Salvado y disidente, los votos en el fallo del caso Donald

Un voto disidente y uno salvado forman parte de la sentencia mediante la cual el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó declarar la extinción de la acción penal en el proceso seguido al exministro de Hacienda Donald Guerrero. 

 Contrario a las consideraciones de la jueza presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelin Rodríguez votaron porque el proceso penal siga su curso y no acoger el pedimento hecho por Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, así como los acusados Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz.

 En sus motivaciones explicaron que por tratarse de un caso complejo, en el cual hay más de 40 personas físicas y jurídicas imputadas. 

 En su voto salvado, la jueza Martínez Noboa dijo que desde que comenzó el proceso, han transcurrido cuatro años, seis meses y cuatro días sin embargo, jurisprudencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, así como el Código Procesal Penal, mandan a ponderar la complejidad del caso, la conducta de las partes frente al proceso y la negligencia o actividad de las autoridades para llevar adelante el proceso. 

Caso Torre de Plata: tribunal declara extinguida la acción penal tras más de 16 años de litigio

Santo Domingo, República Dominicana.— Uno de los litigios urbanísticos más conocidos y prolongados de la República Dominicana, el caso de la denominada Torre de Plata, en el sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional, acaba de registrar un nuevo capítulo judicial. 

 La Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional declaró extinguida la acción penal seguida contra el ciudadano español José Francisco Bonet Gambins y la sociedad Adecus Business, S.A., al concluir que el proceso excedió ampliamente el plazo máximo de duración previsto por el Código Procesal Penal sin que las dilaciones fueran atribuibles a los imputados.

 El caso de la Torre de Plata ha sido objeto de amplia cobertura periodística durante más de una década. 

Desde el año 2008, la controversia enfrentó a la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos con los promotores de la edificación, generando múltiples decisiones judiciales, recursos, nuevos juicios y debates públicos sobre la legalidad de la construcción. En distintas etapas del proceso, tribunales llegaron a ordenar la demolición de la estructura y el caso continuó produciendo decisiones judiciales hasta años recientes, convirtiéndose en uno de los expedientes urbanísticos de mayor notoriedad del país. 

Donald Guerrero solicita extinción de la acción penal

La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, encabezada por el abogado Eduardo Núñez, presentó ante el tribunal un incidente que solicita la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

  El planteamiento sostiene que el proceso penal se inició en noviembre de 2020, cuando se produjo la primera afectación real a los derechos fundamentales del imputado. Esa afectación se materializó el 22 de noviembre de 2020, con la imposición de una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial, y se consolidó, en todo caso, el 5 de febrero de 2021, con la primera citación a interrogatorio ante el Ministerio Público. Desde cualquiera de esos momentos, han transcurrido más de cinco años, y el proceso permanece todavía en la etapa preliminar. 

 Según la defensa, este criterio sobre el inicio del cómputo del plazo ha sido reiteradamente establecido por el Tribunal Constitucional, que ha señalado de forma consistente que el plazo máximo del proceso debe contarse desde la afectación efectiva de los derechos fundamentales del imputado. 

Apelarán sentencia de extinción de acción penal en favor Micky López, acusado de lavado de activos

El Ministerio Público recurrirá en apelación la decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que declaró la extinción de la acción penal en favor de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de encabezar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

 El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que apelará la decisión del tribunal que preside Lucrecia Rodríguez y que favorece al esposo de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte,por no estar conforme con la misma. “Vamos a recurrir en apelación. Esa decisión es contraria a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional sobre duración máxima del proceso y plazo razonable”, comentó Camacho, tras ser preguntado al respecto. 

 El tribunal fundamentó la extinción de la acción penal a favor de Micky López en el hecho de que había transcurrido el plazo de cuatro años establecido por el Artículo 148 del Código Procesal Penal. 

 La decisión se produce en momentos en que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresan su creciente preocupación por el alto número de casos en los que la acción penal se ha extinguido en los tribunales dominicanos durante los últimos cinco años, un fenómeno que, según ambas entidades, evidencia serias fallas en el sistema de justicia del país. 

Imputados en corrupción fracasan en lograr la extinción acción penal

Santo Domingo.-Las defensas de los principales imputados de dos de los procesos de corrupción en perjuicio del Estado, que se conocen en el tribunal y solicitan la extinción de la acción penal del proceso, tras alegar que el plazo de cuatro años que establece el Código Procesal Penal transcurrió, fue rechazado. 

 Se trata de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, cabecilla del entramado de corrupción del caso Pulpo, y el de la estructura creada en perjuicio del Estado, liderada por el general Adán Cáceres Silvestre, quienes trataron de ser favorecidos con la extinción penal. 

 La extinción de la acción penal es la finalización de proceso judicial porque no se conoció en el plazo establece el Código Procesal Penal, que es un período de cuatro años. Además de los referidos, también están en los tribunales los imputados de los casos Medusa, Calamar y el Coral 5G. Este último fue fusionado con el Coral por tratarse de un mismo entramado, y el tiempo del plazo se toma en cuenta a partir del primer expediente sometido.