Joan González queda arrestado por 13 nuevas querellas de estafa inmobiliaria, aunque es favorecido con fianza

Joan Fernando González Contreras, vinculado al caso Grupo Paceo y al proyecto West Side Residences Punta Cana, fue arrestado nuevamente luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional ejecutara una segunda orden de apresamiento sustentada en 13 nuevas querellas por presunta estafa inmobiliaria. 

 La nueva actuación se produjo después de que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dispusiera su libertad bajo garantía económica e impedimento de salida, respecto de los casos conocidos en la primera medida de coerción. 

 No obstante, González Contreras no fue puesto en libertad, debido a la existencia de otros expedientes abiertos por nuevos afectados que alegan haber entregado sumas importantes de dinero en operaciones inmobiliarias vinculadas al Grupo Paceo. 

 Asimismo, el órgano judicial informó que permanece pendiente la ejecución de la orden de arresto contra Adela Mota Matos, quien también figura vinculada al caso y, según informaciones del proceso, está siendo buscada activamente por el Ministerio Público. 

 La situación ocurre luego de que la defensa técnica de González Contreras publicara un video celebrando la libertad bajo fianza y anunciando que trabajaría para lograr el archivo definitivo del proceso. Mientras que, los representantes de las víctimas sostuvieron que esta segunda detención confirma que el caso no está cerrado y que existen nuevas reclamaciones que deben ser investigadas con rigor, seriedad y sin privilegios.

Fuente:https://m.n.com.do/2026/05/08/joan-gonzalez-queda-arrestado-por-13-nuevas-querellas-de-estafa-inmobiliaria-aunque-es-favorecido-con-fianza/

Detienen gerente de Grupo Paceo por presunta estafa al intentar salir del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las autoridades arrestaron este viernes al gerente del Grupo Paceo, cuando intentaba salir del país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), acusado de su presunta vinculación con una estafa inmobiliaria relacionada con el proyecto West Side Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

 González fue detenido en virtud de la orden de arresto núm. 2025-AJ0007854, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público. En respuesta, la empresa Grupo Paceo calificó los señalamientos en su contra como malintencionados e infundados. 

 El representante de la empresa, Jorge Lora Castillo, aseguró que los proyectos de los compradores presentan un avance de aproximadamente un 80 % en su construcción, destacando que ya han sido entregadas más de 120 viviendas, mientras que otras 40 se encuentran en ejecución. Indicó, además, que varias familias ya residen en el proyecto. 

 Asimismo, explicó que el desarrollo, ubicado en la provincia La Altagracia, es de alto perfil y ha requerido una inversión significativa en infraestructura y servicios, incluyendo seguridad, acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales, accesos viales, imbornales, así como sistemas eléctricos y sanitarios. 

Tribunal rechaza suspender juicio en caso de estafa inmobiliaria por US$300,000 en el DN

Santo Domingo. La Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó una solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de uno de los imputados en el caso de presunta estafa inmobiliaria denunciado por una pareja de empresarios, quienes alegan haber perdido US$300,000 en la compra de un apartamento. 

 La decisión, emitida el 17 de abril de 2026 mediante la resolución 046-2026-TINC-00042, desestimó el pedido del imputado Frank Antonio Pimentel Fernández de suspender el proceso hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre un recurso de casación interpuesto contra una decisión previa de la Corte de Apelación. 

 El tribunal concluyó que, conforme al Código Procesal Penal, los recursos interpuestos no tienen efecto suspensivo y, por tanto, no pueden paralizar el conocimiento del juicio. En ese sentido, consideró improcedente la solicitud, al entender que la normativa no contempla el sobreseimiento del proceso penal en las condiciones planteadas. 

Denuncian presunta estafa en proyecto inmobiliario en Bávaro–Punta Cana

PUNTA CANA.-Compradores de apartamentos del fideicomiso inmobiliario de viviendas de bajo costo Pion Reserve Residence, ubicado en Bávaro, Punta Cana, denunciaron haber sido presuntamente víctimas de estafa por parte de ejecutivos y desarrolladores del proyecto, señalando además a la empresa Citadela Group SRL como presunta desarrolladora vinculada. El caso ya fue sometido ante el Ministerio Público para fines de investigación. 

 Según explicó el abogado Johnny Rodríguez, en representación de Bianca Ivette, la adquiriente compró un apartamento de 55.64 metros en agosto de 2022 durante una feria inmobiliaria organizada en Nueva York, por un monto de US$75,000. Tras haber abonado US$22,000 y cumplirse el plazo de entrega en 2023, no ha recibido la propiedad.

 El jurista indicó que, al verificar la ubicación establecida en el contrato en la provincia La Altagracia, se constató que presuntamente no existe ningún proyecto en ejecución de esa magnitud, lo que refuerza las sospechas de irregularidades. Advierten impacto en inversión extranjera y exigen investigación.

Pareja de empresarios denuncia estafa inmobiliaria y retrasos judiciales sobre residencial en Santo Domingo

Santo Domingo.– El empresario José Enrique Yáber y su esposa Michelle Pomares denunciaron que llevan más de cuatro años inmersos en un proceso judicial tras haber entregado US$300,000 como pago para la compra de un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte, en el Distrito Nacional, unidad que, según sostienen, fue posteriormente transferida a terceros sin su conocimiento. 

 De acuerdo con la denuncia de la pareja, el caso se originó tras la firma, en noviembre de 2017, de un contrato de promesa de venta para la adquisición del apartamento 11-A del referido proyecto. Según indican, la entrega de la unidad estaba prevista para enero de 2019. 

 La familia señala que, tras incumplirse ese plazo y luego de varios intentos de seguimiento, pudo constatar que el inmueble había sido incluido en una serie de transferencias realizadas el 25 de febrero de 2020, fecha en la que, según afirman, 26 apartamentos del mismo proyecto fueron traspasados a una empresa de reciente constitución. 

 También sostienen que otras unidades habrían sido transferidas a sociedades que, de acuerdo con los registros consultados por sus abogados, no estaban ni siquiera constituidas al momento de las operaciones. 

Imponen medida de coerción contra abogado acusado de estafa inmobiliaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado Joel Carlo Román fue presentado este martes ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Puerto Plata, donde se le impuso una medida de coerción en el marco de una investigación por presuntos delitos de estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos. 

 De acuerdo con un comunicado, el tribunal consideró que existen pruebas suficientes en el expediente que vinculan al imputado con los hechos investigados y dispuso, como medidas, el pago de una garantía económica en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica. 

 Esta decisión se suma a otra medida de coerción previamente impuesta en San Francisco de Macorís por un caso similar bajo investigación, donde se le fijó una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo. 

 En el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en Puerto Plata figura como prófugo José Rafael Román Argotte, y se imputa como tercero civilmente responsable a la empresa Gurka Trade SRL, presuntamente utilizada como vehículo societario para perpetrar un fraude inmobiliario. 

Denuncian presunta estafa de más de US$1.1 millones en venta de terrenos en Jarabacoa

Jarabacoa, La Vega. — Un ciudadano estadounidense denunció haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria por un monto superior a un millón 181 mil dólares (US$1,181,000), dinero que habría sido entregado como parte de una supuesta inversión en terrenos ubicados en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. 

La denuncia fue presentada a través del abogado Carlos Manuel Novas Méndez, quien representa legalmente al extranjero afectado y solicitó al Ministerio Público que se imponga prisión preventiva contra los imputados, al considerar que existen elementos suficientes que comprometen su responsabilidad penal. 

 De acuerdo con la querella, la víctima habría realizado una primera entrega de US$700,000, luego de firmar cartas de intención de compra con los acusados, quienes se comprometieron a transferir los títulos de propiedad de los terrenos a más tardar en diciembre de 2025. Sin embargo, según explicó la defensa, tras cumplirse los plazos acordados no se produjo la entrega de la documentación legal correspondiente ni la formalización de la venta, lo que llevó al inversionista a sospechar que se trataba de un esquema fraudulento. 

 El jurista indicó que el monto total entregado posteriormente superó el millón de dólares, cifra que al cambio actual equivale a más de RD$70 millones, lo que configura, a su juicio, una estafa de gran magnitud. 

 La parte querellante sostiene que los imputados utilizaron promesas falsas y documentación preliminar para generar confianza y lograr que el extranjero realizara las transferencias de dinero, sin que existiera una intención real de completar la transacción inmobiliaria. 

 El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, que deberá profundizar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes en torno a esta presunta estafa millonaria en una de las zonas turísticas y de inversión más activas de la región norte.

Fuente:https://elnacional.com.do/extranjero-denuncia-estafa-en-jarabacoa/

Corte de Apelación se reserva fallo en caso estafa inmobiliaria a investigador de Harvard por US$1.6 MM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el próximo 13 de marzo, a las 11:00 de la mañana, el fallo del recurso de apelación interpuesto por Luis José Asilis Elmudesi y las empresas Groupmetro S.A., Metro Country Club S.A. y Playa Marota, señaladas como responsables de la captación de fondos mediante certificados financieros en un caso de presunta estafa inmobiliaria. 

 El proceso surge a raíz de la denuncia presentada por el investigador de la Universidad de Harvard, Eduardo Troya, de 88 años, y su esposa Eveling Montás, quienes mantienen una batalla judicial tras asegurar que entregaron 1.6 millones de dólares para la adquisición de una villa en Juan Dolio que nunca les fue entregada. 

 De acuerdo con el expediente, los acusados fueron condenados en primera instancia al pago de más de US$1.7 millones, además de otras indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios sin que hasta el momento hayan honrado la decisión judicial. 

 Según la acusación, el proyecto inmobiliario fue promovido a nivel internacional como una inversión segura con promesas de entrega de la villa y pagos de intereses del 12 %, compromisos que nunca se materializaron. 

Denuncian presunta estafa inmobiliaria millonaria y amenazas contra inversionista en San Luis

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el municipio Santo Domingo Este, distrito municipal San Luis, denunció una presunta estafa inmobiliaria que habría afectado al señor Librado Antonio Berroa, quien asegura haber sido engañado tras invertir en un proyecto habitacional de alto valor económico. 

 El coordinador del CDDH en la zona, Diógenes Ozuna, explicó que Berroa volvió a denunciar al licenciado Hernández, al arquitecto Fragoso y al ingeniero Orlando Reyes, quienes presuntamente lo habrían inducido a invertir en el proyecto, generando una deuda que supera los cinco millones de pesos. 

 Según detalló Ozuna, el señor Berroa aportó equipos pesados para la ejecución de la obra, entre ellos cuatro bulldozers, tres palas mecánicas y doce camiones, además de recursos económicos destinados a ferreterías, sin que hasta la fecha haya recibido el pago correspondiente por dichos servicios. 

 Indicó que, pese a los compromisos de pago cada 30 días asumidos por los señalados, la deuda no ha sido saldada en más de ocho años, situación que ha provocado una fuerte presión económica y emocional sobre el afectado. 

Tribunal impone coerción millonaria a un abogado por presunta estafa inmobiliaria en Cabarete

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo contra el abogado Joel Carlo Román, acusado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla de un entramado de estafa inmobiliaria y falsificación de documentos, en Cabarete. 

 La coerción implica, además, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 20 de cada mes por ante la fiscalía. El abogado Román fue arrestado de inmediato y se mantendrá privado de libertad hasta que se cumplan efectivamente las medidas de coerción impuestas. 

 De acuerdo con la acusación, Román, junto a otros coimputados, habría utilizado las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A. para simular compras de inmuebles mediante promesas de venta, usando documentos falsificados y suplantación de identidad para obtener transferencias judiciales de títulos sin completar el pago. 

 Entre las víctimas figura la empresa SOSCAB 2010, S.R.L., presuntamente estafada en una operación por US$530,000 sobre un terreno en Cabarete, de los cuales solo se habrían pagado US$25,000, además de otros afectados, lo que evidenciaría un patrón sistemático de actuación. 

Ministerio Público califica como una «burla» renuncia colectiva de abogados de imputado en caso de estafa

El Ministerio Público aseguró que la renuncia colectiva de los abogados de la defensa del imputado Emmanuel Rivera Ledesma constituye una desconsideración hacia las víctimas del Caso Nido y una “burla” en un proceso penal en el que los equipos de fiscales agotaron más de dos meses de presentación de pruebas.

 Según la acusación, Rivera Ledesma fungía como cabecilla de la red que estafó a cientos de personas utilizando como fachada supuestos proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada mediante la Operación Nido. La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta asumida por los encartados a través de sus defensas técnicas, quienes abandonaron el proceso cuando se acercaba su término.

 “Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados, a través de sus defensas técnicas, que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva”, dijo Sánchez. Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también renunció sin presentar excusa alguna. Señaló que esta conducta provoca la ruptura del principio de inmediación, luego de que el Ministerio Público agotara más de dos meses de desahogo de pruebas, encontrándose ya en la fase final de incorporación de estas y próximo al discurso de cierre y al pedimento de las condenas en un plazo razonable. 

Más de 70 querellas por estafa inmobiliaria en Boca Chica, según abogado

Santo Domingo.– El abogado Miguel Surun Hernández informó que existen más de 70 querellas penales contra el ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a dominicanos residentes en el exterior mediante la venta de apartamentos ficticios en Boca Chica.

 Surun Hernández señaló que la Fiscalía del Distrito Nacional se ha negado a perseguir al imputado, pero destacó que la Fiscalía de Santo Domingo Este se encuentra actualmente bajo la investigación del caso. 

 Fiscalía acusada de protección 

El abogado denunció que la Fiscalía del Distrito Nacional ha entorpecido la investigación que realizan desde Santo Domingo Este; además, aseguraron que intentan proteger a Edgar Hernández. 

 El jurista afirmó que el ingeniero firmó contratos con los ahorros de las víctimas para un proyecto inmobiliario inexistente, logrando sustraer alrededor de 5.5 millones de dólares. 

 ¿Quiénes más están implicados en el caso? 

Asimismo, pidió que también sean perseguidos otros presuntos involucrados, entre ellos Mabel Félix, esposa del acusado, y otros colaboradores que habrían recibido el dinero. 

 Surun Hernández indicó que representa a seis querellantes en esta fase del proceso, aunque las denuncias superan las setenta. "Esperamos que esta impunidad y burla llegue a su fin; una persona que se roba los ahorros de 110 familias no puede seguir burlándose de la gente y de esta sociedad", puntualizó.

Fuente: https://noticiassin.com/mas-de-70-querellas-por-estafa-inmobiliaria-2016927

Investigan red acusada de estafa inmobiliaria en San Francisco de Macorís

Las autoridades judiciales investigan una presunta red dedicada a estafas inmobiliarias mediante la venta fraudulenta de inmuebles, terrenos y otras propiedades ubicadas en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, cuyo principal acusado es un abogado actualmente procesado por asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos. 

 De acuerdo con los informes, el grupo habría recibido sumas millonarias tomando avances del valor total de las propiedades, creando promesas de venta falsas y presentando documentos adulterados para sustentar transacciones inexistentes. 

La estructura estaría integrada por al menos diez personas. La abogada Guadalupe Marte, representante legal de una de las víctimas, explicó que la querella fue interpuesta a raíz de las investigaciones que involucran al abogado Joel Carlos Rojas, señalado como presunto líder del entramado. 

 Indicó que, aunque Rojas obtuvo su libertad mediante un habeas corpus, el proceso judicial continúa abierto y en los próximos días el imputado deberá comparecer ante el juzgado de la instrucción para el conocimiento de medidas de coerción. 

Envían a juicio esposa de ‘falso abogado” por presunta complicidad en estafa millonaria en La Altagracia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís revocó una decisión anterior y ordenó la apertura a juicio contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa del supuesto falso abogado Héctor Bienvenido Peña García, acusado de estafar a decenas de personas haciéndose pasar por profesional del Derecho. 

 La decisión está contenida en la sentencia penal núm. 334-2025-SSEN-00584, emitida el 10 de octubre de 2025 por los magistrados José Manuel Glass Gutiérrez, Miguelina Mendoza Ramírez y Ramón Martínez, quienes acogieron el recurso de apelación interpuesto por los abogados Moisés Torres Pión y Emmanuel Rivera Rodríguez, representantes de las víctimas. 

 De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público, Peña García habría defraudado a sus víctimas por un monto superior a RD$5.5 millones, simulando ser licenciado en Ciencias Jurídicas. 

 La investigación explica que el procesado convenció al señor Francisco Arache Santana de entregarle RD$2,825,000 mediante transferencias bancarias, bajo la promesa de recuperar fondos invertidos en la empresa Investor Winner IW, S.R.L. Parte de ese dinero, según el expediente, fue depositado en una cuenta a nombre de su esposa, quien presuntamente también participaba en las reuniones donde se captaban las víctimas y se beneficiaba de los recursos obtenidos ilícitamente, adquiriendo bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos de lujo. 

Demandan a una constructora por supuesta estafa

Santiago. Adquirentes del proyecto habitacional Solar San acudieron ayer ante la Fiscalía de Santiago para interponer formal querella contra la empresa constructora Vista Sol.

 Los querellantes aseguran que, desde la compra de sus lotes, Vista Sol se comprometió a entregar títulos de propiedad, así como a culminar la infraestructura básica como calles asfaltadas, servicio de agua potable, energía eléctrica y sistema de alcantarillado sanitario. Sin embargo, a la fecha, ninguna de estas obligaciones ha sido cumplida, a pesar de que el contrato establecía un plazo de tres años. 

 Además, los adquirentes reclaman la entrega del 8% del área verde, por mandato legal. 

No obstante, Pablo Santos, abogado de Vista Sol asegura que la denuncia surge de un abogado, como represalia tras perder un caso en los tribunales contra la empresa.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/region-norte/demandan-a-una-constructora-por-supuesta-estafa/

Estafa inmobiliaria afecta a cientos de dominicanos en Nueva York, señala cónsul

NUEVA YORK.- Más de 300 dominicanos residentes en esta urbe, han sido estafados por empresas inmobiliarias por varios millones de dólares denunció el cónsul general de Jesús Vásquez Martínez (CHU).

 “Cuando tuvimos conocimiento del tema de la estafa inmobiliaria, inmediatamente nosotros, llamamos al Defensor del Pueblo que ha sido muy diligente en todo este esfuerzo”, precisó en entrevistas en su despacho. 

 Dijo que el modus operandis de esas empresas es que llegan a Nueva York se instalan en un hotel le hacen oferta a los dominicanos, venden un mismo apartamento a varios adquirientes y luego se desaparecen como por arte de magia.

 Indicó que a raíz de detectar la estafa “hicimos una reunión con el Defensor del Pueblo, y con las autoridades que tienen que ver con todo lo de la estafa inmobiliaria, Procuraduría General de la República, Registro Inmobiliario, ahí estaba también Pro Consumidor, el Ministerio de Vivienda, la Asociación de Bancos Comerciales y estaban las empresas vinculantes y las empresas que promueven proyectos de vivienda en los Estados Unidos”. 

Tribunal mantiene en prisión a Emmanuel Rivera por estafas inmobiliarias a más de 500 personas

Por Raúl Germán Bautista.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva que pesa contra Emmanuel Rivera y otros implicados en un entramado de estafas inmobiliarias, en el que, según el Ministerio Público, se ha defraudado a más de 500 personas con proyectos falsos.

 En consecuencia, el tribunal confirmó la medida de coerción vigente y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 18 de septiembre de 2025. Este caso fue denunciado a través de N Investiga, de Nuria Piera. 

 El expediente judicial señala como principales imputados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, así como a las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. Además, fueron incorporados como nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson. 

Dictan apertura a juicio contra mujer por estafa millonaria

Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Andrea Engracia José Valdez, acusada de abusar de la confianza de más de veinte personas entre 2012 y 2021. 

 Andrea es acusada de estafar a las personas con más de 29 millones de pesos con la falsa promesa de una alta rentabilidad. Según la acusación, la imputada utilizó la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L. para captar la suma de RD$29,280,500, ofreciendo a las víctimas un supuesto plan de negocios en el que aseguraba contar con una cartera de clientes a quienes prestaba dinero. A cambio, prometía tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias, cuyos beneficios serían compartidos con los inversionistas. 

 Decisión del juez 

La decisión judicial fue adoptada por la jueza suplente Sofía Bruno, quien valoró la solidez de la acusación presentada por la fiscal litigante Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público. 

Apresan tres personas por estafa inmobiliaria en Puerto Plata

Agentes de la Policía Nacional coordinados por el Ministerio Público de Puerto Plata, apresaron dos hombres, uno de nacionalidad española y una mujer dominicana, implicados en una estafa inmobiliaria en el Proyecto Paraíso Dorado DM & R SRL en esta demarcación. 

 Los detenidos mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0046625, responden a Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española, quien según el periódico el Heraldo de Aragón, España se encuentra en busca y captura, quien fungía como representante de la empresa DM & R del Proyecto Paraíso Dorado; Griselda Antonia Calderon Taveras, actual esposa del señor Jesús Aldea Abian, quien es la gerente de la empresa DM & R SRL, y Pedro Pablo Pérez Pérez, gerente de la empresa DM & R Proyecto Paraíso Dorado y esposo de la Procuradora Fiscal de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.

 Los detenidos son acusados por el Ministerio Público, de violar los artículos 147, 148, 150 y 151 Del Código Penal Dominicano; en perjuicio de Damaso Medrano Reyes, por una suma de aproximadamente de RD$25 millones. 

 El expediente acusatorio establece la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de Banco, así como falsedad de escritura privada en contra de Damaso Medrano Reyes. 

Nuevo Código Penal castigará estafas piramidales con hasta 10 años de prisión

Santo Domingo. Con la aprobación del nuevo Código Penal esta semana en el Congreso Nacional, República Dominicana establece por primera vez sanciones específicas y severas contra las estafas piramidales, una modalidad de fraude que ha afectado a miles de ciudadanos en los últimos años. 

 De acuerdo con el artículo 253 del nuevo texto legal, se considerará estafa piramidal toda operación fraudulenta que simule ser un negocio legítimo, cuando en realidad busca reclutar personas a cambio de promesas falsas de retorno financiero, sin que exista un negocio real de bienes, servicios o inversiones que respalde esos pagos.

 Quienes cometan este delito enfrentarán penas de cinco a diez años de prisión mayor y multas de una a veinte veces el monto estafado. Antes: estafa genérica, penas mínimas Hasta ahora, las estafas piramidales eran procesadas como una estafa común bajo el artículo 405 del viejo Código Penal, que establecía penas de apenas 6 meses a 2 años de prisión correccional y multas simbólicas de RD$20 a RD$200, sin hacer ninguna diferenciación entre un engaño individual y un esquema fraudulento de gran escala como los piramidales. Esto dificultaba que la justicia pudiera aplicar sanciones proporcionales al daño económico y social causado por este tipo de delitos.