EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendió este jueves el juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados de ser parte de una presunta red que habría estafado a decenas de personas mediante la venta de viviendas en proyectos inmobiliarios.
La audiencia fue aplazada hasta el próximo 22 de julio, a las 9:00 de la mañana, debido a que Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, hijo de Ledesma, no cuenta con un defensor público asignado.
De acuerdo con la acusación, la estructura criminal habría estafado más de 700 millones de pesos a más de 300 personas, a quienes ofertaba apartamentos y viviendas en proyectos inmobiliarios que presuntamente no existían o no fueron desarrollados, utilizando diversas maniobras fraudulentas. Durante la audiencia de hoy se produjeron además varios incidentes procesales.
La defensa de uno de los imputados solicitó autorización para depositar por escrito pruebas que pretende incorporar al juicio, mientras que el Ministerio Público informó que la imputada Rosa María Sánchez no compareció pese a haber sido debidamente citada. Ante esta situación, el tribunal ordenó su declaratoria en rebeldía y dispuso su arresto y convocó a todas las partes presentes para la próxima audiencia.
Al concluir la vista, los abogados de los querellantes cuestionaron la suspensión del proceso y calificaron las incidencias como estrategias dilatorias de la defensa.
El abogado Belandito Montero Morillo, defensor de querellantes, sostuvo que solicitaron al tribunal dejar constancia en acta de que el aplazamiento fue requerido por los imputados, a fin de que la suspensión sea atribuida a esa parte procesal.
“Son tácticas dilatorias, lo que nosotros conocemos en el derecho como chicanas. Todos sabemos, como abogados, qué es lo que ellos quieren conseguir”, expresó.
De su lado, el abogado Ricardo Alcántara calificó el expediente como un caso de gran complejidad y cuestionó que la falta de representación legal de uno de los imputados haya provocado una nueva postergación del juicio.
“Este es un caso macro que todo el país conoce. Nos preocupa que la ausencia de un defensor público sea motivo de aplazamiento, tomando en cuenta los recursos que invierte el sistema judicial para trasladar a un interno y organizar una audiencia de esta magnitud”, manifestó.
Cuestionó los constantes aplazamiento en este caso y exhortó al Sistema Nacional de Defensa Pública a evaluar el impacto económico que generan las suspensiones de audiencias y los traslados de internos.
Explicó que esas decisiones representan un gasto para el Estado y afectan el desarrollo oportuno de los procesos judiciales.
Sobre el caso
El 3 de enero del 2024 el órgano acusador puso en marcha una operación, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
Conjuntamente con la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Desmanteló la supuesta red criminal, que utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.




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