En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) han incautado bienes inmuebles, en todo el territorio nacional, ascendentes a más de cinco billones de pesos.
Estas incautaciones obedecen a decomisos por narcotráfico, lavado de activos, corrupción y crimen organizado y totalizan RD$5,556,342,041 millones de pesos.
El historial judicial detrás de estas incautaciones incluye algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos en el país.
Los bienes incautados son aquellos que, por orden de una autoridad competente durante una investigación o proceso judicial, quedan prohibidos de ser transferidos o movilizados y pasan bajo control estatal.
En cambio, los bienes decomisados son aquellos que, tras una sentencia definitiva, pasan a ser propiedad del Estado de manera permanente.
Muchos de los inmuebles decomisados están vinculados a procesos como el caso Ferrer Abad, el expediente de César Emilio Peralta, conocido como “César el Abusador”, así como de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
También figuran propiedades relacionadas a “El Alacrán”, José David Figueroa Agosto, los hermanos Robison y Hurtado, Pascual Cordero Martínez, alias “El Chino”, y, más recientemente, al caso Calamar, que involucra a varios exfuncionarios y empresarios.