos es un paso de orden por razones de seguridad”, expresó el funcionario. Indicó que el registro permitiría a las autoridades contar con información básica sobre los turistas que utilizan este tipo de hospedaje, especialmente ante situaciones de emergencia o hechos que requieran la intervención de las autoridades o la comunicación con embajadas extranjeras. 

 Collado aclara que MITUR impulsa regulación de Airbnb por seguridad de los turistas, pero no interviene en lo fiscal Ministro de Turismo, David Collado. “Si ocurre una tragedia con un turista dentro de un apartamento de Airbnb, las embajadas acuden a nosotros. Por eso tenemos que tener las informaciones básicas y mantener organizado el turismo”, sostuvo.

Tribunal Constitucional confirma fallo que ordena actualizar límites del Parque Jaragua

El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la sentencia que ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) para reflejar la exclusión de cuatro parcelas del Parque Nacional Jaragua. 

 La decisión mantiene el criterio adoptado por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en el litigio promovido por Inversiones del Sur, SRL, representada por Ricardo Gadala-María Nasser, nieto del empresario Elías Gadala-María Dada. 

 La empresa sostiene que esos terrenos quedaron fuera del área protegida con la entrada en vigencia de la Ley 266-04, que creó el Polo Turístico de la Región Suroeste. Aunque confirmó la sentencia, el TC aclaró que el proceso no resuelve la propiedad de los terrenos ni establece de manera definitiva que las parcelas estén dentro o fuera del Parque Nacional Jaragua. 

Según la alta corte, el objeto del proceso se limita a determinar si el Ministerio de Medio Ambiente incumplió una obligación legal de mantener actualizado el SINAP conforme a las modificaciones reconocidas por la ley. 

Para la mayoría de los jueces, el ministerio incumplió el mandato contenido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 202-04, que lo obligan a mantener actualizado el Catastro Nacional de Áreas Protegidas incorporando las modificaciones territoriales dispuestas por la legislación.

Papeles del Este espera recuperar terreno tras audiencia de fondo fijada para el 31 de agosto

La empresa Papeles del Este, S.R.L., afirmó que el proceso judicial para recuperar un terreno alegadamente de su propiedad en la avenida Buenaventura Freites, de Los Jardines, continúa avanzando conforme a la ley y el próximo 31 de agosto será conocida la audiencia de fondo en el Tribunal Superior de Tierras. 

 La entidad considera determinante esa etapa para poner fin a un litigio que se ha prolongado durante varios años, mientras tanto sigue la instalación de más negocios como la construcción de un local donde se vendían chicharrones y la instalación de una nueva caseta que aparenta una banca de lotería.

 La abogada de la empresa, Luz María Duquela, explicó que la defensa confía en que el tribunal ratifique los derechos de propiedad de la compañía, luego de que en distintas instancias judiciales hayan sido rechazadas las pretensiones de la contraparte de anular los documentos que sustentan la titularidad del inmueble.  Sostuvo que el proceso ha estado marcado por constantes dilaciones, pese a que la empresa cuenta con un título de propiedad y con decisiones favorables emitidas por las autoridades competentes. 

Airbnb respalda registro para alquileres en RD pero prefiere que sea por ley en el Congreso

La empresa de alojamiento Airbnb manifestó su disposición de colaborar con las autoridades dominicanas en el proceso de consulta pública sobre los alquileres vacacionales de corta estancia que realiza el Ministerio de Turismo (MITUR), al considerar positiva y valiosa la creación de un registro que impulse y fortalezca la transparencia y la seguridad en el sector. 

 No obstante, la empresa planteó que la regulación debe reconocer las particularidades del entorno digital y diferenciar la actividad de los anfitriones que alquilan viviendas de la operación hotelera tradicional.

 Asimismo, abogó por un marco normativo inclusivo, proporcional y libre de cargas burocráticas excesivas, preferiblemente impulsado mediante una legislación en el Congreso Nacional.

 Airbnb sostuvo que los alquileres de corta estancia en República Dominicana representan una fuente de ingresos para numerosas familias dominicanas y pequeños negocios locales, por lo que reiteró su interés de continuar trabajando junto al MITUR para fortalecer la economía local y mantener la competitividad de la República Dominicana como destino turístico.

Fuente: https://listindiario.com/la-vida/tecnologia/20260723/airbnb-respalda-registro-alquileres-vacacionales-pide-regulacion-equilibrada_915129.html

Gobierno impulsa plan de US$90 millones para recuperar la cuenca del Yaque del Norte

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que impulsa un plan estratégico para proteger y restaurar la cuenca del río Yaque del Norte, la principal cuenca hidrográfica del país, mediante un conjunto de acciones que incluyen una inversión estimada de US$90 millones para fortalecer la seguridad hídrica y la resiliencia climática. 

 La institución explicó que ejecuta acciones coordinadas a través de sus viceministerios y dependencias técnicas para promover la gestión sostenible del agua, la conservación de los suelos, la recuperación de áreas degradadas y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, en coordinación con otras entidades del Estado, gobiernos locales, productores, organizaciones comunitarias y organismos de cooperación internacional. 

 Indicó que la protección de la cuenca del Yaque del Norte constituye una de las prioridades de la gestión encabezada por el ministro Paíno Henríquez, como parte de una estrategia nacional orientada a preservar las principales cuencas hidrográficas del país y garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y la conservación de la biodiversidad.