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Caso Guepardo avanza en La Romana con más de 400 víctimas afectadas

SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público presentó acusación formal contra los implicados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica, desmantelada durante la Operación Guepardo, que ha dejado al menos 426 víctimas. 

 La acción fue impulsada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos junto a la Fiscalía de La Romana, tras una investigación que incluyó análisis financieros y recopilación de pruebas. 

 Imputados y empresas vinculadas

 En el expediente figuran varias personas acusadas de formar parte de la red, así como empresas utilizadas como canal para manejar fondos ilícitos. Entre estas se encuentran: 

 Novasco Real Estate SRL 
REMAX One 
Rodeca Marketing Group SRL
RR Marketing Group EIRL 
AGOTT 24 SRL 

Las autoridades sostienen que estas entidades fueron empleadas para movilizar dinero obtenido mediante esquemas fraudulentos, principalmente en el sector inmobiliario. Un caso con amplio sustento probatorio.

 El expediente presentado cuenta con más de 1,660 elementos de prueba, entre los que se incluyen: Documentos financieros Evidencias materiales Peritajes especializados Material audiovisual Estas pruebas detallan el funcionamiento interno de la red, el flujo del dinero y la participación de cada imputado. 

 Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se designe el tribunal competente en La Romana, donde se conocerá la audiencia preliminar. En esta etapa, un juez evaluará si existen méritos suficientes para enviar a juicio a los acusados. 

 Investigaciones continúan 

El Ministerio Público indicó que las indagatorias siguen abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y garantizar una respuesta completa frente al esquema fraudulento. 

 Resumen: la Operación Guepardo avanza a una nueva fase judicial, con una acusación robusta que busca llevar ante la justicia a una red que afectó a cientos de personas y golpeó la confianza en el sector inmobiliario.

MP pide enviar a juicio de fondo a imputados del caso Calamar y rechazar incidentes de la defensa

El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, informó este viernes que el Ministerio Público concluyó sus réplicas durante la última audiencia preliminar del caso Calamar, cuyo proceso involucra a los exfuncionarios Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. 

 En ese sentido, el órgano acusador solicitó que todos los implicados sean enviados a juicio de fondo y que se rechacen los incidentes presentados por la defensa de los imputados.

 Las audiencias se desarrollaron en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público acusa a los implicados de participar en un presunto desfalco superior a RD$19 mil millones.

 En el expediente también figuran el exsenador Rafael Calderón; el abogado Ángel Lockward; y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar. Asimismo, la acusación incluye a Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. 

 También están señalados Alejandro Constanzo Sosa; Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía; y Víctor Matías Encarnación. 

 El Ministerio Público sostiene que los procesados integraban una supuesta estructura que desvió recursos del Estado, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. 

 De acuerdo con el expediente, esos fondos también habrían sido utilizados para pagar sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

Caso Calamar quedará en estado de fallo del tribunal; abogados reiteran informe de auditoría sustenta acusación es falso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez dejará este viernes en estado de fallo el caso Calamar, luego de escuchar las réplicas y contraréplicas de las partes involucradas en el proceso judicial. Mientras que los abogados de la defensa sostienen que el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría de la República de fecha 21 de septiembre de 2021 en que se basó la persecución en el caso Calamar, es totalmente falso. 

 Indican que en el caso Calamar y todas las medidas impuestas a los imputados durante más de cinco años, nacen de un “informe” inexistente, hecho por personas “incompetentes” en el plano legal y material, que el PEPCA, por su propia prueba escrita, sabe que era falso desde principios del 2022 y ese adefesio es la única prueba de la supuesta defraudación. 

 Explican que el mal intencionado informe de auditoría desde abril de 2022 fue atacado en el Tribunal Superior Administrativo por el abogado Ángel Lockward, lo que conllevó que en un ejercicio de “soberbia y revanchismo”, le incluyeran como imputado en el referido caso. 

Tribunal ordena citación de la madre de Antonio Espaillat, el ADN y Obras Públicas en caso Jet Set


El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dispuso el aplazamiento de la audiencia preliminar por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, donde perdieron la vida de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos. 

 La decisión fue adoptada tras incluirse en el proceso la madre de Antonio Espaillat, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, el juez ordenó la notificación formal a la señora Ana Grecia López, al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), quienes han sido puestos en causa para que respondan por presunta responsabilidad civil en la tragedia. 

 La audiencia fue reprogramada para el próximo 6 de abril, fecha en la que las instituciones estatales deberán comparecer para fijar su posición frente a las reclamaciones de las víctimas y sus familiares. "El tribunal tiene el deber de garantizar que todas las partes, incluyendo las demandas contra el ayuntamiento y el Estado, estén debidamente citadas", sentenció el magistrado Mejía, subrayando que la transparencia es vital dada la magnitud del caso.

Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht


Santo Domingo, RD. – El empresario Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagado por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos. 

 La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht. 

 Rondón expresó: "Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes." 

 El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares. 

En caso Calamar, MP continúa hoy sus réplicas contra implicados en presunto desfalco por RD$19 mil MM

Por Raúl Germán Bautista.- Este miércoles continúa la audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, contra los implicados en el denominado caso Calamar, cuyos principales imputados son los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, por un presunto desfalco de más de RD$19 mil millones. 

 En este expediente, el Ministerio Público acusa a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, así como al exsenador Rafael Calderón. También están imputados el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

 El órgano acusador asegura que los procesados integraban una supuesta estructura que desvió recursos de los contribuyentes, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020. 

 Asimismo, figuran en el expediente Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. También están señalados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía; y Víctor Matías Encarnación.

TC ratifica absolución de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga en caso Odebrecht


El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que exoneró de responsabilidad penal en el caso Odebrecht al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga. 

 Los jueces tomaron la decisión tras rechazar un recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), poniendo fin a la controversia jurídica sobre el caso. 

 Los magistrados determinaron que no existieron violaciones a los derechos fundamentales ni al debido proceso durante la fase de casación en la justicia ordinaria. 

 Argumentos del Tribunal

 El TC validó los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema, la cual estableció que el Ministerio Público no logró identificar ni individualizar a los supuestos funcionarios que habrían recibido los sobornos. La sentencia ratificada destaca que el delito de soborno requiere la identificación del receptor y la contraprestación de un acto propio de su función, elementos que «brillaron por su ausencia» en el expediente presentado por la Pepca.

 Al no poderse demostrar un "delito precedente" (como el soborno o el enriquecimiento ilícito), la acusación por lavado de activos se desmoronó automáticamente, ya que no se pudo probar el origen ilícito de los fondos.

Aplazan nuevamente audiencia preliminar en Caso Calamar

SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional volvió a posponer la audiencia preliminar del caso Calamar, tras acoger una solicitud presentada por la defensa del exsenador Rafael Calderón, cuyo estado de salud le impide comparecer ante el tribunal. Con esta decisión, suman cuatro los aplazamientos de uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en el país. 

 La jueza Altagracia Ramírez adoptó la medida luego de que la defensa técnica de Calderón depositara una certificación médica por un período de 30 días, la cual fue corroborada por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La evaluación concluyó que el imputado no se encuentra en condiciones físicas para participar en la audiencia. 

 Durante la jornada, los abogados querellantes informaron que el proceso se encontraba avanzando conforme al trámite legal, con la exposición ya realizada por la parte acusadora y el turno correspondiente a las defensas técnicas. No obstante, la situación de salud de Calderón obligó al tribunal a suspender nuevamente la audiencia. “Hay dificultades con uno de los imputados y, en ese sentido, se presentó un pedimento que fue acogido por la jueza”, explicó Julio César Ventura, abogado de la familia Reyes. 

 Pese al aplazamiento, la parte querellante reiteró sus reclamos contra el Estado dominicano por la supuesta apropiación irregular de terrenos vinculados al Aeropuerto Internacional de Las Américas, insistiendo en el pago de la porción que, aseguran, les corresponde conforme a la ley. 

Víctimas del caso Novasco esperan justicia mientras avanza la Operación Guepardo

República Dominicana.– Ha pasado un año desde que El Informe reveló las primeras denuncias contra la constructora Novasco Real Estate, empresa que fue presentada ante clientes como parte de la reputada red de Remax One y que ofrecía proyectos inmobiliarios de bajo costo, entregas rápidas y atractivas facilidades de pago. 

 Sin embargo, detrás de esa fachada comercial, decenas de compradores —muchos de ellos dominicanos residentes en el extranjero— terminaron sin las viviendas prometidas y, en varios casos, sin los ahorros de toda una vida.

 En este tiempo, la situación ha evolucionado de manera que hay avance de las investigaciones, incluyendo arrestos y medidas de coerción; Además, la dura realidad emocional y financiera que las víctimas se ha enfrentado mientras intentan recuperar su dinero y recomponer sus vidas. 

 Algunos de los compradores explican que, tras haber invertido desde el extranjero, confiaron en la reputación que les transmitió el uso del nombre "Remax One" en las promociones de los proyectos.

 La imagen de ser una empresa asociada a una marca internacional fue clave para atraer a los clientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, las irregularidades se hicieron evidentes: obras que no avanzaban, contratos que no se cumplían y promesas de entrega que se aplazaban indefinidamente.

Familias atrapadas en un limbo jurídico por duplicidad de títulos e irregularidades en el Metro Country Club


San Pedro de Macorís.– Lo que durante décadas fue presentado como un exclusivo oasis turístico y residencial —con amplias áreas verdes, campo de golf y la promesa de tranquilidad— hoy es escenario de una batalla judicial que amenaza con expulsar a propietarios de las viviendas por las que han pagado, escriturado y vivido durante años. 

 Más de una decena de familias dominicanas y extranjeras que adquirieron villas y solares dentro de Metro Country Club enfrentan notificaciones de desalojo, pese a contar con títulos, hipotecas bancarias y constancias de pago de impuestos. 

 Detrás de las fachadas impecables y los jardines cuidados, se esconde un conflicto marcado por duplicidad de títulos, ejecuciones judiciales y un error catastral que ha dejado a estos residentes en un limbo jurídico. "Nunca imaginé que mi casa tenía otro dueño" .

Ramón Cabrera recuerda el día en que llegó del trabajo y encontró una notificación en su buzón. "Decía que debía entregar la propiedad a Metro Country Club. Pensé que era un error", cuenta. Pero cuando un agrimensor revisó la documentación, una realidad impensable salió a flote: existía un segundo título emitido en 2024 sobre su misma propiedad. 

Familia Espaillat enfrenta nueva acusación por colapso mortal en Jet Set

Santo Domingo.– La familia del fallecido Ramón Osiris Blanc Castillo, presentó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, una acusación alternativa y adhesión a la acusación del Ministerio Público contra los gerentes del establecimiento donde ocurrió el colapso del techo de la discoteca Jet Set, el 8 de abril de 2025. 

 La acusación, fundamentada en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, señala que el derrumbe, que cobró más de 250 vidas, fue "una catástrofe totalmente evitable" atribuida a negligencia grave por parte de quienes administraban la operación del establecimiento. 

 Imputados por negligencia y omisiones críticas 

Los abogados Jorge G. Lora Olivares, José Stalin Almonte Dilone y J. Lora Castillo, actuando en nombre de Patricia Elizabeth Paola Ulloa, esposa del fallecido y de sus hijos menores, así como de Osiris Armando Blanc, sostienen que los gerentes del negocio permitieron operar la discoteca bajo condiciones estructurales que representaban un riesgo evidente para los asistentes. 

Los señalados como imputados son Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y Maribel Espaillat López, además de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., incluida como tercero civilmente demandado, en su calidad de entidad responsable de la operación del local. 

Abogados de Gonzalo Castillo presentarán este jueves alegatos de defensa contra acusación del Ministerio Público


Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso de corrupción Calamar, donde según el Ministerio Público varios exfuncionarios habrían defraudado al Estado con más de RD$19 mil millones, presentarán este jueves sus alegatos de defensa durante la audiencia preliminar. 

 El proceso es conocido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien escuchará los alegatos de los imputados junto a las pruebas que estos presenten en respuesta a la acusación formal del Ministerio Público contra los involucrados en el caso Calamar.

 Posteriormente, el Ministerio Público presentará su réplica frente a los alegatos de defensa expuestos por las barras de los imputados. Luego, los representantes legales de los acusados tendrán la oportunidad de presentar su contrarréplica a la respuesta del órgano acusador. 

 Una vez concluido el proceso, la jueza Altagracia Ramírez se reservará el fallo para decidir si envía o no a juicio a los imputados de corrupción. En este proceso, además de Gonzalo Castillo, también figuran los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, así como otros coimputados. 

Ministerio Público califica como una «burla» renuncia colectiva de abogados de imputado en caso de estafa


El Ministerio Público aseguró que la renuncia colectiva de los abogados de la defensa del imputado Emmanuel Rivera Ledesma constituye una desconsideración hacia las víctimas del Caso Nido y una “burla” en un proceso penal en el que los equipos de fiscales agotaron más de dos meses de presentación de pruebas.

 Según la acusación, Rivera Ledesma fungía como cabecilla de la red que estafó a cientos de personas utilizando como fachada supuestos proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada mediante la Operación Nido. La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por los encartados a través de sus defensas técnicas, quienes abandonaron el proceso cuando se acercaba su término.

 “Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados, a través de sus defensas técnicas, que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, dijo Sánchez. Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también renunció sin presentar excusa alguna. Señaló que esta conducta provoca la ruptura del principio de inmediación, luego de que el Ministerio Público agotara más de dos meses de desahogo de pruebas, encontrándose ya en la fase final de incorporación de estas y próximo al discurso de cierre y al pedimento de las condenas en un plazo razonable. 

MP acusa de homicidio involuntario a hermanos Espaillat por negligencia e imprudencia en el Jet Set


El Ministerio Público sostiene que los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera incurrieron en negligencia e imprudencia en la administración de la discoteca Jet Set, lo que derivó en el desplome de la estructura, por sobrecarga, que provocó 236 muertes y unos cien lesionados. Sobre esta base, en la solicitud de apertura a juicio remitida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 12 de enero de 2026, el juicio preliminar contra los hermanos Espaillat.

 “El techo del Jet Set Club estaba dando señales claras de deterioro progresivo, con pleno conocimiento de los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, no siendo estas cuestiones relacionadas exclusivamente al agua que filtraba, sino también a escombros en el techo que impactaban directamente al falso techo de paflón, lo cual fue registrado por distintas vías y notificado a estos procesados”, dice la acusación. 

 El documento está sustentado en peritajes estructurales, testimonios de víctimas y empleados, y documentación técnica y financiera que argumenta un manejo irregular y riesgosamente descuidado del establecimiento. Los peritos determinaron que la sobrecarga excesiva en el techo fue la causa del desplome del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del año en curso, cuando el cantante Rubby Pérez amenizaba una fiesta, donde este también perdió la vida. 

Donald Guerrero denuncia uso de informe de contraloría no fue notificado

Santo Domingo. – El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, declaró en la audiencia de este viernes que el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, citado por el Ministerio Público y los querellantes, nunca le fue notificado por la propia Contraloría. Guerrero afirmó que esta omisión constituye una violación a su derecho de defensa y al debido proceso establecido en la legislación dominicana. 

 “Tomo brevemente la palabra para referirme al informe citado por la abogada querellante. Dejo constancia de que jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de la Ley 107-13”, expresó. 

 Uso del informe durante años a espaldas de la defensa 

El exfuncionario advirtió que, de acuerdo con informaciones publicadas en la prensa, el citado informe habría sido utilizado durante más de cuatro años como base de diligencias y autorizaciones procesales, sin su conocimiento. 

 Calificó esta situación como una grave violación de sus derechos fundamentales, reiterando que, al momento de ejercer su defensa, demostrará con claridad la transparencia de su gestión pública. “Hoy solo quiero dejar claro en acta que ese informe, utilizado durante más de cuatro años a mis espaldas, jamás me fue notificado”, subrayó Guerrero. 

No existió desfalco! Abogados de querellantes caso Calamar contradicen al MP y le aclaran que si hubo engaño, fue de parte de su “villano favorito”

República Dominicana.-En la audiencia el viernes 12, del caso identificado por el Ministerio Público como Operación Calamar, luego de cerrarse las presentaciones con la exposición del abogado querellante Pablo Castillo, tomó la palabra Ángel Lockward para rebatir los señalamientos en su contra. 

 Fue entonces cuando Lockward recordó declaraciones ya publicadas en los medios en julio de 2023: “No conocía a Gonzalo Castillo, ni a Ramón Peralta, ni a Donald Guerrero; no les dio dinero, solo aportó a Luis Abinader”. Tras esa afirmación, desmontó punto por punto los argumentos de la acusación, al punto de que, el propio Pablo Castillo desistió en ese momento de la querella contra Ángel Lockward y el exministro Donald Guerrero.

 Asimismo, otros abogados de los querellantes, al analizar las pretensiones del Ministerio Público sobre la propiedad, el valor y la forma de pago de los terrenos expropiados en la zona del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), coincidieron en que los pagos fueron realizados conforme a derecho y que no existió desfalco. “Si hubo engaño, fue de parte de Fernando Crisóstomo, el gran beneficiado con un criterio de oportunidad”, puntualizó el abogado 

Moisés Sánchez, quien lo calificó como “el villano favorito del MP”. En ese contexto, representantes de las familias propietarias de los terrenos del AILA —entre ellos los abogados Moisés Sánchez, Patricio Mañón, Julio César Ventura, Navarro Rossis, Guillermo Victoria y Genaro Zapata— desistieron formalmente de sus querellas contra Donald Guerrero. Argumentaron que, tras revisar las pruebas, quedó demostrado que Hacienda cumplió con sentencias firmes de pago y que no hubo complicidad con los exfuncionarios señalados. 

Caso Guepardo: jueza conocerá este martes revisión de coerción a uno de los cabecillas


Santo Domingo, RD. – La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, Vicky Chalas, conocerá este martes la solicitud de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a uno de los principales cabecillas de la red criminal vinculada al caso Guepardo, imputado de estafa por más de US$18 millones mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario. 

 Se trata del imputado Yves Alexandre Giroux, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, dictada por un juez de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción. 

 Giroux está imputado, junto a otras personas, de estafar a decenas de víctimas por un monto que asciende a US$18, 851,583.12, utilizando el nombre de una empresa establecida para generar confianza en los inversionistas. 

 El Ministerio Público solicita que se mantenga la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el alto riesgo de fuga. Se recuerda que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, identificó a los implicados en la red del caso Guepardo y ejecutó una serie de allanamientos.

 El pasado 7 de febrero fueron realizados 11 allanamientos e incautaciones en inmuebles de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que permitió al Ministerio Público establecer el modus operandi de la red delictiva. Estas diligencias permitieron recolectar más de 284 evidencias, entre documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios. 

 Un juez de la Oficina de Atención Permanente impuso el pasado febrero, medidas de coerción al grupo y declaró complejo el proceso.

Caso Costa Dorada: Tribunal ordena reinicio de juicio tras acusar a Helena Regalado de tácticas dilatorias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este lunes, el reinicio del juicio de fondo contra los implicados en el caso Costa Dorada, luego que acusó la semana pasada a Rafael Olegario Helena Regalado de implementar tácticas dilatorias que buscaban retrasar el proceso. 

 El tribunal, compuesto por las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Yisell Soto Peña, advirtió que continuará impartiendo justicia y actuará frente a cualquier estrategia destinada a entorpecer el proceso judicial. 

 En esta etapa final del juicio ya se el Ministerio Público había leído la acusación y presentado seis testigos. La semana pasada, Helena Regalado fue arrestado con el argumento del juzgado de garantizar su presencia en el juicio y asegurar que este se conozca sin dilaciones indebidas, conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal. 

 Las magistradas señalaron que el imputado, de manera directa y a través de la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., ha realizado recusaciones infundadas a jueces y al Ministerio Público, cambios injustificados de abogados y otros actos que buscan impedir el avance del caso. 

Tribunal mantiene en prisión a Emmanuel Rivera por estafas inmobiliarias a más de 500 personas

Por Raúl Germán Bautista.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva que pesa contra Emmanuel Rivera y otros implicados en un entramado de estafas inmobiliarias, en el que, según el Ministerio Público, se ha defraudado a más de 500 personas con proyectos falsos.

 En consecuencia, el tribunal confirmó la medida de coerción vigente y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 18 de septiembre de 2025. Este caso fue denunciado a través de N Investiga, de Nuria Piera. 

 El expediente judicial señala como principales imputados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, así como a las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. Además, fueron incorporados como nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson. 

MP lleva al tribunal un camión de pruebas contra exministros imputados por corrupción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público llevó este viernes ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional un camión, lleno de presuntas pruebas para ser utilizadas en las audiencias preliminar contra exministros y otros exfuncionarios acusados de estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos. 

 Previo al inicio de la audiencia, el vehículo con los presuntos elementos probatorios se encontraba en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras el personal trasladaba cajas al juzgado. 

 La jueza Altagracia Ramírez conoce el caso, en donde el órgano acusador está concluyendo la lectura del expediente con la acusación en esta fase procesal. Entre los principales acusados figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; y de la Presidencia, José Ramón Peralta. También están señalados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar. 

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