Justicia denegada: 112 ciudadanos esperan la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el máximo garante de los derechos fundamentales y de la Constitución. Sin embargo, desde su implementación hasta la actualidad, existen 112 sentencias de este tribunal que no han sido ejecutadas, principalmente por instituciones del Gobierno, lo que supone un impacto directo en los derechos ciudadanos. 

 La falta de aplicación de estas sentencias afecta a personas que han recurrido al sistema de justicia en busca de amparo y que, pese a haber obtenido un fallo favorable del Tribunal Constitucional, aún no ven cumplidos sus reclamos, a pesar de que en muchos casos llevan más de 10 años en la búsqueda de justicia. 

 Se advierte una tendencia al incremento del incumplimiento de las sentencias, toda vez que el periódico Diario Libre en fecha del 27 de enero de 2023 reportó que unas 92 sentencias de esa alta corte no habían sido ejecutadas por autoridades del Gobierno, lo que se incrementó a 111 al 23 de noviembre de 2023, según NDigital. Aun así, el nivel de cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional ronda el 98.54%. 

Defensores derechos humanos solicitan ejecutar sentencias en favor de Antonio Carbone

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y del Frente Amplio de Luchas Populares (Falpo), depositaron una solicitud formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), exigiendo la ejecución de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a favor del empresario canadiense Antonio Carbone. 

 El portavoz de las organizaciones, Diógenes Ozuna, vestido de negro y llevando una cruz de madera, declaró frente a una manifestación masiva ante PGR que en el país debe despertarse el Estado de derecho. 

 Según detalla una nota informativa, “ya es tiempo que se cumpla la resolución TC-0367-21 del TC, que revocó una sentencia anterior que avalaba el despojo de sus propiedades, que incluyen 1,500 bancas de apuestas deportivas y de lotería, así como 13 casinos adquiridos de forma legal tras una gran inversión”. “Instamos a la procuradora Miriam Germán, a que antes de concluir su mandato haga justicia en el caso Carbone”, manifestó Ozuna.