EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Una nueva denuncia de invasión de tierra vuelve a poner bajo cuestionamiento el manejo de los asentamientos agrarios en la zona fronteriza del país, tras las acusaciones de la campesina Celeste Domínguez (Japón), quien asegura estar siendo víctima de ocupaciones ilegales en terrenos que le fueron adjudicados por el Estado dominicano.
El caso, registrado en la comunidad del Kilómetro 13 de Montecristi, adquiere mayor gravedad por el señalamiento directo contra funcionarios públicos.
La denunciante afirma que los ocupantes irregulares contarían con el respaldo de Erodys Díaz, vinculado a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, y del abogado Eddy Rojas, a quienes acusa de proteger y facilitar la permanencia de los invasores.
Según su testimonio, parte de los ocupantes serían familiares del propio Rojas, quienes habrían tomado control de una porción significativa de las tierras originalmente destinadas a la producción agrícola, dejando a la beneficiaria en condiciones de vulnerabilidad y sin garantías efectivas de protección por parte del Estado. Uno de los elementos más preocupantes del caso es la recurrencia de las ocupaciones.





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