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Tribunal Constitucional establece reglas para ventilar conflictos por servicios en condominios


El Tribunal Constitucional estableció un nuevo criterio que regirá en el conocimiento de conflictos suscitados por el atraso en el pago de cuotas por mantenimientos y servicios básicos en los condominios. 

 Mediante sentencia TC/0512/25, la Alta Corte varió la posición que había mantenido para ventilar los casos donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración le suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda por esa causa. 

 El TC se aparta del criterio previo que consideraba el amparo como la vía idónea y efectiva para procurar la restitución de servicios básicos esenciales en las viviendas, cuando la discusión tenga como origen el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias de mantenimiento. “En su lugar, en lo adelante se juzgará que, en casos como el presente, donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración del condominio suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda, la vía adecuada para comprobar la legalidad de dicha suspensión es ante la Jurisdicción Inmobiliaria”. 

 Especifica que compete de ahora en adelante al el juez de los referimientos del Tribunal de Jurisdicción Original, el conocimiento “de toda medida urgente” que se deba tomar respecto del inmueble.

Tribunal definirá el 6 de agosto si el monorriel atravesará el Reparto Universitario

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago fijó para el próximo 6 de agosto el fallo definitivo sobre el recurso de amparo presentado por residentes del Reparto Universitario, quienes se oponen al trazado del Monorriel por esa zona. 

 La jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme, quien estuvo a cargo tomó la decisión luego de escuchar los argumentos de las partes involucradas, entre ellos, representantes de la Junta de Vecinos, que alegan posibles afectaciones a la comunidad. 

 El proyecto, impulsado por el gobierno, busca modernizar el transporte en la ciudad, pero enfrenta resistencia por su impacto urbanístico. La acción de amparo presentada por estos comunitarios en defensa del Arroyo Burgos y del área verde amenazados por el trazado del proyecto del monorriel que comprende desde la Estación 11 (Monumento a los Héroes de la Restauración) hasta la Estación 12 (próxima a la PCMM). 

 La acción fue interpuesta por residentes, juntas de vecinos y organizaciones sociales del sector, representados por los abogados Mito Núñez, Juan de Dios Reyes y Domingo de los Santos, quienes argumentaron que el trazado vulnera derechos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, la salud, la propiedad privada y la calidad de vida de los habitantes.

Tribunal Constitucional sepulta proyecto aeropuerto de Bávaro


SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) dominicano emitió la sentencia TC/0496/25 que desestima recursos de revisión interpuestos por el Grupo Abrisa y el consorcio Aeropuerto Internacional Bávaro (AIB), los cuales buscaban anular dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia que impiden la construcción de esa obra.

 El TC confirmó en todas sus partes las sentencias SCJ-TS-23-1451 y SCJ-TS-24-0479 emitidas por la Suprema. Con su decisión consolidó la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sepultó jurídicamente las pretensiones del consorcio AIB y puso fin, además, a una prolongada controversia legal en el sector aeronáutico dominicano. 

 Señaló, entre otras cosas, que no hay violaciones al debido proceso, al principio de imparcialidad judicial ni al derecho de defensa, como alegaba el consorcio. Asimismo, validó la Resolución 024/20 del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que declaró lesiva al interés público una comunicación previa de ese organismo, que autorizaba el inicio del proyecto.

 El decreto presidencial que respaldó el contrato también fue derogado por el Poder Ejecutivo, tras una sentencia de la SCJ que lo declaró ilegal.

Tribunal Constitucional ratifica condena de cinco años a Nelson Rizik por lavado de activos


El Tribunal Constitucional confirmó este viernes la sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada que pesa sobre Nelson Rizik Delgado, condenado a cinco años de prisión por lavado de activos.

 Rizik Delgado, procesado junto a un hermano Winston Rizik, que ya cumplió su pena de 10 años de prisión, recibió una confirmación de condena el 31 de agosto de 2023 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, instancia que lo benefició al quitarle a su expediente la calificación por narcotráfico, pero que mantuvo igual la condena a cinco años de prisión por haberse prestado a lavar activos al coimputado del proceso. 

 Una nota de prensa indica que, la sentencia del TC valida la decisión de la Suprema Corte que, a su vez, reconoce las decisiones anteriores de primera y segunda instancias, en las que a Nelson Rodríguez Rizik se le impuso una condena de 5 años de prisión suspendida y la obligación de pagar una multa ascendente a 50 salarios mínimos Asimismo, reconoce una aplicación correcta de la ley en cuanto al decomiso, a favor del Estado dominicano, de un listado de objetos mobiliarios e inmobiliarios que incluyen una finca en Rancho Cacique, de siete mil tareas, ubicada en la Comunidad Ana Santana, del municipio Sabana Grande de Boyá. 

Abogada de víctimas valora accionar del tribunal contra acusado en caso IndisArq

La representante legal de varios querellante en el caso IndisArq, Ruth Vázquez Cabral, valoró este lunes el accionar del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los acusados al decidir enviarlos a juicio de fondo para responder por los hechos que se les acusa. 

 Al ser abordada por la prensa, Cabral indicó que la audiencia que se lleva a cabo hoy corresponde a la lectura íntegra de la sentencia dictada por el tribunal. “Este tribunal fue muy sabio, en el sentido de que limitó los incidentes lo planteó y lo decidió rápido”, sostuvo la abogada. 

 El pasado 6 de mayo el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ministerio Público como parte de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios. 

 Los acusados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, junto a las compañías Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos Indiarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, deberán enfrentar juicio por la presunta violación a diversos artículos del Código Penal y del Código Tributario de la República Dominicana.

TC podrá revisar sus propias sentencias, según proyecto ley


La reforma legislativa amplía las facultades del órgano extrapoder para resolver disputas y establecer sanciones.   La reforma a la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional que trabaja el Congreso Nacional, con el fin de darle salida antes del próximo 26 de julio, introduce un nuevo título (Título III) a la legislación vigente sobre la revisión de sentencias de la propia alta corte. 

 Para el equipo técnico legislativo del Senado de la República a cargo de la revisión del proyecto de modificación a la citada ley cuyo autor es el senador Omar Fernández (FP-Distrito Nacional), esto representa un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC). 

Pero esto no es todo. En cuanto a los conflictos de competencia, la reforma legislativa amplía las facultades del órgano extrapoder para resolver disputas no solo entre poderes del Estado, sino también con entidades autónomas y municipales. De igual manera, establece sanciones para quienes incumplan los fallos, mediante medidas coercitivas como declaratorias de desacato y responsabilidades patrimoniales, asegurando de esta forma la obligatoriedad de sus resoluciones.

Tribunal ordena arresto de empresaria española por presunto fraude

Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictó orden de arresto contra la empresaria española Rosa María Montañés Ubieto, quien no compareció al juicio de fondo que se le sigue por distracción de fondos en violación a la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11. 

Según la resolución judicial número 040-2025-TRES-00023, emitida por la jueza Clara Luz Almonte Gómez, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa de Montañés Ubieto, quien había recurrido en oposición la resolución anterior que disponía su arresto. 

 De acuerdo con la acusación presentada por Corporación Iratxe, S.R.L., a través de su abogado Hotoniel Bonilla, la señora Montañés Ubieto, presuntamente en complicidad con sus hijos Javier y Rodolfo Ainsa Montañés, habría participado en un entramado societario para sustraer fondos pertenecientes a la sociedad comercial KARIBO, S.R.L., destinada a desarrollar proyectos inmobiliarios turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia. 

Tribunal de RD rechaza recusación presentada por estafados en Nueva York contra inmobiliaria IndisArq

NUEVA YORK.- Un grupo de dominicanos residentes en esta ciudad, víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa inmobiliaria IndisArq en la República Dominicana, acudió este martes a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer el recurso de apelación sobre la medida de coerción impuesta a dos de los imputados en el caso NIDO, como se conoce en la justicia la millonaria estafa. 

 Los acusados en cuestión son Mirna Catalina Rivera Ledesma, hermana del arquitecto Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa, y Juan Omar Rosario López, contador de la misma. 

 Tras una extensa audiencia, que fue interrumpida en varias ocasiones para evitar el agotamiento de los presentes, las víctimas intentaron presentar una recusación formal contra el tribunal. Sin embargo, la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional rechazó de plano la solicitud y les negó el derecho a la palabra, según denunciaron los afectados. 

TC declara inconstitucional artículos 26 y 28 Ley 268-22 de Ordenamiento Territorial facultaban MEDyP y Consejo de Ministros aprobar permisos uso de suelo


Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulos los artículos 26 y 28 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos por considerarlos “no conformes con la Constitución”. 

 Mediante la sentencia es la TC/1146/23 del 27-12-2023, el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras (Waldys Taveras), depositado el 2 de marzo de ese año. Aunque la sentencia es de diciembre del 2023, fue comunicada el 19 de febrero de 2025 a Waldys Taveras. 

 El TC en dispositivo primero establece: “PRIMERO: ADMITIR la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D., contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-2, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. Mientras que en el segundo: “DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D.,Contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. En tanto que el tercero: “DECLARAR, en cuanto al fondo, no conformes con la Constitución los referidos artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; y, en consecuencia, PRONUNCIAR la nulidad total y absoluta de dichos artículos impugnados en inconstitucionalidad”. 

Piden que presidente de la SCJ acuda en favor del tribunal jurisdicción Inmobiliaria de Moca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El abogado y comunicador de esta localidad, doctor Radhamés Rodríguez, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia -SCJ-, doctor Luis Henry Molina, prestar atención urgente al abandonado y descuidado tribunal original de jurisdicción Inmobiliaria de Moca -Tribunal de Tierras-, en el distrito judicial de Espaillat. 

 El reconocido profesional del derecho e historiador manifestó que el tribunal de tierras de Moca necesita con urgencia que se designe un juez en sustitución del incumbente actual que por jubilación está siendo sustituido de manera provisional, por una juez a quien también envían a otros pueblos. 

 Expresó que eso hace que la magistrada tenga poco tiempo por contar con muy poco tiempo para fallar los casos en ese tribunal de Espaillat, lo que ha provocado que ocurra una especie de tapón. ’’Para que la justicia en Moca, todo el distrito judicial de Espaillat y de la República Dominicana es muy importante que se hagan los correctivos necesarios y se tomen las medidas que requieren estos casos’’, significó el letrado del derecho. 

 Estableció que debe ser designado un juez lo antes posible, tras indicar que también sería muy saludable para la justicia que la sala donde opera el Tribunal de Tierras, sea instalado un aire acondicionado, ya que los ruidos que penetran por las ventanas, dificultan que se escuche bien.

Tribunal impone 18 meses de prisión preventiva y declara complejo proceso contra imputado en Operación Falcón


En la audiencia de solicitud de medidas de coerción, el fiscal litigante Pedro Martínez, detalló que el encartado, brazo operativo de alta confianza de Mosquea Polanco, desempeñaba otros roles como el de colectar y transportar sumas monetarias a favor del investigado líder 

 El juez José Rafael D' Asís de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago, acogiendo una solicitud del Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva contra un miembro de la organización criminal que la Operación Falcón, en su versión 2.0, identificó y logró capturar, tras individualizarlo y definir su importante rol en la red. Se trata de Joel Sosa Polanco (Psosa, Manteca o Panano), otro de los parientes del cabecilla y patrocinador de la estructura, el extraditable Erick Randhiel Mosquea Polanco quien, al estilo de las mafias italianas, se rodeó de un clan familiar para conformar la red y redistribuir entre ellos roles y compromisos de sus múltiples actividades ilícitas. 

El Tribunal Constitucional anula disposición que impone un arbitrio a comercios e instituciones


El Tribunal Constitucional anuló una disposición de la Alcaldía del Distrito Nacional que crea un arbitrio por el uso de parqueos públicos, concebidos como aquellos que se encuentran en instalaciones comerciales, institucionales e industriales.

 Es de criterio que la decisión expropia tácitamente todo espacio que sea destinado para parqueo dentro de una propiedad privada, cobra un arbitrio por un servicio o contraprestación que en realidad no está prestando y se atribuye la posibilidad de rentarlos a terceros sin el consentimiento de su legítimo propietario, lo que limita irrazonablemente su derecho de propiedad. 

 La Alta Corte plantea que el cabildo determinó que los parqueos que se coloquen en los límites del inmueble privado de un establecimiento comercial, institucional o industrial son públicos en la misma medida que aquellos que sean instalados por el Estado o por la Alcaldía del Distrito Nacional. En su sentencia TC/0566/24, declara no conforme con la Constitución de la República y consecuente nulidad del segundo y sexto artículo del Reglamento 1/1992, dictado por el cabildo, por transgredir el derecho de propiedad y el principio de legalidad tributaria municipal, dispuestos en los artículos 51 y 200 de la Carta Magna. 

Justicia denegada: 112 ciudadanos esperan la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional


SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el máximo garante de los derechos fundamentales y de la Constitución. Sin embargo, desde su implementación hasta la actualidad, existen 112 sentencias de este tribunal que no han sido ejecutadas, principalmente por instituciones del Gobierno, lo que supone un impacto directo en los derechos ciudadanos. 

 La falta de aplicación de estas sentencias afecta a personas que han recurrido al sistema de justicia en busca de amparo y que, pese a haber obtenido un fallo favorable del Tribunal Constitucional, aún no ven cumplidos sus reclamos, a pesar de que en muchos casos llevan más de 10 años en la búsqueda de justicia. 

 Se advierte una tendencia al incremento del incumplimiento de las sentencias, toda vez que el periódico Diario Libre en fecha del 27 de enero de 2023 reportó que unas 92 sentencias de esa alta corte no habían sido ejecutadas por autoridades del Gobierno, lo que se incrementó a 111 al 23 de noviembre de 2023, según NDigital. Aun así, el nivel de cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional ronda el 98.54%. 

Tribunal declara que la venta de terrenos en Los Tres Brazos fue irregular


El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró como irregular la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a la empresa Inversiones Fernández Parache (Infepa). 

De acuerdo con la sentencia no. 0313-2024-S-00140 del 14 de octubre de 2024, la corte anuló los títulos de propiedad que beneficiaban a Infepa sobre las parcelas número 153-A-1 y 155. Sin embargo, no hizo lo mismo con la venta de la parcela 153-A-2 para no afectar los derechos adquiridos de personas que habían comprado de buena fe los terrenos a dicha empresa.

 «El tribunal reconoció que esa venta había violado la Constitución de la República», manifestó el abogado constitucionalista Nassef Perdomo, representante del Estado, al tiempo que indicó: «El proceso continuará, ya se han recuperado dos de tres parcelas, aunque la más grande todavía no se ha logrado». «Esto va a tener consecuencias en el proceso, porque no puede quedar en manos de un particular un bien que ha sido adquirido en violación de la Constitución de la República», agregó el jurista durante una entrevista en el programa televisivo «El Día». 

Demandan al Tribunal de Tierras por fallo en caso de vivienda en Barahona

BARAHONA: Rafael Urbáez, propietario de una vivienda en el sector Pueblo Nuevo, ha solicitado al Tribunal de Tierras de Barahona que emita una sentencia en su litigio con el abogado Danilo Ferreras Alcántara, ex esposo de una de sus hijas. 

Acompañado por sus hijos, incluido Ytalo Fioruchi Urbáez, Rafael Urbáez denunció que la resolución del caso ha sido demorada desde marzo de este año. La propiedad en disputa fue donada a Urbáez por la Iglesia Católica a través de la Fundación de Apoyo al Suroeste (Fundasur), una organización para la cual él trabajó durante muchos años. 

Urbáez explicó que, tras el paso del huracán David en 1979, Fundasur le construyó la vivienda en Pueblo Nuevo, donde crió a parte de sus hijos. Debido a razones laborales, tuvo que mudarse a Santo Domingo, dejando la casa bajo el cuidado de su hija y su yerno, Ferreras Alcántara. Tras la muerte de su hija, Ferreras Alcántara se ha negado a devolver la propiedad. 

Tribunal ordena demolición de edificio construido sin columnas en Herrera


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un edificio de al menos cuatro pisos construido sin columnas en el sector El Café de Herrera, será demolido luego de que la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo determinara que representa un peligro para las personas del citado lugar. 

 El tribunal consideró que la construcción del edificio, conocido como Edificio Albania Rodríguez, no tiene planos aprobados ni licencias de construcción exigidas por la ley. Mientras que lo informes técnicos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), revelaron graves deficiencias en la construcción, lo que aumenta la probabilidad de un colapso catastrófico. 

 De acuerdo a las informaciones obtenidas por “RC Noticias”, la demolición fue ordenada en la sentencia número 551-2024-SSEN-00540, que fue dictada en el marco de una acción constitucional de amparo presentada por el señor Luis José Olivares Ciriaco y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), contra la propietaria del inmueble, Santa Maura Rosario Pérez. 

 La parte demandada argumentó que la propietaria estaba dispuesta a realizar las mejoras necesarias al edificio, pero el tribunal decidió que la demolición era la única medida adecuada para salvaguardar vidas.

Familia Cedeño clama justicia ante el Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorí

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Diversas personas acuden nuevamente a la justicia en el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria en San Pedro de Macorís, con la finalidad de conseguir que los jueces que conocen su caso validen su presunto derecho en contra de un grupo de empresarios del sector construcción que también alegan ser los propietarios de cientos de miles de metros de terrenos en el municipio Guayacanes. 

 Una nota de prensa detalló que los Cedeño argumentan que son los legítimos dueños de más de 21 mil tareas en el municipio Guayacanes, además de tener tierras en el distrito municipal de La Caleta, y que «no permitirán que un grupo de oligarcas les quite su herencia, que con muchos esfuerzos sus antepasados les dejaron». 

 De igual manera, los litigantes informaron que no se oponen al desarrollo de la comunidad de Guayacanes, y que todo el que desee invertir en el área es bienvenido, pero de manera legal, comprando los metros de terreno al precio del mercado actual. 

El Tribunal Supremo de Brasil sepultó la Operación Lava Jato y crece el riesgo de aumento de la corrupción


¿Quién mató el Lava Jato? Ha sido la pregunta mantra esta semana en la que la operación anticorrupción más famosa de la historia de Brasil fue definitivamente enterrada. El martes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli anuló todas las sentencias anteriores del 13º Juzgado Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht, el empresario de la constructora homónima (hoy Novonor) que acabó en el centro de un escándalo de corrupción que afectó no sólo a Brasil, sino también a otros países latinoamericanos. 

 Por si fuera poco, Toffoli también ordenó el fin de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht. Según el magistrado en el proceso realizado por los jueces de Curitiba que en 2014 con la operación Lava Jato destaparon la caja de Pandora de la corrupción en Brasil, habría surgido arbitrariedad en su conducción, falta de respeto al debido proceso, parcialidad y actuaciones fuera del ámbito de competencia.

 “Teniendo en cuenta el contenido de los frecuentes diálogos entre el juez y el fiscal, tanto sobre Marcelo Odebrecht como sobre las empresas que presidía, es evidente la mezcla de la función de acusación con la de juzgamiento, lo que corroe los fundamentos del proceso penal democrático”, reza la sentencia del STF. 

Tribunal se reserva fallo contra arrendamiento del Teatro Agua y Luz


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) se reservó este martes el fallo sobre el recurso contencioso interpuesto por la empresa consultora Astur SRA contra la anulación del contrato por 25 años del Teatro Agua y Luz de Santo Domingo. 

 En noviembre 2020, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló una licitación que se había entregado la remodelación del Teatro Agua y Luz a una empresa representada por Alan Omar Vargas García, hijo de Miguel Vargas Maldonado. Carlos Pimentel, director de la DGCP, en el año 2020, explicó que “analizamos toda la documentación, toda la papelería, nos dimos cuenta que más que un alquiler se trata de un proceso que viola todos los principios de la Ley 340-06, y por esto fue anulada esta licitación”. 

 Pimentel reiteró, mediante un tuit, que el Teatro Agua y Luz es considerado un patrimonio cultural e histórico del país. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de la sentencia SCJ-TS-24-0250, revocó la resolución RIC-96-2020, emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones que anula la concesión del edificio a la referida institución. 

 Con esta decisión, la Suprema Corte devolvió el caso al TSA para que lo conozca otra sala. El Teatro Agua y Luz, anteriormente Angelita Trujillo, en honor a la hija del dictador Rafael Leónidas Trujillo, fue construido en 1955 en plena inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (hoy Centro de los Héroes), en donde se construyeron una serie de edificios, teatros y hoteles.

Tribunal ordena al CEA detener desalojos en municipios de Puerto Plata


La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Puerto Plata ordenó al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) detener los desalojos en las localidades Juan Martínez, Llano de Pérez, el municipio Imbert y otras zonas de Puerto Plata. 

 La decisión del tribunal fue emitida tras acoger una acción de amparo preventivo, luego de que funcionarios de la institución pretendían sacar algunas familias en Llano de Pérez, alegando que invadían terrenos del Estado dominicano. 

 En la instancia se prohíbe a los representantes del CEA, Henry Fontanilla y Félix Cabrera, desalojar a los accionantes y cualquier otra persona que habite en la comunidad en cuestión, sin antes agotar las vías procesales de lugar con el abogado del Estado, como establece la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. 

 La decisión de fecha de 9 de mayo de 2024 está firmada por los magistrados Nassín Eduardo Ovalles, juez presidente, y Carmen Martínez Durán, secretaria general de Centro de Servicios Secretariales de la Jurisdicción Civil de Puerto Plata. El recurso contra la Dirección local del CEA fue sometido por los abogados Manuel Danilo Reyes y Janel Tavárez, en representación de los afectados.

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