Abogados del Grupo Mar de Plata respaldan desalojo en Las Américas y presentan títulos de propiedad

SANTO DOMINGO.- Los abogados Nicki Rafael Minaya Jáquez y Cosme Damián Clase Brito, representantes legales del Grupo Mar de Plata, valoraron como positivo el reciente desalojo realizado en el Kilómetro 14 de la Avenida Las Américas, donde más de 350 personas fueron retiradas de unos terrenos cuya propiedad, según aseguran, pertenece legítimamente a la empresa. 

 Ambos juristas presentaron títulos y sentencias que, afirman, avalan de manera definitiva la titularidad del inmueble. Los representantes legales indicaron que el conflicto por los terrenos tiene más de tres años en curso y ha estado sustentado en múltiples decisiones judiciales. 

Explicaron  que, durante este periodo, el abogado del Estado autorizó la ejecución del desalojo en más de nueve ocasiones, pero diversos retrasos administrativos y el vencimiento de las órdenes impidieron su materialización. Esto llevó a la compañía a interponer una acción de amparo de cumplimiento, con el objetivo de que la Policía Nacional ejecutara la sentencia vigente. 

 De acuerdo con los juristas, las decisiones judiciales, acuerdos previos con los ocupantes y una resolución del abogado del Estado respaldan la legalidad del proceso. Señalaron que, incluso, hace un año se había alcanzado un entendimiento con quienes ocupaban los terrenos, pero este no fue cumplido, lo que obligó a proceder con el desalojo. 

Grupo Paceo da respuesta a las denuncias de estafa inmobiliaria

El Grupo Paceo decidió romper su silencio y salirle al frente al licenciado Jean Cristofer Pérez, abogado que dice representar a siete personas que se han querellado por supuesta estafa. 

El abogado de la sociedad comercial, Julio Cury, expresó que además de que la estafa, como tipo penal, solo se configura “en el deshilachado imaginario” de Pérez, los supuestos poderes especiales en los que se ha amparado para actuar son apenas eficaces en “el zumbido de sus sienes”. 

 Dijo que los actos notariales que les ha presentado al Ministerio Público para legitimar su alegada calidad de abogado de los presuntos querellantes, “no son las copias certificadas que prevé el párrafo I del art. 16 de la Ley núm. 140-15, del Notariado, amén de que adolecen de una retahíla de vicios de cara a las formalidades exigidas por el mismo texto que las traducen en nulas”.

 Cury sostuvo que, en el cuerpo de uno de esos actos, aparecen añadiduras escritas a manos sin la firma de los comparecientes ni del notario, lo que vulnera el art. 32 de la Ley núm. 140-15. Asimismo, señaló que la firma de una de las alegadas querellantes que figura en otro acto notarial, es “del todo distinta” a la que ella estampó tanto en el contrato suscrito con Grupo Paceo, SRL, como en el acto de desistimiento del negocio jurídico que habría consentido en una fecha anterior a la del cuestionado documento notarial.