La organización sin fines de lucro Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad (EMUDELI) interpuso hoy formalmente una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
El recurso legal busca invalidar partes fundamentales de la recién aprobada Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada recientemente por el Senado.
La demanda, depositada y representada por la abogada Pablita Cabrera Martínez, presidenta de EMUDELI, advierte que la nueva legislación precariza de forma inminente el derecho a la defensa y el patrimonio de los contribuyentes ante las determinaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El regreso encubierto del «Pague primero, reclame después»
El primer gran foco de la controversia es el Párrafo IV del Artículo 2 de la nueva ley. Esta disposición establece que, si un contribuyente desea recurrir una deuda determinada por la DGII y evitar que le embarguen sus cuentas o le impongan sanciones millonarias durante el proceso, deberá depositar o «consignar» previamente el monto total equivalente a la deuda reclamada.
EMUDELI denuncia que esta medida es un «fraude constitucional» que resucita el proscrito principio de solve et repete (pagar para poder defenderse). Según la organización, esto genera una profunda desigualdad en el país: «Crea dos categorías de contribuyentes… los grandes capitales con alta liquidez y las MIPYMES y ciudadanos comunes». Mientras las grandes empresas podrán depositar millones para obtener inmunidad procesal, los pequeños empresarios se enfrentan a una «disyuntiva extorsiva», viéndose obligados a aceptar deudas cuestionables o arriesgarse a la quiebra inminente por el congelamiento de sus cuentas operativas.
Caos sistémico en el mercado de alquileres
El segundo punto impugnado es el literal a) del Artículo 17 de la ley, el cual obliga a realizar una retención del 15% sobre los pagos de alquileres de inmuebles provistos por personas físicas, con carácter de pago único y definitivo.
Los demandantes argumentan que esta disposición adolece de una «imposibilidad material» y crea un absurdo en la realidad dominicana. La ley transfiere una carga pública a ciudadanos comunes, obligando a inquilinos informales —que no poseen Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)— a retener dinero de terceros y reportarlo a la DGII sin contar con las plataformas ni conocimientos operativos para hacerlo.
Además, al estipularse como un pago «único y definitivo» sobre la renta bruta, se prohíbe a los propietarios deducir los gastos de mantenimiento u otras exenciones, lo que EMUDELI califica de confiscatorio y de constituir una «doble imposición indirecta» que destruye la equidad del sistema tributario.
A la espera del Tribunal Constitucional
En sus conclusiones, EMUDELI ha solicitado de manera formal a los honorables jueces del Tribunal Constitucional que declaren nulos y carentes de todo efecto jurídico ambos artículos, argumentando violaciones a los artículos 39 (igualdad), 68 y 69 (tutela judicial efectiva y debido proceso), y 74.2 (razonabilidad) de la Constitución dominicana.
El escenario queda ahora en manos de la alta corte, cuya decisión podría frenar lo que diversos sectores consideran un golpe crítico contra la estabilidad de los pequeños comercios y el mercado de viviendas en el país.
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