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Tribunal ordena juicio separado a empresa acusada en caso Coral

Por no tener un abogado que la defienda, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el desglose del expediente del caso Coral de una de las empresas acusadas de estafar al Estado con más de 4, 500 millones de pesos. 

 El tribunal ordenó que el juicio de fondo a la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL sea conocido en un juicio separado al que se ventila contra las demás empresas e imputados. La decisión fue tomada porque, hasta la fecha, la empresa se encuentra sin abogado, porque alega que no tiene dinero para pagar uno y la Defensoría Pública se niega a asignarle uno de oficio.

 Para algunos abogados que participan en el proceso, como Valentín Medrano, de lo que se trata es de un empobrecimiento judicialmente provocado, como consecuencia de que el Ministerio Público les tiene embargado el dinero y bienes a todas las empresas que figuran en el expediente. 

 En lo referente a los demás imputados, el tribunal fijo para el 16 de este mes el conocimiento del inicio del juicio de fondo, con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. También, acogió la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez. 

 De manera separada, la juez Esmirna Gisell Méndez acogió la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez, y dispuso variar la prisión domiciliaria existente por una garantía económica de RD$500 mil. 

 En oposición a la solicitud de la defensa del imputado, el Ministerio Público señaló durante la audiencia, que las deudas presentadas ante el tribunal, como razón fundamental para la variación de la medida de coerción existente, sólo profundizaban la posibilidad del peligro de fuga por parte del imputado Erasmo Roger Pérez. En ese sentido, el órgano acusador detalló que dichas deudas confirman la teoría fáctica del Ministerio Público, en la que el órgano acusador señala al teniente coronel de ir más allá de sus funciones para enriquecerse ilícitamente.

MP presenta formal acusación imputados caso Calamar, incluyendo 3 exministros del PLD

SANTO DOMINGO- El procurador adjunto Wilson Camacho informó este viernes que el Ministerio Público presentó acusación formal contra 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa enfrentados con la Operación Calamar, cuyo expediente involucra a los ex ministros del Gobierno de Danilo Medina, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.

 “En el día de ayer se presentó acusación de Operación Calamar. Estamos hablando de un escrito de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas”, detalló el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). 

 Destacó que el expediente está sustentado con más de 2,000 medios de prueba, “lo que servirá, sin lugar a dudas, para que, en el momento que se conozca este proceso, se produzca una apertura a juicio para que nosotros podamos, en nombre de toda la sociedad, procurar ante los jueces las sanciones correspondientes para estas 46 personas acusadas”. 

Apelarán declaración de extinción en caso Los Tres Brazos


Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) informaron ayer que apelarán la decisión que declara la extinción de la acción penal en el caso de supuesta venta ilegal de terrenos en Los Tres Brazos, por estar inconformes con el fallo. 
 El fiscal litigante José Miguel Marmolejos sostuvo que apelarán la sentencia dentro de los plazos que establece la ley, entre otras razones, porque apenas hace tres meses la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es un tribunal de mayor jerarquía ya había rechazado y declarado que no estaba extinguido el proceso. 

 El caso seguido a los acusados de la venta ilegal de inmuebles en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, es otro expediente de presuntos actos de corrupción que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declara la extinción de la acción penal. El primero fue el juicio seguido a los implicados en el caso Súper Tucano.

Jean Alain define como un abuso incautación de bienes adquiridos de forma lícita

SANTO DOMINGO.-El exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Medusa, calificó de un «abuso» la incautación de bienes adquiridos de forma lícita y fuera del proceso de la investigación en su contra. 

 En la continuación de la audiencia de juicio preliminar del referido caso, indicó que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) decomisó bienes e inmuebles adquiridos previo a su gestión como Procurador, que es el periodo investigado. Además, expresó que él esta de acuerdo con la investigación de los orígenes, lícitos o no, de las propiedades de cualquier funcionario, «pero esto debe de hacerse siempre con el respeto al debido proceso». 

 Alegó que esto es debido a la participación de personas «subjetivas» en la investigación, que permiten que se cometan actos contra la democracia.«Incautar propiedades por supuesto origen ilícito en torno al periodo 2016-2020, cuando las propiedades provienen del 2002, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014…», insistió. 

 Aseguró que dentro de estos inmuebles decomisados está su primera vivienda, la cual fue pagada en el 2002, al igual que una oficina que adquirió en 2009.

SCJ continuará caso diputada Pilarte después de las elecciones

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pospuso para el martes 21 de mayo las conclusiones de las partes y presentaciones de testigos en el caso de diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos de actividades procedentes del narcotráfico.

 Las partes estaban citadas en la SCJ para presentar sus conclusiones este lunes, pero la audiencia fue pospuesta porque la congresista presentó excusa por afección pulmonar. Será entonces después de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, cuando se continúe el caso, donde la defensa presentará pruebas y testigos. 

 Mientras que Luis Felix, abogado de la defensa de Rosa Amalia Pilarte, aseguró este lunes que el Ministerio Público no tiene forma alguna de vincular los movimientos financieros de la familia López Pilarte con actividades ílicitas o de narcotráfico, alegando que se les probó los conceptos de cada una de las transacciones bancarias. 

 “Preguntas hechas por el Ministerio Público que recibieron respuestas contundentes que sin lugar a duda permiten establecer que el Ministerio Público no tiene forma humana alguna de vincular los movimientos financieros de la familia López pilarte, muy especialmente la señora Rosa Amalia Pilarte, con ningún ilícto penal, mucho menos que sean provenientes de actividades de narcotráfico”, aseguró Félix. 

 Al ser abordado por la prensa, el representante legal aseguró que hoy se seguía la audiencia de fondo en contra de su defendida, acusada de lavado de activos procedentes del narcotráfico. En ese sentido, Luis Félix indicó que continuarán con la presentación de los medios de pruebas y reiteró a la vez la procedencia de algunas de las transacciones bancarias de Pilarte, de las cuales se han mostrado como evidencia ante la audiencia. 

 De acuerdo al Ministerio Público, la diputada Pilarte López es miembro activa de la red lavados de actividades procedentes del narcotráfico, que atribuye a Miguel Arturo López Florencio, esposo de la congresista oficialista y que también involucra a dos de sus hijos y cuñados.

Corte revoca decisión excluía a dueños de Costa Dorada de derecho a defender terreno

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la decisión que excluía como querellantes a los propietarios de las acciones de la compañía Costa Dorada. 

 La decisión fue en torno a una querella interpuesta en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, a quienes señalan como autores de falsificación de documentos societarios para arrebatarles sus derechos en la empresa Costa Dorada y con ello apoderarse de unos 6.3 millones de metros cuadrados ubicados en terrenos costeros en Bahía de Calderas, Baní. 

 Mediante la misma decisión, la Corte de Apelación revocó el Auto de No Ha Lugar dictado por el Séptimo Juzgado de Instrucción en favor de la imputada, Judith Franchesca Aguasvivas Báez, y pronunció Auto de Apertura a Juicio en su contra. 

 La acusada deberá comparecer al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a defenderse de las acusaciones que le hacen el ministerio público y las empresas Hilari Mayol, S. A. S., Mayol & Co, S. R. L., Grand Cays Corporation, y Okra Company, L.T.D. 

Lectura de fallo del recurso de apelación del caso Costa Dorada ha sido prorrogada dos veces

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El fallo del recurso de apelación interpuesto por las familias Mayol y Serrano, por la alegada falsedad en escritura, uso de documentos falsos y asociación de malhechores cometida en su contra, en el caso Costa Dorada, estaba previsto para ser leído el lunes 18 de marzo del 2024, a las 12 del mediodía por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero ha sido prorrogada en dos ocasiones, la primera para el lunes 8 del mes de abril y posteriormente para el 18 del mismo mes. 

 Los recursos de apelación buscan que a los afectados se les permita participar en el juicio de fondo que se sigue por la falsedad cometida en contra de dichas familias. La lectura del fallo ha sido fijada dos veces, en horario de 12 del mediodía, para lo cual las partes involucradas han quedado debidamente convocadas.

 Uno de los representantes legales de las familias querellantes, Addy Manuel Tapia, quien habló en nombre de la barra de la defensa en una de las ocasiones convocadas, se mostró confiado en que la justicia reivindicará los derechos de los afectados. 

Implicado en caso Antipulpo que se declaró culpable dijo recibió 35 millones para apoyar al PLD


Víctor Matías Encarnación Montero, ex director técnico de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) e imputado en la Operación Antipulpo, indicó que recibió 35 millones para financiar la pasada campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 De acuerdo con lo declarado por Encarnación Montero, el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, le asignó unos trabajos en la región sur del país donde recibió el monto establecido por parte de Fernando Crisóstomo, quien era contratista de OISOE. 

 El dinero fue destinado a apoyar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según comentó. 

 Estafa de la OISOE 

Asimismo, Encarnación reveló cómo funcionaba la estructura de pagos en la empresa en la que laboraba. Comentó que Aquiles Christopher, encargado del Comité de Licitación y luego del Comité de Fiscalización de la entidad, levantaba la información que posteriormente le suministraba a Leónidas Valdez. 
 Valdez, encargado del Departamento de Salud, a su vez, cambiaba la fecha y elaboraba los informes para hacer la cubicación o certificación de los documentos de la obra, a petición de Pagán. También contó que Pagán era que realizaba los pagos, sin tomar en cuenta el presupuesto asignado. 

Además, indicó que las obras tenían un presupuesto que no se correspondía con la realidad. 
 
Acusación 

Se recuerda que el presunto entramado delictivo es acusado por el Ministerio Público de aprovecharse de su relación con el expresidente de la República, Danilo Mediana, para ganar licitaciones en instituciones públicas y estafar al Estado con más de 5,000 millones de pesos. 

 El caso de estafa contra el Estado vincula a los hermanos del expresidente Danilo Medina: Alexis y Magalys Medina. Dentro de este entramado figura como imputado Encarnación Montero, quien es señalado como uno de los que participó junto a Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Christopher, en sobornos, desviación de fondos, falsificación, desfalco, violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, de acuerdo con el expediente del MP..

Ratifican prisión preventiva a Rivera Ledesma y a otros imputados en el caso Nido


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza Elianny Mena ratificó este martes la medida de coerción preventiva que cumple el empresario Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa IndisArq, dedicada al negocio inmobiliario y otros implicados de estafa por 700 millones de pesos a través de la venta de viviendas, imputados en la denominada Operación Nido. 

 La confirmación de la medida coercitiva es también contra el hijo de Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, la hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma y el financiero del proyecto en la venta de los inmuebles, Juan Omar Rosario López, todos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo. 

 Asimismo, se le mantiene el arresto domiciliario e impedimento de salida a Reilin Arismendy Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público a cambio de una medida menos gravosa. 

 Se recuerda, que Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Rivera Ledesma, Eduardo Rivera Pichardo Rosario López y Catalina Rivera Ledesma, esta última en Najayo Mujeres. Según la acusación del Ministerio Público, los miembros de la supuesta estructura introdujeron al esquema fraudulento al abogado y contable para darle al entramado la apariencia de legalidad y estabilidad financiera para encubrir sus maniobras ilícitas. 

Declaran inadmisible solicitud que buscaba dejar a José Ramón Peralta fuera del caso Calamar

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inamisible el recurso interpuesto por la defensa de José Ramón Peralta, mediante el cual se buscaba dejar al exministro administrativo de la Presidencia fuera del caso Calamar.
 
 Mediante una instancia, los abogados defensores acusaron al Ministerio Público de abuso y deslealtad procesal, por supuestamente ocultar informaciones y suministrar incompletas algunas de las pruebas y por esas razones buscaban la nulidad de la investigación preparatoria. 

 De acuerdo con declaraciones de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), la jueza Franchesca Potentini tomó la decisión a solicitud del Ministerio Público y entender que los señalamientos del exfuncionario no pueden ser certificados hasta tanto no se entregue la acusación formal contra los imputados.  El procurador adjunto señaló que esa acusación será entregada "en el menor tiempo posible". 

Tribunal conocerá este lunes solicitud de prórroga del MP para finalizar investigación en caso Calamar

SANTO DOMINGO.- Luego de la suspensión del pasado 25 de marzo, se espera que lunes 08 de abril el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conozca la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público (MP) para concluir la investigación en el denominado caso Calamar, que inició a finales del 2020.

 En la audiencia fijada para las 9:00 de la mañana, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, será la encargada de decidir si se le otorga a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) una ampliación del plazo para terminar con la formulación de la acusación que, de acuerdo a los fiscales, estaba “lo suficientemente blindada”. 

 Se recuerda que esta operación se puso en marcha en marzo del 2023 -luego de casi tres años de investigaciones por parte de la PEPCA- con múltiples allanamientos y apresamientos que obtuvieron gran cobertura mediática, al estar involucrados tres ex ministros de la gestión del ex presidente de la República Danilo Medina.

 El caso fue declarado complejo en abril del pasado año por la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, y al vencerse los plazos para presentar acusación, el MP solicitó una prórroga de cuatro meses a la magistrada Patricia Padilla. 

Lisandro José Macarrulla admite acusación por asociación de malhechores, soborno y desfalco

SANTO DOMINGO.- El empresario dominicano Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, admitió su culpabilidad este viernes por los cargos de asociación de malhechores, autor de desfalco, y autor de soborno activo en la investigación de la Procuraduría General General de la República denominada Operación Medusa. 

 Macarrulla Martínez admitió de manera libre y voluntaria los hechos por los cuales lo acusa el Ministerio Público. 

 Macarrulla se acogió a un acuerdo por juicio penal abreviado y fue condenado a cumplir pena de tres años de reclusión bajo la modalidad de prisión suspendida; se le canceló el registro mercantil de la entidad Mac Construcciones por dos años. 

 Asimismo se le decomisó la suma de 77 millones de pesos que es el monto retenido por el Estado dominicano, entregará un cheque de 57,389,577.65 de pesos a la Procuraduría General de República y entregará el apartamento A2, condominio Torre M Naco, Ensanche Naco valorado en 20,243,000 de pesos.

MP deja vencer plazo para la acusación del caso Calamar

El Ministerio Público no presentó acto conclusivo de la investigación en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar. Ahora corresponde a la jueza Franchesca Potentini, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en su condición de juez control intimar a los fiscales para que en un plazo de 10 días cumplan con ese trámite. 

 “Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de diez días. 
Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, precisa el Código Procesal Penal en su artículo 151. 

 Vencido el plazo de requerimiento hecho por la jueza y no presenta ningún requerimiento será declarada extinguida la acción penal. El Ministerio Público dejó vencer el plazo que tenía hasta este lunes al cumplirse este 18 de marzo un año de la imposición de la medida de coerción a los imputados para presentar acusación ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. 

 El denominado caso Calamar fue declarado complejo y los inculpados guardaron prisión preventiva y domiciliaria. A los exministros José Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo se les señala, junto a otros imputados, de supuestamente estafar al Estado con más de 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.

 A Gonzalo Castillo y a otros imputados se les dictó arresto domiciliario, como medida de coerción, mientras que a Peralta y a Guerrero se envió a prisión por un año en la cárcel de Najayo Hombres, pero seis meses después se les varió la media por presentación periódica y garantía económica.

Defensa de Donald recusa jueza del caso Calamar

El consejo de defensa del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal implicado en el caso Calamar, interpuso una recusación y un sometimiento disciplinario en contra de la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, apoderada para el control de las investigaciones. 

 La instancia de recusación fue presentada por los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Aguilera, María del Pilar Zuleta, Laura Rodríguez y Reynaldo Ramos, por “actitudes deliberadamente parciales”, que estarían “obstruyendo el derecho a la defensa” del exministro. Asimismo, el equipo legal del exfuncionario del Gobierno de Danilo Medina, también interpuso ante el Consejo del Poder Judicial una querella disciplinaria en contra de la titular del Segundo Juzgado, por presuntamente cometer “acciones claramente contrarias al derecho y a los mandatos que rigen su rol de juzgadora imparcial, racional y en coherencia con el ordenamiento jurídico”.

 Conforme con el escrito de recusación se acusa a la jueza Padilla de dictar decisiones ilegales sin escuchar a las partes, ni celebrar audiencias, a pesar de que la ley así lo exige; retrasar durante meses la tramitación de recursos y solicitudes que por lo regular tardan días, además, de estar parcializada a favor del Ministerio Público. 

Piden sanción ejemplar para vendedores de terrenos de Los Tres Brazos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Comité de Lucha de Los Tres Brazos, solicitó este lunes que las autoridades judiciales apliquen una sanción ejemplar, a las personas imputadas por la venta de terrenos de esa demarcación del municipio Santo Domingo Este. 

 Residentes de esa demarcación se presentaron la mañana de hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exhibir que haya una sanción ejemplar para los que supuestamente se unieron para engañar al Estado y a esa comunidad. 

 Milcíades Geraldo, hablando en representación del Comité de Lucha de Los Tres Brazos, expresó que “demandamos, además, que sean devueltos los más de 90 millones de pesos que se llevaron de nuestra comunidad”. Asimismo, Geraldo también instó al Gobierno a hacer un levantamiento en la comunidad para iniciar la entrega de titulación a sus residentes en la referida demarcación. 

MP califica de temeraria la recusación de la jueza del caso Coral/Coral 5G

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público calificó este martes como «litigación» temeraria la recusación presentada por la defensa de una de las imputadas en el caso Coral/Coral 5G contra la jueza Yanibet Rivas Méndez, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Rosa Antonia Disla, acusada de testaferrato dentro de la trama, y sus abogados siguen buscando formas para escaparse de la acción de la justicia con acciones como esta, afirmó el fiscal Jonathan Elías Pérez Fulcar. 

 “Recientemente, la magistrada jueza Yanibet Rivas Méndez decretó orden de rebeldía en contra de Disla, debido a las faltas de esta para presentarse a las audiencias”, explicó Fulcar, según recoge un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR). 

 En la audiencia fijada para este martes se esperaba dar inicio a la etapa preliminar del proceso que se le sigue a la madre del coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el Ministerio Público como el cerebro financiero del entramado de corrupción administrativa que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral5G. 

Ministerio Público inicia lectura de acusación a imputados Operación Falcón

Santiago, RD.- Este viernes el Ministerio Público inició la lectura de la acusación presentada en contra de unas 70 personas físicas y entidades societarias pertenecientes a una red de crimen organizado, dedicada a multiplicidad de delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego, desarticulada en la Operación Falcón. 

 La audiencia que se dirime en el Quinto Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, que preside el magistrado juez Cirilo Salomón Sánchez, el Ministerio Público establece que cuenta con la suficiencia probatoria para obtener apertura a juicio y condenas ejemplares. 

 La audiencia preliminar inició con la oposición de los abogados de la defensa, no obstante haberse fallado todos los incidentes presentados en tiempo hábil. Más de un año después de la presentación de la acusación y los abogados de la defensa estar debidamente notificados, los incidentes que presentan redundan en torno a los mismos recursos. 

Caso Sierra de Bahoruco vuelve a los tribunales; ambientalistas formalizan denuncia

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el 22 de marzo la audiencia de conocimiento de dos demandas de justiprecio en contra del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, por particulares que aseguran ser propietarios del 70 % de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 

 El tribunal acogió el pedimento de los representantes del Grupo Jaragua, entidad encargada de la co gestión del área protegida, que solicitó la intervención voluntaria en el proceso "por tratarse de un reclamo en un área que co maneja".

 Nelson Pimentel, en representación de Grupo Jaragua, manifestó ante el tribunal que esa institución se enteró recientemente de las demandas, pese a que estos procesos llevan unos dos años. Presentan denuncia ante la PGR Diversas agrupaciones ambientalistas presentaron ante la magistrada Yeni Berenice Reynoso una solicitud de investigación "por la posible comisión de hechos penales en perjuicio del Estado dominicano", debido al caso, que tendría serias irregularidades, según ha alertado el sector ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente.

Suprema Corte designará juez para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos


El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá el 11 de enero, que magistrado será designado como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. 

 El pleno se reunirá ese día para determinar qué juez del alto tribunal judicial del país llevará los casos que tenía a su cargo, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien fue escogido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). 

 Al ser diputados tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República, por lo que se requiere que un juez tenga el control de las investigaciones contra ellos.

 En 2021, mediante auto 9-2021 y 16-2021, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña, designó a Estévez Lavandier, como el juez que seguiría las investigaciones en contra de los diputados Rosa Amalia Pilarte López, Partido Revolucionario Moderno en la provincia de La Vega. Igualmente, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno en Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, también del partido de gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia Pedernales. 

Envían a juicio de fondo a algunos implicados en caso de venta ilegal de terrenos en Los Tres Brazos


La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo a algunos de los implicados en la venta ilegal de terrenos en el sector de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. 

 Entre los enviados a juicio de fondo figuran Leoncio Almánzar, Manuel Aybar Ferrando, Irving Cruz Crespo, Domingo Lebrón, Carlos Gómez Williams y Julio Gómez Williams. De igual forma, Lisetel González, Juana Gómez Williams, representante de Proyecciones Gowi S.R.L y la razón social Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L. Mientras que José de Pool Dominici, Ana Ozuna, Hadonis Ruiz y Rosabel Castillo, se le mantiene el acto de no a lugar, dictado por el exjuez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró. 

 El tribunal a cargo de la decisión lo integraron los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás, quienes habían prorrogado el fallo el 20 de noviembre para este miércoles a las 12 del mediodía e iniciaron pasadas las 6:00 de la tarde. 

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