EE.UU dice en el país se benefician a "empresas con conexiones políticas"

Al reconocerse como el mayor inversionista en República Dominicana y destacar importantes logros que ha tenido el país en la implementación de políticas para la mejora de la Inversión Extranjera Directa (IED), Estados Unidos crítica que el Gobierno del presidente Luis Abinader “se ha negado a priorizar importantes reformas apoyadas por los inversionistas, como la del sector eléctrico y los altos niveles de informalidad”.

 El documento publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y titulado: “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, señala que a pesar de los avances en el crecimiento económico; la lucha contra la corrupción, la estabilidad política; las exenciones fiscales para atraer empresas al país, las leyes, reglamentos y otros incentivos, los inversionistas extranjeros perciben que todavía existe inseguridad ciudadana y obstáculos en procesos burocráticos. 

 “Las quejas incluyen la percepción de una corrupción generalizada tanto a nivel nacional como local; la falta de competencia técnica dentro del gobierno; los retrasos en los pagos gubernamentales; los obstáculos burocráticos; y los procedimientos no estandarizados en la valoración aduanera y la clasificación de las importaciones. Las débiles leyes de tenencia de la tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada siguen siendo un problema. 

EU autoriza decomisar bienes del diputado Miguel Gutiérrez Díaz

SANTO DOMINGO.- La corte del Distrito Sur de la Florida aprobó el decomiso de todos los bienes del exdiputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz, preso en Miami por narcotráfico. 

 El documento destaca que cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley debidamente autorizado en EE. UU. podrá embargar y tomar posesión de los bienes confiscados según la ley. 

 Los bienes que Gutiérrez tenía en la República Dominicana ya fueron incautados por las autoridades estadounidenses. En diciembre del año pasado Gutiérrez Díaz firmó un acuerdo de colaboración con la oficina del fiscal del Distrito Sur de Florida donde se establecía que este entregaría todos los bienes que consiguió directa o indirectamente producto de los delitos que se le imputan, a cambio de una reducción de la pena a la que tendría que ser condenado. Dentro de dicho pacto, el exdiputado del PRM, se declaró culpable de los dos cargos en su contra.