Gaceta Guia Inmobiliaria: Tribunal
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Tribunal de RD rechaza recusación presentada por estafados en Nueva York contra inmobiliaria IndisArq

NUEVA YORK.- Un grupo de dominicanos residentes en esta ciudad, víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa inmobiliaria IndisArq en la República Dominicana, acudió este martes a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer el recurso de apelación sobre la medida de coerción impuesta a dos de los imputados en el caso NIDO, como se conoce en la justicia la millonaria estafa. 

 Los acusados en cuestión son Mirna Catalina Rivera Ledesma, hermana del arquitecto Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa, y Juan Omar Rosario López, contador de la misma. 

 Tras una extensa audiencia, que fue interrumpida en varias ocasiones para evitar el agotamiento de los presentes, las víctimas intentaron presentar una recusación formal contra el tribunal. Sin embargo, la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional rechazó de plano la solicitud y les negó el derecho a la palabra, según denunciaron los afectados. 

TC declara inconstitucional artículos 26 y 28 Ley 268-22 de Ordenamiento Territorial facultaban MEDyP y Consejo de Ministros aprobar permisos uso de suelo


Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulos los artículos 26 y 28 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos por considerarlos “no conformes con la Constitución”. 

 Mediante la sentencia es la TC/1146/23 del 27-12-2023, el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras (Waldys Taveras), depositado el 2 de marzo de ese año. Aunque la sentencia es de diciembre del 2023, fue comunicada el 19 de febrero de 2025 a Waldys Taveras. 

 El TC en dispositivo primero establece: “PRIMERO: ADMITIR la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D., contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-2, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. Mientras que en el segundo: “DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D.,Contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. En tanto que el tercero: “DECLARAR, en cuanto al fondo, no conformes con la Constitución los referidos artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; y, en consecuencia, PRONUNCIAR la nulidad total y absoluta de dichos artículos impugnados en inconstitucionalidad”. 

Piden que presidente de la SCJ acuda en favor del tribunal jurisdicción Inmobiliaria de Moca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El abogado y comunicador de esta localidad, doctor Radhamés Rodríguez, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia -SCJ-, doctor Luis Henry Molina, prestar atención urgente al abandonado y descuidado tribunal original de jurisdicción Inmobiliaria de Moca -Tribunal de Tierras-, en el distrito judicial de Espaillat. 

 El reconocido profesional del derecho e historiador manifestó que el tribunal de tierras de Moca necesita con urgencia que se designe un juez en sustitución del incumbente actual que por jubilación está siendo sustituido de manera provisional, por una juez a quien también envían a otros pueblos. 

 Expresó que eso hace que la magistrada tenga poco tiempo por contar con muy poco tiempo para fallar los casos en ese tribunal de Espaillat, lo que ha provocado que ocurra una especie de tapón. ’’Para que la justicia en Moca, todo el distrito judicial de Espaillat y de la República Dominicana es muy importante que se hagan los correctivos necesarios y se tomen las medidas que requieren estos casos’’, significó el letrado del derecho. 

 Estableció que debe ser designado un juez lo antes posible, tras indicar que también sería muy saludable para la justicia que la sala donde opera el Tribunal de Tierras, sea instalado un aire acondicionado, ya que los ruidos que penetran por las ventanas, dificultan que se escuche bien.

Tribunal impone 18 meses de prisión preventiva y declara complejo proceso contra imputado en Operación Falcón


En la audiencia de solicitud de medidas de coerción, el fiscal litigante Pedro Martínez, detalló que el encartado, brazo operativo de alta confianza de Mosquea Polanco, desempeñaba otros roles como el de colectar y transportar sumas monetarias a favor del investigado líder 

 El juez José Rafael D' Asís de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago, acogiendo una solicitud del Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva contra un miembro de la organización criminal que la Operación Falcón, en su versión 2.0, identificó y logró capturar, tras individualizarlo y definir su importante rol en la red. Se trata de Joel Sosa Polanco (Psosa, Manteca o Panano), otro de los parientes del cabecilla y patrocinador de la estructura, el extraditable Erick Randhiel Mosquea Polanco quien, al estilo de las mafias italianas, se rodeó de un clan familiar para conformar la red y redistribuir entre ellos roles y compromisos de sus múltiples actividades ilícitas. 

El Tribunal Constitucional anula disposición que impone un arbitrio a comercios e instituciones


El Tribunal Constitucional anuló una disposición de la Alcaldía del Distrito Nacional que crea un arbitrio por el uso de parqueos públicos, concebidos como aquellos que se encuentran en instalaciones comerciales, institucionales e industriales.

 Es de criterio que la decisión expropia tácitamente todo espacio que sea destinado para parqueo dentro de una propiedad privada, cobra un arbitrio por un servicio o contraprestación que en realidad no está prestando y se atribuye la posibilidad de rentarlos a terceros sin el consentimiento de su legítimo propietario, lo que limita irrazonablemente su derecho de propiedad. 

 La Alta Corte plantea que el cabildo determinó que los parqueos que se coloquen en los límites del inmueble privado de un establecimiento comercial, institucional o industrial son públicos en la misma medida que aquellos que sean instalados por el Estado o por la Alcaldía del Distrito Nacional. En su sentencia TC/0566/24, declara no conforme con la Constitución de la República y consecuente nulidad del segundo y sexto artículo del Reglamento 1/1992, dictado por el cabildo, por transgredir el derecho de propiedad y el principio de legalidad tributaria municipal, dispuestos en los artículos 51 y 200 de la Carta Magna. 

Justicia denegada: 112 ciudadanos esperan la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional


SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el máximo garante de los derechos fundamentales y de la Constitución. Sin embargo, desde su implementación hasta la actualidad, existen 112 sentencias de este tribunal que no han sido ejecutadas, principalmente por instituciones del Gobierno, lo que supone un impacto directo en los derechos ciudadanos. 

 La falta de aplicación de estas sentencias afecta a personas que han recurrido al sistema de justicia en busca de amparo y que, pese a haber obtenido un fallo favorable del Tribunal Constitucional, aún no ven cumplidos sus reclamos, a pesar de que en muchos casos llevan más de 10 años en la búsqueda de justicia. 

 Se advierte una tendencia al incremento del incumplimiento de las sentencias, toda vez que el periódico Diario Libre en fecha del 27 de enero de 2023 reportó que unas 92 sentencias de esa alta corte no habían sido ejecutadas por autoridades del Gobierno, lo que se incrementó a 111 al 23 de noviembre de 2023, según NDigital. Aun así, el nivel de cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional ronda el 98.54%. 

Tribunal declara que la venta de terrenos en Los Tres Brazos fue irregular


El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró como irregular la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a la empresa Inversiones Fernández Parache (Infepa). 

De acuerdo con la sentencia no. 0313-2024-S-00140 del 14 de octubre de 2024, la corte anuló los títulos de propiedad que beneficiaban a Infepa sobre las parcelas número 153-A-1 y 155. Sin embargo, no hizo lo mismo con la venta de la parcela 153-A-2 para no afectar los derechos adquiridos de personas que habían comprado de buena fe los terrenos a dicha empresa.

 «El tribunal reconoció que esa venta había violado la Constitución de la República», manifestó el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, representante del Estado, al tiempo que indicó: «El proceso continuará, ya se han recuperado dos de tres parcelas, aunque la más grande todavía no se ha logrado». «Esto va a tener consecuencias en el proceso, porque no puede quedar en manos de un particular un bien que ha sido adquirido en violación de la Constitución de la República», agregó el jurista durante una entrevista en el programa televisivo «El Día». 

Demandan al Tribunal de Tierras por fallo en caso de vivienda en Barahona

BARAHONA: Rafael Urbáez, propietario de una vivienda en el sector Pueblo Nuevo, ha solicitado al Tribunal de Tierras de Barahona que emita una sentencia en su litigio con el abogado Danilo Ferreras Alcántara, ex esposo de una de sus hijas. 

Acompañado por sus hijos, incluido Ytalo Fioruchi Urbáez, Rafael Urbáez denunció que la resolución del caso ha sido demorada desde marzo de este año. La propiedad en disputa fue donada a Urbáez por la Iglesia Católica a través de la Fundación de Apoyo al Suroeste (Fundasur), una organización para la cual él trabajó durante muchos años. 

Urbáez explicó que, tras el paso del huracán David en 1979, Fundasur le construyó la vivienda en Pueblo Nuevo, donde crió a parte de sus hijos. Debido a razones laborales, tuvo que mudarse a Santo Domingo, dejando la casa bajo el cuidado de su hija y su yerno, Ferreras Alcántara. Tras la muerte de su hija, Ferreras Alcántara se ha negado a devolver la propiedad. 

Tribunal ordena demolición de edificio construido sin columnas en Herrera


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un edificio de al menos cuatro pisos construido sin columnas en el sector El Café de Herrera, será demolido luego de que la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo determinara que representa un peligro para las personas del citado lugar. 

 El tribunal consideró que la construcción del edificio, conocido como Edificio Albania Rodríguez, no tiene planos aprobados ni licencias de construcción exigidas por la ley. Mientras que lo informes técnicos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), revelaron graves deficiencias en la construcción, lo que aumenta la probabilidad de un colapso catastrófico. 

 De acuerdo a las informaciones obtenidas por “RC Noticias”, la demolición fue ordenada en la sentencia número 551-2024-SSEN-00540, que fue dictada en el marco de una acción constitucional de amparo presentada por el señor Luis José Olivares Ciriaco y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), contra la propietaria del inmueble, Santa Maura Rosario Pérez. 

 La parte demandada argumentó que la propietaria estaba dispuesta a realizar las mejoras necesarias al edificio, pero el tribunal decidió que la demolición era la única medida adecuada para salvaguardar vidas.

Familia Cedeño clama justicia ante el Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorí

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Diversas personas acuden nuevamente a la justicia en el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria en San Pedro de Macorís, con la finalidad de conseguir que los jueces que conocen su caso validen su presunto derecho en contra de un grupo de empresarios del sector construcción que también alegan ser los propietarios de cientos de miles de metros de terrenos en el municipio Guayacanes. 

 Una nota de prensa detalló que los Cedeño argumentan que son los legítimos dueños de más de 21 mil tareas en el municipio Guayacanes, además de tener tierras en el distrito municipal de La Caleta, y que «no permitirán que un grupo de oligarcas les quite su herencia, que con muchos esfuerzos sus antepasados les dejaron». 

 De igual manera, los litigantes informaron que no se oponen al desarrollo de la comunidad de Guayacanes, y que todo el que desee invertir en el área es bienvenido, pero de manera legal, comprando los metros de terreno al precio del mercado actual. 

El Tribunal Supremo de Brasil sepultó la Operación Lava Jato y crece el riesgo de aumento de la corrupción


¿Quién mató el Lava Jato? Ha sido la pregunta mantra esta semana en la que la operación anticorrupción más famosa de la historia de Brasil fue definitivamente enterrada. El martes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli anuló todas las sentencias anteriores del 13º Juzgado Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht, el empresario de la constructora homónima (hoy Novonor) que acabó en el centro de un escándalo de corrupción que afectó no sólo a Brasil, sino también a otros países latinoamericanos. 

 Por si fuera poco, Toffoli también ordenó el fin de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht. Según el magistrado en el proceso realizado por los jueces de Curitiba que en 2014 con la operación Lava Jato destaparon la caja de Pandora de la corrupción en Brasil, habría surgido arbitrariedad en su conducción, falta de respeto al debido proceso, parcialidad y actuaciones fuera del ámbito de competencia.

 “Teniendo en cuenta el contenido de los frecuentes diálogos entre el juez y el fiscal, tanto sobre Marcelo Odebrecht como sobre las empresas que presidía, es evidente la mezcla de la función de acusación con la de juzgamiento, lo que corroe los fundamentos del proceso penal democrático”, reza la sentencia del STF. 

Tribunal se reserva fallo contra arrendamiento del Teatro Agua y Luz


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) se reservó este martes el fallo sobre el recurso contencioso interpuesto por la empresa consultora Astur SRA contra la anulación del contrato por 25 años del Teatro Agua y Luz de Santo Domingo. 

 En noviembre 2020, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló una licitación que se había entregado la remodelación del Teatro Agua y Luz a una empresa representada por Alan Omar Vargas García, hijo de Miguel Vargas Maldonado. Carlos Pimentel, director de la DGCP, en el año 2020, explicó que “analizamos toda la documentación, toda la papelería, nos dimos cuenta que más que un alquiler se trata de un proceso que viola todos los principios de la Ley 340-06, y por esto fue anulada esta licitación”. 

 Pimentel reiteró, mediante un tuit, que el Teatro Agua y Luz es considerado un patrimonio cultural e histórico del país. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de la sentencia SCJ-TS-24-0250, revocó la resolución RIC-96-2020, emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones que anula la concesión del edificio a la referida institución. 

 Con esta decisión, la Suprema Corte devolvió el caso al TSA para que lo conozca otra sala. El Teatro Agua y Luz, anteriormente Angelita Trujillo, en honor a la hija del dictador Rafael Leónidas Trujillo, fue construido en 1955 en plena inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (hoy Centro de los Héroes), en donde se construyeron una serie de edificios, teatros y hoteles.

Tribunal ordena al CEA detener desalojos en municipios de Puerto Plata


La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Puerto Plata ordenó al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) detener los desalojos en las localidades Juan Martínez, Llano de Pérez, el municipio Imbert y otras zonas de Puerto Plata. 

 La decisión del tribunal fue emitida tras acoger una acción de amparo preventivo, luego de que funcionarios de la institución pretendían sacar algunas familias en Llano de Pérez, alegando que invadían terrenos del Estado dominicano. 

 En la instancia se prohíbe a los representantes del CEA, Henry Fontanilla y Félix Cabrera, desalojar a los accionantes y cualquier otra persona que habite en la comunidad en cuestión, sin antes agotar las vías procesales de lugar con el abogado del Estado, como establece la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. 

 La decisión de fecha de 9 de mayo de 2024 está firmada por los magistrados Nassín Eduardo Ovalles, juez presidente, y Carmen Martínez Durán, secretaria general de Centro de Servicios Secretariales de la Jurisdicción Civil de Puerto Plata. El recurso contra la Dirección local del CEA fue sometido por los abogados Manuel Danilo Reyes y Janel Tavárez, en representación de los afectados.

Tribunal conocerá este lunes solicitud de prórroga del MP para finalizar investigación en caso Calamar

SANTO DOMINGO.- Luego de la suspensión del pasado 25 de marzo, se espera que lunes 08 de abril el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conozca la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público (MP) para concluir la investigación en el denominado caso Calamar, que inició a finales del 2020.

 En la audiencia fijada para las 9:00 de la mañana, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, será la encargada de decidir si se le otorga a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) una ampliación del plazo para terminar con la formulación de la acusación que, de acuerdo a los fiscales, estaba “lo suficientemente blindada”. 

 Se recuerda que esta operación se puso en marcha en marzo del 2023 -luego de casi tres años de investigaciones por parte de la PEPCA- con múltiples allanamientos y apresamientos que obtuvieron gran cobertura mediática, al estar involucrados tres ex ministros de la gestión del ex presidente de la República Danilo Medina.

 El caso fue declarado complejo en abril del pasado año por la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, y al vencerse los plazos para presentar acusación, el MP solicitó una prórroga de cuatro meses a la magistrada Patricia Padilla. 

Tribunal declara en rebeldía a imputada caso Coral y Coral 5G

Santo Domingo, 25 ene.- El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional declaró este jueves en rebeldía a Rosa Antonia Disla, acusada por el Ministerio Público de servir de testaferra en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G. 

 El tribunal también ordenó el arresto de Disla y declaró el abandono de sus abogados, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público. 

 Disla es madre del coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el órgano persecutor como el cerebro financiero del supuesto entramado. 

 El supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), durante la administración de Danilo Medina. 

El TC creará manual orgánico funcional


El Tribunal Constitucional (TC) creará un manual orgánico funcional, a fin de conocer las herramientas jurisdiccionales, administrativas, orgánica y funcionamiento de esa alta corte. Durante un taller de inducción, el presidente del TC, 

Napoleón Estévez Lavandier; los jueces Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira y Amaury Reyes Torres, conocieron el funcionamiento de todas las áreas de esa entidad. 

 Durante la jornada, los nuevos magistrados tuvieron la oportunidad de conocer las herramientas que se utilizan en el TC para facilitar y apoyar su labor y mostraron sus inquietudes en los temas jurisdiccionales y administrativo. En la parte introductoria se habló sobre el reglamento jurisdiccional del TC, las comisiones operativas y sesiones del Pleno, las audiencias y las funciones de la Secretaría.

Tribunal de Samaná descarta recurso de amparo contra nueva central eléctrica para Las Galeras


EL NUEVO DIARIO, SAMANÁ.- Un juez del Distrito Judicial de Samaná, declaró inadmisible la acción de amparo presentada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), con la que se pretendía impedir la reubicación de los equipos de producción de energía de la Generadora Eléctrica de Samaná (GES), que actualmente están en el área urbana de la comunidad de Las Galeras. 

 La sentencia fue emitida por el magistrado Modesto Amarante Peña, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Samaná, el pasado día 8 de diciembre.

 La audiencia se celebró después de 3 reenvíos provocados por faltas en el procedimiento atribuibles a ISAPROMA y la decisión fue publicada el 22 de diciembre. La nueva ubicación se encuentra a unos 8 kilómetros del centro de Las Galeras, una zona sin vocación turística, en el centro de una propiedad de 50 mil metros cuadrados sin viviendas vecinas. Allí se instalan dos nuevas unidades que aportarán 2.9 Mw y también se mudarán las 3 unidades actuales que producen 3.7 Mw, para sumar 6.6 Mw. Cada equipo funcionará en módulos independientes insonorizados. 

Tribunal reserva fallo en apelación a descarga de imputados venta terrenos Los Tres Brazos, SDE


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el 20 de noviembre a las 12:00 del mediodía el fallo a un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público (MP) contra el auto de no ha lugar dictado en favor de los imputados de vender los terrenos de Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.

 El MP busca se declare apertura a juicio de fondo contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otros encartados de la venta ilegal de más de cuatro millones de metros cuadrados. 

 Este viernes los acusados concluyeron con la presentación de sus argumentos de defensa, luego que el MP finalizara la semana pasada con su sustento legal para que el juicio continúe. 

TC deja en estado de fallo impugnación Ley Recurso de Casación


El Tribunal Constitucional dejó ayer en estado de fallo 10 expedientes de acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellos de impugnación de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, promulgada el pasado 10 de enero. 

 La instancia fue conocida por el pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por su presidente, Milton Ray Guevara, en una audiencia pública celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

 El recurso fue presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), a través de los doctores Willy Melvin Castillo Morel, Díaz Alba, Héctor Corniel y Salvador Pérez, quienes objetaron tres artículos de la legislación (el 11, numeral 3; 27 y 56), por ser, según ellos, contrarios a la Constitución. 

Tribunal Constitucional ordena a PGR pagar más de seis millones de pesos


El Tribunal Constitucional (TC) ordenó mediante sentencia a la Procuraduría General de la República (PGR) el pago de RD$6,162,800.00 a favor del señor Simón Bolívar Jiménez Rijo, por concepto de indemnización por expropiación estatal irregular efectuada por vía de hecho administrativa, para la construcción del Centro Correccional y Rehabilitación de La Romana. 

 Asimismo, ordenó ordenó consignar dicha suma de dinero en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2024. 

La alta corte acogió un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Jiménez Rijo contra sentencia Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorís el veintinueve La litis con la PGR se originó con la declaración de utilidad pública que hizo el Estado con Decreto 589-10 del 23 de octubre 2010.

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