Someten recurso ante el TC contra la nueva reforma tributaria: denuncian asfixia económica y caos en los alquileres

La organización sin fines de lucro Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI) interpuso hoy formalmente una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 

El recurso legal busca invalidar partes fundamentales de la recién aprobada Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada recientemente por el Senado.

 La demanda, depositada y representada por la abogada Pablita Cabrera Martínez, presidenta de EMUDELI, advierte que la nueva legislación precariza de forma inminente el derecho a la defensa y el patrimonio de los contribuyentes ante las determinaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

 El regreso encubierto del «Pague primero, reclame después» El primer gran foco de la controversia es el Párrafo IV del Artículo 2 de la nueva ley. Esta disposición establece que, si un contribuyente desea recurrir una deuda determinada por la DGII y evitar que le embarguen sus cuentas o le impongan sanciones millonarias durante el proceso, deberá depositar o «consignar» previamente el monto total equivalente a la deuda reclamada. 

Empresarios de la construcción advierten carga tributaria en fideicomisos inmobiliarios podría impactar costos viviendas

SANTO DOMINGO.- Dos empresarios del sector construcción advirtieron que la aplicación de la contribución especial para la gestión y coprocesamiento de residuos sólidos a los fideicomisos inmobiliarios podría generar una doble carga económica sobre un mismo proyecto y, en consecuencia, traducirse en mayores costos para la construcción y en un eventual incremento del precio de las viviendas. 

 Jochimin Pérez, CEO de Constructora JPérez, consideró improcedente que los fideicomisos inmobiliarios sean gravados de forma independiente cuando el promotor del proyecto ya se encuentra sujeto a esa misma contribución. A su juicio, esta situación podría dar lugar a una duplicidad sobre un mismo cargo económico, al tratarse de ingresos vinculados a una sola operación inmobiliaria. 

 “El fideicomiso es el contenedor jurídico de esa actividad, no su motor económico. Gravar el fideicomiso equivale a someter a tributación el instrumento y no la riqueza que este vehiculiza”, sostuvo.

 Pérez explicó que, bajo ese esquema, un desarrollador que construye directamente pagaría una sola vez, mientras que uno que utilice la figura del fideicomiso podría terminar asumiendo una carga adicional por el mismo proyecto. “Un promotor que desarrolla un proyecto directamente tributa una sola vez. Un promotor que utiliza un fideicomiso podría terminar tributando dos veces por el mismo proyecto”, afirmó. 

Justicia Fiscal denuncia aprobación express y violación del Pacto Fiscal en reforma tributaria

Organizaciones comunitarias, académicos y movimientos sociales, agrupados en el Espacio Justicia Fiscal, manifestaron su firme oposición al “Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, depositado recientemente ante el Congreso Nacional.

 El colectivo aboga por una reforma fiscal integral y cuestiona tanto el contenido regresivo de la iniciativa como el proceso antidemocrático con el que se pretende imponer. 

 Luego de un análisis exhaustivo del contenido agregado de la propuesta, el Espacio Justicia Fiscal sostiene que el gobierno busca predominantemente mejorar la eficiencia recaudatoria y los ingresos tributarios, sin corregir las inequidades históricas del sistema fiscal dominicano. 

Por el contrario, advierten que la medida corre el riesgo de profundizarlas. La iniciativa, aunque amplía mecanismos de control tributario e introduce nuevas cargas impositivas, evita abordar componentes esenciales para hacer el sistema más equitativo y progresivo. 

 Si bien incorpora algunas disposiciones que formalmente podrían presentarse como progresivas, la información pública disponible no permite demostrar que la carga principal del esfuerzo fiscal recaerá sobre quienes poseen mayores ingresos, patrimonio o capacidad contributiva.