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Aplazan nuevamente audiencia preliminar en Caso Calamar

SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional volvió a posponer la audiencia preliminar del caso Calamar, tras acoger una solicitud presentada por la defensa del exsenador Rafael Calderón, cuyo estado de salud le impide comparecer ante el tribunal. Con esta decisión, suman cuatro los aplazamientos de uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en el país. 

 La jueza Altagracia Ramírez adoptó la medida luego de que la defensa técnica de Calderón depositara una certificación médica por un período de 30 días, la cual fue corroborada por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La evaluación concluyó que el imputado no se encuentra en condiciones físicas para participar en la audiencia. 

 Durante la jornada, los abogados querellantes informaron que el proceso se encontraba avanzando conforme al trámite legal, con la exposición ya realizada por la parte acusadora y el turno correspondiente a las defensas técnicas. No obstante, la situación de salud de Calderón obligó al tribunal a suspender nuevamente la audiencia. “Hay dificultades con uno de los imputados y, en ese sentido, se presentó un pedimento que fue acogido por la jueza”, explicó Julio César Ventura, abogado de la familia Reyes. 

 Pese al aplazamiento, la parte querellante reiteró sus reclamos contra el Estado dominicano por la supuesta apropiación irregular de terrenos vinculados al Aeropuerto Internacional de Las Américas, insistiendo en el pago de la porción que, aseguran, les corresponde conforme a la ley. 

Víctimas del caso Novasco esperan justicia mientras avanza la Operación Guepardo

República Dominicana.– Ha pasado un año desde que El Informe reveló las primeras denuncias contra la constructora Novasco Real Estate, empresa que fue presentada ante clientes como parte de la reputada red de Remax One y que ofrecía proyectos inmobiliarios de bajo costo, entregas rápidas y atractivas facilidades de pago. 

 Sin embargo, detrás de esa fachada comercial, decenas de compradores —muchos de ellos dominicanos residentes en el extranjero— terminaron sin las viviendas prometidas y, en varios casos, sin los ahorros de toda una vida.

 En este tiempo, la situación ha evolucionado de manera que hay avance de las investigaciones, incluyendo arrestos y medidas de coerción; Además, la dura realidad emocional y financiera que las víctimas se ha enfrentado mientras intentan recuperar su dinero y recomponer sus vidas. 

 Algunos de los compradores explican que, tras haber invertido desde el extranjero, confiaron en la reputación que les transmitió el uso del nombre "Remax One" en las promociones de los proyectos.

 La imagen de ser una empresa asociada a una marca internacional fue clave para atraer a los clientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, las irregularidades se hicieron evidentes: obras que no avanzaban, contratos que no se cumplían y promesas de entrega que se aplazaban indefinidamente.

Familias atrapadas en un limbo jurídico por duplicidad de títulos e irregularidades en el Metro Country Club


San Pedro de Macorís.– Lo que durante décadas fue presentado como un exclusivo oasis turístico y residencial —con amplias áreas verdes, campo de golf y la promesa de tranquilidad— hoy es escenario de una batalla judicial que amenaza con expulsar a propietarios de las viviendas por las que han pagado, escriturado y vivido durante años. 

 Más de una decena de familias dominicanas y extranjeras que adquirieron villas y solares dentro de Metro Country Club enfrentan notificaciones de desalojo, pese a contar con títulos, hipotecas bancarias y constancias de pago de impuestos. 

 Detrás de las fachadas impecables y los jardines cuidados, se esconde un conflicto marcado por duplicidad de títulos, ejecuciones judiciales y un error catastral que ha dejado a estos residentes en un limbo jurídico. "Nunca imaginé que mi casa tenía otro dueño" .

Ramón Cabrera recuerda el día en que llegó del trabajo y encontró una notificación en su buzón. "Decía que debía entregar la propiedad a Metro Country Club. Pensé que era un error", cuenta. Pero cuando un agrimensor revisó la documentación, una realidad impensable salió a flote: existía un segundo título emitido en 2024 sobre su misma propiedad. 

Familia Espaillat enfrenta nueva acusación por colapso mortal en Jet Set

Santo Domingo.– La familia del fallecido Ramón Osiris Blanc Castillo, presentó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, una acusación alternativa y adhesión a la acusación del Ministerio Público contra los gerentes del establecimiento donde ocurrió el colapso del techo de la discoteca Jet Set, el 8 de abril de 2025. 

 La acusación, fundamentada en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, señala que el derrumbe, que cobró más de 250 vidas, fue "una catástrofe totalmente evitable" atribuida a negligencia grave por parte de quienes administraban la operación del establecimiento. 

 Imputados por negligencia y omisiones críticas 

Los abogados Jorge G. Lora Olivares, José Stalin Almonte Dilone y J. Lora Castillo, actuando en nombre de Patricia Elizabeth Paola Ulloa, esposa del fallecido y de sus hijos menores, así como de Osiris Armando Blanc, sostienen que los gerentes del negocio permitieron operar la discoteca bajo condiciones estructurales que representaban un riesgo evidente para los asistentes. 

Los señalados como imputados son Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y Maribel Espaillat López, además de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., incluida como tercero civilmente demandado, en su calidad de entidad responsable de la operación del local. 

Abogados de Gonzalo Castillo presentarán este jueves alegatos de defensa contra acusación del Ministerio Público


Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso de corrupción Calamar, donde según el Ministerio Público varios exfuncionarios habrían defraudado al Estado con más de RD$19 mil millones, presentarán este jueves sus alegatos de defensa durante la audiencia preliminar. 

 El proceso es conocido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien escuchará los alegatos de los imputados junto a las pruebas que estos presenten en respuesta a la acusación formal del Ministerio Público contra los involucrados en el caso Calamar.

 Posteriormente, el Ministerio Público presentará su réplica frente a los alegatos de defensa expuestos por las barras de los imputados. Luego, los representantes legales de los acusados tendrán la oportunidad de presentar su contrarréplica a la respuesta del órgano acusador. 

 Una vez concluido el proceso, la jueza Altagracia Ramírez se reservará el fallo para decidir si envía o no a juicio a los imputados de corrupción. En este proceso, además de Gonzalo Castillo, también figuran los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, así como otros coimputados. 

Ministerio Público califica como una «burla» renuncia colectiva de abogados de imputado en caso de estafa


El Ministerio Público aseguró que la renuncia colectiva de los abogados de la defensa del imputado Emmanuel Rivera Ledesma constituye una desconsideración hacia las víctimas del Caso Nido y una “burla” en un proceso penal en el que los equipos de fiscales agotaron más de dos meses de presentación de pruebas.

 Según la acusación, Rivera Ledesma fungía como cabecilla de la red que estafó a cientos de personas utilizando como fachada supuestos proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada mediante la Operación Nido. La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por los encartados a través de sus defensas técnicas, quienes abandonaron el proceso cuando se acercaba su término.

 “Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados, a través de sus defensas técnicas, que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, dijo Sánchez. Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también renunció sin presentar excusa alguna. Señaló que esta conducta provoca la ruptura del principio de inmediación, luego de que el Ministerio Público agotara más de dos meses de desahogo de pruebas, encontrándose ya en la fase final de incorporación de estas y próximo al discurso de cierre y al pedimento de las condenas en un plazo razonable. 

MP acusa de homicidio involuntario a hermanos Espaillat por negligencia e imprudencia en el Jet Set


El Ministerio Público sostiene que los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera incurrieron en negligencia e imprudencia en la administración de la discoteca Jet Set, lo que derivó en el desplome de la estructura, por sobrecarga, que provocó 236 muertes y unos cien lesionados. Sobre esta base, en la solicitud de apertura a juicio remitida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 12 de enero de 2026, el juicio preliminar contra los hermanos Espaillat.

 “El techo del Jet Set Club estaba dando señales claras de deterioro progresivo, con pleno conocimiento de los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, no siendo estas cuestiones relacionadas exclusivamente al agua que filtraba, sino también a escombros en el techo que impactaban directamente al falso techo de paflón, lo cual fue registrado por distintas vías y notificado a estos procesados”, dice la acusación. 

 El documento está sustentado en peritajes estructurales, testimonios de víctimas y empleados, y documentación técnica y financiera que argumenta un manejo irregular y riesgosamente descuidado del establecimiento. Los peritos determinaron que la sobrecarga excesiva en el techo fue la causa del desplome del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del año en curso, cuando el cantante Rubby Pérez amenizaba una fiesta, donde este también perdió la vida. 

Donald Guerrero denuncia uso de informe de contraloría no fue notificado

Santo Domingo. – El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, declaró en la audiencia de este viernes que el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, citado por el Ministerio Público y los querellantes, nunca le fue notificado por la propia Contraloría. Guerrero afirmó que esta omisión constituye una violación a su derecho de defensa y al debido proceso establecido en la legislación dominicana. 

 “Tomo brevemente la palabra para referirme al informe citado por la abogada querellante. Dejo constancia de que jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de la Ley 107-13”, expresó. 

 Uso del informe durante años a espaldas de la defensa 

El exfuncionario advirtió que, de acuerdo con informaciones publicadas en la prensa, el citado informe habría sido utilizado durante más de cuatro años como base de diligencias y autorizaciones procesales, sin su conocimiento. 

 Calificó esta situación como una grave violación de sus derechos fundamentales, reiterando que, al momento de ejercer su defensa, demostrará con claridad la transparencia de su gestión pública. “Hoy solo quiero dejar claro en acta que ese informe, utilizado durante más de cuatro años a mis espaldas, jamás me fue notificado”, subrayó Guerrero. 

No existió desfalco! Abogados de querellantes caso Calamar contradicen al MP y le aclaran que si hubo engaño, fue de parte de su “villano favorito”

República Dominicana.-En la audiencia el viernes 12, del caso identificado por el Ministerio Público como Operación Calamar, luego de cerrarse las presentaciones con la exposición del abogado querellante Pablo Castillo, tomó la palabra Ángel Lockward para rebatir los señalamientos en su contra. 

 Fue entonces cuando Lockward recordó declaraciones ya publicadas en los medios en julio de 2023: “No conocía a Gonzalo Castillo, ni a Ramón Peralta, ni a Donald Guerrero; no les dio dinero, solo aportó a Luis Abinader”. Tras esa afirmación, desmontó punto por punto los argumentos de la acusación, al punto de que, el propio Pablo Castillo desistió en ese momento de la querella contra Ángel Lockward y el exministro Donald Guerrero.

 Asimismo, otros abogados de los querellantes, al analizar las pretensiones del Ministerio Público sobre la propiedad, el valor y la forma de pago de los terrenos expropiados en la zona del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), coincidieron en que los pagos fueron realizados conforme a derecho y que no existió desfalco. “Si hubo engaño, fue de parte de Fernando Crisóstomo, el gran beneficiado con un criterio de oportunidad”, puntualizó el abogado 

Moisés Sánchez, quien lo calificó como “el villano favorito del MP”. En ese contexto, representantes de las familias propietarias de los terrenos del AILA —entre ellos los abogados Moisés Sánchez, Patricio Mañón, Julio César Ventura, Navarro Rossis, Guillermo Victoria y Genaro Zapata— desistieron formalmente de sus querellas contra Donald Guerrero. Argumentaron que, tras revisar las pruebas, quedó demostrado que Hacienda cumplió con sentencias firmes de pago y que no hubo complicidad con los exfuncionarios señalados. 

Caso Guepardo: jueza conocerá este martes revisión de coerción a uno de los cabecillas


Santo Domingo, RD. – La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, Vicky Chalas, conocerá este martes la solicitud de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a uno de los principales cabecillas de la red criminal vinculada al caso Guepardo, imputado de estafa por más de US$18 millones mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario. 

 Se trata del imputado Yves Alexandre Giroux, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, dictada por un juez de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción. 

 Giroux está imputado, junto a otras personas, de estafar a decenas de víctimas por un monto que asciende a US$18, 851,583.12, utilizando el nombre de una empresa establecida para generar confianza en los inversionistas. 

 El Ministerio Público solicita que se mantenga la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el alto riesgo de fuga. Se recuerda que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, identificó a los implicados en la red del caso Guepardo y ejecutó una serie de allanamientos.

 El pasado 7 de febrero fueron realizados 11 allanamientos e incautaciones en inmuebles de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que permitió al Ministerio Público establecer el modus operandi de la red delictiva. Estas diligencias permitieron recolectar más de 284 evidencias, entre documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios. 

 Un juez de la Oficina de Atención Permanente impuso el pasado febrero, medidas de coerción al grupo y declaró complejo el proceso.

Caso Costa Dorada: Tribunal ordena reinicio de juicio tras acusar a Helena Regalado de tácticas dilatorias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este lunes, el reinicio del juicio de fondo contra los implicados en el caso Costa Dorada, luego que acusó la semana pasada a Rafael Olegario Helena Regalado de implementar tácticas dilatorias que buscaban retrasar el proceso. 

 El tribunal, compuesto por las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Yisell Soto Peña, advirtió que continuará impartiendo justicia y actuará frente a cualquier estrategia destinada a entorpecer el proceso judicial. 

 En esta etapa final del juicio ya se el Ministerio Público había leído la acusación y presentado seis testigos. La semana pasada, Helena Regalado fue arrestado con el argumento del juzgado de garantizar su presencia en el juicio y asegurar que este se conozca sin dilaciones indebidas, conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal. 

 Las magistradas señalaron que el imputado, de manera directa y a través de la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., ha realizado recusaciones infundadas a jueces y al Ministerio Público, cambios injustificados de abogados y otros actos que buscan impedir el avance del caso. 

Tribunal mantiene en prisión a Emmanuel Rivera por estafas inmobiliarias a más de 500 personas

Por Raúl Germán Bautista.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva que pesa contra Emmanuel Rivera y otros implicados en un entramado de estafas inmobiliarias, en el que, según el Ministerio Público, se ha defraudado a más de 500 personas con proyectos falsos.

 En consecuencia, el tribunal confirmó la medida de coerción vigente y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 18 de septiembre de 2025. Este caso fue denunciado a través de N Investiga, de Nuria Piera. 

 El expediente judicial señala como principales imputados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, así como a las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. Además, fueron incorporados como nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson. 

MP lleva al tribunal un camión de pruebas contra exministros imputados por corrupción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público llevó este viernes ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional un camión, lleno de presuntas pruebas para ser utilizadas en las audiencias preliminar contra exministros y otros exfuncionarios acusados de estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos. 

 Previo al inicio de la audiencia, el vehículo con los presuntos elementos probatorios se encontraba en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras el personal trasladaba cajas al juzgado. 

 La jueza Altagracia Ramírez conoce el caso, en donde el órgano acusador está concluyendo la lectura del expediente con la acusación en esta fase procesal. Entre los principales acusados figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; y de la Presidencia, José Ramón Peralta. También están señalados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar. 

Bienes incautados en casos Coral han generado más de 86 millones por concepto de alquileres

Los bienes incautados a los policías y militares vinculados al caso Coral, que están bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, han generado por concepto de alquileres RD$31,294,100.00, y RD$55,288,231.83, en el caso de los proyectos agrícolas. 

 El Ministerio Público explicó que se ha solicitado el decomiso de ambos montos a favor del Estado dominicano, ya que este fue afectado por el entramado de corrupción administrativa que defraudó con más de RD$4,500 millones y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G. 

 El mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), figura como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre los años 2012 y 2020. Además de Cáceres, De los Santos Viola y Torres Robiou, en el caso son procesados el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo; el cabo policial, Tanner Antonio Flete Guzmán. 

 También están acusados José Manuel Rosario Pirón; Carlos Lantigua; Alfredo Pichardo; Erasmo Roger Pérez; Jehohanan Lucía Rodríguez; Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. La acusación indica que los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). 

Juezas ordenan entrega de recursos millonarios de acusados Antipulpo

Solamente los valores monetarios inmovilizados a Juan Alexis Medina Sánchez en tres entidades financieras del país ascienden a RD$459,617,647.17 y de US$423,824.26. Estos recursos que pasarían al Estado conforme a sentencia que lo envía a prisión por siete años y ordenó el decomiso de los bienes muebles e inmuebles que le fueron incautados. 

Además deberá pagar una multa de RD$500 millones como indemnización. 

 Los bienes muebles a ser decomisados al principal imputado en el caso Antipulpo según alega el Ministerio Público fueron adquiridos por Medina Sánchez producto de actos de corrupción administrativa durante los dos períodos de Gobierno de su hermano, el expresidente Danilo Medina e incluyen: 5 apartamentos, 13 vehículos y 11 empresas, que a su vez tienen registrados 16 vehículos de carga y de lujo. 

 Los bienes inmuebles son el apartamento 2-sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la calle Federico Geraldino esquina Erwin Walter Palm número 94, en el Ensanche Paraíso, del Distrito Nacional, otro de 469.02 metros cuadrados ubicado en el nivel 19 de la Torre 3 de Malecon Center, número T3-29-A y localizado en la Avenida George Washington, Ciudad Universitaria, en el Distrito Nacional y un solar, ubicado en Najayo Arriba Fuerte Resoli, Zorra Buena, en la provincia San Cristóbal. 

Condenan a Alexis Medina a siete años de prisión por soborno, lavado y asociación de malhechores


Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a unanimidad la madrugada de este jueves a Alexis Medina a siete años de prisión. Lo encontraron culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. 

Además deberá pagar junto a sus empresas y otros siete condenados a RD$500 millones a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. Asimismo, Alexis deberá pagar una multa de 150 salarios mínimos. En tanto, descargó a su hermana Magalys Medina. 

 En el caso de Alexis, los ilícitos ocurrieron entre 2012-2020, período en que su hermano, Danilo Medina, era presidente de la República.

 Otros siete condenados 

De las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina también fueron hallados culpables otros siete imputados, que fueron los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista .

MP solicitará que se confirme prisión preventiva de 18 meses a cabecilla del caso Guepardo

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del Caso Guepardo. 

 La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, dispuso el aplazamiento para el próximo 2 de septiembre, con el fin de citar a los querellantes.

 Durante la audiencia se conocerá la revisión obligatoria de la medida y la solicitud de traslado de recinto penitenciario que hace imputado. El Ministerio Público sostiene que contra Giroux debe mantenerse la medida privativa de libertad debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga. 

 El pasado 11 de julio, las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco recurrieron en apelación, procediendo la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís a ratificarles la prisión preventiva por 18 meses, estableciendo, que es un hecho de suma importancia para la sociedad y que hay elementos que el Ministerio Público sindica que ameritan que se investigue en estado de prisión. 

Tribunal fija para el 13 de agosto el fallo en el caso de Alexis Medina y compartes

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el 13 de agosto la lectura del fallo en el juicio de fondo contra Alexis Medina Sánchez y los demás implicados en el presunto caso de corrupción. El tribunal, presidido por Clarivel Nivar e integrado por Clara Castillo y Jisell Soto, informó que dará a conocer el fallo a las 11:00 de la mañana.

 Las juezas tomaron la decisión de fijar la fecha de la lectura de la sentencia, luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, los abogados que representan al Estado dominicano, las defensas de los acusados y las palabras finales de estos. 

 La jueza Nivar indicó que el tribunal ha estado trabajando intensamente en la valoración de la gran cantidad de pruebas presentadas durante los debates, que se extendieron por más de treinta días. Aseguró que actuarán con la responsabilidad que los caracteriza para dar una respuesta a este caso. 

 Asimismo, el tribunal dejó convocadas a todas las partes para que estén presentes en la fecha y hora indicadas, y les recomendó ir preparados, incluso en cuanto a su alimentación, ya que la lectura del fallo podría extenderse por varias horas. 

Testigo explica cómo el general Santos Viola usó prestanombres para ocultar propiedades fruto de la corrupción

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó este martes nuevos elementos que evidencian cómo los acusados en el expediente derivado de la Operación Coral ocultaron bienes millonarios a través de prestanombres, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con dinero en efectivo que nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos dueños. 

 Durante la jornada de hoy, el órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan desahogando pruebas con las que demuestran el esquema de corrupción utilizado por militares y policías para sustraer fondos públicos. 

 En la audiencia, celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fue escuchada la testigo Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, uno de los acusados en el proceso. La mujer admitió que, sin su consentimiento, fue colocada como supuesta propietaria del apartamento B-4, ubicado en el condominio Torre Elsa en Gascue. La testigo declaró que nunca ha visitado dicho apartamento ni conoce su ubicación, y que, en el año 2022, ella y su esposo realizaron la entrega voluntaria del inmueble al Ministerio Público para fines de decomiso. 

Más de 75 víctimas del caso Jet Set apelan medida de coerción que benefició a hermanos Espaillat

Santo Domingo. Más de 75 víctimas del colapso del techo en la discoteca Jet Set han presentado recursos de apelación contra la medida de coerción impuesta a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario tras la tragedia que dejó varios muertos y cientos de heridos. 

 Así lo informó el abogado Plutarco Jáquez, quien representa aparte de los casi 400 afectados por el desplome ocurrido en uno de los centros de entretenimiento más emblemáticos de la República Dominicana. 

 “Nosotros recurrimos a apelación. Estamos esperando ahora que el expediente sea enviado a la corte, que la Cámara Penal haga el salteo. Y entonces vamos a ver en cuál de las tres salas cae. Hay tres salas en el Congreso Nacional”, explicó Jáquez. 

 Críticas al lugar donde se conocerá el proceso 

El jurista también expresó su malestar con la disposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien habría ordenado conocer el proceso en el Tribunal de Juicio Inmobiliario, ubicado en una zona de difícil acceso. “Ese otro disparate que hizo el presidente de la Suprema. Ahora esa audiencia se está conociendo en el Tribunal de Juicio Inmobiliaria. Y ahí los abogados tenemos que ir todito en Uber porque no hay parqueo”, criticó el abogado.

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