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ACIS advierte Ley Residuos Sólidos afecta inversión


Santiago. La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) mostró preocupación por la promulgación de la Ley 98-2025 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y anunció que elevará un recurso de inconstitucionalidad debido al impacto negativo al sector productivo. 

 Considera que en varios aspectos de dicha ley genera incertidumbre jurídica, afectan la confianza del sector productivo y podrían entrar en conflicto con principios constitucionales fundamentales. 

 Durante una rueda de prensa en la que participaron directivos de entidades como la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, de Anadive, Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), la entidad reconoció la potestad del Congreso Nacional para legislar en materias de interés público.

 Advierte que el 92 por ciento de las medianas y pequeñas empresas se verán afectadas, lo que generará desempleo. No obstante, el documento leído por Máximo Zapata, representante legal de la ACIS, recuerda que toda normativa debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debidos proceso y seguridad jurídica, conforme a la Constitución de la República y a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Golpe fiscal verde: Ley 98‑25 incrementa contribución residuos sólidos con montos de hasta un 500 %


SANTO DOMINGO.- Nuevos aumentos entran en vigor tras la aprobación de la Ley núm. 98‑25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada el pasado 15 de diciembre, por el Poder Ejecutivo. 

 La normativa actualiza el régimen de contribución especial obligatoria que deberán pagar las empresas y entidades públicas, y establece que su aplicación será efectiva a partir del cierre fiscal de 2025, impactando directamente las declaraciones que se presenten en abril de 2026. 

 El nuevo marco legal dispone que toda persona jurídica, asociaciones sin fines de lucro, patrimonios autónomos y entidades gubernamentales que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos deberán realizar un aporte anual en función de sus ingresos. Los montos van desde RD$3,000 para empresas con ingresos de hasta un millón de pesos, hasta RD$675,000 para aquellas que superen los cien millones. 

 Los recursos recaudados se transferirán a la Tesorería Nacional y luego al fideicomiso DO Sostenible, según lo establece el Artículo 36, que dice así: « Dicho fideicomiso financiará estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y proyectos integrados de residuos sólidos urbanos. Una parte de los fondos se asignará directamente a alcaldías y distritos municipales para cubrir gastos de recolección y disposición final, garantizando que los aportes se destinen exclusivamente a la gestión integral de residuos. 

Abinader promulga ley que modifica la gestión de residuos

El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó ayer la Ley 98-25, que modifica la 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 El dato lo ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien informó que esta nueva normativa fortalece el marco jurídico para una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, alineando la legislación dominicana con los estándares internacionales de sostenibilidad y economía circular.

 En una nota, la Consultoría Jurídica explica que entre las principales innovaciones de la normativa se destacan la redefinición del rol de los gobiernos locales y de los gestores privados en la administración de los residuos, así como el fortalecimiento de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su misión de preservar el equilibrio ambiental. 

 La reforma introduce medidas de protección ambiental más rigurosas, orientadas a reducir de manera significativa la contaminación derivada del manejo de residuos y de los rellenos sanitarios. En particular, establece controles sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, cuya producción, importación, comercialización y consumo quedarán prohibidos en distintas etapas y fases a partir del año 2026, salvo aquellos que cuenten con aditivos biodegradables certificados, fomentando así alternativas sostenibles. 

 Asimismo, la ley busca prevenir prácticas monopólicas y garantizar un mercado competitivo en la gestión de residuos, generando oportunidades de negocio en los sectores de reciclaje y producción de materiales alternativos. 

 De igual modo, fortalece financieramente al Fideicomiso DO Sostenible, otorgándole mayor capacidad de supervisión bajo reglas claras y transparentes. La Consultoría apunta que esta Ley núm. 98-25 constituye un paso trascendental hacia un modelo de gestión y coprocesamiento de residuos más responsable y respetuoso del medio ambiente. 

Tras casi seis meses de aprobada, modificación a Ley de residuos sólidos será promulgada por el PE


El presidente Luis Abinader permaneció durante más de 100 días en un dilema con el Senado de la República, ya que aseguraba no haber recibido una iniciativa aprobada por el Congreso Nacional que tiene el objetivo de modificar la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 Abinader anunció el 28 de julio, seis días después de concluir todo el trámite legislativo en las dos cámaras legislativas, que observaría el proyecto que alteraría ese marco legal. Sin embargo, pasaron los meses sin que oficializara sus recomendaciones ante el Senado. 

En distintas ocasiones fue consultado por periodistas, a lo que respondía responsabilizando al presidente de la cámara alta, Ricardo de los Santos, ya que, según dijo, era el encargado de que el documento aprobado llegara a sus manos. 

 Luego de todo ese proceso, el Poder Ejecutivo envió el pasado 4 de noviembre sus sugerencias a los senadores sobre los artículos que debían corregir. Finalmente, y luego de ser sometidas a un proceso de estudio, la cámara alta decidió acoger este viernes el contenido de la carta enviada por el gobernante. 

Presidente LMD valora de positivas las observaciones Poder Ejecutivo a modificación Ley Residuos Sólidos

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´Aza, emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, Luis Abinader, para expresar su respaldo y reconocimiento a las observaciones que el mandatario ha remitido al Congreso Nacional respecto a la iniciativa legislativa recién aprobada que modifica la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 D´Aza destacó que, las observaciones realizas por el Poder Ejecutivo, preservan la autonomía municipal al establecer, por ejemplo, que la decisión final en materia de tasa por servicios municipales le corresponde de manera exclusiva a los gobiernos locales, como titulares de la potestad tributaria. 

 Asimismo, D´Aza ponderó que, en estas observaciones remitidas al Senado de la República, se amplía el rol de la Liga Municipal Dominicana al disponer que para la elaboración de: “la tasa por servicio se definirá mediante una fórmula basada en estudios realizados, análisis de costos directos e indirectos asociados a cada fase del servicio (recolección, transporte, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos). 

Añadió que esta fórmula será determinada por los gobiernos locales, previa consulta técnica y obligatoria a la Liga Municipal Dominicana y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mientras que, la forma de cobranza será elaborada contando con el apoyo de la Liga Municipal Dominicana.

Gremios turísticos respaldan decisión de Abinader de revisar ley de residuos sólidos

Los gremios del sector turístico y hotelero de la República Dominicana manifestaron su apoyo al presidente de la República, Luis Abinader, por mostrar su apertura e interés en revisar el proyecto de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos 225-20, recientemente aprobado por el Congreso Nacional. 

 “Valoramos profundamente esta disposición al diálogo, que evidencia su compromiso con una gestión ambiental responsable, la sostenibilidad del desarrollo turístico y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, expresaron. 

 Los gremios aseguraron estar convencidos de que, mediante un análisis técnico, participativo y transparente, será posible construir una legislación que respalde los objetivos de sostenibilidad del país, fomente la competitividad y asegure una gestión de residuos sólidos, equitativa y alineada con los más altos estándares internacionales. 

 “Reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando estrechamente con el Gobierno y todos los sectores involucrados para garantizar que esta legislación refleje un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de nuestras comunidades”, expresaron.

 El presidente Abinader afirmó durante La Semanal que aún no ha recibido del Congreso el proyecto de Ley, pero que tan pronto lo reciba hará modificaciones y lo devolverá al Congreso Nacional.

Diputados aprueban en segunda lectura la modificación a la ley de residuos sólidos


La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura la normativa que modifica la Ley 225-20 o Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 

La legislación que fue promulgada hace cinco años, pero que, por la magnitud del problema, se alteró nuevamente para enfrentar el problema de la basura en la República Dominicana. Los diputados sesionaron en la tarde para conocer la pieza en primera lectura. De inmediato, convocaron a una asamblea extraordinaria para validar la pieza, la cual recibió la mayoría de los votos.

 El siguiente paso es regresarla al Senado, donde fue aprobada en enero de 2025. Ahí se revisarán las modificaciones y se conocerá nuevamente. Cuando los senadores la validaron recibieron quejas de sectores interesados.

 Para curarse en salud, una comisión de diputados, no solo se reunió con esos grupos, sino también con el Ministerio de Medio Ambiente, el presidente Luis Abinader y los propios senadores para diseñar una pieza lo más consensuada posible.

Adocco resalta oportunidad para fortalecer transparencia en Ley 225-20 de Residuos Sólidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En momentos en que se discute la modificación a la Ley Núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), consideró este jueves que este contexto es una oportunidad clave para establecer mecanismos que fortalezcan la transparencia y garanticen una gestión eficiente de los desechos sólidos en la República Dominicana. 

 Consultado al respecto, el presidente de Adocco, Julio César De La Rosa Tiburcio; expuso que el sector de la recogida y disposición final de la basura ha estado, tradicionalmente, marcado por la falta de claridad en los contratos y la opacidad en el uso de los recursos destinados a su manejo. 

 De La Rosa Tiburcio añadió que: “Y por esto, se hace necesario que el Congreso de la República profundice en la aprobación de una normativa que, finalmente, establezca de manera clara cuál debe ser el cargo a aplicar a los que se benefician del negocio». «Sobre todo, a aquellos que producen mayores cantidades de desechos sólidos y que deben pagar no solamente por la disposición final de ellos, sino por el daño que causan al medio ambiente”, expresó De La Rosa. 

Cambios a la ley de gestión de residuos sólidos generan rechazo


El pasado 7 de enero, el Senado de la República aprobó de urgencia y en lecturas consecutivas, una modificación a la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Sin embargo, los cambios a la legislación fueron cuestionados severamente por el sector privado ya que se produjeron sin convocar a las partes interesadas ni tampoco se hicieron vistas públicas. 

 Aunque todavía debe pasar el cedazo de la Cámara de Diputados, el proyecto introducido en el Senado por los legisladores Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y Ginette Bournigal (PRM-Puerto Plata) ha generado serios cuestionamientos de los sectores de reciclaje y protección del medioambiente. Una de las modificaciones más cuestionadas, sin embargo, ha sido el cambio en la conformación del Consejo del Fideicomiso. 

 En la ley modificada se excluye a Ecored, la asociación empresarial que impulsa la conservación del medioambiente, así como al Ministerio de Hacienda, dejando solo a un representante de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y todos los demás designados por el Poder Ejecutivo. 

Industriales Critican Aprobación Apresurada Del Fideicomiso De Residuos Sólidos


En medio de una creciente controversia, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha expresado su profunda preocupación por la aprobación apresurada del proyecto de ley sobre el fideicomiso de residuos sólidos en el Senado.

 Según Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, la medida fue aprobada sin la debida consulta con los sectores afectados, incluyendo a la propia asociación y al Ministerio de Medio Ambiente. Pujols indicó que desde el año pasado han estado siguiendo de cerca esta iniciativa legislativa, presentada por el senador Genao, y que les sorprendió la rapidez con la que fue aprobada en dos lecturas consecutivas a principios de enero.

 “No se nos dio el espacio para compartir nuestras inquietudes o propuestas”, expresó Pujols. El principal punto de discordia es el aumento de las contribuciones al fideicomiso, que varían desde un 60% para microempresas hasta un 3,700% para grandes empresas. 

Pujols calificó estos incrementos como “desproporcionados e irrazonables”, advirtiendo que podrían generar un costo adicional de 25,000 millones de pesos para el sector productivo del país. 

 Otro de los aspectos criticados es la imposición del uso obligatorio de combustibles derivados de residuos y de resina reciclada, medidas que, según la AIRD, son inalcanzables en los plazos propuestos. “España, que es nuestra referencia en este tema, no ha logrado cumplir estas metas en 20 años”, añadió Pujols.

 La AIRD también señaló que el proyecto de ley contempla el financiamiento de los ayuntamientos mediante este fideicomiso, algo que, en su opinión, debería abordarse a través de mecanismos establecidos como la Ley 166-313, que asigna un 5% de los ingresos del Estado a los gobiernos locales. 

 Pujols hizo un llamado a los diputados para que revisen y debatan el proyecto de ley con mayor profundidad antes de su aprobación definitiva. La AIRD espera que en las discusiones en la Cámara de Diputados, programadas para el 27 de febrero, se consideren sus preocupaciones y se logre una normativa más equilibrada y consensuada. 

 Diversos sectores empresariales y gremiales, como la Federación Dominicana de Comerciantes, han mostrado su apoyo a la postura de la AIRD, argumentando que la ley, tal como fue aprobada en el Senado, podría afectar significativamente la competitividad y sostenibilidad del sector productivo dominicano.

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