El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) agotó su último recurso en los tribunales contra los propietarios de los terrenos declarados área protegida en el 2004 para crear el Monumento Natural Hoyo Claro, en el municipio Salvaleón de Higüey, La Altagracia.
La institución perdió en 2023 una demanda de justiprecio en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Estado fue condenado a pagar 313 millones 686,600 pesos por una superficie de 1,045,622 metros cuadrados (300 pesos por cada metro cuadrado) a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, también demandada.
Ambas elevaron un recurso de casación contra la sentencia que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible en 2024.
Medio Ambiente apeló ante el Tribunal Constitucional (TC), pero la alta corte rechazó sus argumentos y tampoco lo admitió, reafirmando el fallo original del TSA.
El fondo del conflicto solamente fue conocido en el TSA, pues los otros dos recursos versaron sobre aspectos procesales.
Medio Ambiente argumentó ante el TSA que la declaratoria de área protegida no constituía una expropiación y no limitaba el derecho de propiedad de los dueños, que podían seguir usando sus terrenos.
"La Ley 202-04 en ninguno de sus artículos establece que cuando se declaran áreas protegidas es una expropiación. Todos en este país saben que cuando se declara la expropiación de un terreno lo hace el Poder Ejecutivo por un decreto... Las áreas protegidas solo limitan el uso de esas áreas...", alegaron sus abogados.




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