Tribunal anula ordenanza municipal de San Francisco de Macorís y devuelve seguridad jurídica a empresarios y munícipes

El empresariado y los munícipes de San Francisco de Macorís obtuvieron una victoria judicial de alcance histórico: un tribunal declaró nula de pleno derecho la Ordenanza núm. 04-2024, dictada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal el 1 de noviembre de 2024, que pretendía imponer un nuevo y oneroso régimen de tasas, arbitrios, contribuciones y sanciones sobre las actividades comerciales, el uso de espacios públicos y las operaciones económicas dentro del municipio. 

 La sentencia, emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, actuando en atribuciones de lo Contencioso Administrativo Municipal, representa un freno contundente al ejercicio arbitrario del poder municipal y reafirma que ninguna administración local puede imponer cargas a los ciudadanos sin respetar los procedimientos que manda la ley. 

 Una ordenanza que nació viciada 

La Ordenanza núm. 04-2024 derogaba la normativa vigente desde 2011 e introducía un nuevo marco regulatorio que afectaba directamente a comerciantes, empresas, inversionistas y operadores económicos de la provincia Duarte.

Empresarios reclaman la intervención del presidente, la procuradora el ministro de Turismo para evitar se dañe seguridad jurídica en Cabarete

Cabarete, Puerto Plata. – Ejecutivos de la compañía Costa Canal, SRL, denunciaron el intento de sectores vinculados al Gobierno de acciones en perjuicio de terrenos de esa empresa, bajo el escudo de un supuesto reclamo social por un camino.

 Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, al ministro David Collado y a la procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso, a evitar nuevos daños al clima de inversión del país y a la seguridad jurídica en Cabarete. 

Indicaron que detrás de la acción para la cual se han convocado personas a realizar una protesta en contra de terrenos de la empresa, se podría esconderse la intención caprichosa de imponer voluntades particulares por encima de la ley. 

Las acciones buscan desconocer los derechos de propiedad de Costa Canal en imponer la reactivación de supuestos derechos de paso de un camino que fue sustituido cuando se construyó la nueva carretera, a pesar de lo cual la empresa ha habilitado 2 accesos a la playa por su propia cuenta. 

Los ejecutivos de Costa Canal responsabilizaron de las acciones a políticos locales enquistados en el ministerio de Turismo y una supuesta organización civica, quienes encabezan las acciones de desconocimiento de la ley.