Estado dominicano apela el auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo en caso Calamar

El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), depositó este lunes un recurso de apelación parcial contra la resolución que dictó auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, en el marco del Caso Calamar. 

 La apelación fue presentada a las 2:30 de la tarde ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y busca que sea revocada la decisión emitida el 29 de mayo de 2026 por la jueza Altagracia Ramírez. En el recurso, el ERPP, en representación del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, entre otras entidades estatales, solicita a la Corte: 

 

Revocar el auto de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo Terrero, José Ramón Peralta Fernández y otros tres imputados. 

Ordenar la apertura de un juicio de fondo contra esos acusados. 

Mantener las medidas de coerción vigentes, incluido el impedimento de salida del país y las medidas u oposiciones de carácter financiero. El recurso sostiene que la jueza incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas, especialmente en lo relativo a los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento de campañas descrito en la acusación del Ministerio Público.

Exsenador Rafael Calderón irá a juicio por presunta corrupción en caso Calamar

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio de fondo contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, tras determinar que existen pruebas suficientes que lo vinculan con la red de corrupción administrativa desmantelada mediante la denominada Operación Calamar. 

 La magistrada Sofía Bruno De Los Santos dispuso que el excongresista responda ante los cargos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en un proceso separado del expediente principal debido a las condiciones de salud que lo afectaban. 

 Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público, respaldado por abogados del Estado, solicitó formalmente el envío a juicio, alegando contar con un sólido cuerpo probatorio. En contraste, la defensa encabezada por el abogado Wilson Beriguete pidió un auto de “no ha lugar”, argumentando que Calderón no incurrió en los hechos imputados. 

 El caso se desprende de un entramado que involucra a altos exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina. Mientras figuras como el exministro de Hacienda, 

Defensa víctimas Caso Nido esperan imputados sean condenados tras nuevo aplazamiento

 Luego de que este jueves fuera aplazada para el próximo 25 de junio la audiencia relacionada con el Caso Nido o Indisarq, víctimas y representantes legales de los afectados expresaron su esperanza de que el proceso avance hacia una condena y que sea rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa de Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado de encabezar una presunta red de fraude inmobiliario. 

 Rivera Ledesma enfrenta acusaciones por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en un caso que, según el Ministerio Público, habría afectado a cientos de personas que invirtieron sus ahorros en proyectos inmobiliarios que nunca fueron entregados. 

 Uno de los abogados que representa a las víctimas manifestó que esperan que los jueces actúen conforme a las pruebas presentadas y permitan que el caso sea conocido en el juicio. “Queremos que se conozca el juicio de fondo porque los hechos que se le imputan son sumamente graves. Hay personas que enfermaron y otras que incluso fallecieron esperando una respuesta de la justicia”, expresó el jurista. 

 Asimismo, sostuvo que muchas de las familias afectadas quedaron prácticamente en la ruina tras invertir sus ahorros con la esperanza de adquirir una vivienda en el país, por lo que considera imprescindible que se imponga una sanción ejemplar a los responsables. 

 Por su parte, el abogado Fernando Montero explicó que la ausencia de algunos de los imputados fue una de las razones que motivó el aplazamiento de la audiencia. Indicó que Eduardo Rivera, hijo de Emmanuel Rivera, no pudo asistir debido a problemas de salud que le obligan a guardar reposo, situación que fue respaldada mediante un certificado médico.

Condenados y descargados caso antipulpo vuelven al tribunal

Nueve meses después de dictada la sentencia, los siete condenados y 13 descargados del caso Antipulpo vuelven a verse la cara en los tribunales con el Ministerio Público, esta vez en la Corte de Apelación. 

 Y es que, inconformes con la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, tanto los condenados como el órgano de persecusión, indistintamente, la recurrieron en casación. 

 Son ellos, Juan Alexis Medina Sánchez, condenado a 7 años de prisión, José Dolores Santana Carmona, a 6 años y Wacal Bernavel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y Paola Molina Suazo, a 5 años de prisión. 

 

 El MP, además de apelar esas condenas, también recurrió el descargo que mediante su sentencia del 14 de agosto del 2025, ordenaron las magistradas Claribel Nivar (quien lo preside), Clara Sobeida Castillo y Yissell Soto Peña, a favor de Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa, Fredy Hidalgo Núñez y Aquiles Alejandro Chrisropher Sánchez. 

 También Rafael Antonio Germosén Andújar, José Miguel Genao Torres, Libni Valenzuela Matos, Carlos José Alarcón Veras, Antonio Florentino Méndez, Cristian Manuel Ramírez, María de los Milagros Torres Castellanos, Pachrusty Ramírez Pacheco y Rafael Leonidas D¨oleo. 

 Tanto los condenados como los descargados, más otro grupo que negoció con el MP, fue acusado por el MP de conformar un entramado criminal que habría estafado al Estado con RD$4,000 millones, y cuyo principal imputado, Alexis, así como Carmen Magalys, son hermanos del expresidente de la República Danilo Medina. 

 La condena a Alexis incluye pago de RD$500 millones al Estado  

Fuente:https://hoy.com.do/el-pais/condenados-descargados-caso-antipulpo-vuelven-tribunal_1090211.html

Estado demanda indemnización de más de RD$82 mil millones en caso que encabeza Donald Guerrero

Tal como han fallado otros tribunales en casos de corrupción desde 2020, la jueza Altagracia Ramírez rechazó excluir la querella presentada por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), en representación del Estado dominicano, pese a la solicitud de las defensas de los imputados en el expediente de presunta corrupción encabezado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. 

 Solo por ese caso, el ERPP demanda un resarcimiento de 82 mil millones de pesos por daños materiales, que asciende a "cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos con setenta y seis centavos (41,185,964,839.76 pesos)" y por perjuicio moral que calculan en otros 41 mil ciento ochenta y cinco millones de pesos. 

 En su resolución, que envía a juicio de fondo a Guerrero, al abogado Ángel Lockward, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo, y al de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, entre otros acusados, la magistrada también declaró inadmisible la querella presentada por el creador de contenidos Rafael Antonio Guerrero Méndez y la Fundación Corrupción al Desnudo-Rafton. 

"El tribunal no valoró correctamente las pruebas"; Ministerio Público apelará no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

SANTO DOMINGO.-El director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que el organismo persecutor apelará el auto de no ha lugar emitido a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en un presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado. 

 La decisión fue dada a conocer tras la resolución emitida por la jueza Altagracia Ramírez. Camacho calificó la decisión como una “errónea apreciación de las pruebas” y sostuvo que varios elementos fundamentales presentados por el órgano acusador no fueron valorados de manera adecuada. 

 Según explicó el procurador adjunto, el tribunal excluyó testimonios considerados clave para sustentar la acusación presentada por el Ministerio Público. "El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar", afirmó. 

 Asimismo, cuestionó lo que definió como contradicciones en la resolución judicial y señaló presuntas irregularidades en la valoración de las evidencias incorporadas al proceso. "Hablamos de un documento en el que el tribunal validó firmas de personas cuyos nombres fueron escritos letra por letra, incluyendo a personas que ya estaban fallecidas. Es evidente la contradicción en la observancia y apreciación de la prueba", enfatizó. 

Vuelven a aplazar audiencia del caso Nido o Indisarq hasta el 11 de junio

Por segunda vez de forma consecutiva, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó que la audiencia del juicio de fondo del caso Nido o Indisarq permanecerá en receso hasta el próximo jueves 11 de junio, a las 9:00 am, debido al estado de salud de la magistrada Arisleida Méndez, quien se encuentra bajo licencia médica.

 Durante la jornada también estuvo ausente el Ministerio Público encargado de la acusación. En el proceso figuran como implicados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 De acuerdo con el Ministerio Público, la red perjudicó a más de 500 personas mediante la oferta de viviendas en siete proyectos inmobiliarios. Las autoridades estiman que el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano. 

Desalojo por orden judicial de 2 inmuebles en Metro Country Club

Juan Dolio-. La incertidumbre y el temor se apoderan de residentes del proyecto turístico Metro Country Club, en Juan Dolio, luego de que este miércoles fueran ejecutados dos desalojos en medio de conflicto judicial por supuesta duplicidad de títulos y deudas millonarias que, según los afectados, no les corresponden.  La angustia se apoderó este miércoles de los propietarios de las villas. 

 Temor entre propietarios 

Uno de los que mostró preocupación es Ramón Alcántara, quien denunció que, junto a otras 19 familias, vive bajo tensión constante, ante el miedo de que las autoridades continúen con los desalojos en cualquier momento. 

 Alcántara relató que, desde tempranas horas, un contingente policial y representantes del Ministerio Público ingresaron al complejo para ejecutar desalojos en dos villas notificadas previamente. Tengo mi título original, pago IPI, la casa está financiada con un banco y he llevado todos mis documentos a Fiscalía, al abogado del Estado y a todas las autoridades correspondientes”, indicó Ramón Alcántara, propietario. 

 Asegura que, aunque su vivienda cuenta con título original, financiamiento bancario, pago de impuestos y certificaciones legales, teme que también sea intervenida. 

El Juez decidirá el 15 de junio si envía a juicio a los hermanos Espaillat por colapso en Jet Set

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, informó que el próximo 15 de junio decidirá si envía o no a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, hecho ocurrido el 8 de abril de 2025 y que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.  La lectura de la decisión fue fijada para las 10:00 de la mañana. 

El magistrado explicó que se reserva el fallo luego de escuchar la defensa material de Maribel Espaillat, así como las réplicas y contrarréplicas del Ministerio Público, la defensa técnica de los imputados, la parte querellante y representantes de las víctimas. 

 Durante la audiencia, Mejía señaló que el Código Procesal Penal establece un plazo de entre 30 y 45 días para emitir este tipo de decisiones. Sin embargo, indicó que el tribunal optó por el plazo mínimo, en un esfuerzo de celeridad procesal. 

 El juez agregó que la audiencia no solo incluirá la decisión, sino también la entrega formal de la resolución debidamente motivada. 

Juez oye querellantes y aplaza audiencia Jet Set para 1 mayo

SANTO DOMINGO.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, concluyó este lunes de escuchar las conclusiones de los abogados de los querellantes en la audiencia preliminar del caso que se le sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso de la discoteca Jet Set en abril del año pasado. 

Una vez concluida esta parte de la audiencia, que inició a las 10:03 de la mañana de este día, se dio paso a escuchar a las víctimas y familiares de estas, informó el Poder Judicial en una nota. 

 La audiencia fue aplazada para el próximo viernes 1 de mayo, cundo se terminará de escuchar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas mortales. 

 Los abogados de la defensa presentarán sus argumentos y se procederá a escuchar a los imputados, con lo que se garantiza el derecho a la defensa y la celeridad en esta etapa procesal. 

Caso Jet Set: familia de esposa de Eduardo Grullón presenta querella separada a la del MP

Abogados de la familia de Johanna Rodríguez, quien murió junto a su esposo y presidente de AFP Popular, Eduardo Grullón, en la discoteca Jet Set, presentaron una querella particular contra los propietarios del colapsado negocio de entretenimiento en abril del 2025 y que causó 236 muertos. 

 En la querella contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, los representantes legales del padre de Jhoanna Rodríguez solicitaron variar la calificación jurídica del trágico incidente para que se conozca como homicidio voluntario. 

 En la acusación del Ministerio Público se imputa a los dueños del icónico establecimiento de diversión por homicidio involuntario. 

 Los abogados Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, en representación del señor Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de Johanna Rodríguez de Grullón, hicieron su presentación este lunes en audiencia. Alegan que "con pleno conocimiento del riesgo", los acusados ordenaron intervenciones estructurales a la discoteca sin "los estudios técnicos, la supervisión ni personal adecuado", lo que causó su desplome causando la tragedia.

Jurista Julio Cury advierte que los jueces pueden variar la calificación en caso Jet Set

Desde que el Ministerio Público sometió la acusación por el caso Jet Set, han surgido cuestionamientos sobre la calificación de homicidio involuntario. Algunos juristas sostienen que esta tipificación podría cambiar durante el proceso, dependiendo de los elementos de prueba presentados ante los tribunales. 

 Cambio de calificación 

El jurista Julio Cury explicó que tanto el juez de la instrucción, en la fase de audiencia preliminar, como el tribunal de fondo tienen la facultad de modificar la calificación jurídica del hecho. Esta potestad está contemplada en el Código Procesal Penal, que no limita al juez a la tipificación inicial presentada por el Ministerio Público. 

 Según Curi, durante el juicio de fondo, el tribunal puede variar la calificación en virtud de lo establecido en la normativa procesal, siempre que advierta previamente al imputado para que pueda adecuar su defensa. 

En la audiencia preliminar, el juez también puede descartar el tipo penal propuesto y enviar a juicio a los imputados bajo una calificación distinta. 

Caso Guepardo avanza en La Romana con más de 400 víctimas afectadas

SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público presentó acusación formal contra los implicados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica, desmantelada durante la Operación Guepardo, que ha dejado al menos 426 víctimas. 

 La acción fue impulsada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos junto a la Fiscalía de La Romana, tras una investigación que incluyó análisis financieros y recopilación de pruebas. 

 Imputados y empresas vinculadas

 En el expediente figuran varias personas acusadas de formar parte de la red, así como empresas utilizadas como canal para manejar fondos ilícitos. Entre estas se encuentran: 

 Novasco Real Estate SRL 

REMAX One 

Rodeca Marketing Group SRL

RR Marketing Group EIRL 

AGOTT 24 SRL 

Las autoridades sostienen que estas entidades fueron empleadas para movilizar dinero obtenido mediante esquemas fraudulentos, principalmente en el sector inmobiliario. Un caso con amplio sustento probatorio.

 El expediente presentado cuenta con más de 1,660 elementos de prueba, entre los que se incluyen: Documentos financieros Evidencias materiales Peritajes especializados Material audiovisual Estas pruebas detallan el funcionamiento interno de la red, el flujo del dinero y la participación de cada imputado. 

 Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se designe el tribunal competente en La Romana, donde se conocerá la audiencia preliminar. En esta etapa, un juez evaluará si existen méritos suficientes para enviar a juicio a los acusados. 

 Investigaciones continúan 

El Ministerio Público indicó que las indagatorias siguen abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y garantizar una respuesta completa frente al esquema fraudulento. 

 Resumen: la Operación Guepardo avanza a una nueva fase judicial, con una acusación robusta que busca llevar ante la justicia a una red que afectó a cientos de personas y golpeó la confianza en el sector inmobiliario.

Fuente:https://bavarodigital.net/caso-guepardo-avanza-en-la-romana-con-mas-de-400-victimas-afectadas/

MP pide enviar a juicio de fondo a imputados del caso Calamar y rechazar incidentes de la defensa

El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, informó este viernes que el Ministerio Público concluyó sus réplicas durante la última audiencia preliminar del caso Calamar, cuyo proceso involucra a los exfuncionarios Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. 

 En ese sentido, el órgano acusador solicitó que todos los implicados sean enviados a juicio de fondo y que se rechacen los incidentes presentados por la defensa de los imputados.

 Las audiencias se desarrollaron en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público acusa a los implicados de participar en un presunto desfalco superior a RD$19 mil millones.

 En el expediente también figuran el exsenador Rafael Calderón; el abogado Ángel Lockward; y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar. Asimismo, la acusación incluye a Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. 

 También están señalados Alejandro Constanzo Sosa; Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía; y Víctor Matías Encarnación. 

 El Ministerio Público sostiene que los procesados integraban una supuesta estructura que desvió recursos del Estado, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. 

 De acuerdo con el expediente, esos fondos también habrían sido utilizados para pagar sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

Fuente:https://m.n.com.do/2026/03/13/caso-calamar-mp-solicita-juicio-gonzalo-castillo-peralta-guerrero/

Caso Calamar quedará en estado de fallo del tribunal; abogados reiteran informe de auditoría sustenta acusación es falso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez dejará este viernes en estado de fallo el caso Calamar, luego de escuchar las réplicas y contraréplicas de las partes involucradas en el proceso judicial. Mientras que los abogados de la defensa sostienen que el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría de la República de fecha 21 de septiembre de 2021 en que se basó la persecución en el caso Calamar, es totalmente falso. 

 Indican que en el caso Calamar y todas las medidas impuestas a los imputados durante más de cinco años, nacen de un “informe” inexistente, hecho por personas “incompetentes” en el plano legal y material, que el PEPCA, por su propia prueba escrita, sabe que era falso desde principios del 2022 y ese adefesio es la única prueba de la supuesta defraudación. 

 Explican que el mal intencionado informe de auditoría desde abril de 2022 fue atacado en el Tribunal Superior Administrativo por el abogado Ángel Lockward, lo que conllevó que en un ejercicio de “soberbia y revanchismo”, le incluyeran como imputado en el referido caso. 

Tribunal ordena citación de la madre de Antonio Espaillat, el ADN y Obras Públicas en caso Jet Set

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dispuso el aplazamiento de la audiencia preliminar por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, donde perdieron la vida de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos. 

 La decisión fue adoptada tras incluirse en el proceso la madre de Antonio Espaillat, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, el juez ordenó la notificación formal a la señora Ana Grecia López, al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), quienes han sido puestos en causa para que respondan por presunta responsabilidad civil en la tragedia. 

 La audiencia fue reprogramada para el próximo 6 de abril, fecha en la que las instituciones estatales deberán comparecer para fijar su posición frente a las reclamaciones de las víctimas y sus familiares. "El tribunal tiene el deber de garantizar que todas las partes, incluyendo las demandas contra el ayuntamiento y el Estado, estén debidamente citadas", sentenció el magistrado Mejía, subrayando que la transparencia es vital dada la magnitud del caso.

Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht

Santo Domingo, RD. – El empresario Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagado por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos. 

 La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht. 

 Rondón expresó: "Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes." 

 El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares. 

En caso Calamar, MP continúa hoy sus réplicas contra implicados en presunto desfalco por RD$19 mil MM

Por Raúl Germán Bautista.- Este miércoles continúa la audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, contra los implicados en el denominado caso Calamar, cuyos principales imputados son los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, por un presunto desfalco de más de RD$19 mil millones. 

 En este expediente, el Ministerio Público acusa a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, así como al exsenador Rafael Calderón. También están imputados el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

 El órgano acusador asegura que los procesados integraban una supuesta estructura que desvió recursos de los contribuyentes, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020. 

 Asimismo, figuran en el expediente Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. También están señalados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía; y Víctor Matías Encarnación.

Fuente: https://m.n.com.do/2026/02/25/caso-calamar-mp-continua-replicas-desfalco-rd19-mil-millones/

TC ratifica absolución de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga en caso Odebrecht

El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que exoneró de responsabilidad penal en el caso Odebrecht al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga. 

 Los jueces tomaron la decisión tras rechazar un recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), poniendo fin a la controversia jurídica sobre el caso. 

 Los magistrados determinaron que no existieron violaciones a los derechos fundamentales ni al debido proceso durante la fase de casación en la justicia ordinaria. 

 Argumentos del Tribunal

 El TC validó los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema, la cual estableció que el Ministerio Público no logró identificar ni individualizar a los supuestos funcionarios que habrían recibido los sobornos. La sentencia ratificada destaca que el delito de soborno requiere la identificación del receptor y la contraprestación de un acto propio de su función, elementos que «brillaron por su ausencia» en el expediente presentado por la Pepca.

 Al no poderse demostrar un "delito precedente" (como el soborno o el enriquecimiento ilícito), la acusación por lavado de activos se desmoronó automáticamente, ya que no se pudo probar el origen ilícito de los fondos.

Aplazan nuevamente audiencia preliminar en Caso Calamar

SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional volvió a posponer la audiencia preliminar del caso Calamar, tras acoger una solicitud presentada por la defensa del exsenador Rafael Calderón, cuyo estado de salud le impide comparecer ante el tribunal. Con esta decisión, suman cuatro los aplazamientos de uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en el país. 

 La jueza Altagracia Ramírez adoptó la medida luego de que la defensa técnica de Calderón depositara una certificación médica por un período de 30 días, la cual fue corroborada por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La evaluación concluyó que el imputado no se encuentra en condiciones físicas para participar en la audiencia. 

 Durante la jornada, los abogados querellantes informaron que el proceso se encontraba avanzando conforme al trámite legal, con la exposición ya realizada por la parte acusadora y el turno correspondiente a las defensas técnicas. No obstante, la situación de salud de Calderón obligó al tribunal a suspender nuevamente la audiencia. “Hay dificultades con uno de los imputados y, en ese sentido, se presentó un pedimento que fue acogido por la jueza”, explicó Julio César Ventura, abogado de la familia Reyes. 

 Pese al aplazamiento, la parte querellante reiteró sus reclamos contra el Estado dominicano por la supuesta apropiación irregular de terrenos vinculados al Aeropuerto Internacional de Las Américas, insistiendo en el pago de la porción que, aseguran, les corresponde conforme a la ley.