Presidenta ACOPROVI revela complicidad de jueces y militares en apropiaciones ilegales de propiedades privadas

SANTO DOMINGO, RD.- La presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), ingeniera Annery Meléndez, reveló en “Diálogo ACD Media” que la falsificación de documentos en la apropiación ilegal de bienes inmobiliarios, terrenos y áreas de playas existe complicidad con agrimensores, abogados, notarios “y en muchos casos jueces, militares y policías”. 

 Sostuvo que se trata de un “entramado inmobiliario al que, agregó, la procuraduría general de la República, encabezada en este momento por Doña Miriam Germán, no le ha dado el frente a ese problema”. 

 Asegura que sobre ese “entramado “la entidad tiene casos específicos para determinar si algunos inmuebles en conflictos están sometidos a la ley de condominios”.

 La ingeniera Meléndez dijo que también hay casos de propiedades en litis judiciales, sin conocerse su estatus impositivo. Expresó que hay casos de terrenos próximos a playas del país que para apropiarse de ellos “falsifican actas de nacimiento y actas de defunción y hasta sentencias, y en esas falsificaciones existen los que invaden los terrenos con la complicidad de agrimensores, abogados, alguaciles, notarios y en muchos casos jueces y militares y policías, para hacer de ese entramado inmobiliario al cual la procuraduría general de la república, encabezada en este momento por Doña Miriam Germán, no le ha dado el frente a ese problema”. 

Denuncian Luis Henry Molina pretende trasladar jueces en violación al reglamento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, Adocco, denunció que el presidente del Poder Judicial Luis Henry Molina, se propone trasladar ilegalmente, desde el departamento judicial de La Vega, a tres jueces para llenar vacantes en los departamentos judiciales de Santo Domingo, Distrito Nacional y la Jurisdicción Inmobiliaria, específicamente: presidencia y coordinación de la jurisdicción civil de la Provincia Santo Domingo; Presidencia Corte Apelación de Niños Niñas y Adolescentes de la Provincia Santo Domingo y la presidencia Superior Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional. 

 El Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional permanente de administración y disciplina del poder judicial, emitió la resolución No. 001-2021, que deroga y deja sin efecto la resolución No. 03-2019, que aprueba el reglamento que organiza el sistema de escalafón judicial y el sistema de provisión de cargos judiciales, estableciendo los mecanismos y procedimientos para la construcción, funcionamiento y aplicación del escalafón judicial y la provisión de cargos de la carrera judicial, con sujeción a los principios que se derivan del artículo 150 de la Constitución Dominicana, la ley No. 327-98 de carrera judicial y la ley No. 28-11 Orgánica del Consejo del Poder Judicial. 

Jueces no pueden establecer monto de impuestos a pagar

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que los jueces no pueden establecer el monto de impuestos a pagar en procesos judiciales tributarios porque eso es una atribución de la administración tributaria. 

 En la sentencia núm. SCJ-TS-23-0567, refiere que si bien los jueces del fondo se encuentran facultados a valorar los medios de pruebas sometidos a su escrutinio, lo cierto es que la determinación del impuesto a pagar no es atribución del órgano jurisdiccional, sino que esta recae exclusivamente sobre la administración tributaria, conforme lo previsto en los artículos 45 y 65 del Código Tributario. 

 El criterio jurisprudencial, emitido el 31 de mayo de 2023, indica, que la facultad para valorar prueba autoriza al juez de lo Contencioso Tributario ordenar a la administración tributaria, cuando lo entienda pertinente, proceder nuevamente a valorar o admitir medios probatorios descartados previamente. 

 Se advierte que el principio de legalidad dispone que todos los ciudadanos y los poderes públicos se encuentren sometidos al imperio de la Ley. La decisión de la Tercera Sala casa la sentencia 0030-1642-2022-SSEN-00726, dictada por la Cuarta Sala del TSA, en atribuciones contencioso-tributarias, y envía el asunto ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en las mismas atribuciones. 

 Dijo que los jueces del fondo violentaron el principio de legalidad o reserva ley, puesto que al realizar la valoración de las pruebas procedieron a revalorizar los montos objeto de fiscalización, sin establecer las pruebas y las fundamentaciones de la referida revaloración, lo cual no bastaba con una factura y cheque. “Máxime cuando existen procedimientos que deben ser agotados por los contribuyentes ante la administración tributaria para reportar errores que dieran lugar a inconsistencias determinadas”, refiere el tribunal.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/justicia/jueces-no-pueden-establecer-monto-de-impuestos-a-pagar/

Sentencia: https://drive.google.com/file/d/1VaXY_YlJ9rTywSuad6wWL5IJakx8Vh2E/view?usp=sharing

Recusan jueces 3 de salas penales en caso terrenos

Santo Domingo.-Los jueces que integran las tres salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron recusados para evitar que conozcan un proceso que lleva años en los tribunales por un grupo acusado de apoderarse fraudulentamente de más de seis millones de metros cuadrados costeros en Baní, propiedad de la empresa Hilari Mayol. 

 La recusación contra los jueces fue presentada por los abogados de la defensa de los imputados Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez. 

Los magistrados recusados son Doris J. Pujols Ortiz, jueza presidente; Rafael Arntrongs Báez, Ramona Rodríguez, Nancy Joaquín Castillo, Isis Muñiz, Yuly Tamarís, Indhira Montás, Daniel Nolasco, Delio Germán, Luís Omar Jiménez, Rosalba Garib, Pedro Sánchez Rivera y Mariana Daneira García. nueva recusación de los 16 jueces pretende maniatar a los miembros de la Corte para que no puedan conocer la recusación contra la primera sala y, además, para que no estén nunca habilitados para conocer la apelación.

Alertan de largos plazos que dan jueces a casos de corrupción

Santo Domingo.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina fue notificado por el destino que pueden tener los expedientes de corrupción ya que los jueces están otorgando plazos más extensos que lo ordinario. 

 La inquietud es de la entidad de la sociedad civil, Participación Ciudadana, la cual expresó que deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo de los procesos puedan concentrarse en los casos complejos, fijando audiencia día a día y no solo una o dos veces por semana. 

La organización expresó que es una obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores También te puede interesar: Extienden horari

Justiniano Montero cuestiona abuso de solicitud de inhibición de jueces

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) emitió en este mes tres dictámenes, uno de ellos escrito por el magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, sobre las exigencias éticas frente a un exceso en la invocación de inhabilidades para juzgar. 

 En sus conclusiones, Montero asegura que la dimensión ética de las inhibiciones injustificadas de los jueces tiene efectos negativos en la tramitación y celeridad de los procesos. "Un abuso de las abstenciones puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial", explica el magistrado en su dictamen. 

 Sostiene en su dictamen que el abuso del derecho a la inhibición puede afectar el curso adecuado de la administración de justicia cuando atenta contra el principio de celeridad procesal, cuestión que los integrantes de la judicatura deben sopesar, particularmente cuando se aleguen causas que no se correspondan con las reguladas por el ordenamiento de cada país. 

Jueces de la SCJ suscriben acuerdo para aplicación de nueva ley de casación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los jueces y juezas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) suscribieron un acuerdo pleno no jurisdiccional, en el cual estipulan las exigencias y orden que observarán en la aplicación de la nueva Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación. 

 El acuerdo fue suscrito por los jueces y juezas que integran la Sala Civil y Comercial de esa alta corte, Pilar Jiménez Ortiz (presidenta), Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno, Vanessa Acosta Peralta y Napoleón R. Estévez Lavandier. 

 El convenio, que no tiene carácter jurisdiccional ni vinculante para los jueces al ejercer la jurisdicción, estipula las exigencias y el orden que observará el citado colegiado al momento de evaluar la admisibilidad del recurso de casación, los memoriales de las partes y los medios de casación. Asimismo, el objeto de este instrumento es servir de guía orientadora que ayude a agilizar los procesos, asegurando el acceso a la sede de casación. 

Sentencias dictadas por jueces condenados por corrupción pueden ser anuladas

En República Dominicana son recurrentes las destituciones de jueces después de ser hallados culpables de “recibir dinero” para beneficiar a una de las partes en los procesos que presiden y que, según la Ley 76-02, del Código Procesal Penal, puede ser un motivo para anular una sentencia, aunque esta haya “adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgada”. 

 La opción que dispone la mencionada ley a los afectados es un “recurso de revisión”, establecido en el artículo 428, que describe en cuáles casos se puede interponer contra esos fallos definitivos y en los que se incluyen los dictámenes condenatorios pronunciados “a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces, cuya existencia sea declarada por sentencia firme”. 

Falta de presupuesto y de jueces afecta Jurisdicción Inmobiliaria del este, asegura exjuez

En una de las principales regiones de la República Dominicana, en términos de inversión y atractivo turístico, el este, hace falta mayor presupuesto y más jueces de la jurisdicción inmobiliaria, ya que la mayoría de los litigios giran entorno a conflictos por ese tipo de bienes. 

 El llamado lo hace el exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Robert Plasencia, quien conversó con el periódicho Hoy y aseguró que en el caso del municipio Higüey, provincia La Altagracia, se necesitan al menos tres jueces para cobrir todos los casos que allí se presentan, sin embargo, sólo existe uno.