Estado deberá pagar RD$340.7 millones por terrenos COJPD

SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano quedó definitivamente obligado a pagar RD$340.7 millones (unos USD 5.7 millones) como compensación por la ocupación de terrenos donde actualmente se encuentra el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, luego de que el Tribunal Constitucional cerrara la vía de los recursos y dejara firme la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo. 

 La decisión pone fin a un litigio de más de seis décadas vinculado a una expropiación realizada en 1964, cuando el Decreto 1886, emitido por el gobierno del Triunvirato, declaró de utilidad pública una parcela perteneciente a Nelly Elidia Pellerano de Ricart. 

El terreno fue destinado a proyectos urbanísticos vinculados al antiguo entorno del aeropuerto General Andrews y al entonces proyectado Parque Central Metropolitano. 

Someten recurso ante el TC contra la nueva reforma tributaria: denuncian asfixia económica y caos en los alquileres

La organización sin fines de lucro Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI) interpuso hoy formalmente una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 

El recurso legal busca invalidar partes fundamentales de la recién aprobada Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada recientemente por el Senado.

 La demanda, depositada y representada por la abogada Pablita Cabrera Martínez, presidenta de EMUDELI, advierte que la nueva legislación precariza de forma inminente el derecho a la defensa y el patrimonio de los contribuyentes ante las determinaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

 El regreso encubierto del «Pague primero, reclame después» El primer gran foco de la controversia es el Párrafo IV del Artículo 2 de la nueva ley. Esta disposición establece que, si un contribuyente desea recurrir una deuda determinada por la DGII y evitar que le embarguen sus cuentas o le impongan sanciones millonarias durante el proceso, deberá depositar o «consignar» previamente el monto total equivalente a la deuda reclamada. 

Empresarios de la construcción advierten carga tributaria en fideicomisos inmobiliarios podría impactar costos viviendas

SANTO DOMINGO.- Dos empresarios del sector construcción advirtieron que la aplicación de la contribución especial para la gestión y coprocesamiento de residuos sólidos a los fideicomisos inmobiliarios podría generar una doble carga económica sobre un mismo proyecto y, en consecuencia, traducirse en mayores costos para la construcción y en un eventual incremento del precio de las viviendas. 

 Jochimin Pérez, CEO de Constructora JPérez, consideró improcedente que los fideicomisos inmobiliarios sean gravados de forma independiente cuando el promotor del proyecto ya se encuentra sujeto a esa misma contribución. A su juicio, esta situación podría dar lugar a una duplicidad sobre un mismo cargo económico, al tratarse de ingresos vinculados a una sola operación inmobiliaria. 

 “El fideicomiso es el contenedor jurídico de esa actividad, no su motor económico. Gravar el fideicomiso equivale a someter a tributación el instrumento y no la riqueza que este vehiculiza”, sostuvo.

 Pérez explicó que, bajo ese esquema, un desarrollador que construye directamente pagaría una sola vez, mientras que uno que utilice la figura del fideicomiso podría terminar asumiendo una carga adicional por el mismo proyecto. “Un promotor que desarrolla un proyecto directamente tributa una sola vez. Un promotor que utiliza un fideicomiso podría terminar tributando dos veces por el mismo proyecto”, afirmó. 

Comunitarios denuncian empresa de inversiones pretende apoderarse de terrenos del Estado en Los Mameyes, SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Comunitarios, presidentes de juntas de vecinos y fundaciones sin fines de lucros en el sector Los Mameyes, municipio Santo Domingo Este, acudieron a la Primera Sala de la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central del Distrito Nacional, donde se conocerá un recurso de apelación sobre la sentencia número 20164136 emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en la cual se rechazaron los trabajos de deslinde practicados en la parcela 200-A del Distrito Catastral No. 06 de Santo Domingo Este. 

 Los comunitarios, encabezados por el abogado Aneuri Peña, los pastores Cleto Núñez y Luis Barett, así como los señores Hamilton Polanco, Edward Valdez, Martín Adoni y Orlando Rojas Tineo, afirman que la empresa Inversiones Turísticas Sans Souci, S.A., pretende apoderarse de 15,339.63 metros cuadrados perteneciente al Estado dominicano en Los Mameyes.

 Sostienen que, con el argumento de la referida empresa de individualizar y georreferenciar, inició un proceso técnico de deslinde, a través de una litis judicial que se originó desde el año 2016 sobre la parcela 200-A, con una extensión superficial de 140,301.31 metros cuadrados, ubicada en el mencionado sector Los Mameyes. Con este conflicto judicial, las organizaciones sociales Junta de Vecinos Punta Torrecillas, Junta de Vecinos Mirador del Este, Junta de Vecinos Las Tablita, Iglesia Pentecostal Jesucristo la Única Esperanza, Iglesia Jesucristo agua de vida en mí Juan 7:38, Fundación Mamá Minga, Fundación Xiomara Hilario, Centro de Desarrollo Santo Domingo & RD y la Asociación de Propietarios de Casas de Los Mameyes y el Pensador, se han mantenido vigilantes, para la protección de sus tierras.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/comunitarios-denuncian-empresa-de-inversiones-pretende-apoderarse-de-terrenos-del-estado-en-los-mameyes-sde/

Empresarios reclaman la intervención del presidente, la procuradora el ministro de Turismo para evitar se dañe seguridad jurídica en Cabarete

Cabarete, Puerto Plata. – Ejecutivos de la compañía Costa Canal, SRL, denunciaron el intento de sectores vinculados al Gobierno de acciones en perjuicio de terrenos de esa empresa, bajo el escudo de un supuesto reclamo social por un camino.

 Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, al ministro David Collado y a la procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso, a evitar nuevos daños al clima de inversión del país y a la seguridad jurídica en Cabarete. 

Indicaron que detrás de la acción para la cual se han convocado personas a realizar una protesta en contra de terrenos de la empresa, se podría esconderse la intención caprichosa de imponer voluntades particulares por encima de la ley. 

Las acciones buscan desconocer los derechos de propiedad de Costa Canal en imponer la reactivación de supuestos derechos de paso de un camino que fue sustituido cuando se construyó la nueva carretera, a pesar de lo cual la empresa ha habilitado 2 accesos a la playa por su propia cuenta. 

Los ejecutivos de Costa Canal responsabilizaron de las acciones a políticos locales enquistados en el ministerio de Turismo y una supuesta organización civica, quienes encabezan las acciones de desconocimiento de la ley. 

Exsenador Rafael Calderón irá a juicio por presunta corrupción en caso Calamar

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio de fondo contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, tras determinar que existen pruebas suficientes que lo vinculan con la red de corrupción administrativa desmantelada mediante la denominada Operación Calamar. 

 La magistrada Sofía Bruno De Los Santos dispuso que el excongresista responda ante los cargos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en un proceso separado del expediente principal debido a las condiciones de salud que lo afectaban. 

 Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público, respaldado por abogados del Estado, solicitó formalmente el envío a juicio, alegando contar con un sólido cuerpo probatorio. En contraste, la defensa encabezada por el abogado Wilson Beriguete pidió un auto de “no ha lugar”, argumentando que Calderón no incurrió en los hechos imputados. 

 El caso se desprende de un entramado que involucra a altos exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina. Mientras figuras como el exministro de Hacienda, 

Justicia Fiscal denuncia aprobación express y violación del Pacto Fiscal en reforma tributaria

Organizaciones comunitarias, académicos y movimientos sociales, agrupados en el Espacio Justicia Fiscal, manifestaron su firme oposición al “Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, depositado recientemente ante el Congreso Nacional.

 El colectivo aboga por una reforma fiscal integral y cuestiona tanto el contenido regresivo de la iniciativa como el proceso antidemocrático con el que se pretende imponer. 

 Luego de un análisis exhaustivo del contenido agregado de la propuesta, el Espacio Justicia Fiscal sostiene que el gobierno busca predominantemente mejorar la eficiencia recaudatoria y los ingresos tributarios, sin corregir las inequidades históricas del sistema fiscal dominicano. 

Por el contrario, advierten que la medida corre el riesgo de profundizarlas. La iniciativa, aunque amplía mecanismos de control tributario e introduce nuevas cargas impositivas, evita abordar componentes esenciales para hacer el sistema más equitativo y progresivo. 

 Si bien incorpora algunas disposiciones que formalmente podrían presentarse como progresivas, la información pública disponible no permite demostrar que la carga principal del esfuerzo fiscal recaerá sobre quienes poseen mayores ingresos, patrimonio o capacidad contributiva. 

Diputada Carmen de la Rosa defiende el libre acceso a Playa Bayahíbe y rechaza restricciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La diputada por la provincia La Altagracia, Carmen de la Rosa Pérez, manifestó este jueves su preocupación por las denuncias relacionadas con las restricciones de acceso a Playa Bayahíbe y aseguró que continuará respaldando los reclamos de la comunidad para preservar el libre disfrute de este importante espacio turístico y natural. 

 Durante una intervención, la legisladora afirmó que la preocupación de los residentes va más allá de una simple franja de arena, ya que lo que está en juego es el derecho de las actuales y futuras generaciones a disfrutar libremente de un patrimonio que forma parte de la identidad de la provincia. 

 De la Rosa sostuvo que Playa Bayahíbe representa un símbolo histórico y cultural de La Altagracia, por lo que consideró un error limitar el acceso a una zona que durante años ha sido disfrutada por la comunidad y visitantes. Asimismo, destacó que el desarrollo turístico y la protección de los recursos naturales no deben verse como objetivos opuestos, sino como elementos complementarios para garantizar el crecimiento sostenible de la zona. 

 “Las playas no deben convertirse en un privilegio de unos pocos. Son parte de nuestra riqueza colectiva, de nuestra herencia y de un pueblo costero que merece respeto”, expresó la legisladora.

 La diputada reiteró que continuará apoyando las iniciativas en favor del libre acceso a Playa Bayahíbe y de la preservación de sus recursos naturales, al considerar que se trata de una causa que beneficia a toda la comunidad.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/diputada-carmen-de-la-rosa-defiende-el-libre-acceso-a-playa-bayahibe-y-rechaza-restricciones/

Valoran decreto que abre paso a nuevas obras en el Pomier

Ambientalistas y representantes de empresas ubicadas en las inmediaciones del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier valoraron de manera positiva el reciente decreto del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública varios terrenos ubicados dentro del área protegida, al considerar que facilitará la construcción de infraestructura en el área. 

 "Es un paso de avance porque esto permite que la comisión presidencial para las Cuevas del Pomier continúe con los trabajos de desarrollo que tiene allí, así como con la construcción de espacios para la utilización de las cuevas. Esto permite, además, que la comunidad del Pomier comience a participar en muchos de los proyectos que tiene esa comisión", indicó el ambientalista Domingo Abreu. 

 Impacto del decreto en la comunidad y desarrollo local 

El también miembro de la comisión encargada de coordinar el uso de infraestructura en el monumento explicó que los terrenos se encontraban cercanos a las cuevas; sin embargo, no existía la posibilidad de utilizarlos. "Ya van a ser utilizados para la construcción de un mirador que se necesita en el área y de un play de béisbol que necesitaban los comunitarios, con el fin de ceder otro espacio donde se construirá el área de estacionamiento para los visitantes de las Cuevas del Pomier", sostuvo.