Tribunal ordena paralizar la exploración minera en la Cordillera Septentrional

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de este distrito judicial emitió una sentencia que ordena la paralización inmediata de todos los trabajos de exploración minera en el proyecto "Cobre el Hoyazo II", ubicado en la Cordillera Septentrional. 

 El fallo, correspondiente a la Sentencia Civil Núm. 0514-2026-SSEN-00026, acoge de manera total la acción de amparo interpuesta por el ciudadano y profesional del derecho Winston Vásquez Valera, en contra de la empresa Vertrixi Holding SRL, conocida también como Vertrixi Holdin SRL, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 "La sentencia 0514-2026-SSEN-00026 paraliza en todas sus partes la operación de la empresa Vertrixi Holding SRL y el proyecto de Azuay sobre la exploración de dicha cordillera... Hubo documentos, testimonios, pero sobre todo la posición de dicho Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos dos cosas hicieron importantísimas: un documento donde puntualizaban que dicha empresa no tiene ni permiso, ni licencia, ni estudios", explica el licenciado Vásquez Valera.

Tribunal ordena retorno de familias desalojadas de Metro Country Club y prohíbe nuevas medidas de desalojo

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO MACORÍS.- La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís ordenó la reincorporación inmediata de los residentes desalojados de Metro Country Club y dispuso que no se ejecuten nuevas medidas de desalojo relacionadas con los inmuebles en disputa mientras el proceso continúe en los tribunales. 

 La decisión fue emitida tras acoger una acción en referimiento presentada por los propietarios afectados por los desalojos realizados la semana pasada en el complejo residencial.

 Según la ordenanza judicial, el Ministerio Público deberá abstenerse de tramitar, autorizar o ejecutar nuevas solicitudes de desalojo vinculadas al conflicto hasta que exista una decisión definitiva sobre el caso. 

 De acuerdo con el expediente, las actuaciones de desalojo fueron ejecutadas a requerimiento de Suheil Atalah en medio de una controversia relacionada con una presunta duplicidad registral sobre los terrenos objeto de litigio.

 El abogado Yurosky Mazara, representante legal de Metro Country Club y de los propietarios afectados valoró la decisión como una garantía para los derechos de las familias impactadas. “La decisión devuelve la tranquilidad y la seguridad jurídica a varias familias que vieron vulnerados sus derechos. Nadie debe ser privado de su hogar sin haber tenido la oportunidad de ser escuchado debidamente en justicia”, expresó. 

Imputados en caso de presunto desfalco al Estado concluyen debates y esperan fallo del tribunal

Santo Domingo.- Los debates judiciales del caso que involucra a 48 imputados concluyeron este jueves pasadas las 4:30 de la tarde, momento en el que el tribunal dio por finalizada la fase de discusión y pasó a deliberar la decisión final, que será anunciada el próximo 15 de junio. Imputados toman la palabra ante el tribunal Previo al cierre de los debates, varios de los acusados hicieron uso de la palabra. 

El primero fue el exdirector del CUSEP, el mayor general Adán Cáceres, quien defendió su gestión y cuestionó las acusaciones en su contra. “Cinco años después no sé con quién me he complotado para subvertir alguna ley de la República Dominicana… ¿hay algún testigo? ¿algún video? ¿alguna fotografía?”, expresó Cáceres durante su intervención ante el tribunal.

 También intervinieron Jesús Camilo de los Santos Viola, Juan Hernández Reyes Batista, José Manuel Rosario, Taner Flete y Rosy Guzmán, quien se mostró visiblemente afectada y no pudo contener las lágrimas al escuchar la intervención de su hijo en audiencia. 

Tribunal Constitucional obliga uso de plataformas digitales en tribunales del DN

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ordenó el uso obligatorio de medios y plataformas digitales en los tribunales ubicados en el Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, tras rechazar una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el ordinal primero de la Resolución núm. 21-2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. 

 Esta decisión está establecida en la Sentencia TC/0180/26, de fecha 13 de abril de dos mil veintiséis (2026). Ese alto tribunal destacó que la resolución no surge del arbitrio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino del ejercicio de una facultad legal expresa, específica y de naturaleza extraordinaria, reconocida en dos normativas: la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y la ley que regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. Esta última norma faculta al Pleno de la SCJ para establecer los aspectos referidos al uso de los canales virtuales y los servicios judiciales, así lo puntualizó el Tribunal Constitucional en la decisión. 

 Asimismo, dicha ley habilita de manera específica al Pleno para disponer, mediante resolución motivada, el uso obligatorio de medios digitales en situaciones de causa mayor que impidan mantener la operatividad del servicio de administración de justicia presencial. 

Tribunal Constitucional ordena detener “bloqueo irregular” de productos financieros en RD

Las instituciones de intermediación financiera ya no podrán bloquear de manera irregular o fuera de ley los productos financieros de sus clientes. Así lo establece la Sentencia TC/0952/25 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC), que ordenó el levantamiento inmediato de cualquier restricción, bloqueo o inmovilización de todos los fondos o productos financieros pertenecientes al ciudadano Nelson Odalis Soriano, quien presentó un recurso de amparo hace cuatro años porque sus cuentas habían sido bloqueadas desde 2019 sin sustento legal. 

 Esta decisión del TC sienta un precedente legal o jurisprudencia para la protección de los usuarios financieros en el país, al reafirmar que las instituciones bancarias y los órganos reguladores no pueden inmovilizar bienes de los ciudadanos de manera indefinida, basándose en trámites administrativos o sospechas de lavado de activos que no hayan sido validadas por la autoridad judicial competente. 

 La alta corte determinó que la entidad bancaria, en este caso el Banco de Reservas, junto con la Superintendencia de Bancos (SB), actuó de manera “manifiestamente arbitraria” al mantener congelados los fondos de este usuario desde agosto de 2020, sin que existiera una orden judicial que avalara la medida. 

Empresario de la construcción califica de «improcedente» fallo emitido en su contra por el Tribunal de Trabajo

SANTO DOMINGO.- El ingeniero Leonel Simo cuestionó ayer el fallo emitido por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que condenó a Constructora SimoPérez SRL al pago de prestaciones laborales a favor de uno de sus subcontratistas. 

 El empresario calificó como improcedente la resolución dictada el 21 de noviembre del presente año, tras considerar que el tribunal no tomó en cuenta contratos notarizados y documentos que según afirmó demostraban que el trabajador no tenía vínculo laboral directo con su empresa. “Estos contratistas formalizaron a través de escrito notarizado sus contratos”, dijo. 

 Aseguró en una entrevista para El Inmobiliario, que las decisiones fueron emitidas “a favor de trabajadores de contratistas y en contra nuestro solamente, el caso correspondía a un contrato por obra determinada y no a una relación laboral indefinida”. 

 El beneficiario de la sentencia es Elius Dorcilus, quien interpuso el recurso de apelación que dio lugar al proceso y a quien la corte reconoció derechos laborales que, según el empresario, no correspondían por tratarse de un trabajador subcontratado. 

Tribunal de San Pedro de Macorís anula aumento abusivo de cuota de mantenimiento en Guavaberry Golf & Country Club

Las salas Primera y Segunda de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís declararon nula la resolución emitida el 19 de agosto de 2022 por Guavaberry Golf & Country Club, mediante la cual se impuso un aumento en las cuotas de mantenimiento a los dueños de viviendas y solares del complejo turístico. 

 La Primera Sala, mediante la Sentencia Civil Núm. 339-2025-SSEN-00457, de fecha 30 de julio de 2025, y la Segunda Sala, a través de la Sentencia Civil Núm. 1495-2025-SSEN-00300, dictada el 28 de mayo del mismo año, coincidieron en que la decisión de la administración del complejo violó los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 5038 sobre Régimen de Condominio, al no convocar debidamente a los propietarios para discutir y aprobar el incremento de las cuotas. 

La acción judicial fue interpuesta por propietarios, representados por los abogados Manuel Olivero Rodríguez y Fernando Gutiérrez Figuereo, quienes reclamaron la nulidad del aumento por considerarlo arbitrario e ilegal. 

Tribunal ordena al CDP entregar tercer piso a Escuela Turística del Caribe, tras fallo judicial

Un tribunal civil ordenó al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) entregar el tercer nivel de su sede a la Escuela Turística del Caribe, al reconocerla como legítima inquilina del espacio, lo que ha generado una nueva controversia en el gremio periodístico. 

 La sentencia fue ejecutada por el alguacil del Tribunal de Ejecución de la Sanción en favor de Marvin Soriano y la referida escuela, la cual fue desalojada en 2014 del inmueble ubicado en el Distrito Nacional. 

 El presidente electo del CDP, Luis Pérez, expresó su rechazo a la decisión judicial, aunque respeta la sentencia, y lamentó que se haya despojado a la institución de un espacio que considera patrimonio colectivo del gremio. “Lamentablemente estamos confrontando un problema, de un posicionamiento de un inquilino a quien le alquilaron y luego se creó un conflicto con ellos. No le cumplieron una serie de requerimientos que, según establece el contrato, formó parte del arrendamiento”, explicó Pérez.

 El dirigente gremial insistió en que el CDP no pertenece a una sola persona, sino que es una institución representativa de un conglomerado de hombres y mujeres dedicados al periodismo, por lo que este tipo de decisiones afectan directamente al ejercicio del colectivo.

Fuente:https://n.com.do/2025/09/30/tribunal-despoja-cdp-tercer-piso-escuela-turistica/

Tribunal Constitucional establece reglas para ventilar conflictos por servicios en condominios

El Tribunal Constitucional estableció un nuevo criterio que regirá en el conocimiento de conflictos suscitados por el atraso en el pago de cuotas por mantenimientos y servicios básicos en los condominios. 

 Mediante sentencia TC/0512/25, la Alta Corte varió la posición que había mantenido para ventilar los casos donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración le suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda por esa causa. 

 El TC se aparta del criterio previo que consideraba el amparo como la vía idónea y efectiva para procurar la restitución de servicios básicos esenciales en las viviendas, cuando la discusión tenga como origen el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias de mantenimiento. “En su lugar, en lo adelante se juzgará que, en casos como el presente, donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración del condominio suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda, la vía adecuada para comprobar la legalidad de dicha suspensión es ante la Jurisdicción Inmobiliaria”. 

 Especifica que compete de ahora en adelante al el juez de los referimientos del Tribunal de Jurisdicción Original, el conocimiento “de toda medida urgente” que se deba tomar respecto del inmueble.

Tribunal definirá el 6 de agosto si el monorriel atravesará el Reparto Universitario

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago fijó para el próximo 6 de agosto el fallo definitivo sobre el recurso de amparo presentado por residentes del Reparto Universitario, quienes se oponen al trazado del Monorriel por esa zona. 

 La jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme, quien estuvo a cargo tomó la decisión luego de escuchar los argumentos de las partes involucradas, entre ellos, representantes de la Junta de Vecinos, que alegan posibles afectaciones a la comunidad. 

 El proyecto, impulsado por el gobierno, busca modernizar el transporte en la ciudad, pero enfrenta resistencia por su impacto urbanístico. La acción de amparo presentada por estos comunitarios en defensa del Arroyo Burgos y del área verde amenazados por el trazado del proyecto del monorriel que comprende desde la Estación 11 (Monumento a los Héroes de la Restauración) hasta la Estación 12 (próxima a la PCMM). 

 La acción fue interpuesta por residentes, juntas de vecinos y organizaciones sociales del sector, representados por los abogados Mito Núñez, Juan de Dios Reyes y Domingo de los Santos, quienes argumentaron que el trazado vulnera derechos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, la salud, la propiedad privada y la calidad de vida de los habitantes.

Tribunal Constitucional sepulta proyecto aeropuerto de Bávaro

SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) dominicano emitió la sentencia TC/0496/25 que desestima recursos de revisión interpuestos por el Grupo Abrisa y el consorcio Aeropuerto Internacional Bávaro (AIB), los cuales buscaban anular dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia que impiden la construcción de esa obra.

 El TC confirmó en todas sus partes las sentencias SCJ-TS-23-1451 y SCJ-TS-24-0479 emitidas por la Suprema. Con su decisión consolidó la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sepultó jurídicamente las pretensiones del consorcio AIB y puso fin, además, a una prolongada controversia legal en el sector aeronáutico dominicano. 

 Señaló, entre otras cosas, que no hay violaciones al debido proceso, al principio de imparcialidad judicial ni al derecho de defensa, como alegaba el consorcio. Asimismo, validó la Resolución 024/20 del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que declaró lesiva al interés público una comunicación previa de ese organismo, que autorizaba el inicio del proyecto.

 El decreto presidencial que respaldó el contrato también fue derogado por el Poder Ejecutivo, tras una sentencia de la SCJ que lo declaró ilegal.

Fuente: https://almomento.net/tribunal-constitucional-sepulta-proyecto-aeropuerto-de-bavaro/

Tribunal Constitucional ratifica condena de cinco años a Nelson Rizik por lavado de activos

El Tribunal Constitucional confirmó este viernes la sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada que pesa sobre Nelson Rizik Delgado, condenado a cinco años de prisión por lavado de activos.

 Rizik Delgado, procesado junto a un hermano Winston Rizik, que ya cumplió su pena de 10 años de prisión, recibió una confirmación de condena el 31 de agosto de 2023 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, instancia que lo benefició al quitarle a su expediente la calificación por narcotráfico, pero que mantuvo igual la condena a cinco años de prisión por haberse prestado a lavar activos al coimputado del proceso. 

 Una nota de prensa indica que, la sentencia del TC valida la decisión de la Suprema Corte que, a su vez, reconoce las decisiones anteriores de primera y segunda instancias, en las que a Nelson Rodríguez Rizik se le impuso una condena de 5 años de prisión suspendida y la obligación de pagar una multa ascendente a 50 salarios mínimos Asimismo, reconoce una aplicación correcta de la ley en cuanto al decomiso, a favor del Estado dominicano, de un listado de objetos mobiliarios e inmobiliarios que incluyen una finca en Rancho Cacique, de siete mil tareas, ubicada en la Comunidad Ana Santana, del municipio Sabana Grande de Boyá. 

Abogada de víctimas valora accionar del tribunal contra acusado en caso IndisArq

La representante legal de varios querellante en el caso IndisArq, Ruth Vázquez Cabral, valoró este lunes el accionar del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los acusados al decidir enviarlos a juicio de fondo para responder por los hechos que se les acusa. 

 Al ser abordada por la prensa, Cabral indicó que la audiencia que se lleva a cabo hoy corresponde a la lectura íntegra de la sentencia dictada por el tribunal. “Este tribunal fue muy sabio, en el sentido de que limitó los incidentes lo planteó y lo decidió rápido”, sostuvo la abogada. 

 El pasado 6 de mayo el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ministerio Público como parte de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios. 

 Los acusados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, junto a las compañías Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos Indiarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, deberán enfrentar juicio por la presunta violación a diversos artículos del Código Penal y del Código Tributario de la República Dominicana.

Fuente:https://n.com.do/2025/06/09/abogada-de-victimas-valora-accionar-del-tribunal-contra-acusado-en-caso-indisarq/

TC podrá revisar sus propias sentencias, según proyecto ley

La reforma legislativa amplía las facultades del órgano extrapoder para resolver disputas y establecer sanciones.   La reforma a la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional que trabaja el Congreso Nacional, con el fin de darle salida antes del próximo 26 de julio, introduce un nuevo título (Título III) a la legislación vigente sobre la revisión de sentencias de la propia alta corte. 

 Para el equipo técnico legislativo del Senado de la República a cargo de la revisión del proyecto de modificación a la citada ley cuyo autor es el senador Omar Fernández (FP-Distrito Nacional), esto representa un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC). 

Pero esto no es todo. En cuanto a los conflictos de competencia, la reforma legislativa amplía las facultades del órgano extrapoder para resolver disputas no solo entre poderes del Estado, sino también con entidades autónomas y municipales. De igual manera, establece sanciones para quienes incumplan los fallos, mediante medidas coercitivas como declaratorias de desacato y responsabilidades patrimoniales, asegurando de esta forma la obligatoriedad de sus resoluciones.

Tribunal ordena arresto de empresaria española por presunto fraude

Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictó orden de arresto contra la empresaria española Rosa María Montañés Ubieto, quien no compareció al juicio de fondo que se le sigue por distracción de fondos en violación a la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11. 

Según la resolución judicial número 040-2025-TRES-00023, emitida por la jueza Clara Luz Almonte Gómez, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa de Montañés Ubieto, quien había recurrido en oposición la resolución anterior que disponía su arresto. 

 De acuerdo con la acusación presentada por Corporación Iratxe, S.R.L., a través de su abogado Hotoniel Bonilla, la señora Montañés Ubieto, presuntamente en complicidad con sus hijos Javier y Rodolfo Ainsa Montañés, habría participado en un entramado societario para sustraer fondos pertenecientes a la sociedad comercial KARIBO, S.R.L., destinada a desarrollar proyectos inmobiliarios turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia. 

Tribunal de RD rechaza recusación presentada por estafados en Nueva York contra inmobiliaria IndisArq

NUEVA YORK.- Un grupo de dominicanos residentes en esta ciudad, víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa inmobiliaria IndisArq en la República Dominicana, acudió este martes a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer el recurso de apelación sobre la medida de coerción impuesta a dos de los imputados en el caso NIDO, como se conoce en la justicia la millonaria estafa. 

 Los acusados en cuestión son Mirna Catalina Rivera Ledesma, hermana del arquitecto Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa, y Juan Omar Rosario López, contador de la misma. 

 Tras una extensa audiencia, que fue interrumpida en varias ocasiones para evitar el agotamiento de los presentes, las víctimas intentaron presentar una recusación formal contra el tribunal. Sin embargo, la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional rechazó de plano la solicitud y les negó el derecho a la palabra, según denunciaron los afectados. 

TC declara inconstitucional artículos 26 y 28 Ley 268-22 de Ordenamiento Territorial facultaban MEDyP y Consejo de Ministros aprobar permisos uso de suelo

Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulos los artículos 26 y 28 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos por considerarlos “no conformes con la Constitución”. 

 Mediante la sentencia es la TC/1146/23 del 27-12-2023, el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras (Waldys Taveras), depositado el 2 de marzo de ese año. Aunque la sentencia es de diciembre del 2023, fue comunicada el 19 de febrero de 2025 a Waldys Taveras. 

 El TC en dispositivo primero establece: “PRIMERO: ADMITIR la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D., contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-2, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. Mientras que en el segundo: “DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D.,Contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. En tanto que el tercero: “DECLARAR, en cuanto al fondo, no conformes con la Constitución los referidos artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; y, en consecuencia, PRONUNCIAR la nulidad total y absoluta de dichos artículos impugnados en inconstitucionalidad”. 

Piden que presidente de la SCJ acuda en favor del tribunal jurisdicción Inmobiliaria de Moca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El abogado y comunicador de esta localidad, doctor Radhamés Rodríguez, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia -SCJ-, doctor Luis Henry Molina, prestar atención urgente al abandonado y descuidado tribunal original de jurisdicción Inmobiliaria de Moca -Tribunal de Tierras-, en el distrito judicial de Espaillat. 

 El reconocido profesional del derecho e historiador manifestó que el tribunal de tierras de Moca necesita con urgencia que se designe un juez en sustitución del incumbente actual que por jubilación está siendo sustituido de manera provisional, por una juez a quien también envían a otros pueblos. 

 Expresó que eso hace que la magistrada tenga poco tiempo por contar con muy poco tiempo para fallar los casos en ese tribunal de Espaillat, lo que ha provocado que ocurra una especie de tapón. ’’Para que la justicia en Moca, todo el distrito judicial de Espaillat y de la República Dominicana es muy importante que se hagan los correctivos necesarios y se tomen las medidas que requieren estos casos’’, significó el letrado del derecho. 

 Estableció que debe ser designado un juez lo antes posible, tras indicar que también sería muy saludable para la justicia que la sala donde opera el Tribunal de Tierras, sea instalado un aire acondicionado, ya que los ruidos que penetran por las ventanas, dificultan que se escuche bien.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/piden-que-presidente-de-la-scj-acuda-en-favor-del-tribunal-jurisdiccion-inmobiliaria-de-moca/

Tribunal impone 18 meses de prisión preventiva y declara complejo proceso contra imputado en Operación Falcón

En la audiencia de solicitud de medidas de coerción, el fiscal litigante Pedro Martínez, detalló que el encartado, brazo operativo de alta confianza de Mosquea Polanco, desempeñaba otros roles como el de colectar y transportar sumas monetarias a favor del investigado líder 

 El juez José Rafael D' Asís de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago, acogiendo una solicitud del Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva contra un miembro de la organización criminal que la Operación Falcón, en su versión 2.0, identificó y logró capturar, tras individualizarlo y definir su importante rol en la red. Se trata de Joel Sosa Polanco (Psosa, Manteca o Panano), otro de los parientes del cabecilla y patrocinador de la estructura, el extraditable Erick Randhiel Mosquea Polanco quien, al estilo de las mafias italianas, se rodeó de un clan familiar para conformar la red y redistribuir entre ellos roles y compromisos de sus múltiples actividades ilícitas. 

El Tribunal Constitucional anula disposición que impone un arbitrio a comercios e instituciones

El Tribunal Constitucional anuló una disposición de la Alcaldía del Distrito Nacional que crea un arbitrio por el uso de parqueos públicos, concebidos como aquellos que se encuentran en instalaciones comerciales, institucionales e industriales.

 Es de criterio que la decisión expropia tácitamente todo espacio que sea destinado para parqueo dentro de una propiedad privada, cobra un arbitrio por un servicio o contraprestación que en realidad no está prestando y se atribuye la posibilidad de rentarlos a terceros sin el consentimiento de su legítimo propietario, lo que limita irrazonablemente su derecho de propiedad. 

 La Alta Corte plantea que el cabildo determinó que los parqueos que se coloquen en los límites del inmueble privado de un establecimiento comercial, institucional o industrial son públicos en la misma medida que aquellos que sean instalados por el Estado o por la Alcaldía del Distrito Nacional. En su sentencia TC/0566/24, declara no conforme con la Constitución de la República y consecuente nulidad del segundo y sexto artículo del Reglamento 1/1992, dictado por el cabildo, por transgredir el derecho de propiedad y el principio de legalidad tributaria municipal, dispuestos en los artículos 51 y 200 de la Carta Magna.