Yván Lorenzo califica como «fraude procesal» informes de auditoría en caso Calamar

Santo Domingo, RD.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, cuestionó este jueves la validez del informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público en el proceso judicial del caso Calamar, al asegurar que dicho organismo no existía legalmente al momento en que se realizaron las investigaciones. 

 Lorenzo explicó que la Unidad Antifraude fue creada mediante el Decreto 382-25, emitido el 14 de julio de 2025, varios años después de la elaboración de los informes que sustentan la acusación, por lo que —a su juicio— estos carecen de fundamento jurídico.

 “Estamos ante un fraude procesal”, afirmó el dirigente político. 

 El vicepresidente del PLD también sostuvo que la acusación fue depositada un día antes de las elecciones, lo que, según dijo, evidencia una intención política detrás del

FP exige auditoría a Medio Ambiente por presuntas irregularidades en permisos ambientales

SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) acusó hoy al Ministerio de Medio Ambiente de aprobar 6,000 licencias ambientales en un plazo de 11 meses y exigió que estas sean auditadas por la Cámara de Cuentas. 

Señaló que el propio ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, ha ofrecido dicha cifra, pero que, al mismo tiempo, ha mostrado desconocimiento debido a los datos inexactos que ha presentado. “No quisiéramos pensar que ese astronómico número de licencias ambientales esté asociado con los rumores que circulan, indicando que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el reglamento de autorizaciones ambientales y que en el ministerio existe un mercado para la venta de permisos ambientales”, expuso la FP. 

 En rueda de prensa, Paíno Abreu, secretario de Medio Ambiente de la FP, manifestó que esa cartera no tiene claro su propósito de gestión, tras señalar que la cantidad de licencias otorgadas no refleja nada acerca del tipo de desarrollo ni de la sostenibilidad ambiental de los proyectos aprobados.

 Para la organización política, que preside el expresidente Leonel Fernández, otro gran error del Gobierno ha sido priorizar el monto de las recaudaciones por multas administrativas a causa de delitos y violaciones ambientales, por encima de la prevención. “Tal situación podría indicar la ineficacia del proceso de evaluación de los indicadores de calidad ambiental, necesarios para prevenir la contaminación del agua, el aire y los suelos, así como para proteger la salud de los ecosistemas y las especies de flora y fauna en estado de amenaza”, expuso la entidad. 

Expresidente del Codia llama a realizar “auditoría forense” a obras reactivadas bajo antigua ley

SANTO DOMINGO.-El expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, indicó ayer que las obras que han sido activadas y se encuentren amparadas en la ley 105-67, cuyos costos se han elevado con respecto al contrato original, deben ser auditadas.

 “Las obras paralizadas deben ser rescindidas y, las que sean necesarias, hacer levantamiento y presupuesto de terminación real y licitarlas. Las que fueron activadas, es necesario hacerles auditoria forense para determinar las causas de su incremento excesivo del monto original”, comunicó a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). 

 En un hilo de la red social, mostró su apoyo ante la decisión que habría tomado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, de no activar las obras contratadas bajo esta ley, que somete a concurso la adjudicación de todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$10,000. “Felicito al ministro del MOPC, ingeniero Eduardo Estrella, por su extraordinaria medida de no activar obras contratadas con la ley 105-67, del 17 marzo 1967. Estas obras paralizadas por largos años, y activadas, elevaron sus costos exageradamente, en detrimento de la transparencia”, indicó públicamente.

Pagos no justificados: faltas se ven en auditoría a MEM

Pagos no justificados, diferencias en activos, compra de combustibles sin evidencia de los beneficiarios, terrenos sin títulos, salarios fuera de la escala establecida, son partes de las faltas detectadas por la Contraloría General de la República en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en el período entre septiembre de 2020 hasta abril de 2021.

 Los auditores determinaron una diferencia por RD$1,510,849.48 entre el mayor general y el auxiliar de activos fijos, así como falta de certificación de impuestos de proveedores, por pagos ascendentes aRD$548,162.65, realizados por la entidad. 

 En cuanto al combustible comprado sin evidencias de beneficiarios el monto fue RD$146,848.60. También se determinó asignación a personas no autorizadas por RD$30,000. Entre los pagos sin previa no justificación, la auditoría cita uno por RD$11,695,380.00, para arbitraje a una firma de abogados por demanda de la minera Envirogold. Con relación a los terrenos se determinó que 203 de los 340 que posee la entidad no tenían título y falta de registro en contabilidad. 

Auditoría | El ITLA está en terrenos no registrados a su nombre

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) está ubicado en terrenos que no están a su nombre y solo una pequeña porción de éstos corresponde al Estado dominicano, determinó una auditoría a la institución realizada por la Contraloría General de la República. 

 De acuerdo al informe preliminar de la auditoría, ejecutada entre el 17 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, las instalaciones del ITLA están en un área de 70,007.97 metros cuadrados que tienen un valor de RD$109,982,884.00 correspondientes a las parcelas 479-E-1-REF-B-2 y 479-E-1-REF-B-1-RE-28-BIS.

 La entidad está ubicada en el distrito municipal La Caleta, en el municipio Boca Chica de la provincia Santo Domingo. 

Auditoría detecta sobreprecios por cientos de millones en viviendas y terrenos expropiados para construir el Metro, en gestión de Diandino Peña

Diandino Peña construyó la línea B1 del Metro de Santo Domingo en los gobiernos últimos de Leonel Fernández (2004-2012) y la B2 en la administración de Danilo Medina (2012-2020), pero ahora una auditoría de la Cámara de Cuentas detectó todo tipo de irregularidades financieras por más de RD$30 mil millones de pesos, caso que es investigado por la PEPCA.

 CORRUPCIÓN Auditoría detecta sobreprecios por cientos de millones en viviendas y terrenos expropiados para construir el Metro, en gestión de Diandino Peña Diandino Peña construyó la línea B1 del Metro de Santo Domingo en los gobiernos últimos de Leonel Fernández (2004-2012) y la B2 en la administración de Danilo Medina (2012-2020), pero ahora una auditoría de la Cámara de Cuentas detectó todo tipo de irregularidades financieras por más de RD$30 mil millones de pesos, caso que es investigado por la PEPCA. 

La Oficina de Reordenamiento del Transporte (Opret) sobrevaloró costos de viviendas y terrenos expropiados que envolvieron un monto de RD$ 775.5 millones en el proceso de desalojo para la construcción de la línea 2-B del Metro de Santo Domingo, que afectó fondos públicos por RD$ más 106. 3 millones, según documenta la auditoría de la Cámara de Cuentas que examinó el periodo 2013-2017 de la gestión de Diandino Peña. 

Auditoría a Opret pago por desalojos sin indemnización y la explicación sobre la informalidad

Al menos 429 ciudadanos en República Dominicana recibieron pagos ascendentes a RD$27,551,733 por concepto de desalojos y traslado a otros lugares, tras la construcción de la línea 2-b del Metro de Santo Domingo, sin evidencia de contratos de alquiler ni documentaciones justificadas entre los propietarios e inquilinos. 

 La información sale a relucir luego de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas durante la gestión de Diandino Peña (2013-2017) en la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (Opret). 

 Sobre esta situación, el director de expropiación y de desarrollo ambiental de la Opret durante el periodo mencionado, Ramón Leonel Carrasco, se excusó al referir el grado de informalidad que se encontraba en la zona del sector Gualey, así como también en la localidad Rivera del Ozama.