Salvado y disidente, los votos en el fallo del caso Donald

Un voto disidente y uno salvado forman parte de la sentencia mediante la cual el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó declarar la extinción de la acción penal en el proceso seguido al exministro de Hacienda Donald Guerrero. 

 Contrario a las consideraciones de la jueza presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelin Rodríguez votaron porque el proceso penal siga su curso y no acoger el pedimento hecho por Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, así como los acusados Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz.

 En sus motivaciones explicaron que por tratarse de un caso complejo, en el cual hay más de 40 personas físicas y jurídicas imputadas. 

 En su voto salvado, la jueza Martínez Noboa dijo que desde que comenzó el proceso, han transcurrido cuatro años, seis meses y cuatro días sin embargo, jurisprudencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, así como el Código Procesal Penal, mandan a ponderar la complejidad del caso, la conducta de las partes frente al proceso y la negligencia o actividad de las autoridades para llevar adelante el proceso. 

Tribunal rechaza extinción del Caso Calamar y fija criterio sobre el plazo de cuatro años

Las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta del tribunal; Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, rechazaron por mayoría de votos las solicitudes de extinción de la acción penal planteadas por varias de las defensas del Caso Calamar y establecieron un criterio sobre el momento a partir del cual debe comenzar a computarse el plazo máximo de cuatro años de duración del proceso. 

 El tribunal consideró que el proceso nació bajo la vigencia del Código Procesal Penal modificado por la Ley 10-15, normativa que establecía que el plazo máximo de duración comenzaba a correr a partir de la solicitud de medidas de coerción o de la realización de un anticipo de prueba.  Con este razonamiento, las juezas descartaron la pretensión de varias defensas de que el cómputo comenzara desde actuaciones realizadas durante los años 2021 y 2022, entre ellas interrogatorios practicados por el Ministerio Público, oposiciones a pagos e inmovilizaciones de fondos. 

 Las defensas habían solicitado que se aplicara de manera retroactiva el artículo 150 de la Ley 97-25, actual Código Procesal Penal, por considerarlo más favorable a sus representados.  En su defecto, algunas plantearon que se aplicara de manera ultraactiva la Ley 76-02, Código Procesal Penal primigenio, y que el plazo se computara desde los primeros actos de investigación que, según alegaron, pudieron afectar derechos fundamentales de los imputados. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que aceptar esa interpretación implicaría afectar el principio de seguridad jurídica, debido a que cuando nació el proceso existía una legislación que establecía expresamente cuál era el punto de partida para computar los cuatro años.

Corte confirma extinción penal en caso Los Tres Brazos

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó en todas sus partes la sentencia de primer grado que declaró la extinción de la acción penal a favor del exdirector del CEA, 

Leoncio Almánzar, y demás imputados en el caso de la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos. Con esta decisión, el tribunal, integrado por los magistrados Ysis Muñiz, presidenta; Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, los querellantes y actores civiles contra la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado el 22 de abril de 2024.

 Los jueces de la Corte justificaron su decisión tras establecer que el cómputo de la duración del proceso debe contarse a partir de la primera medida de coerción, impuesta el 31 de julio de 2018, y que, al momento de su fallo, habían transcurrido más de ocho años sin que existiera una sentencia de fondo, ya fuera condenatoria o absolutoria. 

 “Más de ocho (8) años en un proceso penal sin la intervención de una sentencia de fondo es un desatino, resulta irrazonable”, señalan textualmente los jueces en su decisión, entre otras razones legales para justificar la ratificación de la sentencia. 

Cinco imputados Calamar también van por extinción

El expediente del caso Calamar se encamina por el mismo derrotero procesal que el de Jean Alain Rodríguez y compartes. Ayer, cinco de los 34 imputados solicitaron al tribunal a las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal y de manera complementaria, el levantamiento inmediato de las medidas de coerción, la cautelares sobre sus bienes, y el desbloqueo de sus cuentas bancarias. 

 El resto de los encartados, incluido el exministro de Hacienda Donald Guerrero y principal imputado en el supuesto entramado que habría estafado al Estado con más de RD$19,000 millones, se reservó el derecho de hacer la misma petición. 

 Las defensas de Claudio Silver Peña, Mario Rodríguez Cabrera, Ángel Lockward, Santiago Roberto Moquete, Juan Tomás Polanco y Agustín Mejía Ávila, sustentaron su petición en la presunta vulneración del plazo razonable.

 Algunas coincidieron en el argumento de que las sentencias del Tribunal Constitucional números TC/0765/24 y TC/0766/24 anular la Ley 10-15 y otorgaron al Congreso un plazo de año para hacer un nuevo Código Procesal Penal (CPP), y al vencer el plazo (29 de noviembre del 2025) sin la aprobación de la nueva norma hubo un “vacío legal”, que, a su juicio, hizo revivir automáticamente el CPP original (Ley 76-02) cuyo límite máximo para la duración de un proceso oscila entre los 3 y 4 años. 

Abogado afirma que acusación del Jet Set contradice su propia calificación

Santo Domingo.- El abogado querellante Jean Carlos Martínez Segura planteó este viernes que, en el momento procesal correspondiente, el tribunal deberá considerar una variación de la calificación jurídica en el caso por el colapso de la discoteca Jet Set, al entender que los hechos podrían encajar en el tipo penal de homicidio voluntario.

 Durante su intervención en el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, Martínez Segura sostuvo que existe una contradicción entre afirmar que el hecho era previsible y no fue un accidente, pero mantener una calificación jurídica vinculada, según explicó, a los artículos 319 y 320. 

 Este hecho no fue un accidente”, recordó el abogado al citar lo expresado previamente por representantes del Ministerio Público. También señaló que el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que el hecho era “claramente previsible”. 

Ministerio Público presenta ante jueces recurso de apelación a sentencia que descargó a procesados en caso Los Tres Brazos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó ante los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el recurso de apelación contra la sentencia que descargó a procesados por la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos. 

 El órgano acusador presentó su recurso de apelación a la decisión que en 2024 descargó a los encartados Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.

 La apelación, también, fue presentada contra las razones sociales Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L. representada por la señora Juana Ynés Gómez Williams; Inversiones Fernández Parache (Infepa), representada por Carlos Aris Gómez Williams, y Tekknowlogic Dominicana, S.R.L., representada por Julio César Gómez Williams, así como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde). 

Antonio y Maribel Espaillat apelan inmovilización de bienes por RD$500 millones en caso Jet Set

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Antonio y Maribel Espaillat presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para impugnar la medida de coerción real que ordena la inmovilización de bienes por un monto de RD$500 millones, impuesta tras el proceso judicial por la tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento Jet Set. 

 El recurso fue depositado por los abogados Francisco Mota Pacheco, Ramón Emilio Núñez Núñez, Miguel E. Valerio Jiminián, Carlos Alberto Polanco Rodríguez y Bernardo Elías Almonte Checo, contra el ordinal séptimo de la Resolución núm. 057-2026-SACO-00101, emitida el 15 de junio de 2026 por el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. 

 En la instancia, la defensa sostiene que el recurso no busca reducir, limitar ni eliminar la garantía judicial reconocida a favor de las víctimas, sino modificar la modalidad en que debe ejecutarse la medida. “Este recurso no persigue reducir, limitar ni eliminar la garantía judicial reconocida a favor de las víctimas. Procura que dicha garantía pueda cumplirse íntegramente, evitando que la modalidad actualmente autorizada produzca una afectación patrimonial superior a la expresamente fijada por el propio tribunal”, establece el documento.

Estado dominicano apela el auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo en caso Calamar

El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), depositó este lunes un recurso de apelación parcial contra la resolución que dictó auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, en el marco del Caso Calamar. 

 La apelación fue presentada a las 2:30 de la tarde ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y busca que sea revocada la decisión emitida el 29 de mayo de 2026 por la jueza Altagracia Ramírez. En el recurso, el ERPP, en representación del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, entre otras entidades estatales, solicita a la Corte: 

 

Revocar el auto de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo Terrero, José Ramón Peralta Fernández y otros tres imputados. 

Ordenar la apertura de un juicio de fondo contra esos acusados. 

Mantener las medidas de coerción vigentes, incluido el impedimento de salida del país y las medidas u oposiciones de carácter financiero. El recurso sostiene que la jueza incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas, especialmente en lo relativo a los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento de campañas descrito en la acusación del Ministerio Público.

Exsenador Rafael Calderón irá a juicio por presunta corrupción en caso Calamar

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio de fondo contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, tras determinar que existen pruebas suficientes que lo vinculan con la red de corrupción administrativa desmantelada mediante la denominada Operación Calamar. 

 La magistrada Sofía Bruno De Los Santos dispuso que el excongresista responda ante los cargos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en un proceso separado del expediente principal debido a las condiciones de salud que lo afectaban. 

 Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público, respaldado por abogados del Estado, solicitó formalmente el envío a juicio, alegando contar con un sólido cuerpo probatorio. En contraste, la defensa encabezada por el abogado Wilson Beriguete pidió un auto de “no ha lugar”, argumentando que Calderón no incurrió en los hechos imputados. 

 El caso se desprende de un entramado que involucra a altos exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina. Mientras figuras como el exministro de Hacienda, 

Defensa víctimas Caso Nido esperan imputados sean condenados tras nuevo aplazamiento

 Luego de que este jueves fuera aplazada para el próximo 25 de junio la audiencia relacionada con el Caso Nido o Indisarq, víctimas y representantes legales de los afectados expresaron su esperanza de que el proceso avance hacia una condena y que sea rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa de Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado de encabezar una presunta red de fraude inmobiliario. 

 Rivera Ledesma enfrenta acusaciones por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en un caso que, según el Ministerio Público, habría afectado a cientos de personas que invirtieron sus ahorros en proyectos inmobiliarios que nunca fueron entregados. 

 Uno de los abogados que representa a las víctimas manifestó que esperan que los jueces actúen conforme a las pruebas presentadas y permitan que el caso sea conocido en el juicio. “Queremos que se conozca el juicio de fondo porque los hechos que se le imputan son sumamente graves. Hay personas que enfermaron y otras que incluso fallecieron esperando una respuesta de la justicia”, expresó el jurista. 

 Asimismo, sostuvo que muchas de las familias afectadas quedaron prácticamente en la ruina tras invertir sus ahorros con la esperanza de adquirir una vivienda en el país, por lo que considera imprescindible que se imponga una sanción ejemplar a los responsables. 

 Por su parte, el abogado Fernando Montero explicó que la ausencia de algunos de los imputados fue una de las razones que motivó el aplazamiento de la audiencia. Indicó que Eduardo Rivera, hijo de Emmanuel Rivera, no pudo asistir debido a problemas de salud que le obligan a guardar reposo, situación que fue respaldada mediante un certificado médico.

Condenados y descargados caso antipulpo vuelven al tribunal

Nueve meses después de dictada la sentencia, los siete condenados y 13 descargados del caso Antipulpo vuelven a verse la cara en los tribunales con el Ministerio Público, esta vez en la Corte de Apelación. 

 Y es que, inconformes con la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, tanto los condenados como el órgano de persecusión, indistintamente, la recurrieron en casación. 

 Son ellos, Juan Alexis Medina Sánchez, condenado a 7 años de prisión, José Dolores Santana Carmona, a 6 años y Wacal Bernavel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y Paola Molina Suazo, a 5 años de prisión. 

 

 El MP, además de apelar esas condenas, también recurrió el descargo que mediante su sentencia del 14 de agosto del 2025, ordenaron las magistradas Claribel Nivar (quien lo preside), Clara Sobeida Castillo y Yissell Soto Peña, a favor de Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa, Fredy Hidalgo Núñez y Aquiles Alejandro Chrisropher Sánchez. 

 También Rafael Antonio Germosén Andújar, José Miguel Genao Torres, Libni Valenzuela Matos, Carlos José Alarcón Veras, Antonio Florentino Méndez, Cristian Manuel Ramírez, María de los Milagros Torres Castellanos, Pachrusty Ramírez Pacheco y Rafael Leonidas D¨oleo. 

 Tanto los condenados como los descargados, más otro grupo que negoció con el MP, fue acusado por el MP de conformar un entramado criminal que habría estafado al Estado con RD$4,000 millones, y cuyo principal imputado, Alexis, así como Carmen Magalys, son hermanos del expresidente de la República Danilo Medina. 

 La condena a Alexis incluye pago de RD$500 millones al Estado  

Fuente:https://hoy.com.do/el-pais/condenados-descargados-caso-antipulpo-vuelven-tribunal_1090211.html

Estado demanda indemnización de más de RD$82 mil millones en caso que encabeza Donald Guerrero

Tal como han fallado otros tribunales en casos de corrupción desde 2020, la jueza Altagracia Ramírez rechazó excluir la querella presentada por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), en representación del Estado dominicano, pese a la solicitud de las defensas de los imputados en el expediente de presunta corrupción encabezado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. 

 Solo por ese caso, el ERPP demanda un resarcimiento de 82 mil millones de pesos por daños materiales, que asciende a "cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos con setenta y seis centavos (41,185,964,839.76 pesos)" y por perjuicio moral que calculan en otros 41 mil ciento ochenta y cinco millones de pesos. 

 En su resolución, que envía a juicio de fondo a Guerrero, al abogado Ángel Lockward, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo, y al de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, entre otros acusados, la magistrada también declaró inadmisible la querella presentada por el creador de contenidos Rafael Antonio Guerrero Méndez y la Fundación Corrupción al Desnudo-Rafton. 

"El tribunal no valoró correctamente las pruebas"; Ministerio Público apelará no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

SANTO DOMINGO.-El director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que el organismo persecutor apelará el auto de no ha lugar emitido a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en un presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado. 

 La decisión fue dada a conocer tras la resolución emitida por la jueza Altagracia Ramírez. Camacho calificó la decisión como una “errónea apreciación de las pruebas” y sostuvo que varios elementos fundamentales presentados por el órgano acusador no fueron valorados de manera adecuada. 

 Según explicó el procurador adjunto, el tribunal excluyó testimonios considerados clave para sustentar la acusación presentada por el Ministerio Público. "El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar", afirmó. 

 Asimismo, cuestionó lo que definió como contradicciones en la resolución judicial y señaló presuntas irregularidades en la valoración de las evidencias incorporadas al proceso. "Hablamos de un documento en el que el tribunal validó firmas de personas cuyos nombres fueron escritos letra por letra, incluyendo a personas que ya estaban fallecidas. Es evidente la contradicción en la observancia y apreciación de la prueba", enfatizó. 

Vuelven a aplazar audiencia del caso Nido o Indisarq hasta el 11 de junio

Por segunda vez de forma consecutiva, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional informó que la audiencia del juicio de fondo del caso Nido o Indisarq permanecerá en receso hasta el próximo jueves 11 de junio, a las 9:00 am, debido al estado de salud de la magistrada Arisleida Méndez, quien se encuentra bajo licencia médica.

 Durante la jornada también estuvo ausente el Ministerio Público encargado de la acusación. En el proceso figuran como implicados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 De acuerdo con el Ministerio Público, la red perjudicó a más de 500 personas mediante la oferta de viviendas en siete proyectos inmobiliarios. Las autoridades estiman que el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano. 

Desalojo por orden judicial de 2 inmuebles en Metro Country Club

Juan Dolio-. La incertidumbre y el temor se apoderan de residentes del proyecto turístico Metro Country Club, en Juan Dolio, luego de que este miércoles fueran ejecutados dos desalojos en medio de conflicto judicial por supuesta duplicidad de títulos y deudas millonarias que, según los afectados, no les corresponden.  La angustia se apoderó este miércoles de los propietarios de las villas. 

 Temor entre propietarios 

Uno de los que mostró preocupación es Ramón Alcántara, quien denunció que, junto a otras 19 familias, vive bajo tensión constante, ante el miedo de que las autoridades continúen con los desalojos en cualquier momento. 

 Alcántara relató que, desde tempranas horas, un contingente policial y representantes del Ministerio Público ingresaron al complejo para ejecutar desalojos en dos villas notificadas previamente. Tengo mi título original, pago IPI, la casa está financiada con un banco y he llevado todos mis documentos a Fiscalía, al abogado del Estado y a todas las autoridades correspondientes”, indicó Ramón Alcántara, propietario. 

 Asegura que, aunque su vivienda cuenta con título original, financiamiento bancario, pago de impuestos y certificaciones legales, teme que también sea intervenida. 

El Juez decidirá el 15 de junio si envía a juicio a los hermanos Espaillat por colapso en Jet Set

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, informó que el próximo 15 de junio decidirá si envía o no a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, hecho ocurrido el 8 de abril de 2025 y que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.  La lectura de la decisión fue fijada para las 10:00 de la mañana. 

El magistrado explicó que se reserva el fallo luego de escuchar la defensa material de Maribel Espaillat, así como las réplicas y contrarréplicas del Ministerio Público, la defensa técnica de los imputados, la parte querellante y representantes de las víctimas. 

 Durante la audiencia, Mejía señaló que el Código Procesal Penal establece un plazo de entre 30 y 45 días para emitir este tipo de decisiones. Sin embargo, indicó que el tribunal optó por el plazo mínimo, en un esfuerzo de celeridad procesal. 

 El juez agregó que la audiencia no solo incluirá la decisión, sino también la entrega formal de la resolución debidamente motivada. 

Juez oye querellantes y aplaza audiencia Jet Set para 1 mayo

SANTO DOMINGO.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, concluyó este lunes de escuchar las conclusiones de los abogados de los querellantes en la audiencia preliminar del caso que se le sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso de la discoteca Jet Set en abril del año pasado. 

Una vez concluida esta parte de la audiencia, que inició a las 10:03 de la mañana de este día, se dio paso a escuchar a las víctimas y familiares de estas, informó el Poder Judicial en una nota. 

 La audiencia fue aplazada para el próximo viernes 1 de mayo, cundo se terminará de escuchar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas mortales. 

 Los abogados de la defensa presentarán sus argumentos y se procederá a escuchar a los imputados, con lo que se garantiza el derecho a la defensa y la celeridad en esta etapa procesal. 

Caso Jet Set: familia de esposa de Eduardo Grullón presenta querella separada a la del MP

Abogados de la familia de Johanna Rodríguez, quien murió junto a su esposo y presidente de AFP Popular, Eduardo Grullón, en la discoteca Jet Set, presentaron una querella particular contra los propietarios del colapsado negocio de entretenimiento en abril del 2025 y que causó 236 muertos. 

 En la querella contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, los representantes legales del padre de Jhoanna Rodríguez solicitaron variar la calificación jurídica del trágico incidente para que se conozca como homicidio voluntario. 

 En la acusación del Ministerio Público se imputa a los dueños del icónico establecimiento de diversión por homicidio involuntario. 

 Los abogados Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, en representación del señor Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de Johanna Rodríguez de Grullón, hicieron su presentación este lunes en audiencia. Alegan que "con pleno conocimiento del riesgo", los acusados ordenaron intervenciones estructurales a la discoteca sin "los estudios técnicos, la supervisión ni personal adecuado", lo que causó su desplome causando la tragedia.

Jurista Julio Cury advierte que los jueces pueden variar la calificación en caso Jet Set

Desde que el Ministerio Público sometió la acusación por el caso Jet Set, han surgido cuestionamientos sobre la calificación de homicidio involuntario. Algunos juristas sostienen que esta tipificación podría cambiar durante el proceso, dependiendo de los elementos de prueba presentados ante los tribunales. 

 Cambio de calificación 

El jurista Julio Cury explicó que tanto el juez de la instrucción, en la fase de audiencia preliminar, como el tribunal de fondo tienen la facultad de modificar la calificación jurídica del hecho. Esta potestad está contemplada en el Código Procesal Penal, que no limita al juez a la tipificación inicial presentada por el Ministerio Público. 

 Según Curi, durante el juicio de fondo, el tribunal puede variar la calificación en virtud de lo establecido en la normativa procesal, siempre que advierta previamente al imputado para que pueda adecuar su defensa. 

En la audiencia preliminar, el juez también puede descartar el tipo penal propuesto y enviar a juicio a los imputados bajo una calificación distinta. 

Caso Guepardo avanza en La Romana con más de 400 víctimas afectadas

SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público presentó acusación formal contra los implicados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica, desmantelada durante la Operación Guepardo, que ha dejado al menos 426 víctimas. 

 La acción fue impulsada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos junto a la Fiscalía de La Romana, tras una investigación que incluyó análisis financieros y recopilación de pruebas. 

 Imputados y empresas vinculadas

 En el expediente figuran varias personas acusadas de formar parte de la red, así como empresas utilizadas como canal para manejar fondos ilícitos. Entre estas se encuentran: 

 Novasco Real Estate SRL 

REMAX One 

Rodeca Marketing Group SRL

RR Marketing Group EIRL 

AGOTT 24 SRL 

Las autoridades sostienen que estas entidades fueron empleadas para movilizar dinero obtenido mediante esquemas fraudulentos, principalmente en el sector inmobiliario. Un caso con amplio sustento probatorio.

 El expediente presentado cuenta con más de 1,660 elementos de prueba, entre los que se incluyen: Documentos financieros Evidencias materiales Peritajes especializados Material audiovisual Estas pruebas detallan el funcionamiento interno de la red, el flujo del dinero y la participación de cada imputado. 

 Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se designe el tribunal competente en La Romana, donde se conocerá la audiencia preliminar. En esta etapa, un juez evaluará si existen méritos suficientes para enviar a juicio a los acusados. 

 Investigaciones continúan 

El Ministerio Público indicó que las indagatorias siguen abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y garantizar una respuesta completa frente al esquema fraudulento. 

 Resumen: la Operación Guepardo avanza a una nueva fase judicial, con una acusación robusta que busca llevar ante la justicia a una red que afectó a cientos de personas y golpeó la confianza en el sector inmobiliario.

Fuente:https://bavarodigital.net/caso-guepardo-avanza-en-la-romana-con-mas-de-400-victimas-afectadas/