SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano quedó definitivamente obligado a pagar RD$340.7 millones (unos USD 5.7 millones) como compensación por la ocupación de terrenos donde actualmente se encuentra el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, luego de que el Tribunal Constitucional cerrara la vía de los recursos y dejara firme la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo.
La decisión pone fin a un litigio de más de seis décadas vinculado a una expropiación realizada en 1964, cuando el Decreto 1886, emitido por el gobierno del Triunvirato, declaró de utilidad pública una parcela perteneciente a Nelly Elidia Pellerano de Ricart.
El terreno fue destinado a proyectos urbanísticos vinculados al antiguo entorno del aeropuerto General Andrews y al entonces proyectado Parque Central Metropolitano.
EL CONFLICTO JUDICIAL
El conflicto judicial se reactivó en 2021, cuando los herederos de la propietaria reclamaron una compensación actualizada por la ocupación estatal de más de 15,000 metros cuadrados.
En el proceso, las partes presentaron valoraciones muy dispares: los demandantes estimaron el terreno en RD$672 millones, mientras que el Catastro Nacional lo tasó en poco más de RD$9.2 millones.
Finalmente, en noviembre de 2022, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo fijó la indemnización en RD$340,736,293.72, tras descontar el valor de un apartamento previamente entregado como parte del acuerdo suscrito entre el Estado y la familia en 1993.
En ese contrato de permuta, el Estado reconoció un saldo pendiente de pago sujeto a disponibilidad presupuestaria, el cual nunca fue cubierto, lo que motivó la acción judicial.
BIENES NACIONALES INTENTO IMPUGNAR DECISION
La Dirección General de Bienes Nacionales intentó impugnar la sentencia alegando deficiencias técnicas y procesales, pero sus argumentos fueron rechazados. El Tribunal Constitucional determinó que no le corresponde reexaminar la valoración de pruebas ni modificar los montos fijados por los tribunales ordinarios.
Con esta decisión, el fallo queda firme y el Estado dominicano deberá ejecutar el pago ordenado, cerrando un proceso judicial iniciado por una expropiación ocurrida hace más de 60 años y que involucra una de las áreas deportivas más importantes del país: el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
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