La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), junto a otras organizaciones comunitarias de La Caleta, denunciaron que estas zonas han sido declaradas en estado de urgencia por la comisión y la red de apoyo, debido a la intención de desalojar a miles de familias que llevan años ocupando esos terrenos de manera ininterrumpida.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, informó que mantienen denuncias sobre una persecución contra los pobres y los grupos vulnerables, al señalar que, después de que una comunidad tiene entre 15 a 30 años ocupando un terreno de manera pacífica, aparecen supuestos dueños que durante todo ese tiempo nunca habían reclamado ni ejercido posesión legal sobre los terrenos.
“Es en esas atribuciones que estamos solicitando al honorable señor presidente de la República, Luis Abinader, declarar de utilidad pública todos los terrenos que en este caso son del Estado y que durante los últimos cinco años han sido ocupados por ciudadanos, como lo estamos describiendo en este documento”, expresó.
Asimismo, Mercedes explicó que el abogado del Estado, pese a las quejas elevadas ante el Consejo del Ministerio Público y a su vínculo con la Procuraduría General de la República, emite órdenes de desalojo de forma constante contra familias humildes, en una cantidad alarmante.





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